DICHOZ Y HECHOZ

“La MM” Así llaman en delegaciones federales y ayuntamientos de Baja California al equipo de Ricardo Magaña, el secretario de Desarrollo Social, en las siglas de lo que -dicen- se ha significado por ser “La Mafia de Magaña”. Sin saber en qué basó el gobernador Francisco Vega su decisión de nombrarlo en tan importante y sensible área, los funcionarios federales se quejan del hostigamiento de los miembros de “La MM” para quedarse con cuanto recurso pasa por su nariz. Ahí está el caso reciente donde Ayuntamiento de Tijuana e Instituto Nacional de Migración, convergieron para captar recursos federales y aliviar un poco el fenómeno de la migración que deja a tanto paisano en la orfandad, la falta de oportunidades y vulnerados ante el crimen, tras ser deportados. Resulta que los fondos del Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED), del Gobierno Federal, están etiquetados para ser utilizados en Mexicali y en Tijuana, 41 y 62 millones de pesos respectivamente, en áreas que aporten a la seguridad y tranquilidad de la población. Tanto el doctor Astiazarán, como el delegado de Migración, el delegado de Gobernación y el de Desarrollo Social Federal, habían acordado -y de hecho lo hicieron público- que esos dineros se destinarían a proveer a los paisanos deportados de billetes de avión para ser regresados a sus estados de origen, y no convertirlos en población de la canalización, criminales o indigentes. Ya acordado el tema, entró por obra y gracia de que hay dinero y debe tener tajada, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado a cargo de Magaña. Y resulta que quieren los fondos de Prevención del Delito para hacer “obritas en colonias; de esas obritas electoreras que en poco ayudan a la disminución de la criminalidad”. Después de dejar plantados los de “La MM” a los funcionarios federales, de manera sistemática en Mexicali o en Tijuana, finalmente y al modo, extorsionaron a los del Ayuntamiento de Tijuana -como si no tuviesen suficiente- y, para dar celeridad a la entrega del recurso que llega en abril, acordaron que se repartirían el dinero un 35 para “La MM” y un 65 para la administración de Jorge Astiazarán. Así, Magaña y sus muchachos se quedarán con 22 millones de pesos para el fondo de prevención del delito y el Ayuntamiento con 40, de los cuales, según el alcalde, unos ocho millones se destinarán para enviar a los deportados por Tijuana a sus estados de origen, vía avión. El delegado de Migración, Rodulfo Figueroa, sabe lo bien que caerá ese recurso, pues el año pasado únicamente le tocó poco más de un millón 400 mil pesos para enviar a los connacionales repatriados. Para que el Lector se dé una idea, de los 365 mil deportados por las fronteras mexicanas, 100 mil son repatriados por Baja California. Aproximadamente el 70 por ciento se va a su estado de origen si tiene la oportunidad y el apoyo, mientras un 30% pretende regresar de manera indocumentada a los Estados Unidos, muchos de los cuales, al ver frustrado su deseo, se quedan en Tijuana y algunos terminan en la canalización, origen de la comisión de muchos delitos. Y con todo, Kiko Vega permite que Magaña y sus cuates se queden con el recurso para prevenir el delito, ya ni siquiera la Procuraduría o la Secretaría de Seguridad. Luego por qué ya bautizaron a los de la SEDESOE, como “La MM”, “se quieren quedar con todo”, sentenció un delegado.   <b>Robles El 20 de marzo llegará a Baja California la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga. Más conocida últimamente por los pocos resultados de la “Cruzada Nacional contra el Hambre”, y el regreso a la escena política nacional del empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz, quien reclama cerca de 200 millones de pesos al PRD, luego que asegura haberlos invertido en ese partido cuando Rosario Robles lo dirigía, la colaboradora de Enrique Peña Nieto no ha anunciado el motivo de su gira por la entidad, pero si por los hechos la conoceréis, hace unas semanas estuvo de visita en Baja California Sur, y destacó su entrega de “Tarjetas sin Hambre”, una especie de monedero electrónico para ser entregado a familias de escasos recursos para adquirir productos de la canasta básica; pero resulta que ese apoyo resultó raquítico, pues solamente entrega el gobierno de Peña ¡338 pesos! Si a eso viene la secretaria a Baja California… ¡híjole!   Adjunto A quien en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana ya identifican como director adjunto, es a Jorge Ramos Hernández. Aseguran que el panista, que no las tiene todas de su lado y que no fue llamado a colaborar en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, hace y deshace a su antojo, con la venia de Alfonso Álvarez Juan, a su decir empresario, a decir del electorado, un derrotado tecatense, y a designación del gobernador, director de la CESPT. Pues aparte de entregar los cargos de esa conocida agencia de colocaciones azul -empleados señalan que ya hasta Leonardo Fernández cobra en la dependencia-, poco o nada sabe de las obras y los cortes de agua. A Don Alfonso le ha dado por congraciarse -vía nómina- con los diferentes grupos del Partido Acción Nacional. Vaya manera de hacer méritos… contra el gobernador.   Seis meses… Dicen quienes están cerca de Mario Herrera, el todavía coordinador de gabinete del gobernador Francisco Vega de Lamadrid, que cada vez más le preguntan para cuándo saldrá el misterioso y lento Plan de Desarrollo Sexenal 2013-2019 que tiene bajo su responsabilidad. Agitado, responde que la Ley le da seis meses para presentarlo. Total, todos los bajacalifornianos, los legisladores, los políticos, los activistas, los funcionarios, los interesados y los urgidos de acciones gubernamentales efectivas, tendrán que esperar un poco más para conocer el plan de gobierno de seis años de Kiko Vega, pues, dado que tomó posesión el 1 de noviembre de 2013, su plazo legal para presentar el misterioso plan sexenal, vence el 1 de abril de 2014. Mientras, no hay ni compromisos, ni acciones, ni nada para dar seguimiento al ya ni tan naciente gobierno. Algunos secretarios se han dado a la tarea de presentar en lo individual su plan sexenal, es el caso del secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, Manuel Guevara, que promueve sus 120 obras con inversión público privada, y el del titular de Seguridad Pública del Estado,  Daniel de la Rosa, que va por la inversión para facilitar la investigación y promover la eficiencia en los cuerpos policíacos, con la aplicación de la tecnología contra la inseguridad.   Archivan amparo de Hank El aviso que puso en alerta a Jorge Hank Rhon sobre una posible orden de aprehensión o investigación en su contra, no resultó efectivo; al menos por el momento, pues las autoridades que señaló en su demanda de amparo, negaron la existencia del acto reclamado. En efecto, el procurador general de la República y los distintos titulares de las subprocuradurías y unidades especializadas de investigación, negaron los presuntos actos privativos de la libertad contra el quejoso Hank. Como éste no presentó pruebas que desvirtúen el dicho de las autoridades, el juez resolvió sobreseer el juicio de garantías. El 10 de febrero de 2014, a través de sus abogados, el ex reo del Penal de “El Hongo” presentó una demanda de amparo que fue turnada ante el Juez Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Distrito Federal, donde solicitaba la protección de la justicia federal en contra de una posible orden de aprehensión, localización y/o presentación. Atribuyó los hechos al titular de la PGR, al de la SEIDO, al de la Unidad de Investigación Especializada en Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda (UEIORPIFAM); la Unidad Especializada de Investigación de Delitos contra la Salud (UEIDCS) y hasta el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Órganos (UEITMIO), entre otros. Y nada, todos los señalados respondieron que no había nada contra quien teme, por tercera vez, ser puesto tras las rejas.