Trejo Dozal y los seguros pirata

El 31 de enero de 2014, el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, Pedro Jara Venegas, dictó orden de aprehensión contra los miembros del Consejo de Administración de la persona moral Latino Servicios de Salud, S.C., conocida comercialmente como Latino Health Care, entre ellos Guillermo Trejo Dozal, ahora secretario de Gobierno de Baja California con licencia. Tanto Trejo Dozal, que en un tiempo fungió como secretario del señalado consejo, como Raúl Ernesto Garnier Capillo y Gilberto Sing Hurtado, que ostentaron la calidad de presidentes de la empresa y José Fernando Moncada González, representante legal, son señalados por su presunta participación en la práctica de operaciones de servicios de seguros de gastos médicos, sin contar con la autorización para funcionar como institución o sociedad mutualista de seguros, lo que constituye un delito. De acuerdo a constancias que obran en la causa penal 21/2013, la compañía constituida en junio de 2007 signó contratos de prestación de servicios médicos con al menos 13 empresas y algunos sindicatos entre septiembre de 2008 y una fecha indeterminada de 2011. Latino Servicios de Salud, S.C. ofrecía un servicio de seguros de gastos médicos menores, asegurando a los trabajadores de las compañías suscriptoras hasta por un monto de 25 mil pesos, brindando atención médica familiar, de urgencia fuera de los horarios de consulta de diversos hospitales, estudios de laboratorio y medicamentos, entre otros. Buenos dividendos La irregularidad, que raya en conducta delictiva, es que la “aseguradora” o prestadora de servicios médicos no contó jamás con una autorización para operar como se ostentaba, en contravención con la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, como lo informó la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en abril de 2012, cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ya realizaba investigaciones sobre el caso. La denuncia por parte de la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, se formalizó el 6 de junio de 2013 por parte de Flavio Carlos Valadez, director de Delitos Financieros. Peritos oficiales en contabilidad concluyeron el 29 de julio del mismo año, que aunque no obran en el expediente constancias que acrediten la existencia de pagos por concepto de primas de seguros, sí existen facturas expedidas por Latino Servicios de Salud, S.C. a favor de diversas entidades por concepto de “atención médica”, por 4 millones 679 mil 226 pesos y siete centavos. De igual manera, los peritos contables establecieron que se acreditaron pagos efectuados por la empresa investigada, por 86 mil 319 pesos por concepto de servicios médicos u hospitalarios, según facturas, recibos, cheques, estados de cuenta bancarios y contratos de prestación de servicios personales independientes. Seguros médicos a modo Las empresas que contrataban el servicio médico de gastos menores descontaban catorcenalmente por nómina a sus trabajadores, la cantidad pactada con Latino Health Care. En algunos casos, desde 47 hasta 110 pesos mexicanos, y en otros, desde 120 hasta 190 dólares americanos o su equivalente en moneda nacional por mes. El dinero era depositado a la prestadora del servicio. Entre los clientes de la compañía que ofrecía el servicio médico, como si fuese un seguro, se encontraba la Sección 83 del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), cuyo secretario general, Sergio Zenizo Islas, declaró ministerialmente que se pagaban cuotas de unos 300 afiliados por un monto catorcenal de 30 mil pesos, señalando un periodo que inició en 2012, sin especificar el mes, hasta febrero de 2013. Mientras que en 2008, las empresas suscriptoras del seguro fueron: Aisling Industries Corp, Valley Spreader Inc. y Panasonic Electric Works Mexicana, S.A. de C.V. En 2009: Poririez Propieties Inc., International Management Services, Instituto Salvatierra A.C. y Furukawa de México, S.A. de C.V. En 2010: SUTERM Sección 83, Honeywell Turbo Technologies y Grupo García Montaño, S.A. de C.V. En 2011: Interiores Aéreos, S.A. de C.V., Empresa FERBIS y Compañía Ochoa y Asociados, S.C. En su mayoría, los representantes legales de las citadas empresas consideradas como clientes y que fueron citadas a declarar ante el Ministerio Público Federal, coincidieron en señalar a José Fernando Moncada González como la persona que ofrecía