A dos meses de gobierno, las actividades de los integrantes del nuevo Cabildo de Ensenada se han enfocado en dar marcha atrás a los problemas heredados por el XX Ayuntamiento. De entrada, al ex alcalde Enrique Pelayo Torres, la Sindicatura Municipal -anterior y actual- le ha seguido los pasos luego de que él mismo declarara, el 21 de noviembre de 2013, haber realizado movimientos irregulares de dinero público, particularmente de recursos federales del Ramo 33. El lunes 20 de enero de 2014, el síndico procurador Iván Alonso Barbosa Ochoa, anunció que la cifra de desvíos de recursos del Ramo 33 detectada durante la gestión de Pelayo Torres entre los años 2012 y 2013, alcanzaba los 211.5 millones de pesos, y representa más del doble de lo que hasta su salida como síndico procurador, Carlos Fidel Escobar Hernández había registrado. Los desvíos detectados por Escobar, llegaban a 98 millones 500 mil pesos, cantidad que de acuerdo a Barbosa, ya fue determinada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado como irregular. Durante su gestión, Escobar nunca sancionó al ex presidente municipal, y el asunto ha quedado en manos de Barbosa Ochoa, quien asegura estar integrando un sólido expediente, donde no solo Pelayo desvió el dinero del Ramo 33, sino que utilizó recursos de otras cuentas de las que tampoco debería hacer movimientos. En rueda de prensa, Barbosa mencionó que para reponer lo que había quitado al Ramo 33, Pelayo tomó 61.5 millones de pesos del crédito por 200 millones de pesos que le fue autorizado por el Congreso del Estado, el 7 de septiembre de 2011. Sin embargo, a Pelayo también le son investigados desvíos de donativos de asfalto hechos al municipio de Ensenada por parte de Petróleos Mexicanos. Estos donativos, refiere Barbosa, en lugar de que fueran ejercidos por la Dirección de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento, el alcalde se los entregó y contrató a empresas particulares para que realizaran labores de bacheo sin justificación clara. El semáforo frente al hotel del diputado Como un error que le costó al Ayuntamiento un millón de pesos, fue como calificó el actual Cabildo de Ensenada la instalación de un semáforo y la construcción de un retorno sobre la carretera Tijuana-Ensenada, a la altura del Kilómetro 105. El 6 de enero de 2014, el regidor César García Urías solicitó ante Cabildo turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano y revisar la funcionalidad de ese semáforo, pues está ubicado en una curva y representa un riesgo. “A mi punto de vista, muy particular, ese semáforo únicamente viene a beneficiar a algún empresario de ahí”, comentó el regidor. Dicho semáforo fue instalado frente al hotel Las Rosas, propiedad del actual diputado local emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Antonio Novelo Osuna, quien en la fecha de inicio de la obra, se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social en el gabinete de Pelayo. La construcción venía a la par de la apertura del camellón de la carretera, con un retorno hacia el hotel de Novelo, hacia la gasolinera que estaba siendo construida al otro lado de la carretera. Establecimiento que generó la protesta de vecinos del lugar, cuyas casas colindan con la construcción, donde se ha instalado un negocio denominado Círculo K. La instalación estuvo a cargo de la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, que aún encabeza José de la Luz Valdez. Sin embargo, de acuerdo al regidor Urías, nunca fue autorizada, y están investigando quién dio la orden a De la Luz. Al día de hoy, el retorno está clausurado. El semáforo sigue ahí, apagado. Y el millón de pesos ya se gastó. Las facultades perdidas del IMIP El 14 de enero de 2014, durante la instalación del nuevo consejo del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada (IMIP), varios temas fueron planteados al alcalde Gilberto Hirata Chico. Además de una reducción en el presupuesto de la dependencia, comparado con años anteriores, que pasó de 4 millones 495 mil pesos en 2013, a 3 millones 158 mil pesos en 2014, los integrantes del Consejo refirieron que el gobierno local debía poner atención a la irregular remoción de las atribuciones del organismo para realizar modificaciones y revisiones al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Ensenada (PDUCP), ocurridas en febrero de 2012. En esas fechas, y bajo la excusa de que se eliminarían “trabas” y se reducirían gastos, el Cabildo ensenadense aprobó en mayoría quitar las facultades al IMIP y entregárselas a la entonces súper directora de Infraestructura, Edith Méndez Hernández. Las “trabas” empeoraron, y la dependencia a cargo de Méndez nunca pudo modificar adecuadamente el PDUCP. 
