Las verdades del Impuesto Vehicular

La Paz, Baja California Sur.- En el tema de la tenencia vehicular, diputados de la XIII Legislatura de Baja California Sur se suman en graves contradicciones. Y es que apenas en diciembre de 2013, los legisladores locales aprobaron de manera unánime el Presupuesto de Ingresos del Gobierno del Estado y los cinco municipios, y “en un acto evidentemente electoral, que no de justicia social” -según la diputada panista Jisela Páez Martínez-, la Fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI) reculó al presentar el promocionado proyecto de decreto para desaparecer la Ley del Impuesto Estatal Vehicular. Los diputados habían votado el 31 de diciembre la Ley de Ingresos para el Estado y los municipios, donde aprobaron que fuera cobrado dentro del rubro de ingresos propios y aportaciones estatales, respectivamente, el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículo, el cual, de acuerdo a la Ley de Ingresos, dejaría la siguiente recaudación: * 84 millones 363 mil 181 pesos para el Gobierno del Estado. * 7 millones 765 mil 570 pesos para el Ayuntamiento de Los Cabos. * 6 millones 591 mil 835 pesos para La Paz. * 100 mil pesos para Comondú. * 36 mil pesos para Loreto.   El municipio de Mulegé fue el único que no contempló dentro de su Presupuesto de Ingresos el cobro de este gravamen. Sin embargo, incongruentemente, los del PRI dijeron que “siempre no”, y en una acalorada sesión legislativa realizada el 28 de enero, propusieron la eliminación total de ese impuesto, en “apoyo a la economía familiar”. Después de que los senadores del PRI, Ricardo Barroso Agramont e Isaías González Cuevas, asestaron un golpe a los bolsillos de los sudcalifornianos tras votar a favor del alza al Impuesto al Valor Agregado (IVA), del 11 por ciento al 16 por ciento en la zona fronteriza, “los diputados locales no tuvieron más remedio que tratar de revertir el golpe en contra de la sociedad, promovido por el Presidente Enrique Peña Nieto” -según el senador panista Carlos Mendoza Davis-, y hasta se sintieron “agraviados” por el Impuesto Estatal Vehicular que debió desaparecer desde hace tiempo. Los legisladores del PRI, Maricela Ayala Elizalde, Sandra Luz Elizarrarás Cardoso, Ramón Alvarado Higuera, Omar Antonio Zavala Agúndez, Juan Alberto Valdivia Alvarado y Axxel Sotelo Espinoza de los Monteros; así como los agundistas Carlos Castro Ceseña y Alberto Treviño Angulo, transcribieron en la iniciativa con Proyecto de Decreto que habían decidido “rectificar la decisión de mantener el impuesto vehicular, con el fin de animar a la población al uso de vehículos de modelos recientes (sic)”, cuando el 31 de octubre de 2011, fueron los primeros en levantar el dedo y aprobar la Ley del Impuesto Estatal Vehicular, bajo el Decreto 1939, a pesar de que en junio de ese año, el entonces Presidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, anunció el fin de la eliminación gradual del gravamen, como una de sus principales promesas de campaña. Según datos recabados por ZETA, el ex mandatario nacional dejó en manos de los estados la decisión de determinar si ese impuesto se seguía o no cobrando a nivel local, por lo que algunas entidades como Durango, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Morelos, Jalisco, Colima y Quintana Roo, determinaron avalar la iniciativa presidencial de no cobrar más el impuesto vehicular y modificaron su gasto, además de implementar un programa de austeridad, transparentar e imponer mayor orden en sus administraciones.   