el servicio médico de gastos menores para los trabajadores, y que lo contrataban al ser la prestadora más accesible. ¿Delitos contra el IMSS? Ahora autoridades federales investigarán a las compañías suscriptoras de servicios de Latino Health Care para conocer si en determinado momento, éstas cometieron algún delito relacionado con la Ley del Seguro Social, al dejar de inscribir a trabajadores u omitir las cuotas correspondientes, brindándoles el seguro de gastos médicos menores a cambio. Por su parte, los médicos que laboraban por honorarios para la sociedad civil también comparecieron ante un fiscal para declarar respecto a la relación que sostenían con la empresa y con los miembros del consejo de administración, que tenía sus oficinas y consultorios en Plaza España, ubicada en Calle E y Madero número 1290, locales 13 y 14, en la colonia Nueva de Mexicali, Baja California. Médicos generales, en su mayoría, dijeron que empezaron a trabajar para Latino Servicios de Salud a invitación de Moncada, quien antes era director de Grupo Promed. La mayoría prestaba sus servicios durante cuatro o cinco horas, de lunes a viernes, recibiendo un pago mensual de 7 mil hasta 10 mil pesos mensuales. Les pagaban con cheque, previa entrega de recibo de honorarios profesionales. La autoridad ministerial ejercitó acción penal contra los indiciados el 30 de enero último, al estimar que todos ellos son copartícipes al practicar con diversos sujetos, operaciones de servicios de seguros de gastos médicos, sin contar con la autorización para funcionar como institución o sociedad mutualista de seguros. Un día después, el juez resolvió obsequiar las órdenes de aprehensión en su contra. El Artículo 141 fracción I de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, sanciona con prisión de tres a quince años y multa de mil 500 a cinco mil días de salario este delito. Mientras que el Artículo 194 del Código de Procedimientos Penales Federales lo tiene calificado como delito grave, por lo que los inculpados no tendrían derecho a la libertad bajo caución. Trejo Dozal se adelantó En el caso de Guillermo Trejo Dozal, desde el 21 de febrero del año en curso, promovió una demanda de amparo ante el Juzgado Primero de Distrito en Baja California. Señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, que para ese entonces ya se había decretado en su contra y alguien le hizo el favor de avisarle de su existencia. El 24 de febrero siguiente, el juez le concedió la suspensión provisional para que no se ejecute el mandamiento de captura, en tanto no se resuelva el fondo del amparo. Para que esa protección surtiera efecto, el secretario general de Gobierno con licencia tuvo que exhibir la cantidad de 10 mil pesos, a través de un billete de depósito de Bansefi, el número N446456, que quedó en resguardo del Juzgado. El juez de amparo señaló como fecha inicial para celebrar la audiencia constitucional (en la que se analizan pruebas y se dicta sentencia del juicio de garantías) el 25 de marzo, pero llegado el día, se difirió para el 23 de abril, en tanto se recaban todos los informes necesarios. Por su parte, Trejo Dozal interpuso un recurso de queja en contra de la juzgadora del amparo que cita el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, como la Ley aplicable para la calificación de delitos graves, lo que permitiría su captura, a pesar de la suspensión de la que disfruta y le negaría la libertad bajo caución en caso de ser aprehendido. El funcionario con licencia estima que debe aplicar en su favor la reforma del Nuevo Sistema de Justicia Penal y la Nueva Ley de Amparo, que señala un nuevo “catálogo de delitos graves” en el Artículo 19 constitucional, y que excluye de validez al previsto en el citado Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales vigente. En pocas palabras, Guillermo Trejo pretende que se cumpla con la premisa del nuevo sistema, el cual establece que la prisión preventiva será de carácter excepcional y se regirá de acuerdo al nuevo Código Nacional de Procedimientos que, gradualmente, entrará en vigor a nivel federal. Magistrados del Segundo Tribunal Colegiado con residencia en Mexicali, dan la razón a la juez, al señalar que las citadas reformas y los nuevos instrumentos de justicia aún no alcanzan su total aplicación, por lo que todavía rige el Código Federal de Procedimientos Penales, bajo el cual fue emitido