Con el pretexto de “crear una identidad del gobierno”, según la versión de su Departamento de Comunicación Social, el Poder Ejecutivo de Baja California mantiene una mudanza de piel con el subsecuente vaivén de logotipos, colores y tipografía. Para ello, el gobierno contrató un despacho, el cual trabajó desde su campaña electoral con el gobernador Francisco Vega de Lamadrid en cuestiones de diseño, con el fin de crear un manual de imagen. Desde el inicio de gestión, cada dependencia ha recibido órdenes para “ir cambiando” los anuncios, papelería, uniformes, oficios, comunicados, vehículos y todo material que lleve plasmada la imagen de la nueva administración. Paulatinamente y conforme se vaya requiriendo (según la oficina de Comunicación Social), el logo ideado y fabricado por el despacho IPSUM, se irá apoderando de todas las dependencias del gobierno y toda propaganda institucional. Aunque la dirección de comunicación no reconoce gastos adicionales por este cambio de imagen, ZETA fue informado por funcionarios estatales que fueron instruidos para solicitar el presupuesto del rediseño de páginas electrónicas de las dependencias, lo mismo que la papelería. Efectivamente, no les asignaron recursos adicionales con este fin, sin embargo, el dinero deberá salir del recurso que ya tiene presupuestado cada secretaría, lo que implicará forzosamente una reorientación de recursos, y que algunas áreas de inversión sean modificadas. En el mentado despacho de diseño gráfico se identifica como socio a Alfredo Contreras Macklis, esposo de la hija del gobernador, Zarema Vega Labastida, y ex coordinador de redes sociales o medios digitales en la campaña de Kiko Vega. El logotipo del gobierno incluye además los cuatro principales colores de los cuatro partidos políticos que integraron la coalición encabezada por el Partido Acción Nacional, compuesto de franjas de colores atravesadas diagonalmente por un corte fino. Pese a los esfuerzos de algunos diputados por regular y legislar respecto a estos cambios de imagen que implican erogaciones al erario, los últimos dos gobernadores emanados del PAN (Eugenio Elorduy y Guadalupe Osuna) se han opuesto a homologar la imagen del gobierno. Chris López, diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) -quien presentó una iniciativa al respecto como diputado local- razona sobre el cambio de imagen: “Sí implica un gran gasto, pero lo verdaderamente preocupante de no tener una imagen institucional propia, es la cultura política que hace sentir al gobernador, dueño del gobierno”. El yerno y el logo En la casa de campaña del entonces candidato a gobernador Vega de Lamadrid en Tijuana, ubicada en Zona Río, sobre la Vía Rápida, se habilitó un pequeño espacio para el equipo de medios, al que se bautizó “El Búnker”. Ahí, los encargados de diseño, imagen, medios digitales y redes sociales apretujados hacían su trabajo. Entre ellos, el equipo de prensa encabezado por Roberto Karlo López, ahora director de Comunicación Social; Alfredo Contreras, yerno de Kiko; y los hermanos Ricardo y Jorge Díaz, estos últimos, encargados del diseño gráfico en campaña y propietarios de un despacho ubicado en la calle Décima de la Zona Centro. Desde la precampaña del PAN, Ricardo y Jorge Díaz trabajaron con Vega de Lamadrid en cuestiones de imagen. Y fueron ellos, bajo el nombre de IPSUM, quienes diseñaron la nueva cara del gobierno y de todas sus dependencias. Concluyendo la campaña y tras los resultados electorales, Ricardo, Jorge Díaz y el esposo de la hija del hoy mandatario estatal, Alfredo Contreras, crearon un nuevo despacho de diseño, IPSUM Media Group, el cual se localiza en Bulevar Agua Caliente. A ellos se les pagaron 120 mil pesos (según información oficial) por diseñar el nuevo logo del gobierno. El manual de imagen por el que se le pagó a IPSUM incluye, además del logo general del gobierno, los logotipos de cada dependencia. El manual describe: “Para las secretarías se generó una paleta de colores, partiendo de los cuatro colores que conforman la identidad del Gobierno (sic)… y que denotan la