El precio de tener vehículo Pese a la decisión presidencial, el gobierno de Marcos Covarrubias Villaseñor fue uno de los pocos en cobrar el Impuesto Estatal Vehicular. Después de haber recibido una administración prácticamente saqueada por el ex mandatario estatal Narciso Agúndez Montaño, quien dicho sea de paso, recientemente pactó una alianza de facto con el PRI, el Gobierno del Estado requería de recursos económicos para hacer frente a todos los compromisos sociales. En aquel entonces, el gobernador emanado del Partido Acción Nacional (PAN) refirió “la necesidad de preservar ese ingreso para favorecer con parte de dichos recursos económicos a los cinco ayuntamientos del Estado, lo cual no era significativo en comparación con los presupuestos ejercidos, pero sí importante en la captación de ingresos”. Según el decreto, la iniciativa gravó a automóviles, motocicletas, aeronaves embarcaciones, minibuses, microbuses, camiones, tractores, motos acuáticas y tablas de oleaje con motor, quedando exentos de pago los automóviles eléctricos, vehículos temporalmente importados, autos al servicio de misiones diplomáticas y consulares, embarcaciones al transporte mercante, aeronaves mono motoras de una plaza y aeronaves con capacidad de más de 20 pasajeros destinadas al aerotransporte público en general. De acuerdo a la Ley del Impuesto Estatal Vehicular, el decreto estableció que las personas que tuvieran el carácter de pensionados o jubilados, únicamente pagarían el 50% del gravamen, y los vehículos con valor menor a 100 mil pesos, tendrían tasa 0%. En el caso de las unidades con más de diez años de fabricación, anteriores a la entrada en vigencia de la Ley, quedarían también exentas del pago del impuesto. En los hechos, los propietarios de carros del año y modelos hasta 2001, son los únicos contribuyentes que han venido pagando la controvertida tenencia vehicular.   El debate En sesión legislativa celebrada el 28 de enero, diputados del PRI y del PAN se dieron con todo. En un ambiente preelectoral caliente, se olvidaron de la sociedad y perdieron su costoso tiempo en exhibirse unos y otros. En la primera fila del circo legislativo estaba el senador priista Ricardo Barroso Agramont, quien se dijo “muy contento de venir a respaldar a mis compañeros de partido”, acuerpado por sus compañeros tricolores Juan Alberto Valdivia Alvarado y Omar Zavala, y los agundistas Alberto Treviño Angulo y Carlos Castro Ceseña. No obstante, la sonrisa se borró de todos los rostros, cuando entre empujones, un grupo de policías municipales de La Paz  ingresaron al recinto, exhibiendo cartelones con consignas como “¿Acaso es mucho que la Policía Municipal gane 6 mil pesos quincenales? Tú, diputado Valdivia-Zavala. ¿Cuánto Ganan? O tú, ‘Presidenta’ Esthela, ¿cuánto ganas? ¿O tú Barroso?”. Los del PRI mostraron su molestia, algunos hasta pusieron caras tristes y comenzaron a escuchar los pronunciamientos. Después de la diputada Jisela Páez Martínez, el primero en tocar fibras sensibles fue el legislador panista Sergio Barrón Pinto, quien previendo la presentación de propuesta de la desaparición del Impuesto Vehicular, exigió al Presidente Enrique Peña Nieto cumplir con el compromiso que hizo previamente a la elección de “bajar las tarifas de energía eléctrica, gasolina, diésel y gas”. “Hoy pasaron un año y dos meses, y no has cumplido, a pesar de que firmaste y te comprometiste en un discurso”, le recordó. El diputado panista agregó que “la gente ya no es como antes” y hoy “requiere que los compromisos de campaña se conviertan en acciones de gobierno, pues la falta de palabra hace que la gente deje de confiar en la política, lo que genera abstención y no abona a nada a la democracia”. Aunado a los incumplimientos de campaña de Peña Nieto, afirmó, “los sudcalifornianos estamos comenzando a sentir los efectos del aumento del IVA en todos los sectores sociales y económicos, pues desde el primero de enero, comenzó una escalada de precios en los productos y servicios que consumismos, lesionando la economía de los casi 700 mil habitantes del estado”. Ante tal declaración, el priista Ricardo Barroso, agachó