[iframe width=”620″ height=”349″ src=”//www.youtube.com/embed/H8O9Swpdf1w?rel=0″ frameborder=”0″ allowfullscreen] “Yo no me retracto, sigo firme en lo que comenté”, subrayó el presidente municipal, Jorge Astiazarán Orcí, en referencia al señalamiento de extorsión de la que, dice, fue objeto su gobierno por parte de los hermanos Miguel y Arturo Ledesma Romo, a través de los asesores de éste último. Ante la postura del Síndico Procurador en la que le hace un llamado a que reconsidere sus dichos, en caso de no poder comprobarlos en tribunales, el alcalde reiteró que sostiene su declaración, y añadió: “Simplemente hice un señalamiento de algo que está sucediendo en esta ciudad y que no debe suceder”. El munícipe confió en que la Comisión Especial del Cabildo, a cargo del regidor Héctor Riveros, aclare la situación. Sobre la posibilidad de que entable una querella formal en contra de los supuestos extorsionadores, Astiazarán Orcí, anotó que “el delito de extorsión se persigue por oficio, yo hice una denuncia pública y me mantengo en ella”. Por su parte, Bernardo Padilla, secretario General de Gobierno, sostuvo que su participación en la Comisión se da en forma automática por formar parte del Cabildo de Tijuana, pero que de ningún modo actuará como juez y parte, toda vez que su actuar como funcionario en el XX Ayuntamiento forma parte de uno de los casos en revisión. Padilla Muñoz fue suspendido por el Síndico Arturo Ledesma por liquidar indebidamente a cinco funcionarios bajo su cargo de Director de Desarrollo Social, en el gobierno de Carlos Bustamante. “Participaré en los análisis, pero seré respetuoso de las conclusiones a las que llegue la Comisión”, acotó