cisión de pluralidad. A cada una… se le asignó un color que se relaciona con su labor”. Luego, sugiere: “La línea diagonal contenida en el soporte del logotipo, junto a las siglas… representa el territorio de Baja California…. Esta misma diagonal ayuda a denotar el concepto de movimiento y trasformación”. IPSUM también estuvo a cargo de desarrollar las nuevas tarjetas de presentación de los funcionarios, las tarjetas de apuntes, el personificador en los eventos, hojas membretadas, los capeos de pódiums, los escenarios, los templetes, los uniformes, logos de vehículos oficiales, hasta plumas y tazas. PGJE, a criterio En el caso de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el cambio de imagen se ha realizado “a criterio administrativo”, según entrevistas realizadas por personal administrativo y de Comunicación Social. De hecho, el de la Procuraduría fue uno logo que logró imponerse en los cambios de imagen por su diseño propio, aquel que se conforma por las siglas PGJE al lado de dos figuras asimétricas que simulan un óvalo, entre un azul y un gris. En los nuevos logotipos colocados en oficinas de comunicación para conferencias de prensa o presentación de detenidos, aparecen las siglas de la dependencia, y debajo, una franja con los nuevos colores del gobierno estatal. No es el que maneja el manual de imagen repartido entre las dependencias y que lo declara encapsulado en una franja de color azul, sino otro rasgo más que un corte diagonal. Como la PGJE no cuenta con una partida presupuestal para el cambio de imagen institucional, el personal administrativo utiliza el nuevo logotipo únicamente en el material que por operatividad normal, se va renovando. En el caso de los documentos oficiales, se utiliza una plantilla que contiene el escudo de los Estados Unidos Mexicanos en el centro de la hoja, acompañada del escudo del Estado de Baja California en la parte superior izquierda. Tradición panista La insistencia de modificar la imagen del gobierno en el paso de los mandatarios, no es exclusiva de Francisco Vega de Lamadrid. En los dos últimos sexenios, el logo y la imagen de Poder Ejecutivo ha cambiado al menos en diez ocasiones. El ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán modificó el logotipo del gobierno varias veces. Por el cambio de slogan o lema de su gobierno. Arrancó con uno llamado “Unidos Cumplidos”, el cual lucía con líneas que formaban un círculo entre distintos tonos de azul y anaranjado. Luego, creó una imagen exclusiva para sus primeros 100 días de gobierno. Resultó después en el logo muy similar al de “Boletazo”, programa de la Lotería Nacional, diseñado por globos de colores. Posteriormente, se optó por un rectángulo con las siglas “GobBC, Gobierno del Estado”, al lado del escudo de Baja California, los colores gris y azul marino. Tuvieron que pasar algunos diseños más, como el de “Que BC Nos Una” y el utilizado en el último periodo de gobierno, “6 Años por BC. Gracias”. En el sexenio de Eugenio Elorduy la historia fue similar. Al menos en cuatro ocasiones, la imagen fue modificada hasta terminar con el famoso y multipublicitado: “BC. Grande por Ti”. Sin Ley, todo está permitido Desde hace diez años, la intención principalmente por los partidos de oposición de regular el gasto y la imagen -o imágenes- que los gobernadores imprimen a cada administración, se ha intentado aprobar en el Congreso de Baja California, sin éxito. La primera vez que se presentó una iniciativa para reformar y homologar la imagen de los gobierno fue en 2004. Edmundo Salazar, ex dirigente del Partido Nueva Alianza (PANAL) en Mexicali, pero en ese entonces diputado local del PRI, presentó la propuesta ante el pleno. En esencia, la intención de Salazar era convocar a una comisión asesora sobre la publicidad institucional y un Manual de Identidad Gráfica, los cuales fijarían, por un periodo de 30 años, una imagen y diseño de los logotipos de los gobiernos. “Permitiría -reza la propuesta legislativa– en el largo plazo un acercamiento entre gobernante y gobernados, simplificación administrativa, imparcialidad, y