Invasión de SEDATU en El Porvenir

De un día para otro, 8.8 hectáreas de un terreno ubicado en Ejido El Porvenir (Ruta del Vino) se convirtieron en zona de conflicto, luego de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), determinara que su actual propietario, Juan Julián de Gracia, había adquirido irregularmente el predio en 1984, al fenecido ex alcalde de Ensenada, David Ojeda Ochoa. Antes de eso, la dependencia federal con sede en Mexicali, Baja California, cuyo delegado estatal es Enrique Acosta Fregoso, dio cabida a un tercer interesado en hacerse dueño del lugar, Edu Arciniega Coronado, quien reclama propiedad de 25 hectáreas de terreno en esa zona de El Porvenir, entre los que se encuentran las 8.8 hectáreas de De Gracia. La noche del viernes 10 de enero de 2014, un grupo de sujetos arribó al sitio ahora en pugna, ubicado en los lotes 13 y 13-BIS del Rancho San Marcos, predio inscrito ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC) de Ensenada, desde el 15 de febrero de 1984, a nombre de Juan Julián de Gracia. Acamparon dentro del terreno hasta el día siguiente. Al amanecer, el día 11, comenzaron a construir una caseta de madera, con barrotes y hojas de petatillo, además de cercar todo el lugar con varillas metálicas y alambre de púas. También llevaban 44 costales de cemento y 204 bloques de concreto, ropa en maletas, un generador de energía eléctrica, garrafones de agua, alimentos y herramientas de construcción. El material fue trasladado en un camión con placas fronterizas BP-98-318, y el sello “Camiones de Tijuana” en los costados. Bajaron las cosas dentro del terreno, incluyendo dos letreros a colocar en el lugar. Uno, con el escudo nacional, el logotipo de la SEDATU, y el siguiente texto: “TERRENO NACIONAL PROPIEDAD DE ESTA DEPENDENCIA FEDERAL. EL RETIRAR, DAÑAR O LASTIMAR ESTE LETRERO ES UN DELITO DEL ORDEN FEDERAL”. Otro, que no fue instalado pero estaba junto al resto de los objetos, consigna: “PROPIEDAD PRIVADA CEL. (686) 188.17.97”, un número telefónico de Empresas Solma de México, S.A. de C.V., con sede en Mexicali, cuyo titular es Óscar Ariel Salgado Soto, socio de 12 distintas empresas en la ciudad capital. Julián de Gracia, quien vive en la delegación contigua de San Antonio de las Minas, acudió al predio la mañana del 11 de enero, luego de que testigos le avisaran sobre la actividad en el sitio. En entrevista con ZETA, Juan Julián comentó que los hombres se identificaron como empleados de la SEDATU y le mostraron un oficio con el logotipo de dicha dependencia, sin número de folio, sin sello, fechado el 8 de enero de 2013, con la firma de Enrique Acosta Fregoso. El documento está dirigido al perito deslindador José Eduardo Sánchez Ruiz Pérez, y se lee lo siguiente: “Por este medio me permito informar a Usted, que ésta Delegación Estatal en Baja California, se encuentra llevando a cabo la regularización por la vía de Terrenos Nacionales del predio denominado ‘Rancho Goyo’, con una superficie de 25-15-68.460 hectáreas, ubicado en el Municipio de Ensenada, Baja California. “Razón por la cual, a fin de estar en condiciones, se le confiere la presente comisión a fin de acompañar al personal contratado por esta delegación estatal en Baja California, siendo uno de los integrantes el C. Antonio García José, a fin de efectuar trabajos de cercado y resguardo del terreno nacional denominado ‘Rancho Goyo’ ubicado en el municipio de Ensenada, Baja California”. De Gracia refiere que intentó explicar a los empleados de la SEDATU que él es propietario del lugar, que no existía un “Rancho Goyo”, y que todo el asunto parecía un error. Para ello se hizo acompañar de elementos de Seguridad Pública Municipal de la delegación El Porvenir. Los oficiales se entrevistaron con José Antonio García, residente de Mexicali, quien iba acompañado de cinco personas más. Los sujetos habían introducido al terreno un pick-up Ford Lobo 2007 color azul, con placas nacionales AN-544-39. Los policías reportaron que al llegar, los sujetos ya habían colocado 32 postes de fierro y 10 postes de madera, además de tender una hilada de alambre de púas de 100 metros de longitud. Mientras los oficiales estaban en el predio, tres hombres más arribaron en un vehículo Chevrolet Tahoe color gris. El perito José Eduardo Sánchez Ruiz, otro de nombre Luis Eduardo Flores, y Omar Salgado Soto, este último, con los mismos apellidos que el titular de Empresas Solma. Luego de un diálogo, De Gracia decidió retirarse, y los letreros de la SEDATU fueron colocados en el terreno. Sin saber cómo resolver el problema, Julián de Gracia pidió ayuda al alcalde de Ensenada, Gilberto Antonio Hirata Chico, quien llamó directamente al delegado de la SEDATU, Acosta Fregoso, para preguntarle sobre el problema. Como atención, Acosta