Inmolarse por la injusticia

“Me voy a suicidar, y dicen que los muertos no echamos mentiras”,  dijo en abril de 2002, en su primera declaración judicial, José Guadalupe Macías Maldonado, tras ser detenido y encarcelado, acusado del asesinato -cinco años atrás- de los hermanos Bárbara y Carlos Morales Persson. Estuvo 11 años en la cárcel y, en enero de 2013, fue liberado tras la instrucción del Tribunal Colegiado del XV Circuito, el cual ordenó al Juzgado local, la reposición del atropellado proceso judicial que se le había seguido. El mediodía del viernes 7 de marzo, Macías Maldonado se prendió fuego ante decenas de testigos en la principal plaza pública de Mexicali. En pleno Centro Cívico, en la plazuela que circundan el edificio del Gobierno del Estado, el del Congreso, el Poder Judicial y el Ayuntamiento. Dos meses antes, Macías Maldonado interpuso un reclamo de indemnización por reparación patrimonial por 11 millones de pesos -un millón por cada año que pasó encarcelado- contra la Procuraduría de Justicia del Estado; y un día antes de auto inmolarse, se entrevistó con la procuradora Perla del Socorro Ibarra para presentarle su caso, advirtiéndole que se prendería fuego. De hecho, ese mismo viernes, el hombre acudió a las oficinas gubernamentales para solicitar apoyo -estuvo en la oficina del gobernador, pero no fue atendido- y de ahí salió por un galón de gasolina, el cual derramó sobre su cuerpo y, pese a la intervención de agentes municipales, alcanzó a activar el fuego con un encendedor accionado por él mismo. Horas después trascendió que, debido a las quemaduras que tenía en cerca del 90 por ciento de su cuerpo, José Guadalupe Macías Maldonado falleció en el Hospital General. Su acción desparramó culpas para todos lados, evidenciando una serie de irregularidades en el proceso judicial, ya que en los cerca de 13 años de “investigación”  desaparecieron pruebas -cabellos, sangre, huellas del asesino de los hermanos victimados-, lo que propició su liberación. Aparte, quedó expuesta la desatención gubernamental para este tipo de “fallas” del sistema de procuración de justicia. “¿Dónde está la justicia?”, se pregunta Virginia Persson de Morales -madre de los dos jóvenes asesinados-, quien asegura que el proceso se caracterizó por el desaseo, sobre todo por la serie de pruebas relacionadas con el caso y que no fueron resguardadas. En lo que ella misma considera la primera entrevista donde habla sobre el tema, la titular de la Notaría Pública Número responde a ZETA en cuanto a qué hacer, qué sigue en el procedimiento judicial en torno al crimen de sus dos hijos. “Yo ya le dejé la justicia en manos de Dios…”, refiere la abogada en esta dramática historia que lleva 17 años de vaivenes judiciales, y que incluye a seis gobernadores y siete procuradores.  Cacería Para detener a José Guadalupe Macías Maldonado -nacido el 12 de diciembre de 1957 en Encarnación de Díaz, Jalisco-, las autoridades bajacalifornianas encabezaron una verdadera cacería que abarcó estados como Sonora, Jalisco, Aguascalientes, Nayarit y, por supuesto, Baja California. La orden de aprehensión había salido el 9 de mayo de 2001 por la causa penal 226/2001, y para cumplimentarla, se detectó un larguísimo historial delictivo de Macías, quien también se hacía llamar Jaime Gómez Hernández, José Carlos González Hernández y/o Carlos Benítez. En octubre de 1995, en Aguascalientes, su hijo José Ángel Macías Gómez, de cuatro años de edad, procreado con Lidia Gómez Romero, de oficio meretriz, falleció en extrañas circunstancias. En Jalisco se le acusó de fraude y robo, y en Tijuana, encontraron su ficha en el penal de la Mesa, pero a nombre de José Carlos González Hernández, señalado de falsificación de dólares -proceso 450/97-. Se le detuvo en noviembre de 1997, pero logró quedar libre el 3 de febrero del año siguiente. Cuando los agentes que lo buscaban llegaron al penal, Macías tenía tres días de liberado. En la búsqueda dentro de la penitenciaría, los agentes se toparon con una mujer, Laura Navarro Arreola, quien dijo haber sido violada por Macías en Mexicali -en 1982-, donde vivió un tiempo en un hotel del centro de la ciudad, convivía con una entretenedora de nombre Julieta y después de meses, desapareció del hotel sin pagar. Ahí lo buscó una