La petición de la remoción de las facultades del IMIP, provenía del regidor Antonio Lomelí Sedano, ligado al sector vivienda, a través de Casas GEO. Fue la antesala de más enredos en el gobierno local, quienes hicieron a un lado al IMIP para realizar modificaciones a otros documentos, como fue el Programa Sectorial de Desarrollo Urbano-Turístico de los Valles Vitivinícolas de la Zona Norte del Municipio de Ensenada. Las modificaciones de las densidades habitacionales en el Valle de Guadalupe, aprobadas en un atropellado proceso y con una larga lista de irregularidades por el Cabildo de Ensenada, se convertiría en otro de los temas que el gobierno de Hirata Chico tiene en el tintero. El presidente municipal ya anunció que será en la sesión de Cabildo, a celebrarse en las próximas semanas en el Ejido El Porvenir, donde abordarán el tema del programa sectorial del Valle de Guadalupe. Por lo pronto, el “Baile de Máscaras y Disfraces”, uno de los primeros eventos que se realizan en torno a las Fiestas de la Vendimia, ya fue cancelado por sus organizadores, que son la mayor parte de las casas vitivinícolas de Ensenada, agrupadas a través del Comité Pro Vino. Las gasolineras Otro problema heredado de Pelayo, y que acapara la atención de los funcionarios del XXI Ayuntamiento, es la supuesta instalación irregular de más de una decena de gasolineras, que durante la anterior administración fueron denunciadas por la Asociación de Gasolineros de Ensenada. A mediados de 2013, ilegalmente, la regidora Adriana Lencioni Ramonetti intentó influir en la instalación de una gasolinera propiedad de su familia, ubicada en una cuchilla sobre la calle 9, entre Avenida Reforma y Rayón, mientras fungía como coordinadora de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ecología, donde precisamente, los regidores autorizan o niegan este tipo de obras. Sin recibir sanción alguna, Lencioni fue retirada por sus compañeros de la toma de decisiones en la instalación de esa gasolinera, y al término de la administración, ya había sido autorizada. La gasolinera de Lencioni violentaba los reglamentos municipales en materia de instalación de gasolineras, debido a las distancias reglamentarias, sin embargo, en una de las últimas apresuradas sesiones del XX Ayuntamiento, los regidores removieron el punto donde se establecía el límite en distancias, favoreciendo no solo a la familia Lencioni, sino a más de diez gasolineras por abrir. No obstante, en la actual administración, el regidor César García Urías ha llevado de nueva cuenta el tema de las gasolineras a la mesa de discusión en el Cabildo, advirtiendo que serán revisados los permisos de construcción y, de encontrarse irregularidades, podrían ser clausuradas. Sus declaraciones generaron la reacción de siete integrantes del Cabildo, quienes incluso enviaron un comunicado de prensa para deslindarse del señalamiento de Urías. El comunicado vino acompañado de las firmas del síndico social, Félix Ojeda Ortega, y de los regidores Ana Gabriela Bórquez Gómez, María de los Ángeles Zepeda Morán, Alicia Yesenia Rivera Santoyo, Arturo Serratos Tejeda, Gilberto Bernardino Sánchez Martínez y Ana Daniela García Salgado. La lista de problemas dejados por el XX Ayuntamiento ha mantenido ocupado al gobierno de Hirata en todos los frentes. El conflicto por los predios comerciales en la zona de La Bufadora, que ya era conocido por el gobierno anterior, fue uno de los primeros, y todavía se mantiene vigente, con un Ejido Coronel Esteban Cantú que busca, por todos los medios legales, hacerse de la propiedad donde trabajan cientos de comerciantes de artesanías, alimentos y otros productos enfocados al turismo. La instalación de paraderos de autobuses de manera irregular, la nula modernización del transporte público en la ciudad, los problemas con la nómina municipal, las aplicaciones del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), entre otras, se suman a la lista de problemas que están saliendo a la luz, heredadas principalmente del XX Ayuntamiento.
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