En los últimos días, pocas empresas, pocos mexicanos -que no vivan del gobierno o de empresas que gozan de concesiones gubernamentales-, pueden decir que les ha ido bien en términos financieros. Lo que más se escucha y se siente en todo el país, es la contracción de la economía, la parálisis de las inversiones, la contención en el flujo de efectivo. Aún no pasa un mes de la entrada en vigor de la Reforma Fiscal del Presidente Enrique Peña Nieto, y ya el cerebro detrás de la misma, su secretario de hacienda y crédito público, Luis Videgaray Caso, anunció hace unos días y desde Davos, Suiza, la elaboración y firma de un “Pacto Fiscal” con la clase empresarial mexicana para “dar certidumbre a los trabajadores y a las empresas” en la cuestión tributaria. La realidad es que, como muchos especialistas, economistas, contadores, fiscalistas, también en el Gobierno de Peña están percibiendo la Reforma Fiscal como un error, que se ha concentrado primordialmente en mayores y más rígidas condiciones tributarias a los contribuyentes cautivos en un intento por acabar con las evasiones y mañas de los no contribuyentes, especialmente aquellos que se desarrollan y crecen en el ámbito del crimen organizado. Es decir, que, efectivamente se crearon reglas para obligar a todos los mexicanos, a todos, todos, taqueros, abarroteros, comerciantes, inversionistas, a seguir rígidas reglas de tributación y complicados programas de facturación, para evitar casos de blanqueo de dinero, de fraudes y de crecimiento del dinero ilícito, se logra –en un escenario donde se considera que el criminal cumple con sus obligaciones fiscales- ponerlos contra la pared, pero de igual manera se pone contra la pared al contribuyente cumplido, al que siempre ha declarado sus impuestos y ha pagado a la hacienda pública lo que corresponde. Es precisamente esta clase, el contribuyente cumplido, el contribuyente cautivo, el que se encuentra en estos momentos asfixiado ante la retahíla de nuevas reglas, formatos, facturas, programas y requerimientos cientos que debe seguir para reactivar el proceso financiero económico del que venía viviendo y contribuyendo al gobierno. Para empezar, en estos primeros veintitantos días del año, la inflación casi llega al puntaje en el que concluyó en todo 2013, sobre pasa el 3.5 porcentual, y explicaron los colaboradores de Peña desde Davos, que sí, que sí se debe a la Reforma Fiscal. Vaya, en la frontera y por pura lógica, la inflación llega al 5 por ciento dado que ese fue el incremento en el Impuesto al Valor Agregado. Eso en la mínima ecuación, sin considerar que los incrementos llegan al 40 por ciento en servicios y productos dado que los prestadores sacrificarán en menor medida, el margen de utilidad. A esta caótica situación financiera, hay que sumarle las exóticas nuevas reglas –por calificarlas de lo menos- que la Hacienda Pública exige, desde el pago con documento o transferencia bancaria cuando se trata de transacciones mayores a los dos mil pesos, pasando por la facturación electrónica, en la que se debe primero cumplir con una serie de requisitos ante el Sistema de Administración Tributaria que incluyen identificación de iris ocular, para después tener que adquirir un programa a un promedio de dos mil pesos, aprender a manejarlo en una computadora y comenzar a solicitar correos electrónicos para facturar por esa vía, hasta un taco en cualquier puesto callejero, aparte de timbrar todas y cada una de las facturas que se pretendan emitir. Algo más: igualaron las tasas impositivas al promedio mundial, pero los peñistas no consideraron la idiosincrasia del mexicano cumplido o no, al tiempo que cerraron las deducciones fiscales y los convenios en el mismo orden. Prácticamente es un sistema de tributar y tributar sin regresar o compensar a quien lo ha hecho por años en tiempo y forma. Se tasa la utilidad de una empresa en un 30 por ciento, con 10 por ciento el dividendo y el 10 por ciento a la participación para los trabajadores, pero al mismo tiempo se limitan las deducciones de los trabajadores y se graban las prestaciones. En estas condiciones, cuando empresas y trabajadores están asimilando, intentando entender el entramado fiscal electrónico, la Hacienda Mexicana inicia una labor de persecución donde señala a aquellos que no han podido cumplir con sus obligaciones fiscales en épocas que no terminan de catalogarse fuera de una recisión. Vaya en este escenario es normal que empresas y trabajadores se sientan contra la pared por su sistema de gobierno que les aprieta el cuello y el cinturón con una reforma fiscal que ha aumentado la inflación, detenido la inversión y generado una contracción en la economía en general. Ni un mes ha transcurrido y tanto Peña como Videgaray se aprestan a hacer un “Pacto Fiscal” para suavizar y normar las nuevas reglas de la hacienda pública, eso se llama recular. Aunque es difícil que den marcha atrás, a la homologación del IVA en la frontera mexicana, donde la población se ha levantado a firmar un amparo colectivo –en Tijuana a este día se registraban unas 48 mil firmas-, especialistas consideran que deberán revivir los estímulos fiscales. Las reglas de la reforma fiscal pues, se consensuaron en el Pacto por México con los partidos políticos, pero jamás se dirimieron en un pacto con la sociedad, con la clase empresarial, ni con los patrones, ni con los trabajadores, estrangulando a unos y otros entre tanta tributación y menos deducibilidad. A la incertidumbre fiscal, pues no se conocen todas las reglas aún, y a la incertidumbre financiera por no poder cumplir con las nuevas reglas, ahora se suma la incertidumbre por un “Pacto Fiscal” que pretenderá suavizar las medidas, abrir algunas puertas y dejar para el largo plazo y de manera paulatina, lo que quisieron imponer de sopetón para regular a los criminales y a los evasores, llevándose entre las reglas a los ciudadanos cumplidos y a los contribuyentes cautivos, hasta poco a poco, afectar a todos con el repunte de la inflación y paralizar la economía. Peña reculará, sí; pero muy poco para el daño que ha hecho a la economía mexicana interna.
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