Yarrington podría recuperar inmueble

Un tribunal colegiado ordena levantar el aseguramiento de una residencia en Matamoros Debido a que el Ministerio Público Federal no justificó lógica y jurídicamente la relación que tiene una casa habitación con las presuntas actividades de narcotráfico y lavado de dinero atribuidas al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington, éste podría recuperar el bien inmueble localizado en la ciudad de Matamoros. Magistrados del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Distrito Federal confirmaron el amparo concedido en noviembre pasado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo especializado, en la misma materia y ciudad, a favor del ex mandatario tamaulipeco para que quede insubsistente el aseguramiento de la finca marcada con el número 7 de la calle Nápoles, en el fraccionamiento Río de Matamoros. Dicho inmueble fue asegurado por personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) tras un cateo realizado el 5 de junio de 2012 en diversas propiedades de Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba por sus presuntos vínculos con el Cártel del Golfo y Los Zetas, ex “brazo armado” de dicha organización. En esa acción, la dependencia federal aseguró también el departamento número 12 de la calle Rubén Darío 267, en la colonia Polanco, Delegación Miguel Hidalgo, en México, Distrito Federal y fue congelada la cuenta Perfiles de Banamex 908091163 aperturada por el ex gobernador tamaulipeco. Declaraciones de los testigos protegidos con las claves “Oscar” y “Pedro” señalaron que el Cártel del Golfo y sus capos financiaron la campaña de Tomás Yarrington como aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por el Partido Revolucionario Institucional en 1998, realizando aportaciones en varias ocasiones hasta por un millón de dólares. Por investigaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República se estableció que Yarrington contaba con un seguro de vida de Grupo Nacional Provincial S. A. por un monto asegurado de un millón de dólares y en su cuenta bancaria de Banamex tuvo movimientos inusuales en la primera década del nuevo milenio con depósitos millonarios en efectivo. Luego de los aseguramientos, en 2012 el ex mandatario tamaulipeco promovió un amparo en contra de las acciones de la SEIDO; sin embargo, hasta ahora sólo le fue concedida la protección constitucional por lo que ve al inmueble de Matamoros. La fiscalía no expuso cómo es que con los medios de prueba aportados llegó al conocimiento de que el ex mandatario colaboró con la organización criminal del Golfo en la comisión de delitos contra la salud por habérsele entregado dinero en ese domicilio, ni tampoco cómo llegó a la conclusión de que el menaje de ese inmueble representa el producto del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El Ministerio Público Federal adscrito a la SEIDO tendrá que dictar una nueva determinación sobre el aseguramiento de la finca, pero satisfaciendo los principios de fundamentación y motivación que señala el artículo 16 de la Constitución, es decir, “debe expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso y, deben señalarse, con exactitud, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto”. Por lo que se refiere al departamento de la Ciudad de México y las cuentas bancarias aseguradas, el juicio de amparo fue sobreseído.