Estaban acusados de colaborar para el Cártel de los Beltrán Leyva El Juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco dictó sentencia absolutoria a favor de los ex funcionarios de la Procuraduría General de la República Antonio Mejía Robles y Miguel Colorado González al no haberse probado los delitos por los que se les enjuiciaba. Ambos ex funcionarios pertenecieron a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, SIEDO, hoy conocida como SEIDO y en la administración del presidente Felipe Calderón se les vinculó a la organización criminal de los hermanos Beltrán Leyva. El juzgador exoneró en la causa penal 250/2008 a Mejía y Colorado de las imputaciones de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y contra la Salud en la modalidad de colaborar de cualquier manera al fomento para posibilitar dicha actividad. Colorado también fue absuelto por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en su modalidad de adquirir bienes, depositar y transferir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que representan el producto de una actividad ilícita. Al dictarse la sentencia definitiva, el juez determinó que las acusaciones en contra de los ex funcionarios federales “carecen de valor probatorio, en razón de que fueron desvirtuadas durante el proceso penal, evidenciando que los testigos colaboradores o protegidos no se condujeron con verdad y declararon sobre hechos que nos les constaban de manera directa”. Además el fallo se basó en determinaciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha sustentado diversos criterios jurisprudenciales en el sentido de que “una prueba cuya obtención ha sido irregular, no puede ser considerada válida, ya que de lo contrario, los inculpados estarían en condición de desventaja para hacer valer su defensa”. En cuanto al delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, imputado a Miguel Colorado González, la autoridad jurisdiccional concluyó que los medios de prueba allegados a los autos resultan insuficientes para acreditar el ilícito. Esta absolución se une a las que ya antes se han dictado a ex funcionarios federales o militares de alto rango de la administración calderonista a quienes se acusó de favorecer e informar al Cártel Beltrán Leyva de las salidas del personal de la PGR, de los lugares a los que iban, así como las acciones policiacas que se llevarían a cabo.
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