Tesorero bajo investigación

Los Cabos, Baja California Sur. Desde el 7 de octubre de 2013, el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, ordenó la apertura de una investigación en contra de cuando menos cuatro servidores públicos implicados en diversas irregularidades sobre transferencias, ampliaciones y reducciones al Presupuesto de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2012. Conforme al reglamento interior de la Tesorería Municipal del destino de playa, los presuntos responsables son: * Gerardo Manríquez Amador, tesorero municipal. * Ana Luis Guluarte Arista, directora municipal de Contabilidad. * Susana Burgoin Amézquita, directora municipal de Ingresos. * Héctor Jesús Olmos Ceseña, director municipal de Egresos. En la solicitud de investigación firmada y enviada al contralor municipal de Los Cabos, Héctor Alejandro Aréchiga de la Peña, bajo el número de oficio PM/949/2013, el alcalde emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoce que “los servidores públicos han cometido diversas irregularidades en cuanto al cumplimiento de la normatividad”, por lo que instruyó que en el ámbito de sus atribuciones, “se inicie procedimiento de investigación, y en su caso, y de proceder, determine las responsabilidades administrativas”. La orden de deslinde de responsabilidades partió después de que en la sesión pública número 41, registrada en octubre de 2013, 11 de los 13 integrantes del Cabildo de Los Cabos, rechazaron aprobar el gasto de un excedente estimado en 224.6 millones de pesos de 70 partidas presupuestarias en el ejercicio fiscal 2012, el cual nunca fue aprobado por Cabildo. La votación quedó de la siguiente manera: – A favor, el alcalde José Antonio Agúndez Montaño y la regidora Emilia Vega Uribe. – En contra, el síndico Oswaldo Murillo Martínez y los regidores Julio César Castro Pérez, Juan Mauricio Albañez Albañez, Juan Octavio Arvizu Buendía, Anel Susana Marrón Amador; Víctor Manuel Ortegón Góngora, Ana María Wilson Izquierdo, Reynaldo Zatarain Valera, Mario Fernández Alonso, Eda María Palacios Márquez y Juan Fernández Sánchez Navarro. El propio contralor municipal, Héctor Aréchiga de la Peña, reconoció: “Nadie estaba enterado de ese gasto que representa el 23 por ciento del presupuesto anual, hasta que fue solicitada la autorización del Cabildo para ser validado, el cual ahorita estamos revisando a la par de una auditoría externa”. Durante una entrevista con ZETA, el funcionario agregó que “en octubre recibimos la orden de investigar, y después de girar algunos oficios en noviembre, recibimos una serie de carpetas con documentación en diciembre. Ahorita estamos revisando toda información de la tesorería, porque es mucha información la que estamos revisando de manera minuciosa, y posiblemente este mes o el próximo estaremos en posibilidades de emitir una resolución al respecto”. — ¿Recibieron el oficio? “Sí se recibió el oficio, sí se radicó y sí se determinó abrir la investigación en contra de los servidores públicos de la Tesorería, porque el alcalde ha sido muy claro que cuando haya o detectemos una irregularidad, hagamos lo que marca la Ley, y apliquemos las sanciones que correspondan”. — Entonces, ¿todavía no llaman a nadie a rendir cuentas? “¡No!, porque estamos dando el primer paso, que es revisar la información, posteriormente, y si así lo consideramos, tenemos la facultad legal de mandar llamar a cualquier servidor público a que rinda cuentas, conforme al reglamento interno y la Ley Orgánica. “Ligeramente estamos desfasados en tiempo, porque aunque recibimos la contestación en diciembre, traemos una carga muy pesada de trabajo y nos ha distraído algo de tiempo”. — ¿Pero sí están investigando? “Sí estamos investigando, porque hubo irregularidades desde el momento mismo que el Cabildo no fue informado, a sabiendas de que se estaba gastando un dinero que provenía de un excedente y no del presupuesto fiscal que había sido autorizado y votado en el seno de la sesión de la máxima autoridad”.   