Defender sus garantías humanas o denunciar la violación de sus derechos laborales, sociales o humanos en México significa romper la regla no escrita del silencio por abusos. Defensa legítima con consecuencias y por ende ser perseguidos o peor aún, delincuentes sociales por autoridades locales o federales y sus patrocinadores. Este dirigente mixteco en su conversación irradia temple en sus apreciaciones, talento derivado de una larga lucha y comprensión de la estrategia de defensa de los derechos indígenas. Registra capacidad de análisis, sentido histórico y valor civil, comunicación clara y conocimiento de la larga batalla que los migrantes han dado desde su pueblo de origen, en los poblados donde emigran de la miseria, el desamparo y el despojo crónico. ¿Por qué salen de sus lugares de origen los mixtecos, zapotecos, lacandones, coras y huicholes? 1. La pobreza extrema que atropella la dignidad humana, huyen de la desnutrición, enfermedades, desempleo y despojo de sus tierras. 2. La sobrepoblación familiar en campos de cultivo muy limitados de producción. 3. Carencias de educación, apoyo técnico, crédito público y privado, maquinaria, tierras fértiles, mercados con intercambio justo, precios justos de sus productos y estar bajo presión de los coyotes intermediarios. 4. El espejismo del estilo de vida americano, negado a su propia población nativa. Y la ilusión de los Estados Unidos por el atractivo imán de ingresos superiores a los salarios del campo mexicano y las condiciones de vida subyacentes. 5. Desde 1985 con el neoliberalismo las condiciones de desigualdad, de concentración de la propiedad, se provocó un contexto de conflictos explosivos en el corredor Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así se explica el engendro de ingobernables cárteles del crimen organizado. 6. Las amenazas abiertas de represión, régimen contra los defensores de derechos, los dirigentes sociales, que borran el liderazgo mediante el terror, asesinatos (elegantemente llamado crímenes de Estado, los genocidios decididos por la clase política feudal y empresarial) impunes como Acteal, Aguas Blancas, los más representativos de una lista infinita de intimidación a la población. 7. Por si faltan injusticias y conflictos, la modernidad neoliberal machista: Huida de violencia intrafamiliar, alcoholismo, drogas, fricciones violentas de los grupos sociales en pugnas internas, diferencias de límites de tierras, inseguridad jurídica por la corrupción, eternos litigios de propiedades, derechos de aguas, ambiciones y violencia social. La familia Canelo es una de los pioneras en contratación agrícola de mixtecos, zapotecos, huicholes, seris, lacandones, en Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa, etc. Esto precedió la llegada a península de Baja California de miles de jornaleros con sus familias que no resistían a trabajos en condiciones extremas. Como lo fueron en su momento los miles de migrantes de origen chino en la construcción de los ferrocarriles en el desierto de Sonora hasta Canadá. Las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas han empeorado después de décadas de sacrificios en campos con el trabajo infantil y el olvido social de sus necesidades. Contraste brutal entre cómo son atendidos los cultivos agrícolas, con inversiones y cuidados científicos multimillonarias, y el trato infrahumano de los jornaleros que se enferman de cáncer, viven desnutridos y carecen de servicios dignos y además vigilados, acorralados como en campos concentración. Eso es la explotación invisible para las autoridades, Congreso, los tres niveles del poder ejecutivo, de la extraordinaria y productiva mano de obra de calidad indígena en Baja California y el país. En estos campos de trabajo forzado, los caciques sostienen “guardias blancas”, o matones a sueldo que imponían bajo amenazas de “plata o plomo”. El lenguaje del miedo y la obvia impunidad, al sacar a familias enteras de los campos de concentración y lanzarlas a la calle o al camino sin consecuencias de ninguna especie por el uso de la violencia o intimidaciones. O de desaparecer físicamente a los trabajadores más conscientes del abuso y líderes o defensores de derechos elementales. Si las organizaciones gremiales y sindicales, no se toleran en un estado de derecho, entonces estamos frente a un claro escenario aberrante de atropello racista, violencia étnica, económica, social, cultural y sexual. Y el criminal silencio de medios de (des)información y la responsabilidad política y ética de senadores y diputados. Son muy pocas las poderosas familias horca y cuchillo de esta noble región de vocación pesquera y agropecuaria las que gobiernan la economía, patrones sociales, culturales y las decisiones políticas. La negativa al sexto municipio es decisión del poder de multinacionales exportadoras a California dueñas de este emporio agroexportador. Algunos jornaleros nunca se conforman con esta opresión y se cruzan la frontera arriesgando la vida. ¿Por qué y hasta cuándo la clase política solapa estas atrocidades contra los derechos humanos? ¿Cuánta voluntad política está en subasta y comprada? ¿A qué costo democrático, social y ambiental? M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es Académico del Instituto Tecnológico de Tijuana Correo electrónico: hrgcuellar@yahoo.com
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