1.- Sin duda alguna, la verificación vehicular es una medida necesaria, útil y buena para el bienestar de los bajacalifornianos… siempre y cuando estuviera bien planeada, organizada, con los recursos técnicos y humanos necesarios para dar un buen servicio; solo que, de la manera en que se puso en práctica no fue la más acertada y ha dado pie a que se vaya modificando esta acción que pretende ser ecológica. La no bien recibida verificación es percibida por los ciudadanos más como una medida recaudatoria que ecológica; la consideran desorganizada, con instalaciones y personal insuficiente, lo que la ha convertido en un trámite engorroso al que los propietarios de automóviles particulares y de servicio público le han “sacado la vuelta” esperando ver qué sucede con ese programa. Lo anterior habla sin duda alguna, de la falta de conciencia entre los conductores de autos y de su falta de compromiso con el cuidado ambiental; sin embargo, no toda la culpa es de los propietarios de autos, pues además de un buena campaña de concientización, el gobierno del estado debe ofrecer un mejor servicio, para lo que es necesario más y mejores instalaciones además de reducir el tiempo del trámite y aclarar lo que sucederá con las unidades que no acrediten esa verificación. 2.- En el Estado existen 16 centros de verificación vehicular distribuidos en los cinco municipios; seis de ellos se ubican en Tijuana, seis en Mexicali, dos en Ensenada, uno en Tecate y otro en Playas de Rosarito, mismo que –demostrado está– no son suficientes, así lo indican las enormes filas de autos y las largas horas de espera de sus conductores. Por otra parte, habrá que preguntarse cuál será la suerte de buena parte de las unidades del servicio público de transporte de pasajeros, taxis, calafias, autobuses que seguramente no “pasarán” la verificación; ¿habrá algún tipo de arreglo? ¿Los obligarán a adquirir unidades más nuevas y en mejores condiciones mecánicas? ¿Y los vehículos oficiales? ¿Y los autos “chocolate”? ¿Los de los influyentes”, los de los policías y personal de seguridad que circulan ilegalmente en el estado? ¿Y los carros de aquellos que con mucho trabajo los adquieren usados, muy usados? 3.- Tan controvertida ha resultado esta medida, que el Congreso local aprobó modificaciones a la regulación de los servicios de control vehicular, de tal forma que una vez publicadas, y si no son vetadas por el gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid, se tendrá un plazo de gracia de 100 días para realizar trámites relacionados con vehículos de motor sin necesidad de cumplir con el requisito de la verificación. Vencido el plazo, quien no la realice, se hará acreedor a una multa de 5 salarios mínimos vigente en Baja California; mientras. Tal vez la medida pudiera ser positiva, aunque se dice que los autos aportan apenas el 5% de la contaminación ambiental y que el negocio –como tal– fue implementado más con la idea de hacerse de un dinero extra que, a como están las arcas de la administración estatal, no le caería nada mal. Tampoco a los concesionarios de los llamados “verificentros” le “hacen gestos” a las millonarias sumas que habrá de recibir la familia de Jorge Kahwagi como una suerte de pago –se dice– por su apoyo para el PAN cuando Osuna Millán derrotó a Jorge Hank Rhon en la contienda por la gubernatura de BC. La opacidad y no la transparencia, la recaudación y no la protección al medio ambiente, los titubeos y no la firmeza, los intereses políticos y no los ciudadanos, el negocio por encima de la economía popular parecen ser los distintivos de esta medida. ¿Por qué no mirar a futuro? ¿Por qué no buscar otras formas de evitar la contaminación? ¿Por qué no idear y promover otros tipos de transporte colectivo? Esta es una mala copia de otros programas de verificación llevados a cabo en otros países. P.D.- Entre tanto, aproveche la oportunidad de realizar su trámite de revalidación de tarjeta de circulación pero, también tome conciencia de la necesidad de no contaminar. Adendum.- Otra “novedad” en la estrategia por la seguridad en Michoacán: ofrece el gobierno federal recompensa por más de 100 millones de pesos para lograr la detención de los líderes del narcotráfico en aquella región. No pues sí, menos mal que hacen las cosas de manera “diferente”. Óscar Hernández Espinoza es egresado de la Facultad de Derecho por la UABC y es profesor de Cultura de la Legalidad y de Formación Cívica y Ética en Tijuana. Correo: profeohe@hotmail.com
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