El chofer de transporte público Ricardo Ávila Hernández fue detenido y también golpeado injustificadamente por policías municipales de la delegación Cerro Colorado. Sin una explicación a las agresiones de los uniformados, solo asume que su acento, característico del Centro del país, fue la razón de la detención. A las 6:00 horas del 20 de diciembre de 2013, Ricardo manejaba la unidad 1065 de la Ruta 5 y 10 a El Refugio -Rojo y Crema-, cuando chocó contra una calafia de otra ruta. Ambos choferes acordaron resolver el asunto sin la intervención de las autoridades. “Pero yo no le pude pagar (200 pesos), porque me golpearon y me robaron el dinero que estaba en mi calafia”, aseguró. Los quejosos identifican a los oficiales Julio César Oliva Rangel e Israel Cruz Peña como los agresores que llegaron en la patrulla P-0916 al lugar. “Al momento que yo me bajé para enseñarles mis credenciales, se dieron cuenta, no sé si por mi tono, de que soy chilango, y me dijeron, ‘ah, chilanguito’, me empezaron a decir un sinfín de groserías. Me esposaron, me pegaron”, denuncia Ávila, quien se trasladó a la delegación La Presa, donde intentaría arreglar nuevamente el accidente en el que se involucró. Le comentó al perito del caso, que denunciaría a los policías que lo maltrataron, y este último alertó a los uniformados. Los agentes de la Policía Municipal llegaron nuevamente para esposarlo, “por pegarle al calafiero y por pegarnos a nosotros”. 
Sin recibir una revisión médica de los golpes recibidos por los policías, el chofer de transporte público fue remitido a la agencia del Ministerio Público de Mariano Matamoros. Hasta ahí acudieron Arístides y María Ávila, su padre y hermana, respectivamente. Pero ambos salieron esposados del Ministerio Público por presuntamente haber agredido a los oficiales municipales que trasladaron a Ricardo. Mayra fue remitida a la Penitenciaría de La Mesa, y Arístides estuvo retenido durante 36 horas en la Estancia Municipal de Infractores. Ricardo Ávila salió del Ministerio Público el 22 de diciembre de 2013, pero desconoce la razón de su libertad, pues le aseguran que su expediente está perdido. Mientras que las autoridades de la ruta de calafias -donde ya no trabaja- le dicen que se pagó una fianza, en la agencia del MP le explican que se retiraron los cargos en su contra. La familia Ávila denunció los hechos ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (915/14/206/AP) y en la Procuraduría de los Derechos Humanos de Baja California, con el número de asunto 1808. Además, señalaron a los oficiales en Sindicatura Municipal, donde el expediente Q-476/201 guarda lo declarado por los quejosos. Su hermana Mayra Ávila, a la que se le abrió la causa penal 0975/2013, salió libre bajo fianza. Sin embargo, aunque relataron los hechos a las autoridades correspondientes, no ven avance en su caso. “Hablamos con el síndico, Arturo Ledesma, y con el contralor Joel Guardado, todos nos escuchan, pero nada más nos dan por nuestro lado”, insisten. Saúl Ramírez
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