El dinero de Susumo Azano en BC

José Susumo Azano Matsura no se esconde. El 11 de enero de 2014, llegó con su familia a bordo de un costoso Cadillac Phantom, a cenar a un restaurante de carnes del centro de San Diego, California. Airoso, confiado, sonriente, el polémico empresario no se inmutó. Está ligado a Baja California en el centro político y empresarial. Dos casos lo relacionan con esta entidad, al tiempo que la Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, lo investiga por lavado de dinero, a razón de 33 millones de pesos. Primer caso: 2 millones de dólares a Enrique Pelayo Jr. En febrero de 2011, envalentonado y motivado por razones que después se conocerían, Enrique Pelayo Torres, entonces presidente municipal de Ensenada, intentó clausurar Sempra Energy, compañía regasificadora instalada -también de manera polémica- en el puerto. Bajo el argumento de no contar con los permisos que debe otorgar el ayuntamiento para el funcionamiento, el alcalde priista se fue contra la trasnacional. La presidencia de Felipe Calderón entraría de lleno al tema: no solo envió elementos del Ejército Mexicano a resguardar las instalaciones, sino que el propio secretario de Gobernación, el finado Francisco Blake Mora, se encargó de que la clausura no se llevara a cabo. Lo que en un inicio se interpretó como una lucha independiente de un alcalde contra una empresa que no aporta al Municipio, después se develó como una dudosa operación en la que existía una sospecha de transacción económica para fines políticos. En su momento, ZETA reveló que 17 días antes de que el valiente Pelayo se enfrentara a los regasificadores, su hijo, Enrique Pelayo Jr., recibió un depósito de 2 millones de dólares en una cuenta bancaria fuera del país, específicamente en San Diego, California, y que los billetes provenían de una de las empresas de Susumo Azano, quien había comprado pleito legal contra Sempra Energy por la propiedad de unos predios. El entonces alcalde negó la relación con Azano, y explicaría que su hijo hacía negocios con privados, que -por increíble que parezca- en el depósito millonario se habían equivocado: la suma pactada a depositar había sido de 2 millones de pesos, y los inversionistas cometieron un error al hacer la entrega, pero en dólares. También explicaría que su vástago regresó lo adicional depositado a los 2 millones de pesos. La empresa propiedad de Azano que dio el dinero al hijo del ex alcalde, fue Innovadores de Alta Tecnología, S.A. de C.V. El 2 de diciembre de ese mismo año, Enrique Pelayo daría marcha atrás a su aseveración de no conocer al empresario. En entrevista con el periodista Jaime Nieto, admitió conocerlo, ser su amigo, además de aceptar la relación de negocios entre Susumo Azano y su hijo, Enrique Pelayo Navarro. Las autoridades mexicanas que ahora investigan al empresario, no indagaron en el depósito que el hijo del ex presidente municipal recibió. Segundo caso: convenio millonario del General García Ochoa. En los últimos años del sexenio del ex Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, el General Moisés Augusto García Ochoa fungió como director general de administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Un reporte de 2012 publicado por el periódico capitalino El Universal, dio cuenta de cinco contratos, todos firmados por García Ochoa, por un monto total de 5 mil millones de pesos, a favor de una adjudicación directa a la compañía Security Tracking Devices, S.A. de C.V., propiedad de Susumo Azano. Las millonarias compras fueron para adquirir equipo de inteligencia y espionaje “capaz de intervenir teléfonos móviles para escuchar las conversaciones de sus usuarios, espiar mensajería instantánea y extraer de ellos los mensajes de texto, correos electrónicos, listas de contactos, fotografías, e incluso, operar cámaras de manera remota y activar el micrófono para poder escuchar las voces de las personas que estén cerca del teléfono…”. Reportó El Universal: “Uno de los contratos de mayor valor, es el firmado el 27 de julio de 2011, por un monto de 1 mil 160 millones de pesos para la adquisición de un sistema procesador electromagnético. Sin embargo, al ir al detalle del contrato se observa que entre los materiales comprados se encuentra software para equipos de telefonía móvil BlackBerry, Symbian y Android, y se especifica que deberá contar con la capacidad de extracción de datos SMS/MMS, lista de contactos, registros de agenda, monitoreo de e-mail, intercepción…”. Dicho convenio estaba destinado a la Dirección General de Transmisiones. Los excesos en la adjudicación de contratos de manera directa, y las sospechas de autoridades  estadounidenses sobre el proceder de García Ochoa -consideran en la SEDENA-, fueron factores para que el General de División no fuese nombrado Secretario General de la Defensa en el actual gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto. Hoy día, exiliado de las oficinas centrales de la Defensa Nacional, el General García Ochoa fue nombrado Comandante de la II Región Militar, con sede en Mexicali.   