El bache de impunidad

En Tijuana, según datos oficiales, 86 mil 892 averiguaciones previas generadas entre 2007 y 2013, se mantienen en etapa de integración. En los mismos seis años se han generado, desde el Poder Judicial, 20 mil 366 órdenes de aprehensión; solo se han cumplimentado 8 mil 876, lo que significa un 43.58 por ciento de efectividad, o 56.42% de rezago; esto es, el nivel de impunidad al considerar a las personas que no han sido aprehendidas. Tal rezago contabilizado por la administración estatal entrante, es el generado únicamente en el sexenio pasado, cuando la Procuraduría General de Justicia del Estado era encabezada por Rommel Moreno Manjarrez, durante la gubernatura de José Guadalupe Osuna Millán. Pretendiendo el rescate de estos procesos, la Subprocuraduría General de Justicia del Estado estableció una política de combate al rezago, revisando cada procedimiento para dar trámite u optar por la prescripción. “Aquí con nosotros no debemos permitir que nos prescriban, claro, habrá circunstancias en las cuales pues no se pueda avanzar, porque a lo mejor alguna prueba, o muchas veces ya no vienen las partes que denuncian”, comenta Gilberto Cota Alanís, subprocurador de Zona Tijuana. Además de revisar los procesos abandonados, el subprocurador debe ir avanzando eficientemente con las denuncias que van presentándose a diario, para lo cual plantea un cambio en la dinámica de recepción de las denuncias para la integración de averiguaciones previas, y el fortalecimiento del equipo de aprehensiones de la Policía Ministerial. El bache de impunidad Cota Alanís refiere: “De acuerdo con la Ley, un proceso penal debe durar un año, entonces no puede justificarse que una averiguación previa dure más de eso… el problema también es que se rezagan las órdenes de aprehensión cuando no se cumplimentan, y prácticamente están contando algo muerto”. En el mismo sentido del planteamiento anterior, existen cifras que distan mucho de los términos óptimos para que un acto delictivo sea juzgado. Las averiguaciones previas generadas en Tijuana entre 2007 y 2013, suman 96 mil 892, de las cuales, en el mismo periodo, sea han determinado solo 10 mil; es decir, solo el 10.32%. “Otra dinámica que empezamos a revisar, es el rezago en el mandamiento de cumplimientos judiciales, vimos que era necesario reactivar, ser más efectivo, porque obviamente la ciudadanía atendida estaba viendo… no es suficiente que ya esté en el Juzgado, que el Juzgado ordenó la aprehensión, y si no la han cumplido, entonces hay instrucciones de que se haga una eficientación en el cumplimiento de mandatos judiciales”, expresa el funcionario.  En el municipio de Mexicali, donde la justicia se rige con base en el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), se contabilizaron, hasta el 31 de octubre de 2013, 158 mil 461 Números Únicos de Caso (NUCs), de los cuales se han determinado, de noviembre de 2013 a febrero de 2014, solo 15 mil 554. En la ciudad capital, de las órdenes de aprehensión que se ordenaron hasta noviembre del año anterior, se han cumplimentado 111. En el sistema tradicional también hay un rezago de alrededor de 2 mil 552 órdenes de aprehensión, pues de las 2 mil 759 concedidas hasta noviembre de 2013 por los jueces, se han cumplimentado 2 mil 552 (febrero 2014). Carlos Jiménez, consejero de la Judicatura del Poder Judicial de Baja California, considera que la justicia en la entidad entra en una nueva etapa con la llegada de la ex magistrada y ahora procuradora general de Justicia, Perla del Socorro Ibarra. Sostiene que  el conocimiento que tiene la funcionaria en el Poder Judicial, disminuirá el trecho que existe entre la procuración y la impartición de justicia: “Concretamente, te diría que esta relación que existe ahora es muy estrecha, la procuradora y la señora presidenta del Tribunal (María Esther Rentería Ibarra), tienen un nueva relación entre estas instancias, de tal suerte que hoy debemos trabajar más de la mano. Sin embargo, pues no podemos invadir el trabajo de la Procuraduría, el Poder Judicial cumple con la parte que le corresponde en el momento que libra las órdenes de aprehensión correspondientes, y la Procuraduría tendrá que cumplimentarlas, porque si no, tenemos ahí que se abre un bache de impunidad”. Cuando el tiempo ya transcurrió La prescripción es, en términos legales, la peor amenaza para la investigación ministerial y para un proceso judicial, porque inhabilitaría la aplicación de la Ley, y genera impunidad. “Ahora que regreso a la institución ya con el cargo de subprocurador, pues uno de los temas que estábamos viendo en cuanto a rezago, pues obviamente se estaban dando muchas averiguaciones previas que estaban precluyendo el tiempo para avanzar a consignación, o que no hubiera delito como un ejercicio de acción penal”, reflexiona el subprocurador Gilberto Cota Alanís. La caducidad de un proceso penal depende (según el Código Penal del Estado de Baja California) de que la inactividad de un procedimiento, después de una conducta delictiva, rebase el tiempo equivalente a la mitad de la pena (dependiente del delito), siempre mayor a tres años. “Un homicidio culposo, por ejemplo, que es de tres días a cinco años la pena, dividimos entre dos, y son dos años y medio, si no han transcurrido, no puede prescribir hasta que transcurran los tres años. Si ese término ya pasó, y si lo llegan a detener, ya presentan y ya ordenó el juez, pues dice ‘yo ya libré la orden hace más de tres años, y el tiempo ya transcurrió’”, ejemplificó. Según los datos que proporciona la Subprocuraduría de Tijuana, desde el 22 de noviembre de 2013 (a