Ex director de Regulación Municipal de Rosarito, sentenciado por aborto

Ignacio Peña Rosales, ex director de Regulación Municipal de Playas de Rosarito, no solamente es objeto de una investigación de Sindicatura a raíz del operativo en el que participaron integrantes de un centro de rehabilitación para retirar bebidas alcohólicas de un establecimiento local, sino que cuenta con una sentencia penal por aborto. En un documento de la Secretaría de Seguridad Pública, el ex funcionario cuenta con antecedentes penales de 2012, cuando se le sentenció a un año de prisión y una multa de 4 mil pesos por el delito de aborto.   De acuerdo con el Artículo 47 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, para ingresar al servicio público se requiere no tener antecedentes penales. En efecto, en el Ayuntamiento de Rosarito, uno de los 16 requisitos para ser contratado, consiste en presentar carta de no antecedentes penales y de no inhabilitación. Pero cuando se contrató a Peña Rosales, ninguno de estos documentos fue integrado a su expediente, por lo que ahora Sindicatura investiga al empleado de Recursos Humanos que por omisión o decisión, no respetó estos lineamientos. “Hemos sido reiterativos con el oficial mayor a través de Contraloría, porque no podemos eximir de esa responsabilidad que se haya omitido esa observación a la regla, así que requerimos se nos informe al respecto para tomar acciones”, citó el síndico procurador Tomás de la Rosa Martínez al ser abordado sobre el tema. En Sindicatura del VI Ayuntamiento, se abrió la investigación para atender la queja del dueño de la licorería de Primo Tapia, el 18 de enero de 2014, de donde se retiraron envases con bebidas alcohólicas por parte de Peña Rosales; Rodolfo González, jefe de Alcoholes; y el inspector Héctor Guillermo Ponce Flores, acompañados de un grupo de hombres internos en un centro de rehabilitación. Los tres empleados fueron suspendidos temporalmente desde el 24 de enero por un plazo de 30 días, mientras se integra la investigación en Sindicatura Municipal por realizar un operativo fuera del marco legal e incluso, por ser señalados del cobro de cuotas por parte del empresario, indicó el síndico. Sin embargo, De la Rosa Martínez fue notificado por el magistrado Roberto Vidrio, de la Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo en Tijuana, que los tres empleados deben ser restituidos. “Nosotros los separamos de su cargo como una medida preventiva para evitar que se siguieran realizando ese tipo de acciones ilegales, el plazo de treinta días laborales sin goce de sueldo, está avalado en la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos”, explicó el edil. Incluso, si a los funcionarios se les deslinda responsabilidad por las acusaciones, les sería resarcido su salario. Pero la suspensión del Tribunal en contra de la medida preventiva del síndico, obligó a la reinstalación de Rodolfo González, jefe de Alcoholes, ya que el inspector Ponce Flores había regresado a su cargo desde hace dos semanas, por considerar que actuó bajo las órdenes de sus superiores durante el operativo. Esas dos notificaciones fueron recibidas el 18 de febrero de 2014, una semana después, el síndico recibió otra para reinstalar a Peña Rosales. Sin embargo, éste ya se encontraba apartado de su cargo, y en su lugar, el alcalde Silvano Abarca nombró a Joceline Salceda García. La toma de protesta ocurrida el 24 de febrero, también incluyó los nombramientos de Álvaro Chong Uribe como coordinador operativo, y José Francisco López como coordinador de Inspectores. Sobre la reinstalación de Rodolfo González, de quien consta su participación en el operativo en contra del comercio en un vídeo que se encuentra en el sitio web YouTube, el De la Rosa Martínez declaró: “No comparto la opinión del Tribunal, porque consideran que la falta que yo le estoy imputando no es grave ni perjudicial para la sociedad, pero es una orden que debo acatar, incluso cuando no he dictado una conclusión y el magistrado se está adelantando”. Respecto al comercio que fue clausurado como parte del operativo en que se realizó el saqueo de los productos, el síndico precisó que el establecimiento no cuenta con el permiso para venta de alcohol. “La cervecería Tecate le facilitaba uno, ha sido una práctica que las cervecerías cedan sus permisos para que opere un negocio. Es una práctica no debida, que se ha tolerado, pero que el Ayuntamiento ya inició diálogos con las empresas para que cada negocio cuente con su propio permiso”, dijo. En cuanto al proceso de la investigación, a cargo de Sindicatura Municipal, que incluye a los dos funcionarios municipales y al ex director de Regulación Municipal, se encuentra en el desahogo de pruebas, y en un plazo máximo de cuatro semanas, se podrían presentar las conclusiones; en su caso, sanciones que podrían ir desde la destitución del cargo, hasta la inhabilitación. Inés García