citó a De Gracia en sus oficinas en Mexicali, el día 14 de enero. “Cuando hablé con él, me dijo que la firma en el oficio que nos mostraron los empleados de la SEDATU en el rancho (el 11 de enero) no era suya, que él no había firmado ese oficio”, comentó. “Esa fue sorpresa porque, ¿cómo que tus empleados falsifican tu firma y no los corras?”, agregó Juan Julián de Gracia, a quien Acosta solicitó explicar por escrito su situación, y el mismo 14 de enero, De Gracia le entregó el documento narrando lo ocurrido, aportando datos sobre la que, asegura, es su legítima propiedad de 88 mil 100 metros cuadrados del predio rústico en “San Marcos”. Presentó como prueba un documento de la Notaría Número 3, de Alfredo González Corral, con número 38,055, Vol. 425, del 31 de diciembre de 1983, donde se formalizaba la compraventa del predio, con clave catastral CG-M51-407, otorgada por David Ojeda Ochoa en favor de él. Movimiento que quedó inscrito en el RPPC bajo la partida 17831. “No existe ningún ‘Rancho Goyo’ en este lugar, nadie sabe de dónde salió ese nombre, el que se supone estaban cercando. ¿Y por qué solo en mi predio?, ¿por qué si estos son terrenos nacionales, como dicen, no están cercando todo alrededor?”, cuestiona De Gracia. El 4 de febrero de 2014, 21 días después de la carta entregada por él al delegado Acosta, llegó una respuesta de la delegación de la SEDATU, foliada bajo el número 000294 y firmada por el propio funcionario, la cual incluía una explicación de varios trámites internos de la dependencia relacionados con el caso, donde Acosta refiere haber comisionado, el 4 de febrero, es decir el mismo día, al perito Sánchez Ruiz Pérez un “análisis técnico” del sitio. Ruiz lo atendió de inmediato, pues el reporte se incluyó en ese oficio del 4 de febrero, reportando lo siguiente: “[…] el polígono en cuestión se encuentra en el poblado Valle de Guadalupe, en el municipio de Ensenada, y este mismo se encuentra dentro del Polígono tres del triángulo de Tecate, Tijuana y Ensenada, declarado propiedad nacional el 1ro de octubre de 1984 publicada en el diario oficial de la federación el 9 de octubre de 1984 por una superficie de 272,029-00-00 hectáreas […]”. Con esto dicho, Acosta agregó: “En virtud de lo anterior, se le hace cordial invitación a efecto de que inicie el trámite de Regularización por la Vía de Terrenos Nacionales respectivo […]”. La SEDATU, con un trámite en curso de Edu Arciniega Coronado para comprar 25 hectáreas en El Porvenir, entre éstas los terrenos en conflicto, invitó a Gracia a regularizar un predio que pagó hace 30 años, incluyendo el pago de todos los impuestos prediales desde entonces, con recibos pagados y sellados cada 1 de enero, sin gravámenes ante el RPPC que lo tiene registrado a su nombre, que de pronto resultó estar irregular y ser el único que comenzaron a cercar en la zona del ejido. “Nosotros hicimos un acople, un estudio técnico, y encontramos que esa venta que le hicieron al señor De Gracia se le hizo sobre terrenos nacionales, que le vendieron un terreno nacional. Lógicamente es totalmente improcedente”, expresó Enrique Acosta Fregoso en entrevista con ZETA. “Hablé con el señor De Gracia porque él le pidió ayuda al alcalde de Ensenada, me habló el alcalde de Ensenada, por eso recuerdo el tema. Revisamos el asunto y le prometí que no iba a ser molestado él en su terreno, no fue molestado en absoluto, pero sí hicimos el estudio técnico y un acople técnico, de tal manera que resultó que hay una solicitud de un señor Edu Arciniega, sobre ese terreno”, agregó. Y es que para sorpresa de Juan Julián de Gracia, Edu Arciniega no solo se encontraba en trámite de comprar las 25 hectáreas de terrenos (donde están incluidas sus 8.8 hectáreas) ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Un día antes de que Acosta enviara el reporte a De Gracia, éste recibió un oficio de la Agencia Receptora del Ministerio Público del Fuero Común de la delegación Francisco Zarco. Rito Antonio Venegas Soto, titular de dicha agencia, envió el oficio 139/14/310, bajo averiguación previa 197/14/311/AP, a Julián de Gracia para que compareciera ante el Ministerio Público el 19 de febrero de 2014. La petición era para que “PRESENTE DOCUMENTOS DE SU PREDIO EN POSESIÓN IDENTIFICADO COMO RANCHO SAN MARCOS LOTE 11 EJIDO EL PORVENIR”. En el oficio, Venegas Soto asegura a De Gracia que esos documentos se requieren para dar “continuidad a la integración de la averiguación previa que al rubro se identifica y que se instruye por el delito de DESPOJO DE COSAS INMUEBLES O DE AGUAS”. Y es que Arciniega Coronado había denunciado a De Gracia, a finales del mes de enero, “por el delito que resulte de hechos cometidos en agravio del suscrito”, luego de los hechos ocurridos el 11 de enero. Arciniega