Lo investiga la PGR José Susumo Azano Matsura, el multimillonario empresario mexicano de ascendencia japonesa y residente de California, es investigado por los gobiernos de México y Estados Unidos, en dos casos que lo relacionan con delitos federales: lavado de dinero en México, y donativos ilegales a distintas campañas políticas en San Diego. Estos procesos legales fueron expuestos casi simultáneamente en medios informativos de ambos países. El jueves 23 de enero de 2014, el diario Reforma publicó como nota principal, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con la PGR, seguían la pista a 33 millones de pesos que habían sido recibidos de manera irregular en la empresa Comercializadora Piter, a través de una de las empresas de Susumo Azano, denominada Security Tracking Devices o STDi. Carlos Ambe Buzali y Pedro Vega Jiménez, ligados a Comercializadora Piter, fueron recientemente encarcelados por este caso, registrado en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013 de la PGR. El 19 de enero de este año, la Procuraduría General de la República dio a conocer en su comunicado 004/14, avances en la desactivación de lo que consideraba una “importante red de lavado de dinero”, luego que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictara auto de formal prisión contra de Ambe Buzali y Vega Jiménez, por los movimientos irregulares de dinero. Específicamente, se les acusó por los delitos de “operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada”. Parte de una investigación iniciada por la PGR el 6 de septiembre de 2013, tras una denuncia de la UIF, que había identificado una red de ocho personas morales y 17 personas físicas, entre ellas Ambe y Vega. Estas personas y empresas, se dedicaban a crear y desarrollar empresas que brindaban servicios inexistentes. Su objetivo: emitir facturas a empresas o personas físicas para que pudieran simular actos de comercio, que justificaran ingresos que en realidad provenían de actividades ilícitas. De acuerdo con la PGR, las empresas de Ambe emitían facturas que permitían la introducción de dinero ilegal al sistema financiero formal. Luego el dinero “era devuelto a la empresa o persona que presuntamente había pagado los servicios o productos inexistentes, a través de una serie de traspasos entre cuentas abiertas en el territorio nacional y en el extranjero”. Ambe obtenía beneficios, cobrando un porcentaje por la realización de estas operaciones. El caso, según la PGR, abrió la puerta a una “enorme red de personas físicas y morales dedicadas al lavado de dinero”, y los encaminó a múltiples investigaciones en delitos de evasión fiscal. Security Tracking Devices, la empresa de Susumo Azano señalada en las investigaciones de la UIF que dio a conocer Reforma, es la misma que a finales del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, en 2012, fue acusada de recibir más de 5 mil millones de pesos en asignación directa por parte de la SEDENA, que supuestamente le compró equipos electrónicos para espionaje de telefonía celular y mejoras en sus capacidades de inteligencia. Copias de estos contratos de la SEDENA, se hicieron públicos y aún permanecen en el portal de internet de MVS Noticias, del noticiero de Carmen Aristegui. Ninguna sanción o investigación a fondo de este acto se dio a conocer tras la denuncia, y ahora, Susumo Azano y STDi aparecen ligados a una red de lavadores de dinero en México, acercando a la propia Secretaría de la Defensa Nacional, al “enorme” entramado de corrupción y actividades criminales.   