El problema de los trabajadores gubernamentales -la llamada burocracia- empieza a hacer crisis económica y política en la entidad. Por supuesto, tanto el “patrón” como el “trabajador” tienen su postura al respecto. Por un lado, desde el gobierno aseguran que las nóminas cada vez son más obesas, que literalmente consumen el ingreso, provocando crisis presupuestarias en varias dependencias; los ayuntamientos, el más claro ejemplo. Por otro lado, los burócratas dicen no ser culpables de malos manejos administrativos en el gobierno, y exigen prestaciones, seguridad social y estabilidad laboral. El caso de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM) es muestra de ello. La primera semana de diciembre de 2013, un grupo de trabajadores fue despedido al negarse a desistir de sus demandas, donde reclaman prestaciones básicas como seguridad social integral, pago de horas extra y reconocimiento de antigüedad. En esa dependencia hay 566 empleados de base y más de 700 de confianza, entre estos últimos, trabajadores con más de diez años de antigüedad, con lo que pueden acceder a la seguridad social integral y ser considerados con derecho a pensionarse. Los despedidos se instalaron en plantón permanente, en una carpa frente al acceso principal al edifico del Gobierno del Estado -ahí pasaron Navidad y Año Nuevo-, hubo un par de pláticas y no se llegó a nada. El lunes 8 de enero de 2014, en grupo, se manifestaron en el primer acto del gobernador Francisco Veda de Lamadrid. Se convocó a un nuevo diálogo sin resultados concretos. Ahora los manifestantes critican la cerrazón oficial, mientras el titular de la CESPM asegura que no fueron despedidos, sino “suspendidos”, y acusa la participación de dos sindicalistas que han fomentado las protestas. El 8 de enero, los trabajadores “despedidos” de la CESPM levantaron su plantón, aunque aseguraron que no toda su situación laboral está arreglada. “Es una omisión de parte de la autoridad donde no considera a los trabajadores que prestan sus servicios de manera indeterminada, o sea, de planta, no los consideran para efecto de pensiones”, expone Manuel Guerrero, sindicalista de la CESPM y uno de los cinco aspirantes a la dirección local del Sindicato de Burócratas. En el sector paraestatal, hay cerca de 20 mil trabajadores, apenas la mitad son de base y con todas las prestaciones de Ley, como derecho a jubilación, servicios médicos y, sobre todo, estabilidad en el empleo. Los otros diez mil son de confianza, de contrato, por honorarios y docentes, lo que implica que solo tienen acceso a atención médica básica. De acuerdo a la legislación vigente, los trabajadores del sector central se rigen por la Ley de Servicio Civil, pero los de las paraestatales, lo hacen por la Ley Federal del Trabajo. El problema para los empleados de este último renglón implica que no están adscritos al Seguro Social -para atención médica ni para seguridad social-, pero su atención médica parcial, les corresponde en el ISSSTECALI. Luego está el tema de las basificaciones. De acuerdo a Loreto Quintero, Oficial Mayor del Gobierno del Estado, en el Tribunal de Arbitraje hay cerca de 3 mil 800 demandas de ese tipo, que de concretarse, implican mayor obligación patronal en cuanto a pago de salarios y cuotas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI). En el Gobierno del Estado existen cerca de 67 mil trabajadores, de los cuales 38 mil corresponden al sector educativo, y casi diez mil al sector central. En las paraestatales quedan el resto entre bases, contratos, honorarios y docentes. Para enfrentar esta suerte de “bola de nieve”, desde el Gobierno del Estado de Baja California preparan una propuesta para reformar la Ley de Servicios Civil para “organizar las basificaciones” y establecer con claridad quiénes son trabajadores de confianza y quiénes de base, creando además un comité de escalafón para determinar quiénes y por qué se basifican. Una propuesta similar -presentada por los cinco ayuntamientos- fue rechazada hace dos años por la anterior Legislatura, y