persona, asegurando que Macías “le había ganado con el dinero de la venta de cerveza en la Plaza Calafia”. Quienes lo conocían, lo acusaban de mal carácter, agresivo, conflictivo. Las dudas La madrugada del sábado 14 de junio de 1997, cerca de las cuatro de la mañana, Bárbara Morales Persson llegó a su domicilio -en el número 1002 de la calle Valle del Fuerte- en Jardines del Valle, después de cerrar el bar de su propiedad, el Celebrity, ubicado por el Bulevar Benito Juárez, frente al hotel Araiza Inn. El bar se había convertido en el centro de reunión de un grupo de treintañeros de la clase pudiente mexicalense. Al llegar a su domicilio a bordo de una camioneta Explorer modelo 1991, la mujer abrió la reja automática, metió el auto en la cochera y bajó de nuevo la reja. Un hombre la esperaba ya dentro del domicilio, y alertado por los gritos, su hermano salió corriendo -en calzoncillos- solo para atestiguar cómo su hermana mayor recibía un balazo en la cabeza. Al intervenir, el sicario volteó hacia Carlos Morales y le disparó en dos ocasiones, la primera en el tórax, la segunda, en la cabeza. Los cuerpos semicruzados quedaron en medio de un charco de sangre. El asesino trató de salir por la puerta, pero estaba cerrada, disparó contra el cerrojo metálico pero nunca se abrió, por lo que tuvo que brincar la barda. En el lugar quedó una gorra -tenía restos de cabello-, además su sangre, pues al parecer una de las balas contra la puerta le hirió también encontraron sus huellas dactilares. Los vecinos que se despertaron por los tronidos, alcanzaron a escuchar unos quejidos, luego, un auto compacto gris que salió a toda velocidad. Los jóvenes eran miembros de una connotada familia mexicalense, hijos del notario José Luis Morales Alessio y de Virginia Persson, titulares de la Notaría Pública Número Uno. En ese entonces, Héctor Terán Terán era el gobernador del Estado de Baja California, y José Luis Anaya, el procurador. En las primeras investigaciones, se incluyó a un grupo de hombres que llegaron esa noche al bar, no consumieron y luego se retiraron, además de un pleito que había tenido Carlos con uno de sus amigos, o el marido de una mujer con la que salía. Todas las hipótesis se desvanecieron. Poco se siguió en la investigación el caso de un hombre, José Alfredo Lucero Castro, quien frecuentaba el bar -le apodaban “El Gorrón” porque nunca pagaba-, quien apareció ejecutado un mes después en un baldío de la colonia Granjas Santa Cecilia. Mucho menos se dio seguimiento al tema de los resultados positivos en uso de cocaína que dieron los cuerpos de los dos hermanos asesinados. Luego trascendió un dato, referido a un hombre que en mayo de ese año deambuló por el fraccionamiento buscando la casa del ex alcalde y político Eduardo Martínez Palomera. Según esa persona -quien portaba una credencial del Partido Revolucionario Institucional, nombre de Jaime Gómez Hernández- había escuchado una conversación entre dos tipos que viajaban en autobús a Mexicali, quienes planeaban secuestrar al empresario mexicalense. El hombre, que acudió varias veces a la casa del ex presidente municipal, fue detenido y acusado de intento de secuestro, pero se le liberó por falta de elementos. En octubre, después de perpetrado el crimen, las autoridades empezaron a recabar datos, elementos, dichos y declaraciones en torno a la posibilidad de que el individuo tuviera que ver con el crimen de los Morales Persson. En mayo de 2001 se emitió la orden de aprehensión, cumplimentada el 25 de abril de 2002 en Jalisco. Una versión anota que fue la mujer con la que en ese tiempo convivía la que lo delató, aunque allá no había trascendido que en Baja California se ofrecía una recompensa por su captura. Lo incriminaban por una serie de elementos, como el que estuviese herido en el tiempo que asesinaron a los Morales, que su sangre fuese tipo O positivo, igual que los restos localizados en el lugar del crimen, por su largo historial delictivo, por sus visitas a Jardines del Valle, por la gorra, por declaraciones de conocidos, familiares… todo un cerco en su contra. Macías Maldonado siempre alegó su inocencia, a ZETA mandó varias cartas y, en abril de 2005, se publicó un amplio reportaje sobre las anomalías del caso. “Soy un chivo expiatorio con el que la PGJE tenía