el acto reclamado. También en Sonora se amparó Guillermo Trejo Dozal ya había promovido amparos por lo menos hace cuatro o cinco años, contra posibles órdenes de aprehensión dictadas en su contra. Investigaciones de ZETA prueban que el funcionario con licencia interpuso una primera demanda de garantías el 25 de septiembre de 2009, ante el Juzgado Tercero de Distrito en Mexicali, en contra de una orden de captura, señalando como autoridades responsables a diversos jueces federales del Estado de Sonora. Se le concedió la suspensión provisional del acto reclamado a cambio de 6 mil pesos, pero después el juicio sobreseyó, por no existir mandamiento judicial en su contra. Posteriormente, el 28 de diciembre de ese mismo año, Trejo Dozal promovió un nuevo amparo, ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en esta frontera. Nuevamente reclamó la protección de la justicia en contra de una orden de aprehensión dictada por jueces federales de Sonora o de Baja California. Incluso señaló averiguación previa, AP/PGR/SON/HER-IV/947/2009, suspensión provisional de 10 mil pesos. Nuevamente se recabaron informes y no existía la orden de captura. Causó sobreseimiento. Por si fuera poco, entre 2009 y 2010 tramitó otros tres juicios de garantías en Hermosillo, en contra de la tan temida orden de aprehensión, presentación o comparecencia ante los Juzgados Tercero y Décimo de Distrito del Estado de Sonora. Los resultados fueron idénticos, exhibir garantías económicas y, finalmente, conocer lo que tanto le interesaba al quejoso: “no existe el acto reclamado”. Así descansó de esa pesadilla los años recientes, hasta que se ejercitó acción penal en su contra, al parecer por otro asunto al que Trejo temía y que aún se desconoce. Empresarios proponen: Juan Manuel Gastélum o Gastón Luken a la Secretaría Salida de Trejo: retroceso Al salir Guillermo Trejo Dozal, el segundo de abordo en la administración estatal, para hacer frente a una orden de aprehensión en su contra, la administración de Francisco Vega de Lamadrid tiene un retroceso, pues lo poco que se ha avanzado en los primeros tres meses del año, queda en suspenso, coincidieron organismos empresariales en Tijuana. Los titulares del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Manuel Hernández Niebla, y de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA), René Romandía Tamayo, afirman que corresponderá al gobierno estatal definir si el funcionario con permiso, renuncia en definitiva al cargo, o lo mantiene en el puesto hasta que aclare su situación legal. En lo que concuerdan los empresarios, es que las características de un secretario de Gobierno deben ser: integridad, conciliación, trabajo en equipo, poder de convocatoria, y buen operador político. Trejo fue secretario del consejo de administración de la firma Latino Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care, la cual habría facturado seguros médicos por más de 4 millones y medio de pesos, sin la licencia ni estructura correspondiente para cumplir con los asegurados, razón por la cual se le investigó, y el juez generó la orden de aprehensión. Según Tamayo Romandía, apenas va empezando el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid “y todo esto es una señal que vamos a retroceder en los pocos avances que hemos tenido. Esa es nuestra preocupación y nos molesta, porque ya debería haber resultados. Generalmente cuando vas a tomar una posición importante se revisa tu perfil, que no tengas problemas con la autoridad, y me extraña porque este caso no es nuevo, es un litigio que lleva unos meses. Consideraron que esta demanda legal era cualquier cosa, pero no fue así”. Por otro lado, abundó, hay que darle el beneficio de la duda al secretario y que aclare su situación: “Como empresario tenemos que ver cómo viene la demanda. Si viene por presiones de empresas trasnacionales que consideraron el giro de negocio en el que estuvo el secretario, que no fue una competencia legal, sino desleal porque ofertaban un servicio; porque de acuerdo a la interpretación, se considera como servicio y no como seguro médico, al final del día van a ir a un caso legal, él se va a amparar, va a poner sus abogados para defenderse. Es un litigio donde puede haber una negociación para llegar a buenos términos, o en sí, pueden tardar meses o hasta años”. — ¿El secretario debió pedir permiso o renunciar? “Esa decisión la debe