Caso Sempra Susumo Azano, no es un personaje desconocido en la región de Baja California. En 2011, su nombre se hizo de dominio público, luego de adquirir derechos exclusivos para el pleito legal que sostiene Ramón Eugenio Sánchez Ritchie contra la trasnacional Sempra Energy, por la propiedad de unos terrenos ubicados en la zona de Costa Azul, en la delegación de El Sauzal, en Ensenada. En febrero de ese año, la situación se convertiría en un escándalo internacional y un asunto de interés nacional, luego de la intervención del gobierno municipal de Ensenada, que por órdenes del entonces alcalde Enrique Pelayo Torres, intentó clausurar la planta regasificadora, bajo el argumento de que ésta no tenía sus permisos en regla. Respaldando la orden de Pelayo Torres en el cierre de las instalaciones, estuvieron la secretaria de Administración Urbana, Diana Montfort; la directora de Control Urbano, Lourdes Oliva Valdez; y el secretario de Seguridad Pública Municipal, el General de la SEDENA en retiro, Florencio Raúl Cuevas Salgado. La acción del ayuntamiento fue detenida por el Gobierno Federal, por órdenes del entonces secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, acudiendo al sitio personal de la Secretaría de Marina, para evitar que se mantuvieran bloqueadas las operaciones de Sempra. 17 días antes del intento de Pelayo Torres por cerrar la planta regasificadora de gas natural, operando en el sitio bajo el nombre Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. -ahora IEnova Infraestructura Energética-, un depósito de 2 millones de dólares había llegado a una cuenta de banco en San Diego, California, a nombre de su hijo Enrique Pelayo Navarro, proveniente de Procesos Innovadores de Alta Tecnología, S.A. de C.V. A mediados de 2011, ZETA dio a conocer esa transacción, tras confirmar la autenticidad del depósito que la empresa de Azano realizó en dólares a través de Banorte, desde Zapopan, Jalisco. Días antes, Darcel L. Hulse, presidente y jefe ejecutivo de Sempra, había referido al periódico El Financiero que estaba siendo extorsionado por abogados del lado de Sánchez Ritchie y Susumo Azano, señalando a este último como la cabeza de la extorsión. Enrique Pelayo Navarro había recibido en su cuenta personal, 2 millones 188 mil dólares de negocios con giros completamente diferentes a los que él y su familia se dedican, que son farmacias, venta de licores y cerveza, y la operación de un casino. El Gobierno Federal nunca dio a conocer alguna investigación sobre estos depósitos en la cuenta del hijo del alcalde. Fuentes extraoficiales apuntaban que los 2 millones de dólares de la empresa ligada a Susumo Azano, y depositados a Pelayo Navarro, eran para financiar el combate contra Sempra, en el que se involucró Pelayo Torres. Darcel L. Hulse mencionó a El Financiero, a otros personajes involucrados: Enrique Acosta Fregoso, entonces asesor legal de Sánchez Ritchie y ahora titular de la SEDATU en Baja California; el entonces diputado de Zacatecas por el Partido de la Revolución Democrática, José Narro Céspedes; y Jaime Martínez Veloz, actual Comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en la Secretaría de Gobernación, a través de escritos publicados en La Jornada. La relación entre Susumo Azano y Enrique Pelayo Torres fue negada en un inicio por el propio ex alcalde de Ensenada, sin embargo, el 2 de diciembre de 2011, durante una entrevista radiofónica con el periodista Jaime Nieto, Pelayo admitiría, entre otras cosas, no solo conocer al empresario, sino que era su amigo, que su hijo tenía negocios con él, y que el mismo Azano le prometió donar al municipio de  Ensenada, sus ganancias en el litigio contra Sempra. Esto significaba que el servidor público había mentido abiertamente sobre sus vínculos con el empresario de origen nipón.   El dinero de Azano en San Diego Los negocios y el dinero de Susumo Azano, no solo han generado fuertes polémicas en México. Este año, la ciudad de San Diego inició con un escándalo que involucra a cuatro políticos con el dinero del empresario. El gobierno de Estados Unidos, a través de tres agencias (FBI, Servicio de Impuestos Internos y el Departamento de Policía de San Diego), investiga transferencias de alrededor de medio millón de dólares para campañas políticas de estos personajes, con recursos provenientes de Azano. Una violación a las leyes de ese país, debido a que únicamente sus ciudadanos tienen permitido donar dinero a campañas políticas. Los involucrados en esta elaborada red de corrupción, en la que al menos tres acusados directos intentaron engañar al gobierno federal para hacer llegar el dinero de