Urge Mando Único

Un ex policía federal fue secuestrado y asesinado en Tijuana. Otras tres víctimas cayeron acribilladas en Los Arenales en Rosarito, mientras que en Mexicali, el cuerpo de un abogado laborista fue encontrado enterrado en el patio de una casa, un policía municipal murió a balazos y otro recibió una paliza cuando resguardaba una casa; todos hechos de sangre ocurridos en Baja California entre el 14 y el 19 de marzo de 2014. La jornada continuó con una mujer asesinada frente a su hijo en Tijuana, después, tres estrangulados, un baleado y un acuchillado. Entre los muertos, un joven de 16 años y un niño de 11.  Hasta el miércoles 19 de marzo, 130 asesinatos violentos en Tijuana en lo que va de 2014, y 177  en todo el estado. Solo en los primeros 19 días de marzo, 47 homicidios: 32 asesinatos violentos en Tijuana, seis en Mexicali y Rosarito, respectivamente; cinco en Ensenada, uno en Tecate. “Domésticos”, justificó el director de ese municipio, Bartolomé Lam Canto, “imposibles de prevenir”. Las pocas buenas noticias empezaron a llegar, tras el rastro de muertos, más de tres meses después de iniciados los ayuntamientos: los policías municipales finalmente llegaron a tiempo y realizaron operativos que les permiten detener a los primeros “presuntos homicidas” en persecuciones ocurridas  tras sus crímenes.  El día 18 de marzo, agentes cachanillas detuvieron a dos de los cómplices del homicida de su compañero, José Luis Aguilar; y al día siguiente en Tijuana, los municipales capturaron a Javier Gutiérrez Díaz, de 18 años, por la muerte de dos hombres en la Zona Norte (uno en posesión de varias dosis de droga). También detuvieron al taxista  Marco Antonio “N”, quien lo llevó y lo sacó de la escena del crimen. En la misma semana, Federico Serrano, representante del sector maquilador en Tijuana, y Mario Escamilla Novelo, presidente del Foro Cívico Tijuanense (FOCITI), reiteraron el reclamo que desde noviembre de 2013, distintos líderes empresariales y consejeros de seguridad ciudadanos, han repetido públicamente: “No existe la pregonada coordinación”, y urge “un Mando Único”. Alguien que se haga responsable de controlar, de conjuntar esfuerzos, que neutralice el vacío en la Policía de Mexicali, así como  los efectos negativos de tropas divididas ante las luchas de poder que existen por la titularidad de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, la de Tijuana, y la Policía de Rosarito. Los excesos, desconfianza y falta de dirección al interior del Consejo Estatal de Seguridad, se refleja en el prepotente desenfreno de grupos menores del crimen organizado, “raterillos adictos”, como los califican, metidos a matones y traficantes, que los están rebasando. En las diversas corporaciones, en lo particular han hablado de la necesidad de alguien protagónico que con mano dura, dé seguimiento a los compromisos que se hacen en las reuniones entre corporaciones,  pero admiten, no se cumplen. “Alguien como Leyzaola, como Capella” Algunos mandos medios, quienes no encuentran entre los actuales responsables de la seguridad, una figura para proponer, ejemplifican con lo que conocen: “Alguien como el Teniente Coronel Julián Leyzaola, como el licenciado Alberto Capella, que logren conjuntar esfuerzos, sobre todo a partir de la retirada de las calles del Ejército”. Desesperanzados, concluyen: “Además, nadie quiere levantar la mano”. Por Ley, el responsable de la seguridad en el estado es el gobernador: ARTÍCULO 40.- El Ejercicio del Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona que se denomina Gobernador del Estado.        ARTÍCULO 49.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:                  I.- Promulgar, ejecutar y hacer que se cumplan las leyes, decretos y demás disposiciones que tengan vigencia en el Estado. III.- Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado, así como el garantizar a toda persona residente en el mismo, el real disfrute de un medio ambiente adecuado para su desarrollo, bienestar y mejor calidad de vida. XXV.- Planear y conducir el desarrollo integral del Estado. Además, es el único facultado para remover o designar secretarios de Seguridad y procuradores. En casos extremos, como indica la fracción XVIII, “tener el mando directo de la fuerza pública de los municipios”. Francisco Vega de la Madrid es el responsable: * Mientras él no ceda su facultad, como lo hizo en su momento el ex gobernador José Guadalupe Osuna con los Generales Sergio Aponte y Alfonso Duarte. * En tanto  no se concrete el concepto de Mando Único propuesto por el Gobierno Federal.  