Delitos municipales

En el “Extorsionagate” donde se metieron el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán Orcí, y el síndico procurador Arturo Ledesma Romo, muchos delitos se presumen y ninguno se investiga: 1.- Extorsión. El viernes 28 de febrero de 2014, Astiazarán citó a conferencia de prensa para denunciar públicamente que habían intentado extorsionarlo. Como autores intelectuales, señaló a los hermanos Miguel y Arturo Ledesma Romo, este último, síndico procurador del Ayuntamiento de Tijuana. En calidad de autores materiales, como emisarios del mensaje que catalogaría como extorsión, el alcalde ubicó a dos empleados de Sindicatura: Joel Guardado y Rubén Salazar. Éstos le dirían a un empleado de Astiazarán que los Ledesma querían una parte (el 50 por ciento) del dinero que entra fuera de ley y reglamento, a la administración pública. De lo contrario, y es cita textual: “Le harían la vida de cuadritos”. Efectivamente, antes de la denuncia pública de Astiazarán era conocido el enfrentamiento de éste con los Ledesma. De hecho, Miguel Ledesma fue la propuesta inicial del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) como síndico procurador, pero cuando esto molestó a Carlos Bustamante, entonces alcalde, el empresario de los espectaculares y las impresiones fue retirado. En su lugar estaría Arturo Ledesma. La Sindicatura quedó en manos de la misma familia, y la relación tanto con el ex presidente municipal, como con el actual, se dañó severamente. Incluso, Arturo Ledesma hizo circular una composición fotográfica de su persona y la de Astiazarán, cual anuncio de encuentro de box, con el título “Será un Gobierno Complicado”, antes siquiera de tomar posesión. Por su parte, el médico siguió derecho sin prestar atención a los Ledesma… hasta que llegó la extorsión y la posterior suspensión de su secretario. El delito de extorsión, como lo señaló Astiazarán, es un delito grave que se persigue de oficio. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) puede abrir una averiguación previa al momento en que tenga conocimiento de la acción; lo podría haber hecho luego de la conferencia, pero prefirieron mantenerse al margen del pleito que califican de “interno” en el Ayuntamiento de Tijuana. El Artículo 224 del Código Penal de Baja California señala del tipo y punibilidad de la extorsión: “Al que para obtener un lucro obligue a otro, a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de seis a diez años, y hasta cuatrocientos días de multa”. De acuerdo a lo denunciado por Astiazarán, los Ledesma solicitaron la mitad del dinero que ilegalmente se genera en el Ayuntamiento, lo cual va en detrimento de la institución, y en caso de acceder a la petición, estaría siendo obligado a violentar la Ley y aceptar irregularidades. Tres días después de la denuncia pública de Astiazarán, los Ledesma reaccionaron. A través de la Sindicatura enviaron un boletín donde notificaban el cese de los dos funcionarios que, según el alcalde, habían sido los emisarios de la extorsión, dando credibilidad a la denuncia de éste. Además, solicitaba el síndico que reconsiderara su actitud si no podía comprobar sus dichos en tribunales. Al siguiente día, Jorge Astiazarán se sostuvo en la denuncia de extorsión. 2.- Calumnia. En caso que los Ledesma sostuvieran su posición de ofendidos en su honor, estarían en facultad de denunciar al alcalde de Tijuana por delitos contra el honor. Artículo 185, tipo y punibilidad: “El delito de difamación se castigará con prisión de tres días hasta de dos años, o hasta cien días de multa, o ambas sanciones, a juicio del juez. La difamación consiste en comunicar dolosamente a una o a más personas, la imputación que se hace a otra persona física, o persona moral en los casos previstos por la Ley, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle descrédito, perjuicio o exponerlo al desprecio de alguien”. Líneas adelante, en el mismo código penal se inscribe en “Derechos del Difamado”: “… cuando el delito sea de los que se persiguen de oficio, solamente podrá acusarse por calumnia”. Mientras que el Artículo 191, tipo y punibilidad, de termina: “El delito de calumnia se castigará con prisión de seis meses a dos años, o hasta cien días multa, o ambas sanciones, a juicio del juez: I. Al que impute a otro un hecho determinado y calificado como delito por la Ley, si este hecho es falso, o es inocente la persona a quien se imputa”. ZETA realizó incesantes llamadas telefónicas tanto a Miguel Ledesma como al síndico Arturo Ledesma para conocer su punto de vista, su versión y las medidas a tomar, pero no respondieron a la solicitud. En una ocasión, los despedidos Joel Guardado y Rubén Salazar accedieron a platicar con la reportera, pero la reunión fue cancelada de última hora. 3.