El usualmente veraz y confiable secretario de Seguridad Pública de Baja California, Daniel de la Rosa decidió, el viernes 24 de enero, falsear información y utilizar su investidura y cargo para, inútilmente, rechazar la conocida y evidente presencia de traficantes procedentes de Michoacán en Baja California. Con más de seis años en el gobierno, De la Rosa ha declarado sin tapujos -en más de una ocasión- la presencia de los michoacanos en el estado. En una breve revisión de boletines emitidos por la SSPE, resultó que entre el 1 de enero de 2013 y el 27 de enero de 2014, la Policía Estatal Preventiva ha remitido, únicamente en la zona costa, a más de 47 delincuentes michoacanos, la mayoría relacionados con tráfico de drogas, cargamentos de hasta 18 kilos de “cristal” y 620 kilos de marihuana. O secuestradores, como los que en abril de 2013 privaron de su libertad, torturaron y cercenaron al joven Bardo Parra en Mexicali. Los traficantes michoacanos en sus diversas presentaciones -Los Valencia, Los Amezcua, “Nacho” Coronel, “La Familia” o “Los Templarios”- han tenido presencia en el estado desde los 70s, o antes. Pagaban una comisión a los Arellano y ahora hacen acuerdos, o pagan a Sinaloa. De la Rosa lo sabe, es su obligación y trabajo, y lo ha comentado públicamente. El michoacano Manuel Alejandro Zúñiga Padilla, detenido el jueves 23 de enero de 2014, admitió que sus tíos -uno en Estados Unidos y otro en Michoacán- operaban con el narcotráfico, pero él “solo les servía de mandadero”, y entre la mercancía que compraba en la frontera para su tienda, se llevaba los cargamentos, esta vez eran armas. Entre otras cosas, los aparatos de comunicación del joven hacían alusión a Servando Gómez “El Profe” y al recientemente detenido Dionisio Loya Plancarte “El Tío”. Aunque lo niegue, De la Rosa lo sabe tan bien como los oficiales de calle que, desconfiando de sus mandos, informaron a ZETA al darse cuenta que por alguna “extraña razón”, sus jefes no incluyeron esa información en el parte policiaco. Lástima, con estas acciones pierde el secretario de Seguridad, pierde la ciudadanía y los policías estatales. Las mentiras disminuyen la confianza en las autoridades, y voltear a otro lado, no llevará a Baja California a la seguridad anhelada.
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