tomar el secretario con el gobernador, qué es lo mejor para la administración y que ellos tomen la decisión. No sé si al caso se le pueda dar decisión  inmediata, pero creo que ya no regresa”. — ¿Cuáles deben ser las características del próximo secretario? “Debe ser una persona que sea un conciliador, que pueda trabajar en equipo, que realmente vea las necesidades del estado, que tenga poder de convocatoria. Es lo que me gustaría más que su carrera política, que pudiera hacer equipo de trabajo”. — ¿A quién propondría? “Tiene que ser azul, muy de confianza de Francisco Vega. El más allegado es Juan Manuel Gastélum, o bien, Antonio Valladolid”. Por su parte, Juan Manuel Hernández Niebla habló con el secretario de Desarrollo Económico en el Estado, Carlo Bonfante: “Me dijo que desde hace tres años y medio, ambos se habían desligado de esa operación (Latino Servicios de Salud S.C. y/o Latino Health Care). Y dijo garantizarme que las cosas se estaban haciendo bien, y ésta es una situación más de tipo político que de tipo legal y administrativo. No me dio nombres de dónde venía el golpe, pero me lo hizo saber de esa manera”. A decir por Hernández, se debe dar el beneficio de la duda al indiciado, para que demuestre que efectivamente no hay ninguna actividad ilegal de su parte: “La gobernabilidad del Estado es responsabilidad del gobernador, él sabrá a quién y pone y a quién quita. Él sabrá cómo genera la organización dentro de su gobierno, y a nosotros nos corresponderá pedirle cuentas directamente a él. “La importancia del secretario de Gobierno es primordial, no por nada es el segundo de abordo cuando el gobernador no está presente físicamente. En mi opinión, quien esté en este cargo debe ser un operador político nato. Que tenga una relación con todas las entidades y organismos federales como estatales; quienes intervienen en la labor del Gobierno del Estado en el día a día, es el encargado de prevenir y apagar los fuegos que se le puedan prender al gobernador, y debe tener una visión clara de lo que se requiere en el Estado. “Si me dijeras quién tienen la capacidad para un puesto como éste, diría que Gastón Luken. Es de Mexicali, tiene el respeto de todas las personas y organismos, con una capacidad administrativa y reputación bastante buena. A final de cuentas el gobernador es quien nombra, debe ser una persona de su entera confianza, con quien tenga una comunicación clara y que conozca la visión de gobierno. “Nos preocupa que pasen estas cosas porque es un volver a arrancar. Tenemos un gobierno de cuatro meses, quiero pensar que como el segundo de abordo -el secretario-, debería tener una visión clara”. Por último, el titular del CCE opinó: “No terminamos de entender el objetivo y la visión que se tiene a largo plazo en este gobierno, nos preocupa esta parte de arrancar de cero, esperemos que Guillermo Trejo solucione el problema y pueda continuar con su función”.   Acusan fuego amigo, minimizan orden de aprehensión Dirigentes y legisladores se preocupan por “filtración” Sobre la salida de Guillermo Trejo Dozal del Gobierno del Estado, dirigentes partidistas y coordinadores parlamentarios prefieren no especular. Coinciden: lo ocurrido pudiera denotar conflictos en el gabinete del gobernador  y deslealtad de sus integrantes. Como secretario general de Gobierno, Guillermo Trejo Dozal cumplió cinco meses de gestión, hasta que la orden de aprehensión en su contra se dio, y su solicitud de licencia fue presentada al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid. Roberto Dávalos, diputado del Partido de la Revolución Democrática, plantea que al interior del gabinete hay quienes aprovechan el enredo legal del secretario con licencia, para intentar sentarse en su silla, la de secretario general de Gobierno. “Era claro que en el Gobierno del Estado hay gentes que les interesa ese espacio, es un espacio toral, un espacio trascendental, porque es el que maneja los asuntos internos del gobierno, es una secretaría que ve asuntos de convenios, de concesiones, y temas álgidos de la política interna del Estado… yo creo que desde el principio se vio que había intereses de la misma gente, del mismo gabinete y yo así lo veo; aprovechan lo ocasión para acelerar este tema”. De ahí parte su hipótesis de un fuego amigo contra Trejo, “sería interesante preguntarle a los medios de donde se sacó la información para darnos cuenta