Sin embargo, Vega no designa a nadie y tampoco ha tomado las riendas ante la violencia del estado. Luego de la reciente jornada sangrienta, justificó que su función ha consistido en reunirse con los alcaldes para sugerirles que tomen mayores medidas preventivas y que inviertan los recursos federales que aún no llegan, en equipo para las corporaciones. Además, a las únicas reuniones de seguridad que asiste, es a las encabezadas por secretarios de la Federación que solo acuden a Baja California para hablar de la “necesidad, la importancia y el apoyo” que brindarán a la coordinación. El problema es que ese trabajo conjunto no existe. Vega tampoco ha resuelto el conflicto que provocó, prometiendo la Secretaría de Seguridad a Gerardo Sosa Olachea, para después decidir conservar a Daniel de la Rosa, como respuesta a las peticiones de los sectores empresariales para aprovechar la experiencia y que quien encabezara el tema de seguridad conociera el tema. El problema es que lo hizo dejando abierta la puerta de entrada al notario de Tecate.   Además, De la Rosa no termina de ser incluido en el equipo de confianza del gobernador, quien continúa metiéndole cuñas, como la presencia del estrenado director de la Policía Estatal, Carlos Besné, fiel a la procuradora, razón por la cual desde la SSP tampoco le brindan los elementos necesarios para que haga su trabajo. En Rosarito y Tijuana es la misma historia. Un secretario en conflicto con un director impuesto por el alcalde en el municipio fronterizo, y un director enfrentado con un director operativo asignado por el presidente municipal en el ayuntamiento de playa. Por separado, Alejandro Lares en Tijuana y Eduardo Montero en Rosarito, reconocieron que sus subalternos inmediatos fueron designados por sus jefes, pero aclararon que es facultad de los alcaldes y que ellos estuvieron de acuerdo. Pero se ha hecho evidente que si los munícipes o el gobernador, no confían en sus encargados de seguridad para las designaciones, no habrá manera de coordinar; y si las cabezas de seguridad no son capaces de designar a sus subalternos, no habrá manera de que se hagan responsables de los resultados. En ese caldo de cultivo, están resurgiendo grupos criminales del Cártel Arellano Félix que pelean por la Zona Norte en Tijuana o por el paso en Rosarito; otras células menores del Cártel de Sinaloa, como la de Alfonso Lira “El Atlante”, están creciendo y envalentonándose, al punto de mandar asesinar funcionarios como Arturo “Hacho” Kaloyán. O la entrada de delincuentes procedentes de Veracruz y Tamaulipas que han militado en el cártel de Los Zetas. Además, todos los grupos se están rearmando, prueba de ello, los constantes decomisos de decenas de armas de las que no se tiene registro. Otro síntoma de la descoordinación, son las recientes reacciones mafiosas de las bandas de ladrones. Esta misma semana, en Mexicali, le dispararon a un comerciante en un asalto y otro grupo de cuatro rateros mayores, asesinó al policía Luis Aguilar por intervenirlos. Dos hombres encapuchados y armados entraron a una empresa siderúrgica y se llevaron medio millón de pesos de la nómina, y en la zona del hipódromo, reportan robos de auto a mano armada, con rifles de asalto. El promedio de denuncias por robo mensual en este año, es de 1750 en Mexicali; en Tijuana, cada mes son aproximadamente 1920; en Ensenada, 570; Tecate, 170; y en Rosarito, 140 cada treinta días. Sin embargo, es sabido que estas cifras son apenas un porcentaje del delito, porque mucha gente no denuncia para evitar pasar horas en las agencias contra robos para que el Ministerio Público, igual no resuelva. La entrada en funciones de las Unidades de Respuesta Inmediata contra Robos tampoco ha sido la esperada ante el cúmulo de trabajo, porque incluso después de la toma de huellas, de evidencia pericial y declaraciones, en tiempo y forma, los expedientes no avanzan. De 2013 a 2014, este delito ha disminuido ligeramente, pero solo en Tijuana y Mexicali. La más reciente encuesta de IMERK, cuyos resultados -usualmente favorables al gobierno- indican que el 42 por ciento de los bajacalifornianos han sido víctimas de delitos y se sienten inseguros. Tijuana y el federal secuestrado El viernes 14 de marzo de 2014, en la colonia 20 de Noviembre, se localizó el cuerpo del ex