la necesidad de fabricar un culpable a como diera lugar para tener tranquila y satisfacer la demanda de justicia de la familia Morales Persson”, sostuvo en la misiva publicada por este Semanario en diciembre de 2004. En la primera condena recibió como pena 50 años de prisión, y luego de una apelación, la sentencia se redujo a 37 años y medio. En septiembre de 2010, en la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se presentó una solicitud de amparo al Tribunal Colegiado del XV Circuito contra el Tribunal Superior de Justicia y el Juzgado V Penal, encabezado entonces por la ahora magistrada Sonia Mireya Beltrán. El  Tribunal Colegiado del XV Circuito analizó una serie de contradicciones en el procedimiento, como el caso de la sangre, las huellas dactilares -hubo al menos tres peritajes, diferentes entre sí- los careos y el cabello localizado. El Tribunal federal resolvió que el Juzgado V debía reponer el procedimiento, sobre todo en esos puntos. El expediente regresó al Juzgado, pero 15 años después de suscitado el crimen, resultó que las evidencias se habían “desvanecido”, ya no había ni cabello, ni sangre, las huellas dactilares tenían peritajes disímbolos y los careos fueron infructuosos, por lo que el 17 de enero de 2013, José Guadalupe Macías Maldonado fue puesto en libertad. De ahí, iniciaría un peregrinaje denunciando públicamente su caso, exigiendo que todos los funcionarios involucrados reconocieran su error. El 18 de enero de 2014, auxiliado por el abogado Leonardo Gutiérrez, interpuso un Reclamo de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial por cerca de 11 millones de pesos contra la Procuraduría General de Justicia del Estado. En su peregrinar tocó puertas, y todavía el jueves 6 de marzo se entrevistó -acompañado de un reportero del diario La Crónica- con la procuradora Perla del Socorro Ibarra, a quien le advirtió, se prendería fuego. Al día siguiente, Macías acudió de nuevo al edificio estatal, hizo guardia en la Oficina del Ejecutivo, nunca fue recibido y de ahí salió solo por el galón de gasolina, prendiéndose fuego públicamente, en plena plaza cívica. Desaseo Virginia Persson de Morales encabeza la Notaría Número 1 en Mexicali. Su esposo, José Luis Morales Alessio, falleció el 25 de noviembre de 2005. Uno de sus hijos, José Luis Morales Persson, aparece como titular dela Notaría 16 en Tijuana. Seria, de carácter fuerte, la abogada recibe al reportero de ZETA. Pide no grabar y aclara que es la primera vez que hablara públicamente sobre el tema de sus hijos. Parece llevar en su memoria la síntesis del expediente judicial y estar segura de que Macías Maldonado tuvo que ver con el doble crimen de Bárbara y Carlos. “¿Qué pasó? ¿Dónde está la justicia? A mis hijos nadie me los va a reponer, ahora él queda como una víctima”, refiere la abogada y notaria, insistiendo al reportero que debe investigarse todo el historial delictivo de Macías. Reseña lo que fueron cinco años de pesquisas judiciales, del seguimiento. El tema de las huellas encontradas, de la sangre, de los cabellos, la gorra. “¿Cómo es posible que no se hayan rescatado esas evidencias?”, se auto cuestiona la abogada. Refiere el tema de las declaraciones de la sobrina de Macías, del temor que le tenían sus familiares, del secuestro de un casacambista que reconoció al ahora inmolado entre sus captores. “Eso no lo sabe el público”, insiste la notaria, para después exponer elementos básicos, como la pericial dactiloscópica que tuvo variantes, según cada uno de los peritos. Todo eso obligó a que se tuviera que reponer el procedimiento, lo cual suscitó que se descubriera que las evidencias del caso no habían sido resguardadas, factor que a su vez, posibilitó la liberación de José Guadalupe Macías. “Fue un completo desaseo”, acusa Persson en relación al trabajo en la Procuraduría. Cadena de ineficiencias Para Herman López Frank -presidente del Colegio de Abogados-, la acción de Macías Maldonado básicamente está cuestionando el sistema de procuración de justicia. “La justicia sí se hizo, los órganos jurisdiccionales cumplieron su cometido para dejarlo en libertad. Es la Procuraduría la que metió de nueva cuenta a un inocente a la cárcel, no reunió los elementos necesarios para que la persona permaneciera en ella”, expresa el