La indolencia de la PGJE

El cuerpo fue entregado a su familia, la sepultaron sin tener los resultados de ADN, ahora una mujer, quien presuntamente fue asesinada y quemada por un hombre, a mediados de noviembre de 2013, reapareció ante la autoridad, exigiendo se aclare su situación, pues legalmente no tiene identidad. Ana Luisa Hernández Hinojosa argumentó ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) que estos tres meses estuvo en un centro de rehabilitación para drogadictos en Tecate. De los hechos, hay un detenido y confeso, José Miguel Castañeda Regalado alias “El Enano”, acusado del crimen de una mujer que no está muerta; sin embargo hay una dama calcinada, cuyo cuerpo fue entregado a los familiares de la ahora aparecida y sepultada en Ciudad Juárez. “Esa persona (Castañeda Regalado)  debe ser liberada de inmediato”, considera Pedro Ariel Mendívil, presidente del Colegio de Abogados Penalistas en Mexicali. Mientras en la PGJE analizan el caso -inédito en la entidad-, con la posibilidad de solicitar la nulidad del proceso y a la vez reiniciar otro, se exhibe lo endeble de los procedimientos legal-pericial para identificar un cuerpo, ya que los investigadores confiaron en la versión de los familiares de la víctima, sin esperar el resultado de la prueba de ADN, el cual, después de tres meses, aún no se conoce. El caso inició la madrugada del viernes 15 de noviembre de 2013, cuando se localizó el cuerpo, aún en llamas, de una mujer, en una vivienda abandonada en una zona agreste pegada al fraccionamiento Los Viñedos -en el área de Los Santorales, al poniente de la ciudad-. De acuerdo con el análisis del forense, tenía una herida punzocortante en el corazón, un gran porcentaje de su cuerpo estaba calcinado. Casi una semana después fue detenido Castañeda Regalado, después de que se presentó en las instalaciones de Servicio Médico Forense, y preguntó por un cadáver calcinado. “El Enano” había llamado hasta Ciudad Juárez, a los padres de su mujer, avisándoles que vinieran a reconocer el cuerpo de su hija al Servicio Médico Forense de Mexicali. Los afligidos familiares viajaron a Mexicali, y relataron a los investigadores la violencia doméstica que Ana Luisa había vivido con José Miguel, a quien conoció en un Centro de Rehabilitación en Ciudad Juárez; vivieron en Torreón, para posteriormente radicar en Mexicali. Incluso la mamá de Ana Luisa “reconoció” en la morgue el cuerpo de su hija.   José Miguel fue remitido a un Juzgado de Garantías, y en la primera audiencia apareció con el overol naranja que corresponde a los imputados. Cabizbajo, escuchó la lectura del testimonio -que aparece en la Carpeta de Investigación- del amigo que llevó a José Miguel y a una mujer -que se suponía era Ana Luisa- a un paraje al poniente de la ciudad, donde se percató que éste golpeó a la mujer, y regresó al auto sin ella y oliendo a gasolina. De acuerdo a la versión de la Procuraduría, José Miguel aceptó haber cometido el crimen. “Se atendió el lado humano, el lado social”, refirió el titular de la Subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada, David Lozano Blancas, en alusión al apresurado procedimiento que derivó en la captura y turbación al Juzgado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal. En este lapso de más de tres meses, José Miguel sigue encarcelado en el Centro de Readaptación Social local, nada se sabe sobre el resultado del examen de ADN y  el juicio sigue en procedimiento, aún sin sentencia.   Reaparecida Hace una semana, desde un centro de rehabilitación de Tecate hablaron hasta la PGJE Mexicali para avisar que con ellos estaba recluida Ana Luisa Hernández Hinojosa. Antes, del mismo centro habían llamado a los familiares de la mujer en Juárez, ciudad en la que trascendió públicamente la situación de Ana Luisa, debido a que su familia acudió a las instalaciones del Canal 44 local -propiedad de los señores Cabada- para solicitar apoyo para el traslado. Hasta media semana, la mujer estaba en un hotel de Mexicali, con apoyo de la PGJE y lista para ser trasladada a Ciudad Juárez.  Trascendió que Ana Luisa, huyó de Mexicali después de que fue asesinada y quemada la mujer encontrada ardiendo la mañana del 15 de noviembre de 2013.   El caso de José Miguel “La persona José Miguel Castañeda Regalado  debe ser inmediatamente liberada”, sostiene el abogado Mendívil. En cuanto a la imputación del hecho criminal, las circunstancias son específicas y determinadas, es decir, se está acusando de la privación de la vida de una persona determinada. Pero si la victima está con vida, automáticamente implica que no hay un hecho criminal, por lo que debe existir un sobreseimiento del juicio en cualquiera de las etapas que se encuentre. El presidente del Colegio de Abogados Penalistas afirma que inmediatamente el Ministerio Público debe ordenar su libertad, en virtud de la persona a la cual se pretendía imponer una sanción penal por la privación dela vida, está viva. “La acción penal es una acción pública, si el defensor público está conociendo de este hecho, debe solicitar “la libertad” en forma inmediata, igual el Ministerio Público. Por ser un delito de oficio y una cuestión de orden pública, creo que existe responsabilidad de todos esos sujetos del derecho, incluso del propio juez”, expresa el dirigente de los abogados penalistas. En el caso de la mujer muerta, Mendívil considera que primero se debe establecer la identidad de la persona -“para saber a quién enterramos”-, y una vez identificada, se debe hacer una investigación para determinar quién fue y rehacer totalmente la investigación. El especialista agrega que en temas de identificación, no se puede supeditar el hecho a la parte ofendida, por lo que no se denota profesionalismo, sino una cuestión fáctica y se debió hacer un trabajo más exhaustivo, aclarando que en procedimientos para determinar el ADN, esto se puede hacer en cuestión de horas. “Hay muchos procedimientos que se estaban realizando bajo las instrucciones de un procurador que no tenía ningún conocimiento del derecho”, dice el entrevistado en alusión a los hechos suscitados a mediados de noviembre pasado, en plena coyuntura del relevo y acomodamiento de la nueva estructura en la Procuraduría. Por su parte, Hernán López Frank, presidente del Colegio de Abogados de Mexicali, considera que en ese tema hay una privación ilegal de la libertad, ya que la autoridad investigadora introdujo a la cárcel a una persona que no es responsable. “Aquí no opera una disculpa, la privación la realizo un funcionario público en ejercicio de sus funciones y debido a una deficiente investigación. Eso constituye un hecho delictivo, privar a alguien de manera ilegal”, refiere el abogado, quien considera que el hoy detenido debe inmediatamente quedar en libertad. Aparte, menciona que hay una víctima y el Ministerio Publico, por deficiencia, no ha perseguido a los probables responsables de ese hecho delictivo. “Dios nos libre de cruzarnos en los caminos de un Ministerio Publico porque podríamos ser los presuntos responsables”, ironiza el presidente del Colegio de Abogados de Mexicali. Para concluir, indica que en pláticas con especialistas les han explicado que las pruebas de ADN son rápidas, no tardan ni una semana, por lo que el esperar tres meses resultados de un análisis habla de dos cosas: la negligencia en la investigación, y otra que el Ministerio Público esté consciente de que la persona que creía la víctima no era la víctima, y que no dé a conocer el resultado del ADN, que lo hayan escondido. Sergio Haro