Hugo Cuellar Hurtado y coindiciados por el gobierno norteamericano reciben suspensión provisional para no ser detenidos o arraigados Ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de Guadalajara los presuntos prestanombres del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, sancionados financieramente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, promovieron un amparo en contra de una posible privación de la libertad. El colombiano naturalizado mexicano Hugo Cuellar Hurtado, su hija Jenny Jhoanna Cuellar Silva y Margarita Miramontes Gutiérrez solicitaron la protección del juez federal en contra de actos del procurador general de la República y otras autoridades. Los quejosos temen que se dicten en su contra órdenes de presentación, citación, detención provisional con fines de extradición, arraigo o inmovilización de bienes de su propiedad e intervención de sus medios de comunicación y su ejecución material. Cuellar Hurtado presentó la demanda de amparo por su propio derecho y además en representación de la sociedad mercantil cooperativa Avestruz Cuemir S.C. de R.L. de C.V., establecida en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y favorecida en años recientes con apoyos agropecuarios de parte del Gobierno Federal. Al iniciarse el juicio de garantías 298/2014, la juez Fabiola Moreno Pérez concedió la suspensión provisional respecto de los actos reclamados, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y los quejosos no sean privados de su libertad personal. A cada uno de los firmantes de la demanda de amparo se les fijó una garantía de 50 mil pesos que deberán exhibir dentro del término de cinco días con el fin de que surta efectos la medida cautelar que les fue otorgada. Los antes mencionados fueron señalados como miembros del Cártel de Sinaloa y colaboradores de Juan José Esparragoza, quienes establecieron diversas empresas en México y Colombia con la finalidad de realizar operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, según la Oficina de Control de Activos del gobierno norteamericano. En México aún se desconoce si existan acciones legales en su contra.
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