Hace unos días, en Baja California Sur, el ex alcalde de Comundú, Yuan Yee Cunningham, y quien fue su tesorero, fueron aprehendidos. Un juez giró una orden de aprehensión en su contra, producto de investigaciones que se le siguen sobre el periodo en que fue presidente municipal. Se ha mencionado un probable desfalco por 30 millones de pesos. En 2012, el ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, también fue encarcelado. Se le procesó por la venta irregular de terrenos que habría sucedido cuando él fue ejecutivo de la península sudcaliforniana. Agúndez, como ahora Yee, portaron el uniforme amarillo clásico de los presos en cárceles de Baja California Sur. Ambos candidatos y servidores públicos del Partido de la Revolución Democrática, Agúndez ya recobró la libertad y hasta quiere ser candidato otra vez, pero ahora por el Partido del Trabajo y a la alcaldía de San José del Cabo que actualmente ostenta –también con muchas denuncias públicas de irregularidades- su hermano, Antonio Agúndez. De alguna manera, en Baja California Sur sí se ha castigado, amonestado o exhibido públicamente a funcionarios y ex funcionarios que cometieron ilícitos, abusaron del poder político y la administración pública, se enriquecieron al amparo de hacer negocios desde el gobierno, o transaron con dineros oficiales. El secretario de Gobierno y el director de Comunicación de Narciso Agúndez, también fueron procesados. Estando tan cerca de Baja California Sur, y sin obviar la comparación, uno empieza a preguntarse: ¿por qué allá sí juzgan a los ex funcionarios corruptos, irregulares o abusivos, y en Baja California no? Por ejemplo, fuera del “Extorsionagate” que denunció públicamente el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, cuando informó a sus gobernados que emisarios de la familia del síndico Arturo Ledesma intentaron extorsionarle -caso por cierto que nadie investiga y todos negocian alrededor del mismo-, no ha habido denuncias públicas ni formales, ni sólidas sobre quienes se presume, se aprovecharon del poder y la administración pública. Ahí los casos de los ex alcaldes. Todos priistas, dejaron las administraciones públicas de Mexicali, Tijuana, Ensenada, Tecate y Rosarito en condiciones pobres, deprimentes, desgastadas y sin recursos públicos. De Carlos Bustamante se ha dicho mucho y se ha denunciado poco. Desde la transa de las luminarias, conocida por el alcalde, por el síndico, por priistas y extraños, hasta las obras que le dio a su amigo y compadre, y las comisiones que entregó a su otro compadre por fondos federales, como los permisos que se auto concedió, de cambio de uso de suelo, de construcción, de venta de alcohol y apertura de comercios. Aún fresca su salida de la administración pública y cuando Astiazarán denunciaba que no había dejado dinero, que sí heredo compromisos y que hasta cheques sin fondos se entregaron, legisladores y políticos conminaron a un juicio político contra el ex alcalde. De repente, lo que no fue un secreto en tres años, comenzó a salir: la retahíla de irregularidades en su administración, que el síndico Ledesma ha ignorado para concentrarse en “hacerle la vida de cuadritos” al actual presidente municipal, en lugar de investigar las fechorías del anterior, de quien dijo en una ocasión a ZETA, había más de 600 observaciones de su fallida administración. En Ensenada, lo mismo o peor. Aparte de la sospecha de incontables irregularidades, allá el hijo del alcalde sí dejó una huella cuando de una empresa del procesado empresario en San Diego, Susumo Azano, le depositaron dos millones de dólares. Aparte, igual usos de suelo, licencias de construcción, pérdida de recursos y una administración manejada en el bolsillo del pantalón. Empresarios y políticos, actuales funcionarios y ciudadanos en el puerto, han exigido en los últimos días que al ex presidente municipal, Enrique Pelayo, se le someta a un juicio y -anteponiendo culpabilidades todavía no probadas- se le inhabilite para ocupar algún otro cargo gubernamental. Eso por citar dos ejemplos de ex funcionarios que viven en la impunidad política en Baja California. Ha habido ex alcaldes del PAN señalados de recibir recursos procedencia del narcotráfico, y nada. Ex procuradores acusados de mafiosos y soportes del Cártel de Sinaloa, y ni siquiera los han investigado. En el Congreso del Estado, donde deberían hacer su parte e investigar a los ex presidentes municipales a partir de un justo, correcto, científico y sesudo análisis de las cuentas públicas, lo que hacen es negociar unas cuentas por otras, y estos prestigios por aquellos. Los partidos políticos se reparten el poder y salvan a los corruptos de ser juzgados e inhabilitados. Mientras, en Baja California Sur, la justicia tarda, pero llega a los ex funcionarios abusivos y deshonestos. Aunque terminen abandonando la prisión, la sanción ciudadana de saberlos y verlos criminales, es un buen aliciente para comportarse, ¿no? Ojalá que en Baja California, pongan un estate quieto a los ex funcionarios transas, sus amigos, sus compadres y sus familiares.
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