Luego de los señalamientos públicos que hiciera el alcalde Jorge Astizarán Orcí en contra del Síndico Procurador, Arturo Ledesma Romo, a quien acusó de extorsionador, hoy el cuerpo edilicio de Tijuana acordó establecer una comisión permanente para analizar los casos que son investigados por Sindicatura. Al término de la reunión a puerta cerrada, ni el presidente municipal, mucho menos el fiscal de Tijuana, hicieron referencia al caso particulares de extorsión del que Astiazarán Orcí dijo haber sido objeto por parte de Ledesma Romo, acusación que éste se ha negado a esclarecer. Tampoco se hizo mención de las supuestas irregularidades por las que el síndico procurador suspendió momentáneamente de sus cargos a tres funcionarios del actual gobierno, entre ellos Bernardo Padilla y Marcia Salcido, Secretario general de gobierno y subdirectora de infraestructura urbana, respectivamente. Eso sí, luego de evadir los dos temas principales el Síndico y Bernardo Padilla, a quién Arturo Ledesma señaló de malversar recursos públicos, posaron sonrientes para la foto, sin dar declaraciones al respecto. El fiscal municipal no hizo uso ni explicó el contenido de media docena de cajas con archivos que hizo llevar a la Sala de Presidentes, a dónde le exhortó a asistir para que explicara su proceder con respecto a las suspensiones efectuadas el jueves 27 de febrero. La conclusión a la que llegó el gobierno del XXI Ayuntamiento, luego de hora y media de discutirlo en privado, fue el enfocarse particularmente en las observaciones planteadas en enero pasado a Sindicatura, especialmente sobre el caso de las luminarias y las bases sindicales asignadas a las chicas del staff de Carlos Bustamante.