El pueblo indígena Cucapá avecindado en Mexicali, Baja California, perderá la segunda de cinco mareas de la temporada de pesca de la curvina Golfina, único medio sustentable para la comunidad desde hace miles de años, principalmente porque el Zanjón -área de pesca natural- se encuentra incomunicado, debido al hundimiento que presenta. Este desmoronamiento de la vialidad de tierra se da de manera natural desde hace cuatro años, a partir del terremoto de abril de 2010, y debe ser reparado periódicamente para que la zona sea transitable; sin embargo, el gobierno inició la mencionada reparación a destiempo en el presente ciclo de pesca, limitando así la posibilidad de los indígenas de echarse a la mar en el período permitido por el Gobierno Federal, a punto de concluir. Desde 1993, por decreto de Reserva de la Biosfera del Alto Golfo y Delta del Río Colorado, promovido por el entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, el área de pesca natural de esta comunidad indígena se declaró prohibida para esta actividad productiva. Sin presentar estudios técnicos, en 2005, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) emitió un decreto de veda de la curvina Golfina, el cual prohíbe su pesca desde el primero de mayo, hasta diciembre. En 2011, el Gobierno Federal de nuevo decretó un tope de captura para todas las pesquerías del Golfo de California, mismo que afecta a los pescadores, “sin distinguir a los pueblos indígenas, pese a que ellos cuentan con derecho diferenciado”, argumenta Raúl Ramírez Bahena, ex procurador de los Derechos Humanos en Baja California y representante ante diversos organismos internacionales. Recordó que desde 1995, tres años antes del primer decreto de zona protegida, México había ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, el cual dispone que todas aquellas políticas públicas que afecten territorios y comunidades indígenas, deben ser consultados. Pero los Cucapá nunca han sido tomados en cuenta, y en este contexto, “las autoridades están violentando los derechos fundamentales, al no permitirles la pesca a la comunidad Cucapá”. En la esquina Para llegar al poblado donde vive una parte de la comunidad Cucapá, se tienen que manejar hasta dos horas de caminos rurales desde Mexicali, una vez superados los ejidos Colonias Nuevas, Carranza y el llamado 57, se continúa hacia al sur, a la vereda, y al final, donde se acaba el asfalto y no existe camino, se llega al Indiviso, ocupado por la población indígena. Ahí no existen comercios, solo un auto servicio de venta de cerveza, una escuela primaria y una telesecundaria. Si se quiere avanzar en el estudio, se tiene que ir al poblado Guadalupe Victoria o Carranza, y la universidad es otra situación. Las casas son de materiales de construcción modestos, cubiertas de palma y cachanilla -arbusto tradicional de Mexicali-, pero cuentan con cuartos de concreto y electricidad. En una de esas viviendas reside Hilda Hurtado, presidenta de la Sociedad Cooperativa Pueblo Indígena Cucapá y, junto con su hermana Inés, representan la comunidad. El camino aún no termina si se quiere llegar al Zanjón, su única zona de pesca, es necesario recorrer alrededor de tres kilómetros para llegar al Bordo, una especie de muro de contención de tierra creado en la década de los 70s para evitar que las comunidades se inunden cuando sube en exceso la marea. El camino también ha servido para que avionetas aterricen y descarguen cientos de kilos de droga, por ello, el Ejército Mexicano tuvo que destrozar algunos tramos de las vialidades. Siguiendo el recorrido, unos cinco kilómetros más adelante, se llega a lo que llaman Zanjón, una zona de desembocadura donde los botes pueden acceder a uno de los afluentes del Mar de Cortés, sin embargo, a raíz del terremoto de hace cuatro años, todo se vino abajo. La vereda quedó totalmente destruida por el tipo de suelo, además, el peso de las embarcaciones deja imposible su tránsito, por ello, año tras año han tenido que reconstruirlo, pero así como se termina, el agua vuelve a llevarse todo. Durante el primer año que reanudaron la pesca -2011-, a duras penas los Cucapá pudieron reconstruirlo a través de una empresa privada, situación que los mantendrá endeudados por los siguientes ciclos -deben 120 mil pesos y están a punto de un juicio-. Fue el ex gobernador del Estado, José Guadalupe Osuna Millán, quien los apoyó con la reconstrucción del camino, sin embargo, para 2014, con el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, no se presupuestó, se dieron cuenta del problema e iniciaron la obra con un gran retraso. La impotencia llegó a tal grado, que los pescadores buscan zonas para poder realizar un camino alterno, independiente del que construye el Estado a pasos de tortuga. Para su desgracia, la conformación del suelo lo hace imposible. Con palas en mano, costales y toscos vehículos todo terreno, intentaron sacar la vuelta a los barrancos. Derrotados, reconocen que su esfuerzo difícilmente dará resultados a tiempo. La desesperación por aprovechar la segunda de cinco mareas en las que pueden pescar llegó al extremo de intentar zarpar por el Golfo de Santa Clara, donde definitivamente, no son bien recibidos por los pescadores de la zona. Que nos dejen pescar: Cucapás Para los miembros de la comunidad Cucapá, es fácil explicar sus necesidades. Hilda Hurtado quiere que los dejen pescar. La líder de una de las tres cooperativas de esa comunidad, afirma que les ha tomado veinte años luchar por el reconocimiento de las autoridades de la pesca tradicional y cultural, la cual es, además, el sustento de la comunidad. Ya no pescan como sus antepasados porque la situación actual no se los permite. “Era de otras formas, con trampas, con