policía federal Alejandro Camp Ramírez. Tenía huellas de sujeción en las muñecas y había sido ahorcado. Fue secuestrado el 18 de febrero, investigaron por su lado y denunciaron hasta el 3 de marzo,  pagaron el 12 de marzo, pero apareció muerto 36 horas después. Durante la privación de la libertad, los delincuentes solicitaron rescate a la familia en el Estado de Guerrero, quienes al mismo tiempo, negociaban la libertad de la hermana de Camp Ramírez, propietaria de la lavamática más grande de Chilpancingo, quien fue liberada tras una semana de haber sido raptada. La banda conocía los antecedentes de la familia porque de manera reiterada les insistían que vendieran unos departamentos ubicados en el fraccionamiento Las Palmas de Tijuana, los cuales habían sido adquiridos en 2010, presuntamente en 300 mil dólares. Los dueños los habían malbaratado precisamente para pagar el secuestro de uno de ellos. La víctima también contaba entre sus propiedades con un gimnasio, con un socio, el cual le dejaba, según sus parientes, 70 mil pesos mensuales. Conforme al modus operandi, las autoridades consideran que el mismo grupo que secuestró a Camp, pudo privar de la libertad en diciembre 2013 a un empresario hotelero con residencia en la colonia Cacho, que pagó 30 mil dólares de rescate. “Otra privación muy rara”.   — Si pagaron por Camp, ¿por qué lo mataron? “Al parecer conocía a sus victimarios, por la forma en que se lo llevaron, que fue informada a la autoridad por su hermano -también ex policía-, que fue quien hizo las primeras indagatorias. Parece que les debía algo”. En el caso de la mujer asesinada en la colonia Nuevo Milenio de Tijuana, frente a su hijo de seis años,  el sospechoso principal es una ex pareja sentimental a la que denunció, y fue detenido por narcomenudeo. Pasó un tiempo en prisión, pero ya está libre. Las muertes continuaron, solo el 19 de marzo, cinco hombres fueron localizados asesinados en Tijuana, dos baleados en una ‘tiendita’ de la Zona Norte, un desconocido fue encontrado putrefacto en Villas de Baja California; por la noche balearon a Ricardo Valenzuela en los Módulos de Otay, y en la medianoche dispararon sobre otro hombre en el fraccionamiento Reynoso, el cual murió en el Hospital General. ZETA conversó con el secretario de Seguridad  Pública de Tijuana, Alejandro Lares Valladares, luego de que el alcalde Jorge Astiazarán reconociera en reuniones privadas que él puso en la dirección a Reyes Montilla y Lares lo aceptó, y que recientemente debió hablar con ambos y con el director del Instituto de Capacitación para llamarles la atención, ya que sus actitudes estaban dividiendo a la tropa y afectando la seguridad. “No sé de dónde sacaron que había rencillas con Montilla, eso no es cierto”, dijo Lares; de Olivarría, quien ha insistido en que no puede ser buen secretario por su juventud, prefirió no hacer mención. “Él está en su área”.   Sobre el llamado del alcalde: “No fue un regaño, fue un zapatero a tus zapatos, Montilla a lo operativo, y yo a lo administrativo”. — Entonces, si no funciona una estrategia o un jefe delegacional, ¿quién es el responsable? “Yo le pido resultados a Montilla y se los cuestiono, la responsabilidad es de Montilla y me la tiene que compartir a mí”. — ¿Quién propone y modifica la estrategia de seguridad? “Somos varios, los comandantes, los subdirectores, el director general y tu servidor; somos un colegiado”. — ¿Qué pasa con los jefes que no han funcionado? “Trabajaron enero, febrero y siguen operando, porque en la primera evaluación resultaron favorables. Este marzo vamos a tener la segunda evaluación de los números con Gobierno del Estado, si nos salen favorables, hay que moverlos (a los jefes delegacionales)”. Astiazarán comentó recientemente lo mismo respecto a Lares, pero él no dio plazo para la evaluación. — Con el mismo personal, el ayuntamiento anterior sí detenía a los homicidas, ¿por qué ahora no? “Insisto, sí se lleva a cabo esta estrategia, se llama ‘Plan Alfa’ (cercos de seguridad alrededor de las escenas del crimen), si bien es cierto no hemos tenido los resultados óptimos que buscamos, los seguimos buscando”, concluyó Lares. Desatada la violencia en la capital del estado En menos de una semana, en Mexicali se desató una serie de hechos violentos, enfrentamientos, ejecuciones, intento de secuestro, mientras la Dirección de Seguridad Pública Municipal sigue sin titular. El 15 de marzo se presentó el robo de cerca de