El gasto irregular Según el informe desglosado sobre el gasto irregular del excedente del ejercicio fiscal  2012 del Ayuntamiento de Los Cabos, obtenido por ZETA, a pesar de que el tesorero Gerardo Manríquez Amador se ha venido negando a entregar la información vía el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California Sur, el dinero del excedente tiene su origen en lo siguiente: * 50 millones 870 mil 640 pesos de recursos propios. * 43 millones 480 mil 200 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN). * 32 millones 322 mil 042 pesos de participaciones federales. * 25 millones 074 mil 731 pesos de participaciones estatales. * 25 millones de pesos de la Cumbre del G-20. * 20 millones de préstamos. * 17 millones 719 mil 468 pesos del Programa Hábitat 2011.</p> * 12 millones 725 mil 137 pesos del Programa Hábitat 2012. * 9 millones 500 mil pesos del Subsidio para la Seguridad de los Municipios (SUBSEMUN). * 9 millones 603 mil 411 pesos de estímulos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). * 9 millones 581 mil 274 pesos de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT). * 8 millones 062 mil 020 pesos del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS). * 1 millón 204 mil 214 pesos del Programa de Rescate de Espacios Públicos. En total, 224 millones 643 mil 638 pesos gastados y autorizados indebidamente por el tesorero y sus colaboradores. El tesorero Gerardo Manríquez Amador prácticamente tiene bajo llave las cuentas del gasto del excedente, y desde octubre de 2012, se ha negado a entregar la información a regidores, como el panista Juan Fernández Sánchez Navarro. Como si temiera ser descubierto -según el edil- “hemos enviado tres memorándums solicitando la información, e incluso exhortamos al alcalde y el contralor que ordenen la entrega de la información, y no han querido. Siento que si no quieren abrir las cuentas de gastos, es porque algo muy grave están ocultado”. En el tema de rendición de cuentas, ZETA solicitó desde noviembre de 2013 la entrega del “informe desglosado sobre el gasto del excedente del ejercicio fiscal 2012, donde sea entregada toda la documentación en los conceptos de Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Apoyos, Bienes Muebles e Inmuebles, Obras Públicas, Erogaciones Extraordinarias y Deuda Pública”. La solicitud, elaborada a través del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, actualmente se dirime bajo el número de juicio PR-III/027/2013, ya que el tesorero municipal se ha negado reiteradamente a entregar la información solicitada. La última vez -según su respuesta por escrito- justificó su negativa de entregar la información porque “implica la clasificación y procesamiento de información de una manera distinta a como obra en los archivos de la Tesorería municipal, obligándonos a generar datos y textos a partir de los ya existentes, así como la coordinación con otras dependencias, ya que no toda la información solicitada, obra en el registro contable existente”. Peor aún, el  tesorero Gerardo Manríquez Amador, contravenido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se niega a entregar “copia de cada uno de los recibos, notas de venta, facturas o cualquier documento que soporte documentalmente cada gasto del excedente realizado del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, incluyendo contratos de obras y/o adquisiciones y servicios, y dependencia y/o servidor público que ejerció el recurso”. El responsable de manejar el dinero de los cabeños agregó que la información del gasto del excedente “no se encuentra respaldada en archivo digital, por lo que en términos de logística, el envío de tal soporte documental se torna impráctico, toda vez que la documentación consta de mil 046 tomos en total, lo cual involucra un gasto extraordinario en papelería que se deberá absorber fuera del presupuesto, además de las horas-hombre que deben ser aplicadas para la separación de la glosa y copia de los comprobantes fiscales requeridos”. Sin embargo, y con base a la última parte del juicio, “el semanario correrá con el gasto de todas las copias, tal y como lo mandata la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, cuyo caso está por resolverse.   