En la Comisión Estatal de Servicios Públicos “retiraron” la convocatoria pública 1C-NA-028-2013, referente a contratar el servicio de seguridad privada. La anulación fue ordenada por Contraloría General del Estado, lo que obligó a Alfonso Álvarez Juan, director de la Comisión, a recular en su intento de imponer una licitación a modo para favorecer a su empresa Previniendo S.C. Especializada, precisamente, de seguridad privada. Álvarez también fue advertido por la dirección de Fiscalización que el imponer licitaciones a modo representa un acto constitutivo de responsabilidad administrativa meritorio de sanciones. Tal apercibimiento le fue expuesto el 8 de enero de 2014, el mismo día que declaraba a ZETA que no había ninguna irregularidad en tal licitación, y que todas las dudas de los interesados en participar en el concurso habían sido aclaradas satisfactoriamente, argumento que ratificó una semana después en una segunda entrevista. De acuerdo al análisis efectuado por la Dirección de Fiscalización y Evaluación de la Inversión Pública, a cargo de Yolanda Isabel Fierro Valenzuela, el pliego de condiciones demandados en la convocatoria no estaba totalmente apegado a derecho, lo que “limita o perjudica la libre concurrencia de propuestas”. Por eso resolvieron anular el procedimiento de licitación y demandaron “reencauzar a la legalidad el procedimiento de contratación descrito…”, para lo cual determinó un plazo no mayor de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de haber sido notificado. Plazo que venció el jueves 30 de enero. Con que no incluya a su empresa otra vez…
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