Susumo Azano a sus respectivas campañas, son: la fiscal de distrito Bonnie Dumanis, el congresista Juan Vargas, el ex alcalde de San Diego, Bob Filner, y el ex asambleísta Nathan Fletcher. Investigaciones realizadas por reporteros del periódico The San Diego Union Tribune, ligaron a estos políticos y a Susumo Azano, luego de que en la Corte, no se mencionaran directamente los nombres de los personajes, sino que se hizo referencia al empresario como “The Foreign National”. No obstante, con cruces de información, de fechas, de dinero y otros datos, salieron a la luz los nombres. Incluso el proceso, paso a paso, de cómo los obtuvieron, fue publicado en el sitio de internet de la televisora KPBS, de la Universidad Estatal de San Diego, bajo el título “Cómo descubrir un escándalo desde tu sofá” (http://www.kpbs.org/news/2014/jan/27/how-to-uncover-scandal-you-couch/). Los que sí fueron expuestos ante la fiscalía de Estados Unidos en el Distrito Sur de California, son los acusados directos: Ravneet Singh, autoproclamado “gurú de las campañas”. Dueño de la empresa ElectionMall Inc., con sede en Washington D.C. Es acusado de facilitar contribuciones con dinero ilícito (de Susumo Azano) cercano a los 300 mil dólares, para las campañas políticas en San Diego, durante 2012 y 2013. Ernesto Encinas. Ex detective del Departamento de Policía de San Diego, acusado de procurar el despido del jefe de Policía de San Diego y seleccionar un reemplazo; y de ayudar a Singh a enmascarar las contribuciones de Azano, a través de lo que en inglés se denomina “shell companies”, es decir, compañías que existen, pero en realidad no brindan ningún servicio real, tal y como las empresas de lavado de dinero en México, vinculadas a Susumo Azano en las investigaciones de la PGR. Marco Polo Cortes. Cabildero de San Diego de 44 años de edad, por conspirar junto a Encinas y Singh en canalizar más de 500 mil dólares de dinero foráneo ilegal, hacia las campañas políticas en San Diego. El 21 de enero de 2014, la Oficina de la Fiscalía de Estados Unidos dio a conocer formalmente las acusaciones en contra de Ravneet Singh y Ernesto Encinas. Un día después, informaría sobre los cargos en contra de Marco Polo Cortes, arrestado el 21 de enero en una zona de San Diego conocida como Little Italy. El caso, registrado ante la Corte tras la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), refiere que desde 2011 hasta 2013, Ravneet Singh, su empresa ElectionMall y Ernesto Encinas, conspiraron en conjunto y a sabiendas de que cometían un delito, para hacer los donativos a gastos de campaña en San Diego, falsificando a su paso registros de los movimientos de dinero. En los documentos de la Corte, se menciona que “The Foreign National” (Azano) es un empresario adinerado con residencia en California, ciudadano de México y no ciudadano de Estados Unidos. Agrega que nunca ha solicitado u obtenido el estatus de residente permanente de Estados Unidos. Por ende, bajo el Título 2 del Código de Estados Unidos, como un extranjero, no tiene facultades legales para realizar donativos, contribuciones ni gastos directos o indirectos que se relaciones con alguna elección local, estatal, o federal. La investigación refiere que Encinas, policía retirado, además de ayudar a hacer llegar el dinero de Susumo hasta los políticos, también contribuyó a que éste procurara favores de candidatos y funcionarios en turno en San Diego. Las autoridades refieren que “The Foreign National”, logró llevar el dinero ilegal a  las campañas de San Diego, a través de un amigo personal y prestanombres (“The Straw Donor”), propietario de una empresa en California, cuyo nombre no es dado a conocer. Los testigos citados por la parte acusadora, refieren que en 2011 el empresario mexicano estaba interesado en influir en la política electoral de San Diego. Para ello utilizó a Encinas como intermediario ante representantes de los candidatos, quienes le refirieron que extranjeros no podían donar a campañas, algo que presumiblemente, el propio ex policía informó a Susumo Azano. No obstante, en 2012, Encinas y Susumo crearon un comité de gastos independiente, conocido en Estados Unidos como “PAC”, “SuperPAC” o “IE”, que se utiliza para financiar campañas políticas. De acuerdo con registros en poder de la autoridad, Encinas invirtió 3 mil dólares en este comité, mientras que el mexicano contribuyó con 100 mil, aunque no lo fundó