Retrasan sanciones a policías

En Tijuana, más de 200 denuncias pendientes contra uniformados Desde el año 2011 a la fecha, existe un rezago de 222 expedientes de policías que no han sido resueltos en la Comisión de Desarrollo Policial del municipio de Tijuana; procedimientos que inician por señalamientos ciudadanos, oficiosamente o por determinación de la propia autoridad. Faltas injustificadas, abuso de autoridad, corrupción, positivo en antidoping, presentación de documentos falsos y hasta abuso sexual son señalamientos que versan en 466 expedientes recibidos desde hace dos años, de los cuales solo se ha resuelto el 50 por ciento. El retraso se debe a la prolongación de los procesos derivado de las posibilidades de defensa de los agentes municipales, a la interposición de amparos y al uso del Tribunal de lo Contencioso Administrativo como método de defensa alterno, comenta en entrevista Martha Imelda Almanza Topete, secretaria técnica de la Comisión de Desarrollo Policial. “Las nuevas legislaciones obviamente tienden a ponderar el derecho de la aplicación de la ley y la garantía de audiencia de los mismos agentes policiacos, esto quiere decir que si un agente, por la multiplicidad de defensas que ofrece, prolonga el tiempo, pues obviamente se atenderá el principio de defensa a un tiempo al que conmina la autoridad determinar, entonces siempre se tiene que estar cuidando en esencia el principio de defensa de los miembros y eso es lo que ha determinado el órgano colegiado”. De los más de 400 proyectos que Sindicatura Municipal ha turnado a este órgano de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, 149 están como concluidos, 57 en procedimientos de defensa de los agentes señalados y 38 pendientes de dictar resolución, “es el trabajo que hemos hecho en nuestra gestión”, refiere la funcionaria. Los 222 restantes, son los que aún están por iniciarse. La Dirección de Responsabilidades debe iniciar el proceso contra el agente y tiene un margen de un año para generar una petición a la Comisión de Desarrollo Policial desde el momento en que se inicia una investigación, ya sea por denuncia, de manera oficiosa o por un señalamiento de otro funcionario. “En este aspecto podemos decir un ejemplo, es que si alguien realiza alguna denuncia, dependiendo los datos que aporte, sindicatura analiza y hace los análisis previos para conformar el expediente”, dice Almanza. Por otra parte, como comenta Verónica Zavala, responsable de la Dirección de Responsabilidades de sindicatura, se identifica  al policía señalado y se implementan mecanismos para “robustecer” las acusaciones. “Se levantan testimonios para robustecer el dicho del ciudadano que levantó la queja, posterior a la integración, se emite una resolución en la dirección de responsabilidades. Se turnan los autos a la comisión, ellos son los que sancionan, ya la labor de sindicatura y en específico de la dirección de responsabilidades, ya no es sancionar, le corresponde a la comisión, nosotros se los turnamos, ellos hacen su pleno y resuelven colegiadamente la sanción a imponer al oficial, de acuerdo a la falta en que haya incurrido”. Para resolver colegiadamente una integración proveniente de Sindicatura Municipal, la comisión abre otro periodo de tres años que contempla: el análisis, un periodo de defensa del acusado y finalmente, la resolución del caso. A partir de ahí se determina si hay o no responsabilidad del funcionario –agente municipal-, y si la acción a evaluar amerita remoción definitiva o suspensión temporal.   “La constitución federal y local habla de un término de 3 años para establecer sanción, ya sea administrativa o de no responsabilidad, inclusive, se acredita que no existen elementos suficientes como para determinar una remoción o una separación”. Así los procedimientos abiertos contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se retrasan años y en el peor de los casos prescriben. Año por año: resultados y faltantes en la comisión El reglamento del Servicio de Seguridad Pública para el municipio de Tijuana refiere 7 integrantes de la Comisión de Desarrollo Policial: el secretario de Seguridad Pública Municipal, el director de Policía y Tránsito Municipal, el secretario técnico de la comisión, el síndico procurador, un miembro condecorado de la Unidad Operativa, el regidor presidente de la Comisión de Seguridad Pública y un representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Tijuana, con voz, pero sin voto. Del año 2011 al 2013 Sindicatura Municipal remitió a este órgano colegiado un total de 466  expedientes, en los cuales se establecieron peticiones de remoción. Hasta el momento, han sido removidos 89 agentes, 69 de manera definitiva y 20 temporal. Cada expediente saliente de Sindicatura Municipal puede involucrar a más de un elemento de la policía municipal, por lo que no es posible determinar cuántos policías están involucrados en procesos, a partir de la información otorgada a este semanario.   Al terminar el 2011 se registraron 217 pedimentos en la comisión, en su mayoría (70 por ciento) por faltas injustificadas. Le siguen investigaciones por abuso de autoridad con un 15.2 por ciento, elementos con antecedentes penales con un 3.60 por ciento, presentación de documentos falsos con el 3.2, corrupción, faltas por diligencia y positivo en antidoping con el 1.8 por ciento cada uno y abuso sexual con el 0.90 por ciento. De los expedientes de aquel año, solo se han concluido 129, equivalentes al 59 por ciento, y dentro de éstos están 33 pendientes en dictar resolución, porque los resultados de las investigaciones están en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo o bajo amparo, y por ello no pueden proceder. “En muchos asuntos determina que no se resuelva hasta que no dicte una resolución. Entonces no es que tengamos un rezago, tenemos un impedimento para dictar por una entidad que administra justicia”, argumentó  Almanza Topete.  Además, existen 43 expedientes en estatus de “instrucción”, iniciados y en etapa de defensa de los acusados. Para el 2012 el rubro con mayor cantidad de expedientes siguió siendo el de las faltas injustificadas con el 36 por ciento de 93 investigaciones turnadas a la comisión en el año. Con el 24.70 le sigue el abuso de autoridad, el 12.9 por positivo en antidoping, 7.5 por ciento por faltas en diligencias igual que el tema de corrupción,  casos de policías con antecedentes penales equivalentes al 6.4 por ciento, señalamientos por abuso sexual con el 2.10 por ciento, además, elementos con más de dos sanciones en un año y presentación de documentos falsos con uno por ciento cada uno. Apenas 7 asuntos están concluidos y tres pendientes en dictar resolución,  11 en etapa de defensa y  faltan por iniciar alrededor de 72 casos. Una efectividad anual del 7.52 por ciento. En este 2013, la efectividad de la Comisión de Desarrollo Policial alcanzó un 8.33 por ciento en términos cuantitativos, si se toma en cuenta que de los 156 expedientes que se le turnaron, se han resuelto 13 y 138 quedan pendientes. Dos están en espera de resolución  y 3 en etapa de defensa. De esas 156 investigaciones, el 39.70 por ciento se iniciaron a elementos que no acreditaron los exámenes de confianza. “En el 2013 se tiene una mayor actividad registrada por parte de los trabajos realizados de manera conjunta con la Secretaría de Seguridad Pública estatal y municipal”, refiere la secretaria técnica de la comisión referente a los exámenes de control y confianza. También se registra el 16.60 por ciento en investigaciones por faltas injustificadas, el mismo porcentaje en faltas en diligencias, el 9.60 por ciento en antecedentes penales, 8.3 en abuso de autoridad, 4.4 por ciento en extorsión y por más de dos sanciones al año. El rezago En la opinión de Martha Almanza Topete, quien cumple más de dos años en la secretaría técnica de la comisión, una de las causas del rezago existente no es la falta de efectividad en el órgano, si no la cantidad de expedientes que quedaron pendientes en administraciones pasadas. “Cuando llegué, aquí a esta oficina, habían 200 expedientes pendientes. Entonces obviamente se le ha dado mayor agilidad a los pendientes, siempre y cuando se respeten los tiempos”. De igual forma, los procedimientos de inconformidad de los elementos investigados traducidos en juicios de amparo o demandas en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además comenta que existen asuntos donde está en duda una actuación condenable del agente, los procesos ya prescribieron u otros donde existen antecedentes de que ya han sido sancionados administrativamente, por lo que no proceden en la comisión.   “Cada petición que hace sindicatura, el órgano colegiado no puede dejar pasar esas situaciones, entonces hay muchos expedientes donde no necesariamente los vas a iniciar. Si no que vas a ser ahora garante en aplicar la ley, y si un asunto ya está prescrito y ya prescrito ha sido observado y se pasó inadvertidamente, el órgano colegiado puede decir ‘este asunto, esta prescripción no procede’. Entonces, no todo lo que llega aquí necesariamente se va a iniciar en unos procedimientos de remoción o suspensión”. La prioridad es el impacto social La evaluación de las investigaciones dirigidas a la comisión en cuestión es independiente de las faltas o delitos que presuntamente cometió un agente. La secretaria técnica del órgano habla de más bien un impacto social, es decir, las consecuencias de una falta en la ciudadanía. “Lo que puedes hablar es de un impacto reiterativo de conducta de la gente, porque hay miembros no solo con un expediente, tienen hasta cuatro. Entonces lógicamente eso te da una movilidad de los mismos expedientes, hablar inclusive, de acumulación de expedientes porque es más ágil el procedimiento”. — ¿Un caso de un agente señalado por abuso sexual desde el 2011 podría seguir pendiente?, se le plantea hipotéticamente. “Bueno, hay que ver el marco del impacto social. Yo recuerdo cuando recién ingresé había un asunto, no te puedo hablar específicamente porque están reservados, pero había un asunto de impacto social donde era la misma ciudadanía que tachaba la conducta de los agentes que se vieron involucrados en un acto con tintes de abuso sexual. El asunto ya estaba concluido por quien estaba  al frente de esta oficina, cuando llego yo, estaba para dictarse un proyecto de resolución. Ese asunto está activo por parte de un solo elemento que ese elemento, en su momento interpuso diversos recursos como fue un amparo, después se fue a la vía contenciosa, entonces de la mayoría se resolvió y actualmente se encuentra pendiente. No es determinar por determinar, sino que se tiene que ponderar el derecho de audiencia y de defensa. Si ese elemento ofreció 10 pruebas, la obligación de la autoridad es, o dar las facilidades para que se desahoguen o por lo menos acreditar que sí hizo las acciones tendientes para que se defendiera”, refiere Almanza Topete.  Ombudsman en BC desinteresado Para obtener mayor información sobre señalamientos contra elementos de la Policía Municipal en Tijuana, se intentó contactar para una entrevista al titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) en Baja California, Arnulfo de León Lavenant, pero no se tuvo éxito. En el último intento, el funcionario contestó su teléfono celular, pero apenas escuchó la solicitud de entrevista, sin decir palabra, cortó la llamada. A continuación, los números que la propia PDH hizo públicos en diversos “informes de actividades” en 2013: * Del mes de enero a noviembre, se recibieron mil 88 quejas por acciones de las diferentes corporaciones policiacas en el estado. * Las tres instituciones de seguridad pública que más denuncias tuvieron ante la institución de derechos humanos fueron: Policías Municipales de los cinco ayuntamientos: 614. Policía Estatal Preventiva: 213 Centro de Readaptación Social “El Hongo”: 184. Comisión de Desarrollo Policial Presidente-Secretario de Seguridad Pública Alejandro Lares Valladares Secretario Técnico Martha Almanza Topete Vocal: Síndico Procurador Arturo Ledesma Romo Vocal: Director de Policía y Tránsito Reyes Montilla López Vocal: Miembro Condecorado José Luis Medina Regidor de Seguridad Pública Martha Rubio Ponce Representante del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Genaro de la Torre