Hasta hace poco era común ver niños en supermercados fungiendo como paqueteros, en México eran miles, la mayoría provenía de familias pobres y éstos se veían obligados a contribuir al ingreso del hogar y sostenimiento de sus estudios, todo esto ante los ojos del desinterés tanto social como gubernamental. Carecían de salario, de prestaciones, así como de contrato; las empresas y autoridades se escudaban en convenios que a todas luces eran contrarios al ordenamiento laboral nacional e internacional, inclusive la Organización Internacional del Trabajo, se pronunció al respecto ejemplificado con este tipo de prácticas una forma de explotación infantil. Con la reciente reforma laboral aumentaron las sanciones a los patrones que llevaran a cabo este tipo de prácticas y aunque como antes, después de la reforma dicha ley seguiría siendo letra muerta, la mayoría de ellos no quisieron tomar riesgos, esto en parte por el aumento de las críticas en contra, manifestadas por organizaciones internacionales en pro del trabajo digno y pro derechos de la niñez. Así fue como los niños paqueteros, mejor conocidos como cerillos empezaron a envejecer, es decir, se realizó una migración de un grupo vulnerable a otro igual de vulnerable, el de las personas de tercera edad, ellos también tienen que cumplir con requisitos formales, como cualquier empleado, cubrir un horario, vestir uniforme que ellos mismo deben comprar y cumplir con otras responsabilidades (como mantener su área limpia), en caso de incumplir con estos lineamientos, son sancionados suspendiéndolos temporalmente y en caso de reincidencia despedidos. A pesar de que como resultado de sus funciones la empresa obtiene beneficios y rendimientos considerables ya que con ello sus ganancias crecen, pues no pagan salario, ni las prestaciones mínimas de ley contenidas en la constitución, como por ejemplo seguro médico (IMSS), o sea, de acuerdo a nuestros ordenamientos legales y tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, están siendo víctimas de explotación laboral, pues su trabajo representa un beneficio para la empresa donde lo desempeñan y no obtienen mayor retribución que lo que por caridad los clientes de dichos establecimientos les otorguen ya que el servicio que reciben va incluido en costo del producto. Ante este panorama es triste que las mismas autoridades incentiven esta práctica, para muestra un botón: Alberto Bravo Quintero, delegado del INAPAM en Baja California, en afán de maquillar la realidad, manifestó estar encantado con este tipo de programas incluso pavonea que es la entidad que representa (Baja California) la que ocupa el segundo lugar con alrededor de 3,000 adultos mayores laborando bajo este esquema gracias al programa de vinculación laboral que permite colocar a estas personas en dichos establecimientos comerciales como trabajadores voluntarios, lo cual no es otra cosa que explotación laboral; de hecho en el ordenamiento laboral mexicano no contempla la figura de “trabajo voluntario”. También mencionó que esto se debe a que dichas empresas han concientizado a cerca de los beneficios que esto les genera –y como no si obtienen ganancias sin inversión, ósea de a gratis–. Es muy obvio, como para no darse cuenta del atropello a los derechos laborales a las que estas personas se someten, no por voluntad como dicen la empresas y refiere este ente gubernamental, sino por necesidad pues la mayoría no cuenta con una pensión y/o provienen de familias cuyos ingresos no alcanzan siquiera para satisfacer las necesidades básicas, lo cual demuestra la ineficacia y sobre todo la falta de voluntad de las autoridades, llámese secretarías del Trabajo o Desarrollo Social, o a gran escala ejecutivo, legislativo o judicial en hacer que se respeten nuestro marco jurídico y desarrollar programas encaminados a garantizar un retiro digno y un salario mínimo que alcance para satisfacer las necesidades básicas, y sobre todo, el derecho de todo individuo a la “seguridad social” entendiéndose ésta como el conjunto de medidas que tienen como objeto evitar el desequilibrio, la reducción o la pérdida de los ingresos a causa de contingencias como la enfermedad, los accidentes, la maternidad o el desempleo, entre otras. Este sector de la sociedad, merece ser tratado con respeto y dignidad, pero este tipo de programas hacen precisamente lo contrario dejando entre ver que lo que buscan no es solucionar un problema de fondo, sino disfrazarlo, y es que estos centros comerciales (Walmart, Mega Ley, Soriana, entre otros) que pretenden hacer creer que les hacen un favor, en realidad lo que hacen es abusar acobijados por la frialdad e indiferencia de las autoridades, entre las cuales están las laborales que teniendo conocimiento de este y muchos otros casos se hacen de la vista gorda. Es hora de que las autoridades se dejen de preocupar más por maquillar cifras, con el fin de salir en la foto y que nosotros como sociedad entendamos que el sueño de un país justo es posible, pero antes necesitamos despertar y enfrentarnos a la realidad. José Antonio Domínguez Almendarez Correo: antony17hn@hotmail.com
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