- Cohecho. El “Extorsionagate” también podría encuadrarse en el cohecho. Según el Artículo 296 del Código Penal de Baja California, “comete el delito de cohecho, el servidor público que por sí o por interpósita persona solicite o reciba indebidamente dinero o cualquier otra dádiva, o acepte una promesa, para hacer o dejar de hacer algo justo o injusto, relacionado con sus funciones”. Las acusaciones contra los funcionarios (y sus delitos) Lo que destapó el “Extorsionagate” fue la suspensión que Sindicatura Municipal le otorgó al secretario del ayuntamiento, Bernardo Padilla, a su vez, señalado de cometer algunos delitos: Ejercicio indebido y abandono del servicio público, Artículo 290. “Se impondrá de tres meses a dos años de prisión, y hasta cincuenta días de multa, al servidor público que incurra en alguna de las infracciones siguientes: al que ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión legítima o sin llenar todos los requisitos legales”. Hasta donde ZETA tiene conocimiento del expediente contra el secretario del ayuntamiento, el tema central es que en 2012, cuando fue designado como secretario de Desarrollo Urbano por el entonces alcalde Carlos Bustamante, Bernardo Padilla no fue ratificado por la Junta de Gobierno de manera específica y exprofeso. Aseguran en Sindicatura: “Todas las acciones que emprendió pueden ser consideradas ilegales, fraudulentas, y cuando se compruebe, ameritará la inhabilitación”. Padilla sí aceptó entrevista con este Semanario, en la cual aceptó haber establecido la Junta de Gobierno, y que de no haber tenido facultad legal, no le habrían abierto las cuentas de la Secretaría para su administración e inversión, a partir de la firma de cheques. Abuso de autoridad. Artículo 292. “Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrán de dos a ocho años de prisión, y hasta cuatrocientos días de multa”. Artículo 293: “Comete delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría, en los siguientes casos: …V. Cuando teniendo a su cargo caudales del erario, les dé una aplicación pública distinta a aquella a que estuvieren destinados, o hiciere un pago ilegal”. De acuerdo a documentos en poder de ZETA y parte del expediente que se sigue a Bernardo Padilla, éste utilizó fondos etiquetados y les dio un uso distinto: indemnizar a personas allegadas a él, y que de hecho, recontrataría -como él lo señala en entrevista- posteriormente, porque son de su equipo. Sindicatura: de denuncias públicas a silencio familiar El jueves 27 de febrero de 2014, el síndico Arturo Ledesma Romo inició una guerra institucional que terminó por revertírsele, y hoy lo tiene neutralizado. En el enfrentamiento perdió a sus dos principales asesores, Joel Guardado y Rubén Salazar, y llevó a su familia a la sospecha de corrupción. Particularmente de él y su hermano mayor, Miguel Ledesma. Luego de que el alcalde Jorge Astiazarán denunciara solo con su palabra como prenda, que los Ledesma enviaron emisarios para extorsionarlo con parte de lo que suponen, se recaba de asuntos ilícitos en la administración pública -80 millones de dólares-, Miguel y Arturo Ledesma se replegaron. Tres días después, responderían con un tímido boletín de prensa anunciando la renuncia de los dos colaboradores que señaló Astiazarán. Y en la guerra política, el presidente municipal de extracción priista salió ganando: su secretario del ayuntamiento le sacó la vuelta a la suspensión, sus otros dos funcionarios menores expulsados siguen el proceso de investigación, pero su suspensión fue cancelada. El síndico renunció a dos de sus colaboradores, y su denuncia de extorsión acabó con la sospecha de corrupción sobre sus