directamente, sino que lo hizo a través de una empresa fantasma con base en Estados Unidos. A través de este comité, pudieron colocar 114 mil dólares para uno de los candidatos. De esa misma forma, las autoridades dan cuenta de otros movimientos hechos por Encinas, y agregan que Singh y su empresa ElectionMall, recibieron cerca de 100 mil dólares del mexicano para beneficiar al mismo candidato a través de anuncios publicitarios, adicionales a lo que habían sido invertidos a través del PAC. Un proceso similar realizaron para beneficiar a otro candidato, a través del prestanombres amigo de Susumo, que recibió al menos 380 mil dólares en octubre de 2012 y luego envió 30 mil a uno de los comités de campaña de un candidato en una campaña federal. Lo mismo ocurrió con un tercer candidato, quien recibió apoyos en su campaña que nunca fueron reportados, y coincidieron con un depósito de 190 mil dólares de una empresa de Susumo a ElectionMall. A la par, el prestanombres amigo de Azano, enviaría un cheque de 120 mil dólares a un comité de gastos del mismo candidato, mientras un miembro del comité envió un correo electrónico agradeciendo a Encinas por el cheque. Luego vino otro cheque de 30 mil dólares del prestanombres con dinero de Azano para esa misma campaña. El 1 de agosto de 2013, Encinas llamó por celular a uno de los informantes en el caso, preguntando si en este caso -identificado como candidato cuatro- contendería por el cargo de alcalde de San Diego, en caso de que Bob Filner renunciara. Asimismo, Encinas preguntó a esta persona si estaría interesada en recibir financiamiento foráneo a su campaña, obteniendo como respuesta que “tenía que ser limpio”. La renuncia de Filner llegó, y el candidato cuatro se postuló para la alcaldía, por lo que Ernesto Encinas se reunió en dos ocasiones, a finales de agosto y principios de septiembre de 2013, con personal de la campaña, sin el conocimiento del candidato, para acordar el apoyo en dinero, dejando en claro en varias ocasiones lo ilegal del proceso; declaraciones que fueron grabadas en audio y video. A cambio, Encinas buscaba que el nuevo alcalde corriera al jefe de la Policía de San Diego y lo reemplazara con alguien de su elección, como garantía del apoyo que daría Susumo. Éstos son algunos de los aspectos más relevantes dentro de la investigación en curso, y que tiene en jaque al empresario de origen japonés, cuyas casas en San Diego ya han sido cateadas por el FBI, de acuerdo a distintos medios locales, aunque no se ha conocido alguna orden de aprehensión en su contra. El 28 de enero, la reportera Amita Sharma informó a través del portal de noticias de KPBS, que la firma Williams & Connolly LLP, una de las más poderosas firmas de abogados en Estados Unidos y el mundo, habría visitado San Diego en lo que parecían ser sus primeros acercamientos, para encargarse de la defensa de Susumo Azano en las investigaciones del FBI y demás dependencias.   La empresa de Susumo Security Tracking Devices o STDi, la empresa de seguridad de José Susumo Azano Matsura opera, a su decir, a nivel global. Su portal de internet no tiene fotografías de sus instalaciones, y maneja poca información. Aseguran ser una empresa global establecida en 1998, “que ofrece soluciones integrales para los Centros de Mandos de inteligencia”, tener oficinas en Europa, Latinoamérica y el Medio Oriente; y haber diseñado y construido centros de mando de inteligencia. “STDi tiene acceso a la tecnología más avanzada que genera flujos masivos de información crítica a las agencia de seguridad nacional que servirán para combatir la delincuencia organizada”. A través de su tecnología de vanguardia, “STDi ofrece integración de sistemas, servicios técnicos y productos para todas las aplicaciones diseñadas para beneficiar a las agencias de inteligencia y gobiernos de todo el mundo”, señala en su página http://stdintelligence.com/ Sus supuestas ubicaciones son las siguientes: * En México: Paseo de las Palmas número 405, Piso 9, Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo, México, DF. C.P. 11000. * En Singapur: STDi Enterprises Pte. Ltd. 80 Raffles Place #32-01 UOB, Plaza 1, Singapore 048624. * En Londres, Inglaterra: FLAT A 130, Park Lane, London W1K 7AE. * En Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Emaar Square, Burj Khalifa District, Building 4, Level 2, P.O.Box 65886, Dubai, UAE. De estos sitios no aparece una sola imagen.