medio millón de pesos de la planta siderúrgica localizada en el Kilómetro 11 de la carretera Mexicali-San Luis Río Colorado. Los reportes policiacos señalan que dos encapuchados brincaron la barda de la empresa y llegaron directamente donde varios empleados se encontraban contando la nómina; de inmediato amagaron con armas cortas a los trabajadores y al empleado de seguridad, llevándose el monto de lo robado fuera de la empresa, donde un tercero los esperaba. El modo de operar es similar a las personas que atacaron una oficina de la Secretaría de Desarrollo Social en el Valle de Mexicali apenas el 13 de febrero de 2014, donde fue asesinada la policía Sandra Carrillo, y se llevaron medio millón de pesos que se destinaría para repartir en el programa federal “65 y Más”. Expediente que no ha avanzado. El 22 de febrero, agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado detuvieron al agente municipal, Benito “N”, arrestado tras un operativo realizado en la colonia Maestros Federales, inculpado de un secuestro cometido el 28 de enero. Supuestamente su cómplice fue un agente federal no identificado. Mientras que el lunes 17 de marzo, se localizó el cuerpo encobijado de una mujer, dentro de un vehículo gris marca Toyota de modelo reciente, en la colonia Granjas Virreyes, al Poniente de la ciudad. Pocas fueron las horas de tranquilidad en la capital mexicalense, ya que en las primeras horas del martes 18 de marzo, nuevamente se presentó otro enfrentamiento con un saldo de un agente de la Policía Municipal, y dos de sus agresores muertos. Juan Luis Aguilar, agente de la DSPM, detectó un vehículo sospechoso circulando por la Avenida Río San Fernando, a la altura de la calle Ciudad de Mexicali, en el fraccionamiento Paseos del Sol, al Oriente de la ciudad. El supervisor de área decidió marcar la parada a las pocas cuadras, fue cuando reportó las características del carro Volkswagen Derby color verde oscuro, con placas de Baja California y de los ocupantes; inmediatamente otros agentes se acercaron al lugar para ofrecerle apoyo. En cuanto bajó de la patrulla, Aguilar fue recibido a balazos, dos en el rostro, repelió la agresión y uno de sus atacantes cayó. Tras los hechos, en minutos se montó un operativo para rodear a los sospechosos, el agente fue trasladado en una patrulla hacia la Clínica 37 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero no alcanzó a llegar, debido a las múltiples heridas que presentaba. Asimismo, en el Valle de Mexicali ocurrió una persecución de los sospechosos, a la altura del Campo Mena, y dentro de un domicilio, los agentes encontraron a uno de los agresores que había perdido la vida minutos antes, por lo que el resto de los atacantes decidieron dejarlo abandonado. Luego de localizar el vehículo detrás de la siderúrgica, uno de los ocupantes, de nombre Daniel Ernesto Arredondo Cadena, aparentemente se disparó al verse acorralado por los agentes policiacos con un arma calibre .40, misma que habría impactado al policía municipal. Esta persona contaba con antecedentes penales vigentes, por el delito de evasión de reos en hechos ocurridos en Mexicali. En el acto fueron detenidos Enrique Leyva Gómez, de 35 años, y el ex militar Jorge Alberto Arredondo Cadena, alias “Luis Antonio Méndez Esparza”, quien contaba con antecedentes por robo de vehículo y portación de arma de fuego; además de una tercera persona de nombre aún desconocido. Los hechos se le adjudican a la banda de “La Manita”, proveniente de Tijuana, a la que se relaciona directamente con robos, el último de ellos, registrado el 6 de diciembre de 2013, cuando un grupo armado atacó directamente a un guardia de seguridad que trasportaba un camión de valores en la calle Panamá y Justo Sierra, en plena zona turística de Mexicali. En aquella ocasión, los responsables esperaron al camión de valores de la empresa Sepsa, sus ocupantes descargaban el vehículo cuando los interceptaron, hiriendo al guardia de seguridad y llevándose un botín de aproximadamente 15 bolsas con dinero. De igual manera, se les vincula al robo de la frutería Welton de la colonia Carranza, en su momento fueron detenidas dos personas, a las que también se les relacionó con un robo de la sucursal Bancoppel y un Banorte, en 2013. Investigadores cercanos al caso se apresuran a señalar a la banda como autora de entre 14 a 20 robos por la forma de operar, pero afirman que algunas indagatorias están mejor conformadas que