empleados, incluido Padilla. Para la elaboración de este reportaje, los Ledesma no concedieron encuentro periodístico. Los otros delitos El jueves 27 de febrero, cuando Arturo Ledesma, con el argumento que su “Sindicatura de a diez” -así la califica-, tiene como fundamento el que “haiga” (sic) transparencia, dio a conocer la suspensión de dos funcionarios: Marcia Eugenia Salcido Moreno, directora de Obras e Infraestructura Urbana (DOIU), y Marco Antonio Vuelvas Díaz, subdirector de Normatividad en la misma dependencia. Detectaron irregularidades técnicas en dos procesos de licitación pública, uno correspondiente a la reconstrucción con concreto hidráulico de la calle Segunda (tramo Calle Miguel F. Martínez-Panteón Jardín), y el otro, de su obra complementaria para su confluencia con la Avenida Internacional (Avenida Revolución-Avenida General Manuel Márquez de León). Con un monto conjunto de 60 millones de pesos, la rehabilitación de la calle Segunda constituye la primera obra de relevancia del gobierno de Jorge Astiazarán Orcí. Para el concurso, la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana sentó como una de sus bases la presentación del catálogo de conceptos, enumerado en la Condición IV, inciso G, fracción II de la convocatoria, petición que se fundamenta en el Artículo 41, primer párrafo del reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Es en la documentación del catálogo de obra, donde Sindicatura detectó la principal irregularidad por parte de las empresas ganadoras, las cuales presentaron documentación con firmas falsas, lo que fue tolerado por los titulares de la DOIU, Marcia Salcido y Marco Antonio Vuelvas, ambos encargados del concurso efectuado en enero de este año. Por un lado, Constructora Sextin, S.A de C.V., propiedad de Luis Oviedo, no presentó la garantía de los costos en el precio del concreto, solo incluyó en su catálogo una carta compromiso expedida por CEMEX Concretos, S.A. de C.V., empresa que se compromete a suministrar a la concursante el “concreto premezclado correspondiente a la explosión de insumos de su propuesta…”. El documento lo firma Diego Román Andrade Padilla, agente de ventas de la firma cementera. En tanto, Crisol Constructora, S.A. de C.V., cuyo dueño es César Romeo Sauceda, sí cumplió con las cotizaciones requeridas para el catálogo de obra de las dos licitaciones, al incluir la lista de precios de concreto, solo que ambas valoraciones le fueron expedidas, casualmente, por CEMEX Concretos y firmadas por el vendedor Diego Román Andrade. Pero en los tres documentos presentados y presuntamente firmados por el agente de ventas de la empresa, su rúbrica no coincide, y al cotejarla Sindicatura con la credencial de elector de Diego Román Andrade Padilla, determinó que es falsa. Aun así, DOIU falló la subasta pública en favor de Constructora Sextin, S.A de C.V., la reconstrucción de la calle Segunda por 35 millones 752,492.22 pesos, propuesta económica que no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA). A Crisol Constructora, S.A. de C.V., la cual concursó con una propuesta económica de 10 millones 781 mil 966 pesos (más IVA), le fue entregada la realización de las obras de confluencia de la calle Segunda.  Al revisarse los procesos de las almonedas, la fiscalía municipal detectó una irregularidad más en la licitación pública LO-802004998-N21-2013, correspondiente a obras complementarias, en la que Novoart Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V., fue descalificada por incumplimiento en el catálogo de conceptos. La empresa ganadora incurrió en la misma falta, sin embargo, le asignaron el proyecto. El entonces contralor de Sindicatura, Joel Guardado, sostuvo que estas observaciones se hicieron del conocimiento de la ahora suspendida directora de DOIU, Marcia Salcido, quien lejos de corregirlas, procedió a la adjudicación de los proyectos. Fue por ello que el viernes 21 de febrero, basándose en el Artículo 60 de la Ley de Responsabilidades, la fiscalía municipal suspendió en forma preventiva a Marcia Salcido Moreno y Marco Antonio Vuelvas, hasta en tanto continúa la investigación correspondiente. Suspensión -ya cancelada- que Sindicatura también sustentó en su momento en el