por supuesto, grandes ahorros”. Pasó por mayoría, y el entonces gobernador Eugenio Elorduy la rechazó: “Nuevamente la volvimos a votar -explica Salazar- y volvió a pasar ahora con mayoría calificada”. Con ese antecedente, el Gobierno del Estado debía vetarla si no estaba de acuerdo, y pasado el periodo, publicarla en el Diario Oficial para que entrara en vigor, pero “no hubo respuesta, jamás. Se hicieron de la vista gorda”. Lo que procedía, recuerda el ex diputado, es “iniciar un proceso contra el ex gobernador por desacato”. Pero ahí quedó. La segunda ocasión que se propuso el tema para frenar los cambios y regular la imagen, fue a finales de 2007 y la encabezó Chris López, hoy diputado federal, quien recuerda: “La platiqué con Eugenio Elorduy y no le gustó absolutamente nada”. Osuna, dice, tampoco la vio con buenos ojos. El objetivo era el mismo: “Que no esté sucediendo que cada cambio de gobierno, tenemos un cambio de imagen institucional, un cambio de identidad. Cada que llega un gobernante en un municipio, se manda una nueva señal. Sin embargo, López analiza: “Profundidad de esto, no es tanto el impacto económico… lo verdaderamente preocupante de no tener una imagen institucional propia, es la cultura política que hace sentir al gobernador, dueño del gobierno”. Y remata: “Qué le hace sentir que le puede imprimir sus frases, qué le hace creer que puede imprimir sus colores, qué le hace sentir que el gobierno es de él, y que le puede hacer lo que quiera a la imagen del gobierno”. En febrero de 2014, Fausto Gallardo, actual diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó ante el Congreso una iniciativa de reforma en relación a este tema. Para que la propaganda oficial de los gobiernos, además de no incluir “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público” (así lo dicta el Artículo 100 de la Constitución del Estado) “tampoco -refiere la propuesta de reforma- se incluirán símbolos o colores relacionados con partido político alguno”. Entrevistado, Gallardo explica que se trata de sentar las bases constitucionales para posteriormente crear la Ley de Comunicación Social. Una vez que se legisle a nivel federal, el diputado, asegura, retomará localmente. “A nadie debe sorprender”; pasa en las empresas La justificación oficial, la da Roberto Karlo López, director de Comunicación Social del Estado de Baja California: “Es crear una identidad del Gobierno del Estado… hay un cambio de administración, y con este cambio vino un cambio en el manual de imagen”. Argumenta que estos cambios también suceden en las empresas, como si no advirtiera que mientras la iniciativa privada se gasta su dinero, el gobierno eroga recursos públicos provenientes de los impuestos ciudadanos. Según Roberto López, la imagen “evoluciona con la nueva administración, por eso se modifican algunos colores, algunas situaciones, no es nada más de una cuestión del gobierno, es algo que se presenta en diferentes corporaciones, como públicas o privadas”. Se le pregunta por los colores que coinciden con los partidos que conformaron a la alianza electoral: “Ésta es una representación de la diversidad que existe en el Estado. Los colores, aparte de eso, son colores muy vivos, que también representan lo dinámico que es Baja California”. López reconoce a los integrantes de IPSUM como los “jóvenes diseñadores” y la cantidad de 120 mil pesos por la “creatividad… en lo que a mí respecta, los chavos estos tienen talento, estuvieron trabajando muy dedicados en este tema”. Sin embargo, Roberto Karlo niega la relación con el yerno del gobernador. El director del Gobierno del Estado argumenta que el cambio no tendrá un impacto económico, pues la instrucción es ir cambiando logos y utilería conforme se vaya necesitando, y con los mismos recursos asignados. Por eso, el director indica que esa imagen permanecerá durante la administración: “Nosotros buscamos que esta imagen perdure, que la naturaleza del diseño sea una imagen institucional que pueda perdurar por lo menos el sexenio”.
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