otras. Los investigadores tenían catalogada a esta agrupación como sumamente violenta. Los integrantes de la banda viajaban a Mexicali para realizar atracos con violencia y regresaban a la costa, donde hacían contactos con personas que los ayudaran a obtener información para cometer otro robo. Asimismo, reconocen que aún no tienen elementos para descartar si estas personas se encontraban relacionadas al robo en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, donde otro agente falleció, pero al parecer, solo el calibre del arma coincide, debido a que la banda trabaja sin pasamontañas. La violencia continuó en la capital, cuando apenas el 19 de marzo, cinco personas fueron detenidas por elementos del Grupo Antisecuestros de la PGJE, logrando liberar a una mujer privada de su libertad un día antes, martes 18, cuando salía de su trabajo. Rosarito, balacera en Los Arenales El domingo 16 de marzo de 2014, en Los Arenales del Ejido Primo Tapia, alrededor de las 20:40 horas, llegó una unidad Cherokee blanca (color no confirmado por la oscuridad de la noche), uno bajó y disparó una ráfaga de rifle R15, sobre un grupo de personas que se divertían alrededor de una banda de música callejera procedente de la zona del Vergel, en Tijuana. Tras la balacera, resultaron muertos Adrián Gómez Carballo, de 11 años, el hijo de uno de los músicos y dos residentes de San Diego, California: Héctor Gerardo Tapia y Tomás Llamas García. Otras siete personas resultaron heridas, pero al día siguiente fueron dadas de alta. Se informó que Tapia era residente de Coronado, dedicado a la construcción con un sueldo por hora de 45 dólares, ni su familia- adinerada-  ni él cruzaban mucho a Tijuana y no tiene antecedentes delictivos ni en México, ni en Estados Unidos. Lo mismo resultó de Llamas, con un buen empleo fijo en San Diego y sin informes criminales en su contra. Sobre este último, las autoridades detectaron que dos de sus tíos, hermanos de su padre, estuvieron presuntamente dedicados al tráfico de droga con la célula de “El Gordo Villarreal”, eran propietarios de un lavado de autos, fueron privados de la libertad en 2007 y no se volvió a saber de ellos. En cuanto a Tapia, revisan su posible relación familiar con “El Chino Tapia”, un cabecilla criminal del Cártel Arellano que tuvo relevancia entre 2008 y 2010.  Para las autoridades, las relaciones sanguíneas -existentes y posibles- no implican que estos jóvenes estuvieran activos en algún cártel, ni que estuvieran participando en actividades delictivas, “ni nosotros ni los de Estados Unidos tenemos informes al respecto”, sin embargo, los ataques pueden implicar algún tipo de mensaje. De inicio, la hipótesis principal es que los matones iban por una persona que logró escapar del ataque. Tapia se había acercado hablar con la banda al momento del ataque, fue declarado muerto en la escena del crimen; él fue impactado por balas de R15, lo mismo que el niño Adrián Gómez; sin embargo, según las primeras indagatorias de la PGJE, Llamas recibió impactos de 9 milímetros, y esta pistola resultó positiva en el homicidio de un taxista en el fraccionamiento Guaycura, ocurrido en 2010. Este joven fue levantado de la escena por sus amigos Bryan Fernández Morales (yerno de Hernando Durán, ex director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana), Rubén Sánchez Castañeda (hijo de Rubén Sánchez Madero, ex delegado de Santo Tomás en Ensenada) y Javier Vázquez Robles -amigos desde la secundaria en el fraccionamiento Playas de Tijuana-, quienes lo trasladaron a toda velocidad hacia  el norte. El retén militar los dejó pasar sin mayores indicaciones cuando informaron que llevaban un herido, en su carrera fueron denunciados por la ciudadanía, se emitió la alerta y los detuvieron policías de civil a bordo de pick-ups blancos con placas de Policía, los escoltas del director de Seguridad, Eduardo Montero. Los capturaron frente al hotel Don Luis, sobre el Bulevar Benito Juárez, en las inmediaciones de la tienda Elektra, para someterlos mientras informaban que llevaban al herido. En su reporte, el agente Juan Luciano Rodríguez Reynaga indica que llamó a la Cruz Roja, acudieron y el paramédico Medel declaró muerto a Llamas. Los amigos del joven aseguran que estaba vivo y murió porque no los escoltaron a un centro médico, sino que los tuvieron en el lugar de la detención por una hora u hora y media. El tema ya está siendo investigado por la Procuraduría de