ahora, con la nueva administración estatal, buscan revivirla y presentarla lo más pronto posible ante el Congreso local. En su discurso de toma de protesta, el gobernador Kiko Vega recalcó que “no habrá despidos masivos ni s afectará un solo derecho legítimo de la burocracia”, aunque aclaró que se implementará un programa de eficiencia, ahorro, fiscalización y transparencia. Destinando menos al gasto de gobierno y más a la inversión social. “En lugar de la burocracia, vamos a destinar más recursos a la sociedad”, adelantó el mandatario. Certificados Manuel Guerrero explica que hace veinte años hubo un cambio y los trabajadores de las empresas descentralizadas salieron de la esfera de la Ley de Servicio Civil, rigiéndose por la Ley Federal del Trabajo. “Bajo el esquema antiguo solo se considera para efectos pensionarios a quien pertenece al Sindicato. Queda una laguna enorme, en CESPM hay más de 700 personas que no pertenecen al sindicato y que tienen trabajando muchos años, la empresa nunca previó qué hacer en esos casos”, explica el sindicalista. Los que no están sindicalizados no tienen derecho a pensión, ni seguro, ni de riesgo de trabajo. Guerrero encabezó hace tres años una huelga de hambre para lograr las llamadas pensiones humanitarias -que no existen en la Ley-, acordando que empleados ya viejos y en muy precaria situación física, siguieran cobrando sin acudir a laborar. “Pero no se arregló el problema de fondo”, sostiene, para luego asegurar que hay 675 demandas de empleados de la CESPM por la seguridad social integral. Pero ahora, con la nueva administración que encabeza Modesto Ortega, el ex líder del Partido Acción Nacional en Mexicali-, empleados que habían interpuesto demandas por la seguridad social integral, fueron despedidos. “Argumentan que el organismo está quebrado, que hicieron pedazos la administración”, dice Manuel Guerrero en alusión a lo vertido por el director general de la dependencia. Algunos trabajadores fueron despedidos en plenas vacaciones. José Manuel Saldívar se dio cuenta al intentar cobrar su catorcena en el cajero automático. Acudió a la CESPM solo para enterarse de que “ya no estaba en el sistema”. Otros casos son ilustrativos, como el de dos ingenieros químicos adscritos al Departamento de Control de Procesos -analizan la calidad del agua que llega y la que sale- con acreditación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA). Aun así, ambos especialistas, Abraham Castro y Carolina Espinoza, fueron despedidos. “La nueva administración vino a resolver problemas con amenazas, al que demanda lo corren, es un abuso de autoridad”, sostiene Guerrero. Con las reformas a la Ley de Amparo y la prioridad a los derechos humanos, acudieron ante el Juzgado III de Distrito, donde les otorgaron -el 31 de diciembre de 2013- la suspensión de los actos reclamados, que aseguran, no ha sido cumplido por el titular de la dependencia. Acusa de un doble discurso, donde el gobernador afirma que les resolverá el problema, pero a la hora de las negociaciones, los representantes de la Secretaría General de Gobierno les dicen otra cosa. “Lo que hay que hacer es cumplir las leyes, nada más. Como trabajador tienes derecho a empezar a cotizar desde el primer día”, indica. Obligación “Las prestaciones son responsabilidad del patrón, del gobierno de Baja California, porque esa conducta de la CESPM con sus trabajadores, es la misma que tienen las demás descentralizadas y el gobierno central, al no cumplir con sus obligaciones con los trabajadores”, opina el abogado laborista Luis Alfonso Vargas. En su perspectiva, el patrón tiene la obligación de otorgar seguridad social y pagar las aportaciones que corresponden a ISSSTECALI. De igual manera, Vargas califica de falsa la visión de querer ahorrar a costo del trabajador, ya que -de entrada- los despidos no los eximen de cubrir adeudos por aportaciones de seguridad social. “Si deciden, por estar en quiebra el recortar trabajadores, tampoco los exime de pagar al trabajador lo que le corresponde por esa terminación