balsas, así era la pesca, ahora la naturaleza ya no nos permite por las corrientes fuertes, pero tenemos derecho de irnos superando y a sobrevivir; la pesca para nosotros eso es, parte de nuestra sobrevivencia, porque no somos ni los grandes empresarios, ni hacemos una riqueza inmensa con la pesca. Trabajamos estos dos meses y parte de mayo, que si lo ponemos en días, no son más que veinte días de trabajo”, expone. Recordó que durante 2010 se pescó hasta abril por el terremoto de 7.2 grados de intensidad, y olvidados por los apoyos de gobierno (ZETA 1931), no pudieron pescar al año siguiente, ya que la zona se hundió alrededor de 90 centímetros, lo que significa que cualquier marea, por pequeña que sea, inunda todo, impidiendo el acceso a la zona de pesca. En cuanto a la actividad para 2014, “está un poco más dañado que los años anteriores, porque es una parte donde en su momento se hicieron grietas pequeñas, pero parece ser que el agua hizo unas trazadas grandes y hondas, ahorita lo empezaron muy tarde y lentos; a nosotros nos desespera, porque tenemos muchas deudas”, resume Hurtado. De la pesca sobreviven 108 familias Cucapás constituidas en las tres cooperativas, otras familias viven de manera indirecta, ya que apoyan a los pescadores. En 2005 eran alrededor de 367 miembros de la comunidad, actualmente se estima en más de 500, ya que hay muchos niños. La mujer asegura que una vez decretadas sus zonas de pesca como protegidas, se violaron sus derechos fundamentales, ya que no fueron consultados: “Si tú, gobierno, estás cumpliendo una Ley, cúmplela como te dice, en el (Artículo) Segundo constitucional, sobre el respeto de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Ahí está la Ley, respétala, pero a nosotros nos quieren aplicar una Ley, cuando el gobierno no está respetándola”. La mesa servida: autoridades Para el subsecretario general de Gobierno, Francisco Rueda, el apoyo sí ha llegado a los Cucapá por parte del Estado, mediante la construcción de camino y apoyos productivos como cuartos fríos; pero de las soluciones al problema, afirma que son temas federales. En cuanto a la necesidad de los pobladores de ampliar los períodos de pesca, considera “son temas federales”. Ha tenido una serie de reuniones para revisar los topes de captura y ampliar permisos de pesca, hasta ahora sin resultados. “Los recibimos, hubo un recorrido con la comunidad indígena y la SIDUE (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado), ya se está trabajando en la reparación del camino y buscando una alternativa que pudiera ser más inmediata, porque ya viene la segunda marea”, advierte. Entrevistado sobre la vulnerabilidad de los Cucapá, asegura se está trabajando con la Comisión de Desarrollo Indígena, donde existe una participación a través del Estado, la cual impulsa proyectos productivos. Tan solo la construcción de camino costará entre 5 y 6 millones de pesos, dependiendo las condiciones, pero además, es una condición continua porque se tiene que hacer la inversión cada año, al destruirse nuevamente. El funcionario estatal hace referencia al impedimento para la construcción de un camino permanente, ya que al tratarse de una zona protegida, la autoridad federal restringe la posibilidad de utilizar otros materiales de construcción. Por su parte, el diputado José Alberto Martínez, integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería Asuntos Portuarios y Pesca, reiteró que los Cucapá tienen una cuota de captura con el fin de cuidar los recursos naturales que se tienen en el Golfo de Baja California. “Cada vez concurren más pescadores de Sonora y Sinaloa, pero ellos quieren tener la posibilidad de tener un recursos excedente para poder pescar más que eso, ya está regulado por la propia SAGARPA”. Mientras que el delegado estatal de la SAGARPA, Guillermo Aldrete Haas, argumenta que la mesa al diálogo “se encuentra servida” para la comunidad de pescadores Cucapá. Agregó que los indígenas no están conformes con las cuotas de captura de la curvina Golfina, aunque señaló que se han modificado para favorecerlos. En años pasados se tenía un tope que favorecía en 80-20% al Estado de Sonora con relación a Baja California, pero hizo hincapié en que se ha trabajado para llegar a un 60-40%, pero esto no ha traído conformidad a los Cucapá. “Ellos son gente muy trabajadora, que quiere seguir trabajando, que tiene una cultura en la que firmemente creen, ese espacio es para ellos, nosotros tratamos de hacerle ver que esos recursos son de la nación, que se tienen que manejar con un gran cuidado, sobre todo para un equilibrio sustentable, y en eso estamos”, justificó el delegado, para luego explicar que cada barco tiene un tope de captura de 5.8 toneladas por embarcación. “No sé exactamente lo que están pidiendo, ellos lo que realmente no quieren es una cuota”, finalizó tajante. Al respecto, se le informa a Hilda Hurtado, presidenta de la Sociedad Cooperativo Pueblo Indígena Cucapá, que el funcionario señala que está abierto al diálogo, pero no que saben qué es lo que quieren. “Se lo hemos hecho saber muchas veces al delegado, que no diga que no sabe de qué se trata, hemos tenido reuniones, ellos dicen ‘ya acordamos, ya dialogamos con ellos’. No, no hemos acordado nada, hemos discutido porque hay varias reuniones, pero a un acuerdo que nos favorezca, no hemos llegado todavía”, refuta la representante indígena. — ¿Qué es lo que quieren? “Que nos dejen pescar, que nos dejen trabajar, que nos dejen sobrevivir; eso es lo que pedimos, nosotros no estamos pidiendo dinero al gobierno, nada, ningún apoyo, porque no nos ayudaron con nada, ni en el terremoto. Nosotros no fuimos beneficiados con nada, lo que pedimos es el apoyo para que nos dejen trabajar”.