Así llaman en delegaciones federales y ayuntamientos de Baja California al equipo de Ricardo Magaña, el secretario de Desarrollo Social, en las siglas de lo que -dicen- se ha significado por ser “La Mafia de Magaña”. Sin saber en qué basó el gobernador Francisco Vega su decisión de nombrarlo en tan importante y sensible área, los funcionarios federales se quejan del hostigamiento de los miembros de “La MM” para quedarse con cuanto recurso pasa por su nariz. Ahí está el caso reciente donde Ayuntamiento de Tijuana e Instituto Nacional de Migración, convergieron para captar recursos federales y aliviar un poco el fenómeno de la migración que deja a tanto paisano en la orfandad, la falta de oportunidades y vulnerados ante el crimen, tras ser deportados. Resulta que los fondos del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), del Gobierno Federal, están etiquetados para ser utilizados en Mexicali y en Tijuana, 41 y 62 millones de pesos respectivamente, en áreas que aporten a la seguridad y tranquilidad de la población. Tanto el doctor Astiazarán, como el delegado de Migración, el delegado de Gobernación y el de Desarrollo Social Federal, habían acordado -y de hecho lo hicieron público- que esos dineros se destinarían a proveer a los paisanos deportados de billetes de avión para ser regresados a sus estados de origen, y no convertirlos en población de la canalización, criminales o indigentes. Ya acordado el tema, entró por obra y gracia de que hay dinero y debe tener tajada, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado a cargo de Magaña. Y resulta que quieren los fondos de Prevención del Delito para hacer “obritas en colonias; de esas obritas electoreras que en poco ayudan a la disminución de la criminalidad”. Después de dejar plantados los de “La MM” a los funcionarios federales, de manera sistemática en Mexicali o en Tijuana, finalmente y al modo, extorsionaron a los del Ayuntamiento de Tijuana -como si no tuviesen suficiente- y, para dar celeridad a la entrega del recurso que llega en abril, acordaron que se repartirían el dinero un 35 para “La MM” y un 65 para la administración de Jorge Astiazarán. Así, Magaña y sus muchachos se quedarán con 22 millones de pesos para el fondo de prevención del delito y el Ayuntamiento con 40, de los cuales, según el alcalde, unos ocho millones se destinarán para enviar a los deportados por Tijuana a sus estados de origen, vía avión. El delegado de Migración, Rodulfo Figueroa, sabe lo bien que caerá ese recurso, pues el año pasado únicamente le tocó poco más de un millón 400 mil pesos para enviar a los connacionales repatriados. Para que el Lector se dé una idea, de los 365 mil deportados por las fronteras mexicanas, 100 mil son repatriados por Baja California. Aproximadamente el 70 por ciento se va a su estado de origen si tiene la oportunidad y el apoyo, mientras un 30% pretende regresar de manera indocumentada a los Estados Unidos, muchos de los cuales, al ver frustrado su deseo, se quedan en Tijuana y algunos terminan en la canalización, origen de la comisión de muchos delitos. Y con todo, Kiko Vega permite que Magaña y sus cuates se queden con el recurso para prevenir el delito, ya ni siquiera la Procuraduría o la Secretaría de Seguridad. Luego por qué ya bautizaron a los de la SEDESOE, como “La MM”, “se quieren quedar con todo”, sentenció un delegado.
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