unilateral de la relación laboral”, explica. No se trata de un problema de carácter económico, sino político, donde se refleja la incapacidad para gobernar de los panistas. “(El ex gobernador, José Guadalupe) Osuna Millán se largó y dejó al ISSSTECALI sin un solo cinco, dejó de pagar las aportaciones y por eso se presentó el problema de que no les pagaran a los jubilados ni a los activos”, denuncia. En cuanto a la propuesta de reforma a la Ley de Servicios Civil para adelgazar la nómina, el abogado considera que de retomarse esa intención, no se les puede aplicar retroactivamente a los trabajadores en activo. “Pienso que quitarles derechos a los trabajadores no es la solución. El problema del gobierno es que no saben gobernar, la administración de los recursos públicos es insuficiente, y la orientación que le han dado al Estado para su desarrollo, no es la que necesitamos. Pretenden que sean los trabajadores los que paguen la ineptitud”, sintetiza Vargas. Vivir en la nómina Para Guillermo Trejo Dozal, secretario general de Gobierno, es indudable que el Estado ya no aguanta la cantidad de gente que está trabajando en el sector administrativo. “No alcanzan los presupuestos, se ha hecho el intento de modificar la Ley de Servicio Civil, se va a volver a hacer el intento, hemos estado en pláticas con las diversas fuerzas políticas del Estado, con los mismos sindicatos, y es algo que tenemos que hacer si no queremos que nos alcance el destino como en otros lugares del mundo”, expone el funcionario. “Es una reingeniería del Estado, de las finanzas”, agrega el médico oftalmólogo. Sobre los rubros a reformar (cuotas, tiempo o sistema de basificaciones), refiere: “Creo que son dos cosas diferentes: Una es la cantidad de basificados que hay, y que se ha hecho como un modo de vivir dentro de la nómina, respetando a cabalidad el 100 por ciento de las plazas, las bases sindicales; hay un sinnúmero de plazas que puede hacerse esta compactación de funciones” . En cuanto a las jubilaciones, dice, es indudable que en el mundo ya tronó el esquema, “tenemos que modificar el sistema de pensiones y jubilaciones en el Estado, esa es otra realidad”. Trejo adelanta que la propuesta estaría discutiéndose en los primeros dos, tres meses de este año. Loreto Quintero secunda al secretario general de Gobierno: “Se está revisando la Ley de Servicio Civil, ya está muy avanzada, no se va a afectar para nada a los que están de base ahorita, solo a los de nuevo ingreso, que se está proyectando que a los dos años empiecen con su basificación. “Ahorita está muy claro que las personas que tienen un puesto de confianza, no tienen derecho a basificarse”, comenta la contadora, para añadir que tiene cerca de 3 mil 800 demandas por basificación ante el Tribunal de Arbitraje. “Estoy convencida que no van a proceder todas, hay algunas que demandaron la basificación siendo empleados de confianza”. La Oficial Mayor refiere que la propuesta de reforma es similar a la presentada hace dos años ante el Congreso local, enfatizando en la capacitación como elemento para ser tomado en cuenta en la parte escalafonaria. Ya han adelantado pláticas con la parte sindical, “esperemos que ahora nos apoyen”, confía. Para Quintero, es injusto que personas enfermas y con años laborando en el sector gubernamental, no logren basificarse, mientras otros, con apenas seis meses de antigüedad, sí obtienen su plaza. De no hacerse las reformas, advierte, va a llegar el momento en que esta situación “se coma” el presupuesto, igual en los ayuntamientos. “Urge esa nueva Ley, sentarnos con los sindicatos, yo les dije: ‘Ustedes quieren lo mejor para sus agremiados, y nosotros queremos lo mejor para Baja California, nosotros somos administradores de los dineros del pueblo’”. — ¿Qué pasa si las cosas siguen como están?, cuestionó ZETA. “No quisiera pensar en eso, yo le apuesto mucho a la armonía, a la cordialidad y al trabajo político que hagamos. El sindicato sabe que esto ya no puede seguir así”.
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