El último golpe en La Purísima

La Purísima, Baja California Sur. Luego de manosear ilícitamente el reparto de tierras en el Ejido La Purísima, y registrar prestanombres, amigos, familiares, compadres, empleados y ejidatarios que en su momento, vendieron y cedieron sus derechos, el ex gobernador Narciso Agúndez Montaño y su grupo político pretenden asestar, el domingo 9 de febrero, su último golpe y legalizar todas las irregularidades cometidas durante la última asamblea general ordinaria, convocada por el núcleo de población ejidal. La mayoría de las más de 425 mil hectáreas que comprenden los municipios de Comondú, Loreto y Mulegé, literalmente planean ser entregadas -según la Comisión Investigadora- “a todos, empresarios, políticos y ex servidores públicos que de manera directa o indirecta participaron en el despojo de las tierras de la llamada Tierra del Pilón”. Según el expediente, en la lista aparecen: * Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur. * Luis Raymundo Cano Hernández, ex presidiario y empresario sexenal durante los gobiernos de Leonel Cota Montaño y Narciso Agúndez Montaño. * Ana Karina Angulo Esquer, esposa de Luis Cano. * Daniel Raúl Vizcarra Angulo, ex comisionado ejidal y artífice en el despojo. * Salvador Sarabia Vázquez, perito topográfico. * Yuan Yee Cunningham, ex alcalde de Loreto. * Manuel Salvador Baeza Davis, ex subdirector administrativo de la Dirección de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal de Loreto. * Alberto Orozco Moreno, ex delegado del Registro Agrario Nacional (RAN). * José Rigoberto Mares Aguilar, ex delegado de la Procuraría Agraria (PA). * Miriam Aidé Orozco Luna, ex asesora jurídica de PA. Según el expediente en poder de ZETA, bajo el control del ex gobernante, la Asamblea General del Ejido La Purísima -entonces encabezada por Daniel Vizcarra- “parceló indebidamente las 425 mil hectáreas que conforman el segundo núcleo ejidal más grande Baja California Sur”. El ex comisariado ejidal presentó una medición virtual de 38 láminas y una complementaria -de acuerdo al acta de asamblea ejidal- “llena de tecnicismos” que ni el propio perito topográfico, Salvador Sarabia Vázquez, supo explicar, donde presuntamente habrían distribuido la tierra en partes iguales entre los 384 ejidatarios, pese a no haber un trabajo previo de apego, deslinde, e incluso la colocación de mojoneras. “Todo fue virtual y malintencionadamente por designación, sin recurrir al sorteo estipulado por la Ley Agraria”, reconoció el delegado de la PA, Eligio Soto López,  quien reveló que “el topógrafo no tomó en cuenta ni consideró las posesiones de un parcelamiento económico elaborado en 2007, por lo que no se apegó a los dispositivos legales que marca la Ley Agraria, lo que dio origen a más de veinte juicios”. El 25 de febrero de 2007 -refiere el acta de asamblea general ordinaria del Núcleo Ejidal de La Purísima-, “otro ingeniero topográfico levantó un parcelamiento económico por el que votó la asamblea general ordinaria, después de realizar el sorteo establecido por la Ley Agraria y todos los ejidatarios; incluidos los 384 de antaño y los 38 nuevos, estuvieron de acuerdo”. El propio ejidatario Ismael Arce Hernández recordó: “Aquella vez todos estuvimos de acuerdo y no teníamos problemas, pero desde que llegó el malogrado Grupo de Los Cabos, comenzaron los problemas, su ambición originó que el reparto de tierra fuera modificado y pretendieran acaparar las mejores tierras, designándose ellos mismos la extensión de tierra que quisieron, dejando las migajas a los verdaderos ejidatarios”.   Durante una entrevista con ZETA, Arce indicó que la Comisión Investigadora ha encontrado tantas irregularidades que inclusive “está saliendo a flote” que en la avasalladora repartición de tierras “no fueron respetadas ni siquiera las sentencias emitidas por el Tribunal Unitario Agrario, ordenando reconocer y formalizar las posesiones de tierras que fueron materia de litigio entre 2007 y 2011, y muchos de los ejidatarios que de toda la vida hemos vivido en el mismo lugar, resulta que aparecimos en otras zonas, algunos de plano ni figuraron sus nombres en la lista de propietarios”.   Los prestanombres No obstante y por el contrario, la lista de los propietarios se fue llenando de políticos, familiares y amigos del ex gobernador Narciso Agúndez Montaño, sobre todo en la Asamblea General del 15 de marzo de 2012.   Uno de ellos, el ex presidiario y empresario Luis Raymundo Cano Hernández,  quien según la Comisión Investigadora, registró como prestanombres a supuestos ejidatarios, en cuya lista se encuentran: * Amalia Hernández, madre. * Ana Karina Esquer Angulo, esposa. * Yolanda Angulo Esquer, suegra. * Roberto Osuna Castro, contador y socio de despacho contable. * Miriam del Carmen Galaviz Palacios, secretaria. * Zelidet Lucia Galaviz Palacios, hermana de la secretaria. * Elizabeth Galaviz Hernández Palacios, hermana de la secretaria. * José Gaspar Higuera Lara, chofer. * Jesús Mario Maldonado Astorga, señalado por la Subprocuraduría. Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) como amigo personal del finado Francisco Rafael Arellano Félix en Los Cabos.   