la cabeza y cruzó las manos, esbozando una sonrisa nerviosa. Pero quien generó gritos a favor y en contra fue el diputado Axxel Sotelo de los Monteros, que a nombre de la Fracción Parlamentaria del PRI, presentó la propuesta de eliminar la tenencia vehicular. Según la iniciativa, la justificación “es que a partir de su creación, recurrentemente nuestros representados nos han manifestado sentirse agraviados con este impuesto que debió desaparecer desde la decisión presidencial”. De aprobarse, “provocará una optimización de recursos en las oficinas de gobierno, disminuyendo el gasto corriente mediante la eliminación de gastos innecesarios, así como depurar las finanzas, aplicar trasparencia y evitar despilfarros de recursos”. Contrario a la postura del Presidente Enrique Peña Nieto y los senadores del PRI, Ricardo Barroso Agramont e Isaías González Cuevas, sobre el aumento del IVA en la zona fronteriza, Sotelo de los Monteros externó: “No debemos perder la vista de que somos representantes de los ciudadanos que nos dieron la oportunidad de representarlos, los cuales se ven afectados por este impuesto”.   El Fondo de Fronteras Una vez terminado el encuentro, el senador Ricardo Barroso Agramont fue abordado por ZETA y el diario Reforma, para conocer su opinión sobre la controvertida propuesta de la desaparición del gravamen. — No es una propuesta incongruente a estas alturas, después de que hace 40 días estaban aprobando la Ley de Ingresos del gobierno estatal y los cinco municipios, y de repente, se sacan de la manga ese proyecto de decreto. ¿Cómo pueden cambiar los políticos de un día para otro? “Bueno, lo que pude leer es que va a entrar en vigor hasta 2015, entonces, creo que hay tiempo suficiente de diez u once meses para que en caso de aprobarse, se haga una planeación del presupuesto que viene”. — Sin embargo, hace 40 días, los diputados aprobaron el presupuesto para 2014 y el cobro de este impuesto estaba en el proyecto de ingresos, con los mismos argumentos que Usted está planteando para 2015. “Efectivamente se aprobó por los diputados del PRI, pero lo hicieron responsablemente porque todavía no entran en vigor los beneficios de la Reforma Hacendaria, entonces sería incongruente, pero también sería tendencioso cambiarlo de un día para otro; por eso el gravamen dejara se cobrarse en 2015. Lo que sí, es que ahorita estamos a la expectativa de los beneficios que se vienen con lo del Fondo Fronterizo”. — Dice que a Baja California Sur le va a ir bien. ¿Puede decirnos cuánto va a tocarle de ese fondo? “Sí, hay un fondo extraordinario, a partir de marzo, como lo dijo el Presidente Enrique Peña Nieto, va a ser etiquetado”. — Pero, ¿cuánto le toca? “Mmm…”. — ¿No sabe cuánto le toca al Estado? “Es que todavía no está etiquetado, y el Fondo de Fronteras no es fondo de una bolsa de recursos que se vayan a entregar así nomás a los estados. Es en base a los proyectos que presenten los gobiernos y municipios. Ahorita nosotros estamos trabajando para ampliar los programas sociales, como en FONAES”. — Pero no le estoy preguntado eso, queremos saber lo del Fondo de Fronteras. “Por supuesto, a ver…”. — Usted dice que es en base a proyectos, ¿y si los gobiernos no entregan proyectos, no tocaría nada al Estado? “En el tema del Fondo de Fronteras, a través de las delegaciones federales, como lo es Oportunidades, SEDESOL, INAES y CONAFE, se van a habilitar recursos para conjuntar esfuerzos con el Gobierno del Estado para poder gestionar beneficios extraordinarios para el Estado”. — Entonces, ¿para el Gobierno del Estado no habrá nada? Lo que está diciendo es que el dinero va a ser para las delegaciones federales, no para el Estado… “Muchas gracias”. Así, el senador priista evadió la respuesta, y al salir, hasta destruyó el teléfono de la reportera de Reforma, Haydee Ramírez.