se dice legítimo propietario del predio “Rancho Goyo”, con superficie de 251 mil 566.469 metros cuadrados, y como prueba, dice tener una carta testimonial de legítimo reclamo ante la SEDATU,  ratificada por Juan Carlos Bejarano Borboa, notario público Número 2 en la ciudad de Mexicali. Como testigos de dicha carta, refiere Arciniega en su denuncia, tiene a los de nombre Juan Angulo Castillo y Vicente García Martínez. Asegura haber comprado hace más de seis años, por 400 mil pesos, las 25 hectáreas en El Porvenir, a un sujeto de nombre Salvador Pineda, “por el hecho de tratarse de un predio que no se encontraba regularizado, por lo que no se habían pagado los impuestos nacionales correspondientes, y entregándome la posesión material del terreno en ese mismo acto”. Arciniega insiste haber realizado los trámites correspondientes ante la SEDATU y estar legal. Luego, acusa a Juan Julián de Gracia de haber regresado a las siete de la tarde del 11 de febrero, después de que se retiraran los policías municipales, con una veintena de personas, entre mujeres y niños, quienes intentaron desalojar por la fuerza a los trabajadores de la Secretaría, “Antonio García José, así como a sus trabajadores”, golpeados y amenazados de muerte por los agresores, además de que les robaron material que utilizarían para el cercado del terreno y las herramientas. “Al verse superados en número por el presunto responsable como por sus agresores el C. Antonio García José y su personal optaron por desalojar el terreno […] al filo de las nueve de la noche”, relata Arciniega en la averiguación previa. “Sí fuimos a decirles que se fueran, y grabamos todo en video, y en el video se ve cuando uno de los trabajadores habla por celular, pregunta si se quedan o se van, y le dan la orden de que se retire”, expuso por su parte De Gracia, quien asegura que no hubo ni violencia ni robo. Desde entonces el problema ha quedado estancado. Por un lado, De Gracia asegura que no seguirá la ruta de pagar de nuevo algo que, dice, que ya pagó. Y por el otro, Acosta advierte que debe hacer todo el trámite o no estará legal. “Él tiene que hacer un trámite de regularización, tiene que llevar a cabo deslindes, informaciones para acreditar la posesión, las escrituras que ya tiene. Nosotros tenemos que hacer inspecciones, y finalmente, integramos un expediente, lo turnamos a México, se le fija un avalúo, y el Gobierno Federal se lo cobra de acuerdo a un avalúo que hacen en México”, explicó el funcionario. La impresión de Juan Julián de Gracia es que el asunto trae otros intereses detrás, y siente que están queriendo despojarlo bajo el argumento de la regularización. “Si te metes al Facebook de Acosta Fregoso, resulta que él y Edu Arciniega son amigos, están conectados en Facebook, obviamente se conocen, está raro”, acusa De Gracia. Los terrenos nacionales a los que hace referencia el delegado de la SEDATU, de la publicación en el Diario Oficial en 1984, abarcan prácticamente todo el territorio de los municipios de Tijuana y Tecate, además de las zonas norte y noreste de Ensenada. Es, como dijo Enrique Acosta, un aproximado de 25 mil hectáreas en conflicto. — ¿Cuántas personas se encuentran en una situación similar a la del señor De Gracia?, se le preguntó al delegado de la SEDATU. “Tengo mil 200 juicios agrarios en Baja California. El triángulo entre Tijuana-Tecate-Ensenada”. — ¿Por qué cercaron el terreno? “Imagínate el cuate que solicitó las 25 hectáreas. Él llegó, a mí me solicitan el trámite de 25 hectáreas, se le da entrada. Se supone que el que lo solicitó es posesionario, y un posesionario pues cerca. Pues él (De Gracia) tiene una casita ahí, cómo la hizo, ¿no? “Nosotros somos muy cuidadosos, y de ninguna manera vamos a afectar la posesión del señor De Gracia; al contrario, lo estamos invitando a que la regularice”, finalizó. Por último, Juan Julián de Gracia planteó: “Y si me someto a lo que dice la SEDATU, al ´vente pa acá, no te pasa nada´, me hacen un avalúo que no puedo pagar, me dan un plazo de treinta días para regularizarme, no alcanzo a pagarlo, lo abren al otro postor (Edu Arciniega) y se queda con mi terreno. ¡Ah, no!”. Por las múltiples referencias que implica el nombre de Edu Arciniega Coronado, ZETA intentó contactarlo para obtener su versión, únicamente se pudo localizar un número telefónico en Mexicali, donde se le acredita como dueño de un restaurante de comida rápida llamado Vistro Cívico, en Bulevar Benito Juárez s/n, Mexicali, Baja California. Reporteros de este Semanario intentaron comunicarse vía telefónica, pero nadie respondió, y en el recorrido físico que se hizo por la extensa vialidad mencionada, no se localizó ningún negocio con el nombre de la empresa registrada en las Páginas Amarillas del directorio telefónico.