Denuncian tráfico de influencias

A la lista de denuncias contra funcionarios de la administración municipal anterior en Rosarito, se suma otra por los delitos de Tráfico de Influencias y Negociaciones Ilícitas en  las basificaciones ordenadas por el ex presidente municipal, Javier Robles Aguirre. En total, la administración actual de Playas de Rosarito ha demandado a ex funcionarios en 11 ocasiones; la más relevante es la interpuesta contra ex regidores por haberse realizado cirugías estéticas con recursos municipales, y otros daños patrimoniales a principios de este año.   En esta ocasión se trata de cinco personas entre hermanos, primos y amigos, a los que se les aseguró un futuro laboral mediante las negociaciones entre Luis Humberto Gómez Medina, ex secretario general del Sindicato de Burócratas, y el alcalde Robles Aguirre, durante los últimos meses de su trienio, algunas de ellas documentadas por este semanario (Edición 2069). Las dos causales de la iniciación de los procesos legales son: que los ahora basificados ocupaban puestos exclusivos para trabajadores de confianza, y que los movimientos no fueron incluidos en el presupuesto de egresos del año 2013. Las plazas, presuntamente otorgadas ilegalmente, serán revisadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado, a partir de la apertura de cinco averiguaciones previas que derivaron de la denuncia promovida por la actual administración. Lo anterior reforzará la propuesta del alcalde Silvano Abarca para revocar las plazas otorgadas ante los integrantes del cabildo del VI Ayuntamiento del quinto municipio. Cinco entre 23 De 23 trabajadores de la administración municipal que lograron su base durante el 2013,  cinco acapararon la atención del actual presidente municipal. Abarca Macklis fue  el remitente del oficio PM/291/2014, fechado con el 14 de enero del 2014 y dirigido al síndico procurador, Tomás de la Rosa Martínez, donde refiere una revisión de los expedientes de estos personajes: * Gerardo Zermeño Chávez, hermano de Manuel Zermeño, ex tesorero municipal del ayuntamiento anterior. Gerardo se desempeñó como Director Administrativo de Sindicatura Municipal y obtuvo su base a mediados del año 2013. * Ernesto Alonso Perales Sánchez es hermano del ex síndico procurador, Roberto Carlos Perales Sánchez y se desempeñaba como Coordinador de Inspectores, su base le fue otorgada el 23 de agosto del 2013. * María Susana Delgado Aguirre es prima del ex alcalde “Tito” Robles y se le benefició con una plaza cuando fungía como secretaria adscrita a la Coordinación Jurídica Municipal el 27 de mayo del 2013. Además se hace referencia a María Guillermina Bribiesca García, identificada como amiga del ex regidor priista Antonio Serret y a Armando Conzuelo Ramírez, amigo de Javier Robles Aguirre. Ambos siguen laborando en el ayuntamiento, la primera como auxiliar de Servicios en Regidores con un sueldo de 16 mil 974 pesos y una base que data del 20 de mayo del 2013. Mientras que Conzuelo Ramírez es auxiliar administrativo en la Secretaría de Administración Urbana con un sueldo de 16 mil pesos y con una base otorgada el 26 de agosto del 2013. “Efectivamente estuvieron laborando con cargos o puestos de confianza, lo cual efectivamente, a todas luces contraviene las disposiciones legales a efecto de que puedan adquirir una plaza directamente, ocupando un puesto de confianza”, explica en entrevista Tomás de la Rosa Martínez, síndico procurador en Rosarito. Según la Ley Citando la ley, el funcionario alega que los basificados mencionados no tienen la posibilidad de acceder a una plaza, puesto que se trata de funciones “100 por ciento de confianza”. Habla del artículo 6 de la Ley del Servicio Civil que establece las funciones catalogadas como de confianza: “las de dirección, administración, inspección, vigilancia y fiscalización cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos personales de los titulares de las instituciones públicas”.   El otro tema es que sus plazas no fueron contempladas en el presupuesto de egresos del año 2013 –fecha en que se aprobaron– como lo exige el artículo 9 de la misma ley.  “Porque estos movimientos que dieron ellos, fueron en el último mes de administración, de manera dolosa a todas luces el otorgarles las plazas”, insiste De la Rosa Martínez. Sin embargo, aún no se sabe qué impacto presupuestal hubo en el ayuntamiento con estos movimientos administrativos, pues además del sueldo, fue necesario sacar de las arcas otros beneficios económicos a los que tiene derecho un trabajador con base. “Ahorita se está cuantificando el daño que se pudo haber ocasionado porque hay una situación que todavía están haciendo ajustes, pero lo que si te puedo comentar es que se vulneran las disposiciones legales, con esos movimientos, así como el presupuesto de egresos”, dice el síndico procurador Queda pendiente entonces, saber de dónde se sacó el dinero para pagarles. En Tijuana: recuperar bases para bomberos Aunque aún no hay algo concreto, Manuel Oceguera, secretario general del Sindicato de Burócratas Sección Tijuana, sostiene la promesa de revocar las bases que irregularmente se aprobaron durante la administración de Carlos Bustamente en el ayuntamiento y de Martín Plascencia, ex secretario general del gremio. Habla de alrededor de 22 bases que se otorgaron indebidamente, cinco de ellas a mujeres jóvenes ex empleadas de la presidencia durante la gestión del priista Carlos Bustamante (edición 11 nov). Las plazas le correspondían a empleados que mantuvieron demandas contra el ayuntamiento, ganaron, pero el fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo no se respetó. “Bases que se entregaron de esta manera tan preferencial, en el entorno inmediato del ex alcalde Carlos Bustamente. Nosotros vamos a estar muy atentos para que sean revocadas”. Aprovechando una reunión que tendrá con el alcalde Jorge Astiazarán Orcí, Oceguera planteará la revocación de las plazas desde el cabildo a partir de la votación de los regidores. De no prosperar la primera posibilidad, se promoverá su nulidad a través de un juicio “que es un recurso que nos queda a quienes en su momento creen que tienen mejor derecho sobre las bases”.   El dirigente sindical propone que una vez recuperada las bases que en los movimientos administrativos irregulares pasados se consagraron, éstas sean destinadas a personal de la dirección de bomberos, un sector olvidado por administraciones anteriores.