Artículo 46 de la Ley de Servidores Públicos, la cual determina que los servidores “no tomen decisiones de mutuo propio”, sino que deben hacer prevalecer la Ley, “y ella omitió valorar a las demás empresas por igual y le dio el fallo a empresas que incurrieron en los mismos errores por los que desechó del concurso a otras”, enfatizó Joel Guardado. Sin embargo, Sindicatura no procedió a suspender la obra, pese a considerar que ante tales irregularidades, ambos contratos carecen de validez. Faltas menores “Absolutamente respaldo a los funcionarios suspendidos”, dijo determinante Roberto Sánchez Martínez, secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, al considerar las irregularidades en el proceso de licitación como “de forma, no de fondo”. Explicó: “La firma del representante de CEMEX, se da en cartas de suministro de materiales de las empresas proveedoras, lo cual no tienen importancia en una licitación, ya que lo que importa es lo que está documentado en los papeles que presenta la empresa contratista, por lo que jurídicamente no tiene valor”. Para las bases del concurso, “no es un requisito de fondo, es un requisito de forma, pero es un requisito”, terminó admitiendo. Además, en sus expedientes, las empresas firman una carta en la que aseguran, bajo protesta de decir verdad, que toda la documentación es verídica, por lo que, “si la empresa presenta una información incorrecta y algún órgano de fiscalización la detecta, entonces la responsable es la empresa, no el funcionario”. De la actuación de Sindicatura, aseguró tener dudas sobre las verdaderas intenciones de su titular, Arturo Ledesma, toda vez que en el transcurso de esta semana, no se le había informado de manera oficial la suspensión de sus funcionarios, ni de las irregularidades en las que éstos supuestamente incurrieron. “Me he enterado por las declaraciones públicas que ha vertido el síndico”. Además, expuso que inmediatamente después de haberse dado el fallo del concurso, Sindicatura se llevó la documentación, por lo que no puede corroborar si las fallas que menciona la dependencia son reales. Que no se solape impunidad: abogados “La falsificación de una firma no es una falta menor”, advierte Armando Atilano Peña, vicepresidente Región Noroeste de la Confederación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados. El especialista conminó a Sindicatura a no limitarse únicamente en el escándalo mediático que ha desatado, para “que no quede en la denuncia pública solamente, sin una investigación de por medio que lleve incluso a una consignación de tipo penal, para que las conductas de omisión por parte de funcionarios no queden impunes, por el contrario, que sean procesados; en caso contrario se mandará una señal muy mala a la sociedad”. Y aseveró: “Si hay falsificación de documentos y firma, y esto incide en una obra pública, entonces no es un delito menor”. Aun cuando los funcionarios de DOIUM hayan incurrido en omisiones, el abogado consideró la suspensión que les fue impuesta como una medida excesiva. Una observación, indicó, hubiera sido suficiente, en lo que se realiza la investigarse y, sobre la marcha, entonces sí tomar las acciones correspondiente. “No hay que olvidar que el derecho a la defensa es una garantía constitucional”, recordó Atilano Peña. ZETA realizó un sondeo entre algunas de las empresas participantes en el concurso y que no fueron favorecidas con las obras, y aunque la mayoría afirma no haber detectado irregularidades en el desarrollo de la licitación, consideran muy bajos los montos presentados por las empresas ganadoras. Por razones obvias, solicitaron la omisión de sus nombres, pero de acuerdo a los montos establecidos en el acta de apertura de ambos concursos, hicieron la observación que el promedio de las obras, es similar en las empresas que quedaron fuera del concurso. “Esto indica que nos apegamos a los precios vigentes del mercado”, mencionó el propietario de una de las compañías locales. No así los ganadores, como Sextin; se llevó la obra de mayor monto, su oferta la tasó en 35 millones 752 mil pesos, cuando el promedio del resto de las propuestas económicas ronda en los 40 millones de pesos, “un costo bastante bajo, lo que puede concluir