Caso Jonathan sigue impune

Primero acusaron a Gary Gaines Hidalgo, después a Carlos Alejandro Castro Castro “El Bebo”, Emilio González Rubio y Alonso Jassiel Soto Murillo y finalmente a Daniel Sánchez Ávila “El Danny”. Pero ni testigos ni pruebas presentadas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur tuvieron el peso jurídico suficiente para mantenerlos en prisión, después de haber sido acusados del asesinato del abogado Jonathan Hernández Ascencio, ocurrido el 4 de marzo del 2010 en el bar “Las Micheladas” de La Paz. En el último episodio del Caso Jonathan, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, Bárbaro Valenzuela Serrano, decretó el pasado 18 de febrero la liberación del último de los acusados: Daniel Sánchez Ávila, quien desde un principio fue identificado por agentes de investigación como “El hijo del gobernador”. La liberación del joven partió de un juicio de amparo a su favor, donde el Juez Segundo de Distrito, Francisco Javier Silva de Anda, ordenó reponer el proceso y decretar una nueva resolución tras haberse dictado el auto de formal prisión, en cuyo lapso transcurrieron un año y 7 meses. Las pruebas más contundentes de la PGJE en contra de Daniel Sánchez Ávila fueron las siguientes: 1.- La imputación de los testigos Daniel Adrián del Valle García, Maribel del Carmen González Meza y Luis Francisco Robles, quienes en sus declaraciones ministeriales señalaron al joven “como la persona responsable de haber disparado el arma en contra de Jonathan Hernández Ascencio”. 2.- Un parte informativo elaborado por la Comandancia contra Homicidio de la Policía Ministerial del Estado, donde determinaba la responsabilidad del joven, con base en la vestimenta que llevaba el día del crimen, así como las características físicas del acusado y que describían al presunto responsable como “una persona alta, de complexión regular, cabello corto y negro y de piel morena”. Sin embargo, el juez de la causa consideró que “no había elementos suficientes para poder condenarlo por el delito de homicidio calificado con alevosía y ventaja”; entonces ordenó su libertad. Las dudas sobre su participación en el crimen surgieron desde el momento en que fue capturado y ordenado su arraigo por 30 días durante los cuales no se pudo demostrar la responsabilidad penal. No obstante, la PGJE lo consignó bajo el número de averiguación previa LPZ/013/HOM/2011, y posteriormente, fue sujeto a un proceso penal. El padre del joven, José Cruz Sánchez Astorga, dijo tras la salida de su hijo que “la justicia no fue divina, sino más bien fue una farsa lo que hicieron y todo se paga en esta vida”. El abogado defensor de “El Danny”, Miguel Ángel Meza Figueroa, anticipó que actualmente analizan si presentarán denuncia penal en contra de la PGJE por la serie de violaciones que se cometieron en su contra. Textualmente expuso: “Vamos a ver qué sigue más adelante”. Las primeras palabras de Daniel Sánchez Ávila fueron de agradecimiento a sus padres y amigos y dijo que no desea que nadie pase por donde pasó, ya que todo fue un infierno dentro del Cereso de La Paz. “Me pasaron cosas muy buenas y muy malas, pésimas y todo, en todo un año y medio siempre hubo de todo, un remolino de sentimientos”, expresó y agregó que “legalmente buscará que las autoridades limpien su nombre, así como buscar la reparación de los daños provocados en su persona y a la misma familia”. Cuando salió del penal, un grupo de familiares y amigos esperaban inquietos a quien fue recibido en medio de besos y abrazos. Por su parte el padre de la víctima, Daniel Hernández Aguirre explicó que “la justicia no me convence y mucho menos viniendo de la Procuraduría”. “¿Ahora cuál es el episodio siguiente, respecto a las consecuencias de las malas indagaciones de la PGJE?”, preguntó el abogado defensor, Miguel Ángel Meza Figueroa, al mismo tiempo se respondió diciendo “que queda en la familia, se revisará el caso para determinar acciones”. Daniel Hernández Aguirre, padre del joven ejecutado, dijo a Semanario ZETA que el Gobierno Estatal de Marcos Covarrubias debe “dedicarse un poquito a lo que nos está dañando, que es la inseguridad, la impartición de justicia y el estado de derecho que ya no existe en Baja California Sur”. Después de la liberación de Daniel Sánchez Ávila “El Danny”, la pregunta en boca de la sociedad es la misma desde hace 4 años. ¿Quién mató a Jonathan?