Los nombres de Ana María Hernández Blanco, María Inés Hernández Jiménez, Ricardo Alejandro Lazo Angulo, Roberto García Angulo, Reyna Elisa Angulo Cárdenas y Dora Iliana García Angulo, actualmente son investigados por la Comisión Investigadora, ya que se presume un posible parentesco con Luis Cano Hernández y su esposa, Ana Karina Esquer Angulo. La lista anterior es de personas que viven en La Paz y Los Cabos, y en su mayoría no tienen nada que ver con ser residentes del núcleo ejidal. Cabe destacar,  con base a información de la Comisión Investigadora, la presencia del actual secretario de Pesca y Agricultura del gobierno del Estado de Baja California encabezado por Francisco “Kiko” Vega, Matías Guillermo Arjona Rydalch, quien figura en el registro como “ejidatario” de La Purísima, a pesar de que su lugar de residencia siempre ha sido la ciudad de Ensenada. El también propietario de Agencia Arjona, aparece como “compadre” y prestanombres de Luis Raymundo Cano Hernández,  quien dicho sea de paso, fue detenido y encarcelado, bajo la acusación del delito de evasión fiscal por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según consta en la causa penal 96/2005. No obstante, el accionista mayoritario de la constructora Gran Visión, S.A de C.V. salió libre por intervención del –entonces- estrenado gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño.   La investigación En el caso de avasallador despojo, la Procuraduría Agraria investiga posibles actos de corrupción, donde denuncias de los propios ejidatarios evidencian la relación entre los siguientes funcionarios federales: * Ezequiel López Castro, visitador de las asambleas de la PA, quien -en base a la queja de los ejidatarios- solapó y validó la serie de irregularidades que se cometieron durante la asamblea general ordinaria del Núcleo Ejidal La Purísima, registrada el 15 de marzo de 2012, donde se desconoció todo lo actuado en la asamblea del 25 de febrero de 2007. * Rosario Braumar, actual subdelegada jurídica, quien de acuerdo a las denuncias, sirve a los intereses del Grupo de Los Cabos y está yendo en contra de la legalidad impulsada por el delegado Eligio Soto López y el procurador Cruz López Aguilar. * Una asesora jurídica de la PA de nombre Selene, bajo el mando de Rosario Braumar. No solo eso. La Comisión Investigadora integrada por ejidatarios y autoridades de la PA y del RAN, revisan los actos de simulación de cesión legal y definitiva de derechos ejidales a favor de la esposa de Luis Cano, Ana Karina Angulo Esquer, fechados el 13 de marzo de 2012 y realizado supuestamente en San José del Cabo, entre los cuales se encuentra el secretario de Pesca y Agricultura del gobierno de Baja California, Matías Guillermo Arjona Rydalch. “En virtud de que por actos de cesión legal y definitiva anteriores a la fecha, cedí mis derechos que en calidad de ejidatario detenté en ese ejido, con certificados expedidos por la autoridad registral, otorgo mi anuencia y consentimiento para que las parcelas por asignar, a las que tengo derecho, en la próxima asamblea de formalidades especiales, se dejen reconocidas de manera definitiva a la C. Ana Karina Angulo Esquer, con quien celebré cesión legal, pero aún estamos en los trámites de registro”, transcribió el funcionario, además de estampar su firma.   Como el funcionario bajacaliforniano, más de 50 personas supuestamente cedieron sus derechos de veinte hectáreas, algunas de mayor extensión -según la Comisión Investigadora-, a favor de la esposa de Luis Cano, lo que permitió que ella tenga acaparadas más de 14 mil 298 hectáreas, a pesar de que el Artículo 27 Fracción VII de la Ley Agraria, transcribe textualmente que “dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más tierra que la equivalente al 5 por ciento del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titularidad de tierras a favor de un solo ejidatario, deberá ajustarse a los límites establecidos por la propia Ley”. Lo anterior fue avalado por los ex comisariados ejidales Daniel Vizcarra y José de Jesús Arvizu Higuera, cuyos terrenos casualmente están dentro del pozo de agua, abarcan una parte de una zona minera y una amplia extensión de litorales. Pero no solo la pareja del ex presidiario Luis Cano Hernández, se sirvió con la cuchara grande. De acuerdo a la Comisión Investigadora, y coincidente con el delegado Eligio Solo López, el perito topográfico Salvador Sarabia Vázquez, apareció -sin ser ejidatario- con más de mil 685 hectáreas de tierra. El propio representante de la PA afirmó que Sarabia “supuestamente cobró con tierras a quienes no pudieron pagar sus servicios topográficos”, pero “es algo que estamos investigando, tenemos entendido, acaparó terrenos de personas que no tuvieron o no quisieron pagar sus servicios”. Por su parte, uno de los integrantes de la Comisión Investigadora declaró: “Es una forma moderna de extorsionar a los posesionarios, porque muchos de ellos, aunque no aparecieron en la lista de propietarios, tienen mucho tiempo con la posesión de los predios en esos lugares”. Hoy por hoy, el Tribunal Unitario Agrario lleva más de 40 juicios, y de consumarse el intento de regularizar todas las irregularidades el domingo 9 de febrero, durante la asamblea ordinaria del núcleo ejidal, los casos podrían aumentar; sobre todo porque el Grupo de Los Cabos pretende acaparar las tierras con pozos de agua, concesiones mineras y terrenos ganados al mar.