los Derechos Humanos, la hora de la muerte será definida por el Servicio Médico Forense, y los horarios de los reportes de los equipos de seguridad y emergencia serán obtenidos de los informes del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), encargados de definir los tiempos. Se le preguntó al director Eduardo Montero cuál era el protocolo para casos similares y si sus policías-escoltas los habían seguido. “Los policías no sabían si eran los victimarios, si trasladaban a un delincuente, si tenían cómplices en las inmediaciones. Además, cuando hay heridos de bala no se mueven, se llama a la Cruz Roja y eso hicieron, ellos llegaron y lo declararon fallecido. En cuanto a los tiempos yo no estaba ahí, pero están los reportes por radio registrados que serán remitidos, y quien tenga que decidir, revisará”. Otros mandos policiacos en el estado no estuvieron de acuerdo, en el protocolo, “lo primero es la vida humana, debieron escoltarlos”, aseguran; sin embargo, ninguno de los entrevistados fue capaz de mostrar el protocolo para estos casos o de informar donde se podía localizar. De la inseguridad en Los Arenales, Montero informó que debido a la escasez de patrullas -once para todo el municipio-, solo una vigila en Primo Tapia y, al momento del reporte de los balazos, estaban atendiendo una muerte natural por lo que no llegaron inmediatamente; y cuando se presentaron, les impidieron el acceso y negaron la balacera. “Con las motos y la música, no se escuchó, nos dimos cuenta hasta que la gente empezó a salir en desbandada”, aseguró el vigilante. Montero agregó que al cobrar por entrar -65 pesos o 5 dólares-, los administradores de Los Arenales están obligados a tramitar un permiso (tal vez federal) para organizar ese tipo de reuniones y, asimismo, brindar la seguridad.   “Estamos mandando llamar a los que se dicen dueños del terreno. Les vamos a requerir, si cuentan con algún permiso o no. Entonces, si no lo tienen, pues no van a poder abrir, yo me encargo de eso. Voy a estar presente y no les vamos a permitir hasta en tanto logren brindar seguridad ahí; porque debieron tener ahí ellos, por lo menos, contratados a policías y no lo hicieron, lo mismo pasó hace cuatro años”, advirtió el alcalde Silvano Abarca Macklis. Y fue más lejos al asegurar que tiene identificada una banda delictiva: “Gente de otras partes, que ya andan cobrando por brindar seguridad a los negocios, y también son defensores de ellos, y no lo hacen por buena voluntad, lo hacen con otra intención, ¿sí? Son gentes que pertenecen, ya decía yo, a un partido político que promueve este tipo de eventos”. — ¿Criminales en realidad? “En verdad sí lo son. Pero van a ser castigados, ya les echamos el ojo. Promueven cosas malas”. — ¿Cobro de piso? “Algo parecido, algo muy parecido, y es lo que vamos a destruir. No es cobro de piso, pero es algo muy parecido”. — ¿Ya los denunció? “Ya lo mandé a investigación para la Policía Estatal. Ellos tienen un sistema de inteligencia”. Para el capitán Montero, el principal problema de inseguridad en Rosarito es la falta de patrullas: “El alcalde ya me dio 100 mil dólares, pero dadas las reformas fiscales, solo puedo comprar patrullas nuevas, con ese dinero solo me alcanzará para dos y no van a pintar, así que estamos revisando la posibilidad de comprar patrullas usadas en buen estado, que podrían ser hasta ocho, con eso duplicaríamos la presencia y tener respuesta más inmediata; porque ahorita andan cuatro policías por patrulla”.  Tecate: apoyado por el Estado El 12 de marzo, elementos municipales aseguraron a Manuel González y Gustavo Morales, por robo con lujo de violencia en la frutería Azteca, ubicada en el Bulevar Benítez. Un mes antes, el 19 de febrero, la Procuraduría capturó a dos hombres que desde el 16 de septiembre de 2013, cobraban 10 mil dólares quincenales a un empresario ferretero tecatense para no secuestrarlo. Entre enero y febrero de 2014 se denunciaron cuatro extorsiones, 21 de estos delitos fueron reportados en 2013. En el mismo periodo sumaron ocho homicidios en 2014, contra los cuatro ocurridos el año pasado, lo que duplica la incidencia en el pequeño municipio en un 50 por ciento; en el mismo bimestre, los robos violentos denunciados crecieron de 35 en 2013, a 50 en 2014. Los dos primeros meses del año, las cifras de crímenes totales bajaron de 627 en 2013, a 603 en 2014, porque se redujeron los números en la clasificación de “otros delitos” y hubo 