Son 183 millones de pesos que aparentemente están “desaparecidos” de las arcas municipales y que fueron descontados sin su consentimiento a los más de seis mil trabajadores –de base y de confianza– durante el trienio encabezado por el priista Francisco Pérez Tejada. La idea parecía fresca y justificada: crear un fideicomiso para un Plan de Indemnización, Enfermedades y Riesgos Laborales y supuestamente dar cumplimiento a unos de los rubros de las Condiciones Generales de Trabajo firmadas con el Sindicato de Burócratas en el 2010. Pero la actual administración –que encabeza el panista Jaime Díaz– no ha localizado ni documentos, ni información, ni nada que constate el uso que se le dio a ese dinero. Solo se sabe que desde mayo del 2011 hasta noviembre del 2013 se descontó puntualmente a los miles de trabajadores un rubro que solo se identificó en el talón de cheque como IRL (Indemnización de Riesgo Laboral) que mensualmente sumaba un poco más de cinco millones de pesos, cantidad que se depositaba en el Fideicomiso y que hasta ahora no se sabe cuál fue su destino. De acuerdo a los escasos datos, fueron exactamente 183 millones 601 mil 127 pesos con cuatro centavos. El fideicomiso, entre privado y público, lo firmaron el Tesorero, el Oficial Mayor y el Secretario del Ayuntamiento, con Actinver, Casa de Bolsa S.A. de C.V., el 15 de junio del 2011, y fue modificado el 9 de noviembre del 2011 con el objeto de otorgar a los trabajadores una prestación de previsión social relativa a una indemnización por riesgo de trabajo. El mecanismo era muy sencillo: se descontaba a los trabajadores la parte relativa al Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero éste se dividía, se entregaba una parte a la Secretaría de Hacienda y otra al Fideicomiso. A cuatro meses del arranque de la actual administración, desde la sindicatura municipal le buscan la pista a ese dinero. Cuentas alegres La administración del XX Ayuntamiento con Francisco Pérez Tejada, arrancó el 1 de diciembre del 2010; seis meses después, el 15 de junio del 2011, el Tesorero, el Oficial Mayor y el Secretario del Ayuntamiento ya estaban firmando el contrato para crear el Fideicomiso 334 con Actinver, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. con un monto inicial de 1 millón de pesos. En el numeral 3 de la Cuarta Cláusula del Contrato se establece que “La Fiduciaria no será responsable de verificar el destino que se le dé a los recursos, ya que interviene solo como intermediario pagador, no siendo responsabilidad de verificar el destino de estos recursos…” y en otra parte se establece que “la Fiduciaria invertirá en instrumentos de deuda, en mesa de dinero, en valores gubernamentales o en sociedades de inversión que inviertan en estos instrumentos”. Además la autoriza para celebrar contratos de inversión, de intermediación bursátil. Comisión mercantil, depósito en administración de títulos y compraventa de títulos y valores. El documento original, al parecer elaborado apresuradamente, tuvo que tener un Convenio Modificatorio –fechado el 9 de noviembre del 2011– donde se aclara que el capital se deriva de la aportación de los trabajadores, el cual se “custodiará” y se depositará en el contrato de intermediación; se incluye entre el Fideicomitente a los trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Mexicali, se menciona la existencia de un Comité Técnico y que la Fiduciaria podría invertir y reinvertir el patrimonio fideicomitido. También se aclara –nuevamente– que el Fiduciario no será responsable por el destino final y la aplicación que se le dé a los recursos. En diciembre del 2012 el diputado federal panista Andrés de la Rosa denunció esta irregular situación en la tribuna del Congreso de la Unión. Solicitó que el Congreso de Baja California –dominado entonces por priistas– investigara el tema y sancionara en su caso a los responsables (ZETA, edición 28 de diciembre de 2012) pero nada pasó en lo inmediato. La “defensa” de Pérez Tejada fue que se trataba de un tema eminentemente político, ya que era uno de los ocho aspirantes del PRI a la candidatura a la gubernatura del estado. El 21 de diciembre de ese 2012, el órgano de Fiscalización Superior de Baja California emitió su opinión sobre la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Mexicali correspondiente al ejercicio fiscal 2011, pero fue hasta el 20 de septiembre del 2013 –ya conocido el resultado electoral en la elección estatal y a diez días de salir la XX Legislatura– que el Congreso votó la Cuenta Pública del Ayuntamiento de Mexicali 2011. En esa fecha aprobó la cuenta Pública de Ingresos y desaprobó la de Egresos, en este último rubro con una larga lista de argumentos, entre éstos el Fideicomiso con Actinver y los descuentos realizados a los empleados municipales y no entregados a la Secretaría de Hacienda. En el documento –que aparece en el portal del Orfis– se detalla que en ese lapso se descontó a los trabajadores la suma de 88 millones 510 mil 768 pesos, de los cuales se entregaron a Hacienda solo 39 millones 768 mil 630 pesos y se depositaron en el Fideicomiso 37 millones 663 mil 91 pesos. Además se anota que no hay documentación que acredite la aprobación del Cabildo para la creación del fideicomiso ni se informó sobre éste al Congreso del Estado. Por este y una larga lista de rubros, esta parte de la cuenta pública fue remitida a la Sindicatura Municipal, donde evidentemente no hubo seguimiento al tema y no solo eso, el descuento se siguió realizando y depositando de la misma manera, una parte a Hacienda y otra al Fideicomiso. Planteamiento erróneo Con