La auditoría Desde un principio, la negativa del tesorero municipal de Los Cabos, de esconder el destino final del gasto del excedente, levantó sospechas, por lo que la mayoría de los regidores solicitaron la elaboración de una auditoría externa y revisar cada centavo y peso gastado del dinero de los cabeños. El sindico Oswaldo Murillo Martínez, responsable de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública del Cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos, indicó que actualmente “estamos auditando el gasto de ese recurso, y en su momento vamos a informar lo que encontramos”. Lo anterior, después de que el Cabildo en pleno aprobó, el 16 de octubre de 2013, un punto de acuerdo para la contratación de un despacho contable y realizar una auditoría a las finanzas públicas de los siguientes periodos: * De mayo a diciembre de 2011. * De enero a diciembre de 2012. * De enero a junio de 2013. Sobre el gasto irregular del recurso público, ni el propio contralor municipal, Héctor Aréchiga de la Peña, supo explicar “cómo es que no se detectó el gasto del excedente”. — Dice Usted que realizan aproximadamente seis auditorías por año. ¿Cómo es que Contraloría municipal no se dio cuenta que se estaba gastando más dinero del autorizado por Cabildo? “Bueno, las auditorías que te comentaba son elaboradas principalmente por otras entidades de gobierno, particularmente por el Órgano Superior de Fiscalización del Congreso del Estado, y la Contraloría General del Estado. Ellos se abocan principalmente a recursos federales, y son investigaciones contables muy específicas”. — ¿Y el tema de los 224 millones de pesos? “Lo que te puedo decir hasta donde tengo entendido, es que de esa cantidad, en números aproximados arriba de 164 millones, fue recurso federal, y el resto, que son como 60 millones, es el que en todo caso pudiera revisarse y donde se pudo haber dado la omisión de no haber informado y tener la validación del Cabildo”. No obstante, el contralor municipal expuso que por ahora se está revisando una controversia en torno al caso, por las siguientes razones: * Cada mes, la Tesorería rinde un informe al Cabildo como parte de la cuenta pública, y hasta donde se tiene conocimiento, el ejercicio del gasto mensual fue aprobado por todos los regidores.  * En contraparte, el gasto del excedente anual no fue aprobado por la mayoría de regidores, cuando fue presentado el informe detallado del Presupuesto de Egresos de transferencias, ampliaciones y reducciones, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012. “En todo caso debemos llegar al punto de si se aprobó o no por parte del Cabildo, y si así fuera, tenemos que aplicar la Ley, que va desde un apercibimiento o sanción, y enviar a la Tesorería un exhorto de cómo se tiene que aplicar el gasto”, concluyó el funcionario.   El permiso Después del escándalo del excedente de los 224 millones de pesos, y tras fuertes sospechas de estar desviando recursos públicos a favor del ex presidiario y ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, el 12 de febrero de 2014, el tesorero Gerardo Manríquez Amador solicitó licencia temporal para separarse del cargo por 30 días. En su lugar quedó Héctor Jesús Olmos Ceseña. Aunque al cierre de esta edición, la solicitud no se había hecho de manera formal y por escrito en el seno del Cabildo, el director municipal de Egresos ya despachaba en la oficina de Manríquez, quien justificó su ausencia “por motivos de salud”. Datos recabados por ZETA con base a testimonios de algunos empleados de la Tesorería municipal de Los Cabos, indican que el responsable de las finanzas se ausentó de su oficina desde el 3 de febrero hasta el 12, cuando fue confirmada la separación temporal del cargo. El responsable de la hacienda del gobierno municipal de José Antonio Agúndez Montaño, y coordinador de la campaña de su hermano, el ex presidiario Narciso, registró las siguientes faltas en dos semanas: * El 3 de febrero tomó su día de descanso, previsto por la Ley Federal del Trabajo, en el marco de la celebración del Día de la Constitución; y el 4, 5, 6 y 7, no se presentó a trabajar. * Los días 8 y 9 -sábado y domingo- descansó, mientras que el 10, 11 y 12, otra vez faltó, por lo que tuvo que solicitar licencia temporal, según un empleado, “era evidente que algo había pasado”. Efectivamente, este Semanario confirmó que el tesorero salió del país desde el 3 de febrero, aprovechando su día de asueto, para pasar vacaciones en Big Bear Lake, en el Condado de San Bernardino en California, Estados Unidos. Ni en sueños, ni cuando fue supervisor de ventas de Cervecería Cuauhtémoc-Moctezuma, Gerardo Manríquez Amador, acarició la posibilidad de estar rodeado de nieve, preciosos lagos y enormes pinos, característicos de esa zona turística. Acompañado de su esposa Mónica Barraza Valdés, el funcionario aprovechó la última etapa de la temporada de invierno y esquió en la nieve que rodea el Bosque Nacional de San