Congreso indeciso ante conflicto territorial Ensenada-Rosarito

Antes de que la XXI Legislatura del Congreso del Estado decida si el territorio de la zona de Santa Anita pertenece al municipio de Ensenada, o al de Playas de Rosarito, los diputados quieren organizar tres foros de consulta, deliberar en comisiones, involucrar a todos los poderes de gobierno en el Estado, a ciudadanos interesados, y posiblemente terminar de dirimir el pleito con la opinión de alguna institución académica “de prestigio”.    Para dictaminar no tienen fecha, aunque se comprometieron a que ocurra durante la actual Legislatura, según dijo el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roberto Dávalos Flores, quien preside la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso, facultada para resolver en torno a este enredo de casi dos décadas. El 19 de febrero de 2014, los integrantes de la Comisión de Gobernación aprobaron la conformación de la “mesa técnica que conducirá los trabajos tendientes a resolver el conflicto de los límites territoriales entre los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada”, donde podrán participar todos los diputados de la XXI Legislatura, un representante del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, otro del Poder Judicial, enviados de los municipios de Playas de Rosarito y Ensenada, y sus respectivos alcaldes.  Los foros de consulta pretenden ser el espacio para que la mesa técnica, junto a la Comisión de Gobernación, recabe opiniones, se haga de documentación relativa al tema y se forme un criterio, independientemente de la larga lista de antecedentes que ya existen, pues han tenido el tema en sus manos las legislaturas XV, XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, aproximadamente 164 diputados que no han llegado a nada. Tanto el actual alcalde de Ensenada, Gilberto Antonio Hirata Chico, como el de Rosarito, Silvano Abarca Macklis, se encuentran entre los diputados que no pudieron solucionar este problema. Abarca fue diputado durante la XVIII Legislatura (2004-2007), mientras que Hirata estuvo en la XIX (2008-2010). Con el nuevo Congreso, uno de los foros se realizará el lunes 10 de marzo a las once de la mañana. Después de eso, los diputados pretenden organizar dos “reuniones privadas” sobre el tema, una en Playas de Rosarito y otra en Ensenada, el 14 y el 22 de marzo, respectivamente. Ahí “se recibirán las exposiciones de ciudadanos, quienes podrán hablar a favor de la resolución que juzguen conveniente”, refiere el propio Congreso. “Estaremos ya trabajando de manera técnica exclusivamente, recibiendo la documentación que se ofrezca y escuchando ya directamente los planteamientos al seno de la Comisión y de la mesa técnica, a efecto de tener argumentos para poder realizar algún dictamen”, expuso al respecto el diputado Roberto Dávalos. El perredista asegura que los integrantes de la Comisión de Gobernación buscan una solución “amigable”, que pueda ser en caso de arbitraje, o de algún intermediario que la mesa técnica decida elegir, para resolver y dividir la controversia. No obstante, si no hay acuerdos, o si a alguna de las partes en conflicto no le gusta la resolución que se tome en el Congreso, podrán recurrir a instancias federales, meter alguna controversia constitucional y llevar el caso a la Suprema Corte. Es decir, aunque el Legislativo estatal decida, no será necesariamente la decisión definitiva. “Por lo pronto, aprovechen el beneficio de la doble vigilancia, la doble prestación de servicios. El asunto es que buscamos la forma de cómo resolverlo, que la gente tenga esa seguridad jurídica para reclamar los servicios y también dónde va a tener que hacer el pago de sus impuestos”, remató Dávalos el lunes 3 de marzo, mientras realizaba una visita con otros integrantes de la Comisión de Gobernación, con el alcalde de Ensenada. Para Gilberto Hirata, la no solución de este conflicto tiene un trasfondo de intereses económicos, afirma que la propuesta de la Legislatura anterior ya favorecía a Ensenada, y no fue aprobada por falta de quorum, ausencia que calificó como “dirigida”, con un interés por parte de una fracción de los diputados. —