24 robos sin violencia menos este año que el pasado. “Conforme a las cifras del Gobierno del Estado, nuestros números han mejorado”, aseguró el director de la  Policía en Tecate, Bartolomé Lam, “sí tenemos homicidios pero son pasionales, no tenemos las guerras de poder que existen en otros municipios”. En el tema de narcomenudeo y crimen organizado, manifestó: “Tecate es una ciudad donde se mueven las bandas, pero de paso, los arreglos se hacen en Tijuana o Mexicali, las ciudades grandes. Y en esos temas, el Ejército sigue trabajando de manera particular, además, tenemos algunos operativos en coordinación. Tenemos tres diferentes operativos, porque el fin es bajar la incidencia, se atacan diferentes zonas y lugares”. Lam reconoció como problemas principales, la extorsión, el secuestro exprés de migrantes y el narcomenudeo, focalizando la inseguridad en cuatro colonias en la zona urbana y las delegaciones de La Rumorosa, Valle de las Palmas y El Hongo. “Las extorsiones telefónicas, hay una secuencia, cada tres o cuatro meses le toca a Tecate, por eso taremos coordinación permanente con C4 cuando la gente empieza a denunciar, mis mandos atienden de forma personal y hacemos operativos que incluyen la vigilancia de bancos y tiendas que reciben los pagos”, mencionó que también tienen operativos con el Grupo Beta en el tema de migrantes, y con el narcomenudeo. “Recibimos pleno apoyo de la Procuraduría, que no se está quedando solo en consignar los detenidos que le llevamos, están jalando los hilos para saber cómo y dónde consiguen la droga” aseguró. Ensenada: más delincuencia y pequeñas detenciones En los primeros dos meses de 2014, comparados con enero y febrero del año anterior, los homicidios se cuadruplicaron en el puerto; el índice de robo de vehículos incrementó, y en general se han reportado más delitos. Las cifras de incidencia delictiva registradas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, arrojan que en el Municipio de Ensenada, hay 2 mil 398 delitos reportados en lo que va del año: mil 222 en enero, y mil 176 en febrero. En contraste, en el año 2013, la autoridad registró 2 mil 319 delitos entre enero y febrero; mil 164 y mil 155, respectivamente. De trabajos en coordinación con otras corporaciones, las policías Municipal y Ministerial del Estado, han reportado aprehensiones conjuntas con mayor frecuencia, lo que no ocurre con los agentes de la Policía Estatal Preventiva ni con los policías federales, o al menos no se hace público. De acuerdo a reportes de ambas corporaciones, durante el XXI Ayuntamiento, agentes ministeriales (PGJE) y policías municipales, han logrado detener en operativos conjuntos a dos sujetos involucrados en robo de vehículos; participaron en el decomiso de más de 2 kilos de marihuana que un hombre tenía guardadas en unas cuarterías en el Valle de la Trinidad; colaboraron en la detención de un sujeto con orden de aprehensión activa en Guerrero Negro, Baja California Sur; además de detener  a un narcomenudista que intentaba huir a bordo de un pick-up, luego de agredir con arma de fuego a otro sujeto en la colonia Colinas del Paraíso. Ninguna detención de gran envergadura. Aunado a las cifras poco halagüeñas, los temas administrativos dentro de la Policía Municipal también los ha mantenido con retrasos. Cambios en reglamentos, en la estructura de la corporación, que pasó de Secretaría a Dirección; protestas internas de policías inconformes con los ascensos; fondos SUBSEMUN reducidos (de 75.5millones de pesos en 2013 a 72 mdp en 2014); cambio de uniformes, armamento, reparación y compra de patrullas; y una PDH que los ubica como los más denunciados de todas las corporaciones. Los únicos números positivos en el global de delitos en Ensenada, ha sido la disminución en robos a casa habitación, que ha sido el principal problema en la ciudad. Hubo 403 robos no violentos (tres violentos) en el periodo de enero a febrero, contra 503 en el mismo lapso en 2013, que registró cinco violentos. “Recibimos una administración muy pobre, con muchos sacrificios, no se cómo le hizo el alcalde para bajar recursos. Recibimos un parque vehicular yonkeado, San Quintín trabajaba con una sola unidad, y ahorita con seis a siete unidades. Conforme pasen los días vamos dotando de más equipo a las delegaciones”, afirmaba en febrero Jesús Eduardo Hernández Vélez, director de Policía y Tránsito Municipal. Contrario a los discursos oficiales, las fallas en la