quien la filtró”, puntualiza el perredista. El coordinador de la bancada de Acción Nacional en el Congreso del Estado, Gustavo Sánchez Vásquez, considera que sería lamentable que la filtración de la orden de aprehensión viniera de uno de los hombres de Kiko Vega. “Una orden de aprehensión, de entrada no debe ser conocida por nadie, inclusive a quien va dirigida, porque ese tipo de procedimientos tienen una secrecía, porque vienen de los Juzgados, lamentablemente esto salió a la luz pública. Yo no tengo los elementos para asegurar si fue filtrada o no fue filtrada, lo que si sé es que fue motivo de comentarios en los medios, y esa circunstancia la torna no correcta… repito, no tengo elementos, pero si fuese así, lamentaría mucho que un asunto personal y delicado se haga político”. René Mendívil, diputado y líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, opina que la forma en que se manejó la información, deja muchas dudas en el significado de cómo se dieron los hechos, toda vez que, aunque la orden de aprehensión es obsequiada el último día del primer mes del año, las consecuencias se dan en este mes de abril. Para José Luis Ovando Patrón, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, hablar de un fuego amigo “es tan ridículo” como pensar  que la formulación de este presunto delito, se estuvo fraguando desde años atrás: “Es un asunto que no tiene que ver con la administración pública, es un asunto entre particulares, e insisto, él (Trejo) fue el que solicitó la licencia, le pidió al gobernador que le permitiera atender este tema para no afectar el buen desarrollo del trabajo de gobierno”. Para contextualizar, planteó un ejemplo paralelo sucedido en Michoacán, que asegura, es “radicalmente opuesto”: “En otro extremo tenemos al secretario general de Gobierno priista de Michoacán (Jesús Reyna), que tiene que ser detenido por el Gobierno Federal porque tiene vínculos con ‘La Tuta’, está grabado con el líder de ese cártel (Los Caballeros Templarios), y por supuesto que es un delincuente consumado. O sea, nada más para ponderar las cosas y verlo en el punto más objetivo posible, éste es un asunto entre particulares, que el doctor solicita atender”. Como representante del blanquiazul, se le pregunta si el presunto delito penal podría afectar la imagen del partido en el gobierno: “No, pues es que no tiene nada que ver con un hecho delictivo, es entre particulares, no lo acusan ni de narcotráfico, ni de terrorismo ni nada; es simple diferencia entre particulares que, insisto, se va a resolver pronto, y que él de manera responsable se separa del cargo”. Por su parte, la presidenta del PRI en Baja California, Nancy Sánchez, asegura que el Gobierno del Estado debe valorar que el distanciamiento de Trejo Dozal es temporal, y que regresará a sus funciones, “espero que así sea, porque es una figura necesaria”, espeta. “A partir de que el doctor visita las sedes de los partidos políticos, iniciamos nuevamente un trabajo de contacto con el Congreso estatal, con él mismo, en relación con los acaldes, trabajamos el tema de la Ley del Servicio Civil, lo de la Reforma Política, era nuestro enlace desde que empezó este gobierno”. José Luis Ovando refirió que es muy pronto para hablar de un “buen secretario general de Gobierno”, y Roberto Dávalos prefirió no comentar sobre las funciones de Trejo, “en este caso, del árbol caído no me gustaría hacer leña”, dice. René Mendívil sostiene que es necesario que de tardarse el proceso legal que mantiene a Guillermo Trejo separado de la función pública, se tome la decisión de buscar otras alternativas.  “Lo que sí, por supuesto, es que no podemos dilatar en razón de esperar en alguna definición de certeza en cuanto al tiempo que estará separado, si es una separación temporal, como hasta hoy se nos ha comentado es de treinta días. Sería importante que en ese lapso se esclarezca si hay o no responsabilidad penal, pero si excede se plazo y sigue la incertidumbre respecto a la circunstancia jurídica que tendría el doctor, pues sin duda tendrá que replantearse lo que ha manifestado”. Gustavo Sánchez Vásquez, es de la idea que no es de urgencia un nuevo nombramiento, y se somete a la Ley que, dicta, se otorgue a la oficial mayor, Loreto Quintero, la responsabilidad.  Pero de ser necesario un nuevo nombramiento, especifica: “Una persona que sea leal al gobernador”. Saúl Alejandro Ramírez