abogado, para después señalar prácticas como la investigación del Ministerio Público, de la fabricación de culpables para justificar su trabajo. “Hay una doble deficiencia”, asevera López Frank en relación a la detención y encarcelamiento del auto inmolado, pero además, en el crimen de los Morales Persson, que nuevamente regresa a la impunidad, “la sociedad queda indefensa ante el hecho de que la Procuraduría de Justicia no persigue realmente a los probables responsables, y en este caso, después de once años, es cada día más difícil, seguramente la Procuraduría dio por terminada la investigación, hay desvanecimiento de datos, los indicios de quienes participaron en el homicidio, si no lo hicieron en el momento, ahora va a ser más difícil”. Aun así, el especialista considera que lo principal, es el daño moral que se ocasionó a Macías Maldonado, y enumera la cadena de ineficiencias, en la condena, en el seguimiento después de su liberación y donde el Estado se lava las manos, ni siquiera pide disculpas, reconocen su inocencia, pero no hacen nada por resolver su problema de daño moral. De acuerdo al presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, el Estado aún tiene la responsabilidad de indemnizar a los familiares del ahora occiso. El lunes 10 de marzo, el cuerpo de Macías fue sepultado, mientras que la mañana del día siguiente se presentaron sus familiares -Blanca Estela García Macías y una sobrina de ella-, quienes junto con los abogados, encabezaron una rueda de prensa donde expusieron largamente lo sucedido, mostraron la copia de la demanda interpuesta ante el Gobierno del Estado y enumeraron las fallas desde la esfera judicial. En la sesión con la prensa también participaron integrantes de los diversos colegios de abogados, señalando que se formará una comisión entre éstos para dar seguimiento al caso. En contraparte, aún retumban las palabras de la notaria Virginia Persson de Morales, madre de Bárbara y Carlos, la pareja de hermanos asesinados en Jardines del Valle: ”Si él (Macías) fue, él solo se castigó. Si no fue él, eso lo llevará en su conciencia la Procuraduría de Justicia del Estado. Todo el Poder Judicial está muy mal…”. Palabras oficiales Procuradora: “Hay que ver si ya operó la prescripción” Gobernador: “Sí se le atendió” “Es un procedimiento que se inició hace más de once años, y ahí hay un ejemplo de que el Nuevo Sistema trae otro tipo de procedimientos que llevan a la transparencia en cuanto al seguimiento y las resoluciones que se hagan al respecto. A mí no me toca calificar si fue bien llevado el proceso, hay una sentencia que es absolutoria y que vino en un término por los recursos, por los ofrecimientos de pruebas que vimos durante ese procedimiento, que llevaron a un término de once años. A mí no me tocaría decir si hubo o no errores, creo que en las instancias se revisaron, con el resultado que tuvieron”. En el caso de los Morales Persson, “queda de alguna manera inconclusa la investigación que se realizó. Hay que ver si ya operó la prescripción, si no operó, y nosotros (poder) darle el seguimiento que se requiera por parte de Procuraduría”. ¿Tendrían que empezar de nuevo? Más que nada el continuar con un trabajo que, con este resultado, se queda pendiente”.- Perla del Socorro Ibarra, procuradora de Justicia de Baja California “Es un hecho muy lamentable, son eventos que a uno lo conmocionan, quiero también resaltar la valentía del agente de la Policía Municipal, quien sin pensar más allá que hacer su trabajo, se acercó a tratar de sofocar a esta persona”. Del apoyo estatal, el gobernador respondió: “Estuvo buscando apoyo desde la familia, algunas instituciones de los gobiernos, tomó la decisión de cometer esa acción que a todos nos entristece. Los gobiernos atienden puntualmente las solicitudes, y hay un procedimiento para la entrega de los recursos, claro que se le atendió”. — ¿No se tienen que revisar los procedimientos, parece que hubo indolencia?, se lanza la pregunta, y Kiko Vega contesta: “Se revisa absolutamente todo, todos los procedimientos tienen un camino, forma. La solicitud del señor se presentó como muchas otras, miles que se estaban manejando de esa manera. Lamento muchísimo el acontecimiento”.- Francisco Vega de Lamadrid, gobernador del Estado de Baja California.