en obras de baja calidad”, estimaron, aun cuando avalan la seriedad de la empresa. Estos son los puntos que Sindicatura debería estar revisando, y no cosas menores como las que está señalando, lo que indica que solo es una cuestión política, lamentaron los consultados. Síndico nocivo: Astiazarán “Así como los cigarros, así él es nocivo”, expresó tajante Jorge Astiazarán Orcí al referirse al actuar del síndico procurador Arturo Ledesma Romo en la administración del XXI Ayuntamiento. Luego de que le suspendieran a tres de sus funcionarios, uno de ellos Bernardo Padilla Muñoz, secretario general de Gobierno y su mano derecha, el alcalde señaló públicamente de extorsionador a Arturo Ledesma. Dijo que por parte de los asesores de Sindicatura, Joel Guardado y Rubén Salazar, le fue requerido “el 50 por ciento de lo ingresado ilícitamente al ayuntamiento”, cantidad que estimaron, suma 80 millones de dólares en toda una administración municipal. “Yo me quedé alarmado con esa cifra, yo realmente pensaba que eran historias, pero esa era la realidad”, prosiguió. “Francamente lo que ellos decían era que quien realmente movía los hilos de Sindicatura era Miguel Ledesma, hermano del síndico, que éste (Arturo) no era quien tomaba las decisiones en la dependencia, sino su hermano, y que incluso de parte de Miguel Ledesma quería esa participación”, declaró el munícipe. Posteriormente, continuó, se acercaron con el secretario de Desarrollo Urbano, Roberto Sánchez Martínez, le comentaron que había compromiso con ciertas constructoras y que era importante que las tomaran en cuenta; también se acercaron con un mando de la Policía Municipal, para pedirles lo que ahí ingresaba en un sobre cada semana. “Incluso llegaron a decir que si había algún ingreso de Alcoholes en forma ilegal, querían una participación, y que si nos negábamos a participar de estas corruptelas, nos iban a hacer la vida de cuadritos”, detalló. De acuerdo con Astiazarán, él intentó por muchos caminos llegar a un acuerdo “no económico, sino político”, para ello habló con el líder del PVEM, el diputado Arturo Escobar, y aseguró haberse reunido con el síndico para decirle: “Si en algún momento sientes que no te he tomado en cuenta, que te he faltado el respeto, te pido una disculpa, a mí me interesa trabajar por el bien de Tijuana, borrón y cuenta nueva”, pero al día siguiente envió un oficio para suspender a los funcionarios de Obras Públicas. La Dirección de SIMPATT, Parque Morelos y Parque de la Amistad, así como la Dirección de Protección al Ambiente, también las pedían, a lo que se negó, “por ende, desde el primero de diciembre ha habido un hostigamiento constante por parte de la Sindicatura Municipal”, anotó. Acudir al Congreso para pedir la remoción del síndico era un punto que el lunes 3 de marzo analizaría con todos los regidores. Y para evitar nuevos golpes por parte de Sindicatura, adelantó que analizarían otras estrategias jurídicas, “que las hay, y en su momento las vamos a dar a conocer”. Esta semana solo ratificó las aseveraciones vertidas en la conferencia de prensa del viernes 28 de febrero, en la que calificó a los hermanos Ledesma Romo de extorsionadores, “no me retracto”, enfatizó el alcalde. Cajas vienen, cajas van… La aparición pública de Arturo Ledesma fue un desastre. La conferencia a la que convocó para dar a conocer la suspensión de los funcionarios de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana, solo exhibió su falta de preparación para el cargo que ostenta. Ni con la ayuda de sus entonces asesores, Joel Guardado y Rubén Salazar, logró salir airoso, y pese a contar -según dijo- con elementos para demostrar las irregularidades, no convenció. No supo explicar el fundamento de su actuar como fiscal municipal.  