la llegada de la nueva administración emergió una larga lista de irregularidades en el proceder del XX Ayuntamiento, “basificaciones” de última hora, contratos leoninos, venta de terrenos de manera irregular, adeudos, y el fideicomiso. Marco Antonio Moreno Mexia, el nuevo Tesorero Municipal así lo explica. “Es un fideicomiso que constituyó la administración anterior, le denominan IRL, Índice de Riesgo Laboral. El planteamiento que hicieron es que el Fideicomiso formaba parte de una retención a los trabajadores que era susceptible de compensarse con el Impuesto Sobre la Renta. “Nosotros lo que hicimos fue revisar la información relativa a este Fideicomiso. Lo que hacían era una retención a todos los trabajadores equivalente a la retención del Impuesto Sobre la Renta, y el importe de la retención no se entregaba en forma total al Sistema de Administración Tributaria, una parte iba al SAT y otra al Fideicomiso. El planteamiento era que se trataba de conceptos susceptibles de compensar”. El Tesorero Municipal, contador público, explica que no es posible hacer esa compensación directa. “Hay un planteamiento erróneo desde el punto de vista fiscal, en esa retención”. Refiere que se trata de un fideicomiso privado que constituyeron el Secretario del Ayuntamiento, el Tesorero y el oficial Mayor, pero no lo firmaron como representantes del Ayuntamiento. Además que el conducto para solicitar toda esa información a la empresa Actinver ha sido la Dirección de Fiscalización de Sindicatura. El Tesorero añade que a partir de la llegada de esta administración se canceló ese descuento y la entrega al fideicomiso. Ahora lo que hacen es retener el ISR y entregarlo al SAT mensualmente. Sobre la respuesta del SAT por la no entrega total de esos impuestos el Tesorero refiere que es parte de la investigación que se realiza en Sindicatura. “El SAT ha iniciado una auditoría al Ayuntamiento”, afirmó el funcionario municipal explicando que la auditoría es un tema institucional, que rebasa el hecho de que el problema se haya generado en otra administración. — ¿No se sabe qué pasó con esos 158 millones? “Está una investigación en proceso por parte de sindicatura”; además que teóricamente esos recursos buscaban apoyar la defunción de los empleados municipales, y teóricamente debieron formar parte de una bolsa que debió haber entregado a empleados fallecidos. — ¿Ustedes tienen conocimiento que en algún momento se haya entregado ese apoyo? “No; yo no tengo conocimiento…”. Esquema copiado Alicia Martínez fue dirigente en Mexicali del Sindicato de Burócratas durante el periodo de la administración municipal de Pérez Tejada, ahora es regidora por el PRI y desde su oficina explica que anteriormente había un fondo para apoyar a las cónyuges de los empleados que fallecían, o en su caso a quien se jubilaba y requería el pago del dinero acumulado en su vida laboral. Pero desde la administración de Samuel Ramos se dejó de pagar, “Ese fondo se acabó o desapareció, no sé”. Comenta que en el Gobierno del Estado ya había un fideicomiso, por lo que propuso la idea de que se “trajera” un esquema similar para los empleados municipales. “Le trajimos una copia al oficial Mayor y de ahí ellos hicieron, crearon ese fideicomiso aquí en el Municipio”. Dice que no se les descuenta nada, solo se desglosa en dos partes el Impuesto Sobre Producto del Trabajo –ISPT y no ISR como está documentado. Acepta que nunca le entregaron copia de ese Fideicomiso, pero afirma que se dio cuenta cómo aquellos trabajadores que fallecían, sus familiares tramitaban un recurso ante el Tribunal de Arbitraje para acreditar que eran los beneficiarios oficiales. “Ya lo que se sabía era que a quienes iban a ser los beneficiarios, se les pagaba una parte del seguro de vida, no completo. “Sí hubo pagos”, asegura la ex dirigente de la burocracia en Mexicali en alusión a trabajadores fallecidos cuyas familias recibieron el beneficio. “De ese Fideicomiso le pagaron a bastante gente”, y confirma que como gremio no fueron tomados en cuenta, “hubo un tiempo en que el Sindicato era como Vocal, pero ya también lo quitaron”. Martínez aclara que nunca supieron exactamente cómo trabajaba el Fideicomiso, “Pero sí queríamos que les pagaran”, recuerda en referencia a que en septiembre del 2011 empleados (o familiares) empezaron a recibir los pagos. “Si le pagaron a alguien ahí debe de haber un rastro, una póliza, un expediente”, sostiene la sindicalista y regidora. Pero el problema es ése, ya que no hay documentación que acredite pagos, destino de ese dinero, lo que se sabe a cabalidad es que son 180 millones de pesos que no se sabe exactamente dónde quedaron. Las irregularidades *El fideicomiso está viciado de origen, ya que no puede calificarse como un fideicomiso de carácter público, los funcionarios firmaron a título personal, los trabajadores no explicitaron su acuerdo, ni el Cabildo, ni hay documentos que acrediten la anuencia por parte del Sistema de Administración Tributaria. * No pueden ser considerados como empleados los funcionarios de elección popular ni los integrantes de instituciones policiales, no pueden ser incluidos como parte de un fideicomiso, aun así se les retuvo igual que a los demás. * No hay un Plan que haya dado origen al Fideicomiso, tampoco un Comité Técnico. * Las Condiciones Generales de Trabajo solo pueden ser aplicables a los empleados de base Los funcionarios públicos que firman el contrato no forman parte del Ayuntamiento –como órgano colegiado–, donde solo incluye al Presidente Municipal, el Síndico y los Regidores.
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