C. Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid Gobernador de Baja California Presente. — Una vez más nos atrevemos a molestarlo, todo en nuestro afán de que se nos haga justicia y para de una vez por todas, pedir una investigación a fondo para los Licenciados Héctor Grijalva Tapia, José Francisco Jiménez Gómez, Héctor Valenzuela Flores y Othón Pedro Valdez Barroso, Subsecretario, Director estatal, Subdirector estatal y Comandante estatal, respectivamente, de los Centros de Reinserción Social y de Adolescentes del Estado, el cual atinadamente gobierna Usted. Estos personajes conocidos como los 4 jinetes del Apocalipsis, por años se han dedicado a esclavizar, reprimir, vejar, robar, estafar, violar garantías individuales y derechos humanos al personal que tienen a su cargo, haciendo de lo que debería ser una gran labor, un imperio personal. Para estos Señores, la constitución política, la ley federal del trabajo, los derechos humanos, la ley del servicio civil y la ley de seguridad pública son letra muerta, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, donde indica que todo mexicano gozará de las garantías que otorga dicha Constitución, lo cual a ellos les vale. El artículo 2 de nuestra ley, que habla de la prohibición de la esclavitud en México igualmente les vale, el artículo 13 de la misma ley, que habla de que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales también les vale, el artículo 14, que a la letra reza: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades o derechos, sino mediante juicio seguido por tribunales establecidos, el artículo 123, que habla de los derechos laborales de todo mexicano sin excepción. Estos Señores utilizan los artículos del reglamento interno, el cual no es ninguna ley y en uno de sus párrafos dice: “Con las facultades necesarias para disponer de los recursos humanos y materiales de que dispone esta autoridad, para dirigir, organizar, administrar y supervisar la aplicación de los lineamientos y políticas de seguridad, que deban implantarse en los centros, ordenar los cambios de adscripción o comisión de los miembros de la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, así como ejercer el mando directo de la misma y vigilar que se cumplan las medidas adoptadas por el suscrito para el buen funcionamiento de esta dirección”. Pues bien, ¿este ordenamiento les da derecho a violar las garantías individuales y los derechos humanos enmarcados dentro de la Constitución, de dejar a los elementos sin un trabajo digno, de cambiarlos de adscripción o comisión sin pago de viáticos como lo marca la ley, de obligarlos a trabajar tiempo extraordinario sin remuneración, de tenerlos en lugares destinados para los animales y en condiciones infrahumanas, sin agua, sin comida, sin servicio sanitario, a merced de las inclemencias del tiempo, incomunicados, secuestrados, de separarlos de sus familias, de encarcelarlos sin orden judicial alguna, de negarles sus prestaciones de ley, de abusar de su autoridad, encarcelarlos sin motivo alguno, de negarles seguridad social, de no tener siquiera un sepelio digno en caso de fallecimiento, de vejarlos, de presionarlos, de que tengan que dormir en sus carros por no contar con domicilio fijo en la ciudad, cuando sin previo aviso los cambian de adscripción, de revisiones vejatorias, de inventar reglamentos y contratos leoninos, de acoso laboral, sexual, psicológico, de mandarlos golpear, de amenazarlos, de no respetarles sus descansos, de exponerlos a sufrir accidentes viales, de evitar que se reúnan libremente, de disponer de los bienes del estado para beneficio propio, de desmantelar instalaciones para vender el material, vulnerando con ello la seguridad de los centros, de propiciar la evasión de internos, de pactar con guardias corruptos que con la firma de la renuncia queda en el olvido la falta cometida? Quisiéramos que viera al Licenciado Jiménez cuando arriba a cualquiera de los centros, no cabe de lo hinchado que se pone, semejando al personaje de la película de Shrek, Lord Farquaad, nos preguntamos, Señor Gobernador, ¿qué no hay un elemento entre sus subordinados que sirva para algo? Este personaje abusando de su autoridad incurre en el nepotismo, teniendo a toda su familia trabajando dentro del sistema, puro bribón, acusados de abuso sexual, evasión de internos, abuso de autoridad y otros. El artículo 16 de las garantías individuales y derechos humanos indica que “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”. Pero para ellos las leyes se hicieron para violarlas, tal como lo han manifestado siempre. Pedimos, Señor Gobernador, que les aplique a estos bribones, el Código Penal de Baja California, en especial los artículos 162, 164 y 165 por el delito de secuestro, el 171 por el delito de amenazas, el 185 por el delito de difamación, el 91 por calumnias, el 292 fracción II por abuso de autoridad, el 294 por coalición de servidores públicos, el 320 y el 321 por falsedad ante autoridades. Y de resultar con responsabilidad, que les sea aplicada con todo el rigor la misma. No nos explicamos el motivo de tanto odio y aversión por parte del Licenciado Jiménez Gómez en contra de los elementos, será tal vez porque le conocemos el corrido y todas las patrañas que siempre ha utilizado o por las demandas legales que en contra del Gobierno están en los tribunales, o porque no ha podido doblegarnos a pesar de todo lo que ha hecho en contra de los elementos, injurias, amenazas cumplidas, golpes, cambios de adscripción, etcétera. Lo único que nos va a hacer desistir es que este Señor nos mande matar, que sería lo peor que pudiera pasarnos. Por otra parte, el jueves 30 de enero, el Licenciado de la Rosa Anaya reunió a sus secuaces para que por medio de ellos se le comunicara al personal el nuevo reglamento a la Ley para Policías Estatales de Seguridad y Custodia Penitenciaria aparecida con fecha 6 de diciembre de 2013 y las normas operativas y a la vez nos comunicara que el aumento salarial u homologación que tanto pregonaron no se nos otorgaría sino hasta el año 2015, asimismo que los 62 millones que entregó la federación para los elementos que acreditaron satisfactoriamente de la PEA, se había gastado en equipo para la PEP, como es la compra de dos vehículos blindados de los llamados armadillos, dos autobuses para traslado de internos, lo cual también sería utilizado para traslado de personal operativo de Ensenada a El Hongo y viceversa, y que por ningún motivo quería que se lo fuéramos a informar a la prensa pues, ya que él estaba muy bien hecho con Usted. Dicho reglamento contraviene a las garantías individuales y derechos humanos del personal, pues los pocos beneficios que teníamos quedaron vulnerados, así que nuevamente tendremos que recurrir a los tribunales para hacer valer los mismos conforme a derecho. Nos despedimos de Usted, no sin antes informarle que nuestra lealtad siempre estará con el Gobierno del Estado y de no ser por ciertas alimañas rastreras, jamás hubiéramos recurrido a demandar por la vía legal, pues amamos nuestro trabajo y nuestro uniforme, el cual por años hemos portado con orgullo y dignidad, a pesar de tanto bribón que se empeña en opacar nuestra lealtad. Sin otro particular por el momento, reiteramos a Usted nuestra subordinación y respeto. Atentamente. Elementos de Seguridad y Custodia Penitenciaria del Estado de Baja California
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