No anunció que ese mismo 27 de febrero suspendería de sus funciones a Bernardo Padilla, secretario general de Gobierno, y el segundo hombre en el organigrama del XXI Ayuntamiento. La notificación de la suspensión se la entregó en el pasillo, donde se lo topó, sin la formalidad correspondiente. Bernardo Padilla se inconformó ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que lo amparó en menos de 24 horas. Para aclarar la situación, el cuerpo edilicio de Tijuana realizó una reunión a puerta cerrada el lunes 3 de marzo, ahí acordó establecer una comisión permanente para analizar los casos investigados por Sindicatura. Ledesma Romo se negó a dar su postura respecto a las acusaciones de extorsionador, tampoco utilizó ni explicó que contenían la decena de cajas con sendos archivos que hizo llevar desde su oficina hasta el salón donde se dio el encuentro. Pero no se dijo más en el caso de extorsión señalada por Astiazarán Orcí, mientras Ledesma calló, ninguna autoridad investiga los casos de extorsión, calumnia, abuso de autoridad, cohecho y ejercicio indebido del servicio público, entre otros, en que podrían estar incurriendo los miembros de la cúpula del XXI Ayuntamiento de Tijuana. Bernardo Padilla no sabe si él también se indemnizó en la pasada administración “El alcalde tiene mi renuncia desde diciembre” Bernardo Padilla, secretario del Ayuntamiento de Tijuana, no sabe de qué lo acusan. Solicita a ZETA el expediente de Sindicatura en su contra, pues dice, en estas páginas se enteró de los motivos de su suspensión. En efecto, un ex síndico municipal de Tijuana comentó que de haber actuado la Sindicatura conforme a lo estipulado, Padilla seguiría suspendido. Pero en lugar de notificarlo en su oficina y enterarle de los motivos del cese, personal de Arturo Ledesma lo requirieron en el pasillo, y hasta la fecha no le han informado de las irregularidades que se investigan y que presuntamente fueron cometidas por Padilla. En ese contexto, para Bernardo Padilla fue fácil lograr el amparo. Continúa en su oficina, despachando. Ahí concedió a ZETA una entrevista: — ¿La Sindicatura de Tijuana no le ha entregado el expediente para su defensa? “No he recibido nada, estamos en espera (él y sus abogados) que se nos entregue y ver a lo que a derecho nos toca, y tener derecho a una audiencia. No sé las causas por la que no nos ha sido entregado, me gustaría que así como se informó a ZETA las causas de lo que se me acusa, así se me entregue también, y yo (poder) entregárselo a mis abogados y tener la oportunidad de invitar a Colegios de Abogados y Contadores, para que lo analicen y todo sea lo más transparente posible”. — ¿Sabe cuáles irregularidades le atribuyen? <p>“Por el ZETA las sé”. — ¿Cómo defenderse si aún no tiene el expediente? “Por eso acudía al periódico ZETA, que me digan cómo defenderme, ustedes ya tienen mis documentos y yo no los he revisado, me gustaría hacer y saber qué es lo que sucedió. No he sido notificado”. — Funcionarios de Sindicatura entrevistados, refieren que el expediente está “muy bien armado”, que uno de los temas centrales y que es meritorio de inhabilitación, es que cuando Usted fue Secretario de Desarrollo Social con Carlos Bustamante, la Junta de Gobierno no lo ratificó, por tanto, todas sus acciones son ilegales. ¿Así fue? “Tengo todas las copias de la Junta de Gobierno, son elementos que ellos podrán presentar, finalmente, revisaremos eso si ese es el punto, y qué bueno que tiene Usted la información; porque tampoco tengo eso, si está tan bien armado, pues yo me sostengo, y si cometí un ilícito, responderé eso. Y si hay una sanción, me someteré a ello”. — ¿Instauró Usted la Junta de Gobierno de la Secretaría de Desarrollo Social en la administración anterior? “Si no hubiera habido Junta de Gobierno, con el formato de la Junta de Gobierno y mi ratificación ante el Cabildo, no me podrían haber abierto cuentas de cheques; y si de lo que me acusan es que firmé cheques, entonces ¿cómo se dio eso? Pero bueno, en su momento determinaré punto por punto”. — ¿Qué pruebas tiene? ¿Las podemos ver? “Yo primero preferiría saber de qué se me está juzgando para que ellos (sus abogados) determinen lo correspondiente”. — Es comprensible que en la anterior administración era otra la manera de gobernar, ¿por qué utilizó recursos no etiquetados para indemnizar a personas que recontrataría en la actual administración? “Primero estaba facultado uno hasta un punto, es lo que quiero revisar con mis abogados en base al criterio que tiene la Sindicatura. Como titular de una paramunicipal, el subdirector administrativo, el jefe de Recursos Humanos o el jefe de Contabilidad, según reglamento interno, hace