comunicación y en la efectividad de las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno en este municipio, fueron evidenciadas a lo largo de los últimos tres años en distintas ocasiones (el caso del mega plantío en la delegación de El Mármol en 2011; las agresiones a manifestantes el 15 de septiembre de 2012; o las confusiones en la detención de agentes del Ministerio Público federal que habían detenido a un bombero en 2013). Pese a la detención y exhibición constante de integrantes de bandas de ladrones de automóviles y narcomenudistas en el municipio, que diariamente son reportados por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, estos grupos continúan operando, y los delitos, comparados con 2013, no han bajado. Del 1 de enero al 28 de febrero de 2014, 292 automóviles fueron robados en la entidad, lo que equivale prácticamente a cinco vehículos diarios. En comparación, entre enero y febrero de 2013, 222 automóviles fueron robados. Nuevamente, las cifras superan al año anterior. La semana pasada, propietarios de yardas en la ciudad, denunciaron a ZETA ser víctimas de estas bandas de roba carros. Narraron algunas de sus experiencias, y cómo son engañados con identificaciones falsas o peticiones para probar los vehículos antes de comprarlos, sospechando incluso de policías ministeriales. En materia de homicidios, el escenario tampoco mejoró. A diferencia del año anterior, cuando se registraron dos homicidios en el mes de enero y cero homicidios en febrero, 2014 inició con mayor violencia: cinco asesinatos en enero, y cuatro en febrero. Todo esto mientras el alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico, asegura públicamente que Ensenada es una ciudad “totalmente segura”. Juez habilita a Leyzaola El 31 de enero de 2014, el Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, René Aguilar Samaniego, declaró nula la resolución de la ex síndico municipal de Tijuana, Yolanda Enríquez de la Fuente, quien mediante el proceso administrativo EXP/010/2012, había inhabilitado por ocho años al ex Secretario de Seguridad de Tijuana, Teniente Coronel Julián Leyzaola Pérez (mayo de 2013). La razón: “Le negaron el derecho a defenderse”. En la fecha de la última cita del ex militar ante Enríquez, sus abogados presentaron un justificante médico para pedir reagendar, pero la entonces funcionaria ignoró el documento, incluyendo en el expediente notas periodísticas para mostrar que Leyzaola no estaba enfermo, sino trabajando en Ciudad Juárez, y siguió con el proceso de inhabilitación sin mayores requisitos. Por su parte, el Juez Samaniego expuso varias jurisprudencias en las que advierte que las notas periodísticas dentro de los juicios, lo único que prueban es “que lo que dice la nota informativa se publicó en ese medio masivo de comunicación, no que lo publicado sea verídico”, asimismo, que deben allegarse otras pruebas de tiempo, modo y forma. También instruyó a la Sindicatura a reponer el proceso, sin embargo, para hacerlo “se atraviesan otras leyes”, detallaron los defensores. Después de un año, las presuntas faltas cometidas por el ex funcionario ya prescribieron. Pero al tratarse de una resolución de primera instancia, habrá que esperar para saber cual será la determinación de la Sindicatura ahora encabezada por Arturo Ledesma Romo, quien fue notificado en febrero de 2014. Entrevistado, el Teniente Coronel Leyzaola refirió que aunque esta decisión del gobierno municipal de Carlos Bustamante no lo afectó para seguir trabajando, sí tiene un estigma social, razón por la cual se empeñó en limpiar judicialmente su nombre y reputación. Comentó que la resolución del juez admite que la Sindicatura tenía prisa por inhabilitarlo: “Evidencia que se trataba de un movimiento político porque tenían prisa de concluir el procedimiento antes de terminar su administración, no querían justicia porque no les importó sustentar legalmente, querían el impacto mediático, porque sabían desde el principio que la decisión no se iba a sostener jurídicamente; querían dañar la reputación y la imagen”. Explicó que ha recibido propuestas de trabajo en diferentes puntos del país, ninguna de Baja California, pero que decidió descansar por lo menos seis meses. “Además, aunque ese tema solo afectaba a Tijuana, no quise meter en aprietos a ningún alcalde ni gobernador, y prefiero revisar propuestas, si se sostienen las condiciones, cuando esto quede resuelto”, concluyó Julián Leyzaola.