Diputados integrantes del Órgano Superior de Fiscalización (OFSBC) negaron la aprobación de la cuenta pública de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, ya que representa un daño patrimonial por 182 millones de pesos. El diputado Roberto Dávalos Flores, argumentó que Ensenada es uno de los ayuntamientos que más padecen la escasez de agua, por lo que es irresponsable que autoridades de CESPE incurran dolosamente en omisiones. El legislador perredista señaló que el dañó ocurrió el 21 de Mayo de 2007, cuando la entidad celebró un convenio con la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, S.A. de C.V. y al despacho Valencia Valencia, Abogados S.C., a quien le incumplieron una licitación. “La empresa demandó y el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, les dio la sentencia a favor, avalando que el citado convenio establece en la Cláusula Segunda, el pago de los 182 millones de pesos por daños y perjuicios”. Por lo que el tribunal ordenó pagos de 101 millones 920 mil pesos lo que representa el 56% a la empresa Tecnología y Control de Desperdicios, 80 millones ochenta mil pesos al despacho Valencia Valencia, Abogados S.C. que representa el 44%, montos que serían cubiertos del 21 de Mayo de 2007 al 1 de Diciembre de 2009. De acuerdo a documentos presentados al Órgano de Fiscalización, la paraestatal efectúo pagos por un importe de 54 millones 40 mil pesos, quedando un saldo por cubrir de 26 millones 40 mil pesos, el cual al 31 de diciembre de 2012 no se liquidó, incumpliéndose con la cláusula. Además, el infracción ha generado intereses moratorios al 31 de Diciembre del 2012, por un monto de 23 millones 205 mil 514 pesos, del cual 6 millones 477 mil 533 pesos corresponde al ejercicio 2012. “….es un robo al erario público de los ensenadenses, por la complicidad de las autoridades de la CESPE de entregar una licitación a quien no le correspondía, por lo que no solo debe ser investigado por el órgano de control gubernamental del Gobierno del Estado de Baja California sino que el caso llegue a la instancia de Ministerio Público”, expresó el diputado Dávalos.
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