el cálculo de lo que le corresponde en el finiquito la sanción del personal, sea cualquiera el término correcto. Se hace un cálculo y se pasa una hoja referenciada, junto con los cheques, firmada por el subdirector administrativo, y me corresponde a mí, como titular de la paramunicipal, firmar y entregarlo. “¿Por qué me volvía a traer este personal? Porque ha trabajado conmigo desde hace mucho tiempo, ha sido un equipo de trabajo, son personas dignas, honestas. Así como ya los prejuzgaron en ZETA, así también se revise su situación patrimonial. Además, es gente que se integró a trabajar en forma voluntaria en la campaña del doctor (Jorge) Astiazarán, sin recibir ningún recurso”. — Cuéntenos cuál fue el contexto de la extorsión al alcalde, ¿cómo se dio?, ¿dónde? ¿Quién fue el emisario de los Ledesma? ¿Nos puede decir, palabras más, palabras menos, cuáles fueron las palabras utilizadas en la extorsión? “Yo sostuve diferentes pláticas con los asesores de Arturo Ledesma, ya lo dijo el presidente, fue muy claro  al respecto, por lo que sí pediría que todos los puntos se desahoguen en la Comisión Especial, y estaremos revisando puntualmente todo lo que ahí se desahogue. “De los emisarios, pues lo dijo el presidente municipal: Joel Guardado y el ingeniero Rubén Salazar Limón. Sostuve diferentes pláticas de distintos temas con ellos, casi a diario me reunía para el día a día del gobierno”. — ¿Por qué no presenta Usted, el alcalde o el jurídico, una denuncia por la extorsión? “Finalmente, el presidente municipal ya lo platicó con los regidores, y será una determinación que se tome. Fue público y notorio el desencuentro, estamos en pláticas con el Síndico y su personal, ellos ya están en el ánimo de darle la vuelta a la hoja, y trabajar por Tijuana, construir lo que se tenga que construir para volver a generar los acuerdos que beneficien a la comunidad. Seguirá lo que tenga que seguir, que se revise con lupa y a detalle lo que pasó en la anterior administración. Yo me someto a la Ley, si hay una sanción, me someteré a ella, pero también tendré el derecho de ejercitar un recurso legal correspondiente, para ser oído en un juicio”. — Enrarecido el ambiente como está, ¿no le haría un favor al alcalde Jorge Astiazarán si Usted se retira mientras es investigado? “Cuando el alcalde me lo pida, yo inmediatamente me retiraré, finalmente, vivimos en un Estado de Derecho y no soy culpable todavía hasta que se me compruebe lo contrario. Me gustaría, así como me haces esta pregunta, que también se la hubiera hecho a otros secretarios, porque cada secretario que toma esa silla también es acusado, algunos han enfrentado denuncias penales por extorsión y nunca ha pasado nada”.  Posteriormente hizo referencia al caso de Obed Silva, secretario de Gobierno al final de la administración de Carlos Bustamante, de la cual Padilla también fue parte. — ¿Se aferra a la Secretaría del Ayuntamiento? “No me aferro a la Secretaría, me aferro a trabajar por Tijuana. El alcalde tiene mi renuncia desde el primero de diciembre, y cuando él me lo indique, yo me retiro, de todos modos seguiré en otra trinchera trabajando en beneficio de Tijuana. Nadie se debe aferrar a un trabajo, el presidente lo ha dicho, quienes no cumplan con sus funciones, adelante. Sí me aferro a trabajar por Tijuana porque creo en el proyecto de Jorge Astiazarán, además, no he sido oído y vencido en un juicio”. — ¿Contaba Desarrollo Social Municipal con una partida específica para esos pagos, o fue necesario solicitar al Cabildo ampliación de recursos para ello? “No te sé decir en este momento exacto, porque no recuerdo cuales eran los estados financieros de la dependencia. Lo que sí quiero asentar es que desde que entré a la Dirección de Desarrollo Social, en julio de 2012, ya existía una condición de que estaba en números rojos, por gastos excesivos en servicios médicos municipales por empleados y funcionarios enfermos. Tres meses antes de que entrara estuvo al frente el licenciado Medrano y hubo 17 empleados liquidados, él mismo se liquidó, pediría que se revisara con la misma lupa que revisan lo mío. Estas situaciones impedían que hubiera liquidez. “Un aspecto que hay que considerar, es que la dependencia maneja