Agresiones sexuales abren Auditoría del Departamento de Justicia de EU a la Policía de SD

El Departamento de Justicia de Estados Unidos realiza una auditoría al Departamento de Policía de San Diego a raíz de las acusaciones por mala conducta y agresiones sexuales por parte de oficiales, hechas públicas en febrero de 2014. La Oficina de Servicios de Políticas Orientadas a la Comunidad (COPS, por sus siglas en inglés) comenzó, desde la semana pasada, a indagar las acusaciones de crímenes cometidos por policías en funciones, que incluyen desde manejar en estado de ebriedad hasta violación. La auditoría fue anunciada como independiente, pero colaborativa, puesto que la COPS, la cual forma parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos – de división federal – vigilará en los próximos meses la conducta de cada uno de los policías de San Diego, dentro y fuera de funciones, así como los procesos de reclutamiento y contratación, entrenamiento y supervisión. Incluso, el equipo encabezado por Ron Davis, director de COPS, reabrirá cada uno de los 15 expedientes por mala conducta de los policías, en los últimos tres años, conducidos por el Departamento de Investigaciones Internas. Además analizará las políticas generales y procedimientos del Departamento de Policía de San Diego. La auditoría fue anunciada en conferencia de prensa encabezada por la Procuradora Federal en San Diego, Laura Duffy; el secretario de Justicia Auxiliar de la División Civil del Departamento de Justicia, Tony West; director de COPS, Ron Davis; el alcalde de San Diego, Kevin Faulconer; la Jefe de la Policía de San Diego, Shelley Zimmerman y el fiscal de San Diego, Jan Goldsmith. Las autoridades municipales y federales explicaron que la intervención del Departamento de Justicia fue una petición directa del gobierno de la ciudad de San Diego para encontrar el origen de las malas conductas que desde 2011, le han costado al gobierno 2.3 millones de dólares en 13 demandas en contra de la ciudad, de las cuales, 12 terminaron en arreglos con los ofendidos. El equipo de COPS realizará la auditoría en un periodo estimado de seis a ocho meses. Ron Davis, titular de la Oficina, aseguró que se entregarán evaluaciones continuas al Departamento de Policía para que puedan seguir las recomendaciones emitidas. “Incluiremos entrevistas con miembros del Departamento de Policía y realizaremos observaciones de la policía activa, así como tareas de investigación y análisis”, indicó el funcionario. Tanto autoridades municipales como federales reconocieron una crisis de falta de confianza por parte de la comunidad de San Diego a los policías, luego de que dos agentes fueran acusados por agresiones sexuales hacia mujeres, así como la fabricación de cargos. La procuradura federal en San Diego, Laura Duffy explicó que la auditoría “es un paso adelante para identificar los problemas y encontrar la soluciones para cualquier deficiencia posible en la contratación y supervisión de policías”. Tony West, el tercer funcionario más importante del Departamento de Justicia, consideró  “la integridad de nuestro sistema de justicia depende en que las personas tengan el derecho de confiar en los oficiales”. Añadió “las recientes acusaciones y evidencias de mala conducta sexual por parte de los oficiales de la policía de San Diego no solamente han causado dolor en las víctimas, estos eventos siembran desconfianza en cualquier persona que tenga que pensar dos veces antes de buscar la ayuda de un policía”. Aunque la auditoría tiene un costo de entre 50 y 250 mil dólares, éste es absorbido por la dependencia federal y  no por el gobierno de San Diego. Por su parte, el fiscal de San Diego, Jan Goldsmith, anunció una investigación criminal – paralela a la Auditoría – para determinar si existen más casos de mala conducta dentro de la corporación. Sin embargo, se reservó mayores comentarios. Los funcionarios federales insistieron en que todos los hallazgos que resulten de la investigación se harán públicos. “Comunicaremos al Departamento de Policía cada paso para que así puedan hacer los cambios sugeridos. Nuestro proceso será transparente y la evaluación estará disponible al público”. De igual forma, se realizarán foros ciudadanos para obtener la opinión de la comunidad y entregarles informes del proceso de investigación. Se espera que dentro de un mes, se cuente con la primera evaluación. Hasta el momento, tres agentes han sido acusados de mala conducta. Christopher Hays fue consignado el 9 de febrero, acusado de dos felonías y arrestos ilegales con violencia, así como tres casos de agresión sexual. Horas después de su arresto, renunció a la corporación. Le siguió Donald Moncrief, de 39 años, señalado de tocar inapropiadamente a una mujer durante un arresto en 2013, así como de conductas sexuales inadecuadas, pero todavía no ha sido formalmente acusado. Por último, el oficial Anthony Arevalos se encuentra en prisión por agresión sexual y fabricación de cargos para arrestar a mujeres mientras conducían el distrito donde estaba activo de 2009 a 2011. El agente recibió una sentencia de ocho años. El fiscal de San Diego, Jan Goldsmith, aclaró que los 12 casos restantes por mala conducta de los policías, no son de índole sexual. Una vez que las acusaciones se hicieron públicas, William Lansdowne renunció a su cargo como Jefe de la Policía de San Diego y su lugar fue tomado por  Shelley Zimmerman. Antes de su retiro, el agente con 10 años en la corporación, había solicitado una auditoría externa al Departamento. La Oficina de COPS pertenece al Departamento de Justicia y tiene entre sus funciones, proporcionar asistencia técnica, que incluyen auditorías, a las 18 mil agencias de seguridad pública en Estados Unidos. Para ello, su presupuesto del año fiscal 2014 es de 10 millones de dólares. En este caso, la dependencia pública colaborará con  el Foro Ejecutivo de Investigación Policial, una organización no lucrativa, para realizar la auditoría en San Diego. El alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, electo recientemente tras la renuncia de Bob Filner – quien fuera acusado de hostigamiento sexual por sus subordinadas – en agosto de 2013, anunció que también se busca la mejora de condiciones de trabajo de los agentes, como compensación y beneficios.