inicios de la administración actual) se han determinado aproximadamente 5 mil 197 prescripciones, con corte al 16 de febrero de 2014. Aunque en términos administrativos, esto representa una limpieza en los archivos de la Procuraduría para trabajar de manera más eficiente, significa también un retraso en la impartición de justicia de la ciudad, así lo refiere Genaro de la Torre, representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana. “Son números que desalientan”, sentencia. Por su parte, Concepción Rubio Loaiza, directora de Averiguaciones Previas en la Subprocuraduría de Tijuana, menciona que el tiempo de inactividad en la integración de las averiguaciones obedece a la falta de interés del denunciante, al no presentar querella o no aportar más recursos de prueba para la investigación. “Y ya no vienen, aun cuando se les trata de localizar por todos los medios”, afirma. — ¿El tema de la corrupción en la Procuraduría se analiza como factor de rezago?, se le pregunta a los entrevistados. “Bueno… no; fíjese que no considero que sea eso, porque simplemente al analizar las averiguaciones, vemos que son delitos de querella, o hay muchos casos, y esos acrecientan una estadística. Hay suicidios, hechos de tránsito en el cual la víctima es la causante del hecho y no hay delito, o alguien solo se produjo una lesión y murió. Se integra una averiguación porque hay cosas que analizar, esas no pueden estar ocupando espacio cuando no hay delito que perseguir, forman parte también de rezago, es una dinámica. Yo siento que el motivo es por la constante que llegan unas, otras, y ahí se quedan… se fueron dejando las averiguaciones”, responde el subprocurador. “Algo significante”: Cota Alanís Gilberto Cota Alanís asegura que lo que se ha avanzado desde el 22 de noviembre de 2013, cuando llegó a la Subprocuraduría, “es algo significante”. Los números  arrojan que las determinaciones hechas en los primeros tres meses  de esa entidad, rebasan a los últimos dos años de la administración anterior por 5 mil 499 trámites. Entre lo logrado destacan: * Mil 532 consignaciones a los Juzgados pertinentes. * 99 apercibimientos. * 3 mil 58 consultas de archivo. * 5 mil 197 prescripciones declaradas. *180 declaraciones de incompetencia y, * 2 mil 931 reservas de trámite. Hasta el 16 de febrero de 2014, se contabilizaron 12 mil 997 determinaciones por 7 mil 498 que hubo durante los últimos 22 meses del gobierno anterior. “Esto es algo significante por el corto tiempo que se tiene… tenemos una meta al año de 35 mil, en mes y medio llevamos 12 mil”, argumenta Cota Alanís. Referente a la cumplimentación de mandatos judiciales, la Subprocuraduría en Tijuana cerró la primera quincena del mes de febrero con mil 102 ejecuciones (noviembre 2013 a febrero 2014). Por ejemplo: * 363 cumplimentaciones de órdenes de aprehensión. * 265 órdenes de reaprehensión. * 13 detenciones. * 7 colaboraciones con otros estados del país y, * 454 órdenes de comparecencia. La nueva política El ex juez local y ahora subprocurador de Zona Tijuana, explica una nueva política de la Subprocuraduría, misma que tiene como fin continuar avanzando anualmente en las determinaciones y en el cumplimiento de los mandatos judiciales. Habla de una nueva dinámica de recepción para la integración pronta y eficaz, rediseñar  el servicio que se da a la ciudadanía, denunciantes y litigantes. “Hay un desfase de tiempo para citar a una persona, para que trajera sus testigos o que dijera qué pruebas tiene, esperábamos que se le fijara una fecha en 40 días, un mes o dos… y si a eso le agregamos que la persona no compareció por equis motivo, pues darle otra fecha para apenas estar iniciando”, detalla Gilberto Cota Alanís. Ahora, el subprocurador presume que el denunciante será atendido el mismo día que se presenten pruebas y testigos para que el Ministerio Público, “con mayor seriedad y con la exigencia de hacerlo pronto” comience la integración de una averiguación previa. “La iniciación de un procedimiento penal, que debe ser a través de la averiguación previa, pues debe estar consolidada, es el cimiento para llegar en su momento a ejercer acción penal con las pruebas y el sustento para que en su momento haya una sentencia condenatoria y se repare el daño”, concluye. Respeto a la participación ciudadana Como parte de un organismo que pondera la participación ciudadana, Genaro de la Torre, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, considera que es necesario que las instituciones, en este caso la Procuraduría General de Justicia del Estado, respeten las denuncias de la ciudadanía, garantizando la impartición de justicia. “Como ciudadano a uno lo encantaría que todo esto se moviera rápido, porque entre más tiempo los delincuentes andan fuera, pues más tiempo tienen para seguir delinquiendo. Entonces, mientras más agilidad se le dé, mientras más los retiren de andar libres, pues va a ser más beneficioso para la ciudadanía”, resume.  Cumplimiento de mandatos judiciales Mandamientos Noviembre (2013) Diciembre (2013) Enero (2014) Febrero (2014) TOTAL Aprehensiones 89 87 130 57 363 Reaprehensiones 61 56 99 49 265 Detenciones 1 6 4 2 13 Colaboraciones 1 1 3 2 7 Comparecencias 180 116 91 67 454 *Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana Comparativo determinaciones administración actual con la anterior Determinaciones Nov 2013 a Feb 2014   2012 y 2013 Consignaciones 1,532 1, 515 Apercibimientos 99 716 Consultas de archivo 3,058 2,107 Prescripciones 5,197 1,648 Incompetencia 180 98 Reserva de trámite 2,931 1,414 Total 12,997 7,498 *Subprocuraduría General de Justicia del Estado en Tijuana