el mismo presupuesto de 2004 al 2012, por lo que la recibí con un déficit por arriba de los 2 millones 800 mil pesos”. — ¿Usted se autoliquidó? “No sé qué entendemos por autoliquidar, finalmente, será lo que determine la Sindicatura”. — ¿Recibió finiquito? “No sé, tendríamos que revisar si lo recibí o no”. — ¿Cómo es su relación con Arturo Ledesma? “Bien, acabo de hablar con él respecto a un tema de la comisión especial y de los pendientes que surgen al día, día, de las diferentes dependencias”. — En la actual administración, o en las anteriores en que ha participado, ¿ha detectado actos de corrupción por los que han sido extorsionados? “Uno no tiene las facultades y capacidades para detectar recursos ilícitos, si lo hubiera, lo correcto sería que las personas presenten denuncias. Finalmente, yo invito a la gente que denuncie a Sindicatura”. (Isabel Mercado Juárez/Adela Navarro Bello) De 1989 a 2014 Síndicos de Tijuana: cada quien lo suyo Héctor Cervantes Sánchez. Fue designado síndico procurador en el primer gobierno encabezado por el Partido Acción Nacional en Tijuana; Don Carlos Montejo Favela, alcalde del XIII Ayuntamiento, lo nombró luego que, distanciado con una parte de su Cabildo -Los Magallones-, requería de sumar votos. Antes que Cervantes, Guadalupe Zamorano estuvo seis meses como síndico, y previo a él, la regidora Olga Cancino. En aquel entonces, la Sindicatura le pertenecía al primer regidor. En los seis meses que Zamora Ruiz estuvo en el cargo, investigó y cesó al entonces delegado de La Mesa, Roberto Lyle Fritch. Dejó inconclusa la investigación contra el ex secretario del ayuntamiento, Carlos Martín Gutiérrez, la cual continuó Héctor Cervantes, designado síndico por el Cabildo de Tijuana. Éste presentó denuncia penal contra el ex delegado de La Mesa por daño patrimonial estimado en 159 millones de pesos, y en octubre de 1992, el secretario de la misma delegación fue denunciado por fraude, peculado y lo que resulte, por supuestas falsificación de firmas. Francisco García Burgos. Ocupó el cargo de síndico procurador en el gobierno de Héctor Osuna Jaime, y bajo su sombra, ha desarrollado su carrera política. Su paso por la fiscalía municipal fue “sin pena ni gloria”. José María Zamora. Fungió durante el gobierno del XV Ayuntamiento presidido por José Guadalupe Osuna Millán. Presentó denuncias de hechos contra funcionarios de la anterior administración, incluido el caso de las autoindemnizaciones tanto de regidores, como alcalde. Ninguna de sus denuncias prosperó. Marco Antonio González Arenas. Desempeñó el cargo en el XVI Ayuntamiento de Tijuana encabezado por Francisco Vega de Lamadrid. Parte del “Grupo de los Nueve” (conformado por seis regidores priistas y tres panistas), González Arena se encargó de votar en contra, en casi todas las propuestas del gobierno kikista. Incluso retó al entonces presidente municipal a un examen antidopaje público. Martín Domínguez Chiu, Estuvo en el XVII Ayuntamiento presidido por Jesús González Reyes. Durante su gestión suspendió por 15 días para ser investigados al director de Relaciones Públicas, William Yu Cong; al director de Comunicación Social, Alfredo Ortiz López; y al subdirector de Servicios Materiales y Servicios de Oficialía Mayor, por un supuesto boicot en el video que presentó de su informe en sesión de Cabildo. Finalmente, los servidores públicos fueron reinstalados en sus puestos. José María Lozano Rodríguez. Síndico en el gobierno de Jorge Hank Rhon, dejó sin resolver cuanta denuncia le fue presentada por espectaculares colocados indebidamente, e irregularidades en constructoras, contra funcionarios como el propio secretario de Gobierno por incumplimiento de funciones, entre otras, a las que simplemente no dio seguimiento. Héctor Magaña Mosqueda. Fiscal municipal durante el XIX Ayuntamiento de Jorge Ramos Hernández, dejó un desorden en la dependencia al culminar su gestión, principalmente en el área de corralones. Yolanda Enríquez de la Fuente. La síndico municipal en el XX Ayuntamiento dedicó su gestión a ser la incondicional del entonces alcalde, Carlos Bustamante Anchondo. Su labor se centró en presentar denuncias e inhabilitar a ex funcionarios de la administración de Jorge Ramos.