La estafa en el contrato para la modernización del alumbrado público de Tijuana va más allá del incumplimiento en la sustitución de 10 mil luminarias por parte de la empresa Industrias Sola Basic, S. A. de C.V., al darse una triangulación en el pago con un tercero, para convertirlo en un convenio irregular. Este fraude implica directamente al ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo y a los funcionarios de primer nivel de su administración que avalaron el acuerdo: Alcide Roberto Beltrones Rivera, secretario de Gobierno municipal; Yolanda Enríquez de la Fuente, síndico procuradora; Oscar Lino Sarabia, oficial mayor; el extinto David Navarro Herrera, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología; y a Rufo Ibarra Batista, secretario de Administración y Finanzas. El convenio que firmó el XX Ayuntamiento de la ciudad se concibió con engaños y bajo las condiciones impuestas por la licitante, muestra de ello es que más de la mitad de las cláusulas benefician al arrendador y no al arrendatario. Primero, el gobierno bustamantista signó un contrato de arrendamiento puro, que convirtió -y mantiene- al Municipio de Tijuana en un arrendatario al que solo se le permite el uso y goce temporal de las 63 mil 400 luminarias del proyecto, hasta en tanto no liquide el total del importe del convenio que le permita obtener el derecho de compra, algo poco común y hasta considerado irreal, opinan fiscalistas. Segundo, pagó en una sola emisión casi el costo total del contrato -140 millones de pesos-, cuando el compromiso con el arrendador Sola Eléctrica de México, S.A. fue cubrir el importe de los 144 millones 430 mil 517 de pesos con 13 centavos por concepto de renta, en 26 amortizaciones mensuales de 3.2 millones cada una, estableciéndose la primera para octubre de 2011. El pronto pago no significó ningún beneficio para el Municipio, ni siquiera el de ser propietario de las luminarias, toda vez que no se liquidó el monto total de lo establecido en el convenio. Tercero, la administración de Bustamante entregó los 141 millones de pesos a un tercero y no directamente a Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., con quien estableció el contrato, lo que hace que el acuerdo sea irregular y/o que la firma es solo un testaferro. La triangulación en la facturación y pago derivados del contrato y de la adenda se dio a través de Corporativo Inter & Rama, S.A. de C.V., empresa que lo mismo subcontrata todo tipo de personal, que compra y vende programas para computadoras. De acuerdo al abogado fiscalista Adolfo Solís, el ceder derechos a terceros e incluso pagos, “son poco comunes en este tipo de contratos, y hasta podría denominarle irregulares”. Cuarto, solo 2 mil de las lámparas a sustituir serían de tecnología LED -de bajo consumo de energía-, el resto, 97 por ciento, la empresa se comprometió a sustituirlas por foco aditivo metálico y foco de inducción magnética, cuyo costo es de un 95.6 hasta un 98.4 por ciento menos que el importe de una lámpara LED, que tiene un precio unitario en el mercado de 6 mil 500 pesos. Ninguno de estos aspectos el XX Ayuntamiento los informó a la opinión pública. Este es un extracto del reportaje Delitos fiscales en luminarias http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/delitos-fiscales-en-luminarias/
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