Bernardino. Pero la diversión y la buena vida del responsable del dinero de los cabeños terminó cuando sintió un fuerte dolor en la parte central de su cuerpo y se dobló, hasta el punto de ser internado en una clínica. Según el diagnóstico médico obtenido por ZETA, la vesícula del tesorero no resistió y reventó, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia para limpiar la bilis almacenada, derivado de una peritonitis. El cuadro clínico -de acuerdo a un doctor consultado por este Semanario- “no es otra cosa que una infección, porque al reventar la vesícula, genera un fallo orgánico múltiple o multi-sistématico, y deshidratación, lo cual puede llevar a la muerte”. Los síntomas “son dolor abdominal repentino, náuseas, vómitos, taquicardias y fiebre”. El tesorero fue sometido a un proceso de drenado y tardará aproximadamente diez días en recuperarse. De acuerdo con el médico consultado, luego de confirmarse que Manríquez carece de seguro médico en el extranjero, la operación tendría un costo estimado en 70 mil dólares, independientemente del internamiento que podría variar -según la evolución del paciente- entre 80 mil y 120 mil dólares. Se esfumó dinero de cuentas congeladas del Ayuntamiento de La Paz En el último capítulo del congelamiento de cuentas bancarias del Ayuntamiento de La Paz, el saldo se esfumó misteriosamente, y de tener 12 millones, solo hay un millón 600 mil pesos en el estado financiero. La información, leída el jueves 13 de febrero de 2014 durante la audiencia incidental –tras ser leídos los estados de cuenta- por los magistrados del Vigésimo Sexto Circuito Colegiado del Poder Judicial de la Federación, donde estuvieron presentes los representantes del gobierno municipal y de la ex trabajadora Juana Rosa Isela Avilés Núñez, levantó sospechas de un desacato, principalmente del banco Santander al tribunal burocrático; por lo que de inmediato el abogado defensor de la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento, Salvador Krieb Almeida, presentó una queja y solicitó una investigación a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. No obstante,  poniéndose “el huarache antes de espinarse”, el Ayuntamiento de La Paz, a través de Guillermo Rochín Beltrán, Rosa María Montaño y Rosendo Castro Orantes -secretario general, oficial mayor y tesorero, respectivamente-, salieron a informar el 19 de febrero que habían dispuesto “de 11 de los 12.6 millones congelados, porque la dirección jurídica del banco Santander, tomó la decisión de movilizar el dinero, por tratarse de recursos federales”. Los funcionarios agregaron que “la movilización del recurso público, no derivó de la orden de un juez, tampoco del tribunal burocrático, sino de una determinación motu proprio del banco”, y de haber alguna demanda, “tendrá que responder por la decisión, porque los abogados de la institución bancaria fueron los que determinaron que el embargo era improcedente”. Como era de esperarse, el abogado defensor de la ex directora de Asentamientos Humanos del XI Ayuntamiento de La Paz, consideró que la alcaldesa Esthela Ponce Beltrán orquestó todo junto con el poderoso secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y sacar el dinero del banco, desacatando y violentando la orden del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Baja California Sur. A decir del abogado, la alcaldesa “solo utilizó el tema de las cuentas embargadas para no pagar a tiempo el sueldo a los trabajadores y proveedores, e incumplir en el pago de créditos bancarios, bajo el argumento de que no podía disponer de dinero del banco”. Por lo pronto, el caso amenaza con salpicar a los directivos del banco Santander, a pesar de que el próximo 5 de marzo, el embargo de las cuentas en la audiencia constitucional podría resolverse de manera definitiva. El secretario general de La Paz, Guillermo Rochín Beltrán, anticipó que preparan un recurso legal para tratar de desaforar al presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios de Baja California Sur, Ricardo Alberto Díaz Carrasco, a través del Congreso, para después presentar una denuncia penal en su contra por abuso de autoridad, tras haber ordenado el congelamiento de las cuentas bancarias. Obviamente la advertencia del Ayuntamiento de La Paz fue vista como una amenaza -y hasta cierto punto venganza- en contra del tribunal burocrático, por resolver un asunto que data desde 2003.