A diez días de iniciado 2014, el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ya es responsable del caos que prevalece en los 16 verificentros de Baja California, donde la nula planeación se refleja en un pésimo servicio para usuarios que ahora se ven obligados a hacer filas de hasta siete horas para realizar un trámite que a la fecha, carece de justificación. Eran las cinco de la mañana del 24 de diciembre de 2013 cuando se decidió modificar el decreto de la Verificación Vehicular en Baja California. Apenas unas horas antes, la presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Congreso local, Rosalba López Regalado, anunció a distintos medios de comunicación la intención de reducir en 50 por ciento el costo de dicha revisión mecánica. Pocas horas después, los legisladores se echaron para atrás, decidieron dar el 50 por ciento solo a personas de la tercera edad y discapacitados, además de retirar la obligatoriedad en las zonas donde los verificentros no consideraron que sería negocio instalarse, llámese zonas rurales. Frente a la necedad de los panistas que al parecer no terminan de aprender el costo político, de sus proyectos injustificados que tanto malestar causan a la ciudadanía, representantes del PRI y del PRD señalaron con estudios en mano lo inverosímil que resultaba la verificación, ya que los vehículos no representan ni el 5 por ciento de la contaminación que hay en Baja California. Sin embargo, la mayoría panista apoyada por sus aliados consiguió aprobar la obligatoriedad al momento del absurdo trámite. El servicio, que sigue siendo muy deficiente en los 16 verificentros que operan en la entidad, desde un principio surgió como un negocio nacido desde la alianza PAN-PANAL-PES, con el que el ex gobernador José Guadalupe Osuna Millán pagó favores durante la elección que ganó contra el ex candidato Jorge Hank Rhon en 2007. Entre sus primeras acciones de gobierno, fue jalar al entonces dirigente estatal de Acción Nacional, Sócrates Bastida, a la Secretaría de Protección al Ambiente, mientras que dentro de la subdirección, metió a personal del Partido Encuentro Social. Desde ahí, Osuna operó para que las concesiones sin licitación fueran entregadas a personas ligadas al empresario-boxeador-político Jorge Kahwagi Macari (como lo documentó ZETA en su edición 1997). Desde entonces, las empresas invitadas contaban con registros negativos desde el Centro del país, por ello, cuando se denunció la utilización máquinas en mal estado y mal calibradas, el entonces Ejecutivo, en lugar de retirar las concesiones, prestó oídos sordos. Al momento, los puntos controversiales de la verificación en Baja California siguen siendo los mismos: * Nunca existió una licitación de las empresas que quedaron al frente de los verificentros. * Cuando se creó el programa, no existían estudios recientes de la calidad del aire. * El costo de 4 y 5 salarios mínimos no se justifica. * El mal servicio que han prestado los verificentros persiste y tiende a agravarse. * La falta de justificación para condicionar la tarjeta de circulación al cumplimiento de un engorroso trámite, independientemente de que la unidad apruebe o no la verificación ambiental. * Usuarios tardan hasta siete horas para verificar un vehículo. Ciudadanos en contra Tanto autoridades de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA) estatal, como de los Centros de Verificación Vehicular, aseguran que las estrategias para la agilización del trámite darán resultados. Para el séptimo día de servicios, en Tijuana y Ensenada, la inconformidad entre los usuarios era visible e iracunda. El número de personas que han ido a realizar su canje de tarjeta de circulación en los primeros días de 2014, es muy similar las que han acudido a realizar la verificación ambiental de sus vehículos. Sin embargo, comparando la afluencia en estas fechas con las del año pasado, para las arcas estatales hay un retraso de un 30 por ciento en la recaudación por este concepto. El martes 7 de enero de 2014, personas entrevistadas en el verificentro ubicado en Pío Pico, en Tijuana, se mostraron inconformes por las cuatro a seis horas, en promedio, de espera para revisar sus vehículos. El colmo fue para Doña Sofía, de 70 años, quien necesita un tanque de oxígeno para respirar, y aun así, tuvo que esperar tres horas y media, a falta de alguien que le ayudara con el trámite en los Centros de Verificación Vehicular. “Una muchacha muy amable me dijo que iba a ver si se podía, pero no me garantizaba nada, y pues no, no han de haber querido”, afirmó. Y es que el trato especial para personas discapacitadas o de la tercera edad, apenas se está contemplando entre la SPA y los Centros de Verificación Vehicular. “Estamos trabajando para dar servicio especial a discapacidad, no lo tenemos bien amarrado por la misma demanda que hemos tenido de los usuarios, de alguna manera, por los tiempos de espera”, explica José Luis Rodríguez, presidente de la Asociación de Verificentros. Por lo pronto, las autoridades esperan que las estrategias que se han implementado sobre la marcha den resultados. Martha Fonseca Sánchez, directora de Gestión Ambiental, habla de la integración de personal de la SPA a cada uno de los centros para coordinar el flujo de automóviles. “Esto con el fin de regular la fila, entregar fichas a las personas, a fin de determinar después de un número de capacidad máxima de cada centro, el total de fichas que corresponden a ese número e informar a la gente que después de ese número de autos, ya no hay en ese momento posibilidad de verificarlos en ese centro, y direccionarlos a otro centro que tenga menor afluencia”, expresó. La mañana del miércoles 8 de enero se registraron filas de hasta dos horas y media con unos 50 vehículos, donde a los usuarios se les informaba del tiempo aproximado de espera y se les entregaba un número de control. “Si es algo meramente recaudatorio, mínimo que no nos hagan esperar tanto”, insistió un quejoso. En los últimos cortes de Recaudación de Rentas del Estado, se han registrado 20 mil 128 canjes de tarjetas de circulación en el Estado, el 50% de éstas corresponden al municipio de Tijuana, según dijo el director de Ingresos. Fonseca Sánchez informó que apenas son 18 mil 276 vehículos los que han pasado por alguno de los 16 centros de verificación en Baja California desde el jueves 2 de enero. De ese total, 8 mil 905 se han realizado en Tijuana, 5 mil 799 en Mexicali, mil 700 en Ensenada, mil 114 en Playas de Rosarito y 758 en Tecate. Hay un 87% de autos aprobados y 13 rechazados. En la recaudación, comparada con el año pasado, existe un retraso del 30% que, según el director de Ingresos del Gobierno del Estado, Nolberto González Grajea, no se debe solamente a los retrasos de los verificentros. “Tenemos una menor afluencia, pero el año pasado, el 2 de enero fue día miércoles, traemos un día de desfase porque ahora fue jueves, por eso yo les comentaba que estamos a mediados del mes de enero, sabiendo si hay o no desfase”. Del millón 96 mil vehículos del padrón de autos de Baja California, anualmente revalidan sus derechos de control vehicular solo 650 mil, no todos en los plazos establecidos por el Gobierno del Estado, que por este concepto, espera un ingreso de 526 millones de pesos. Los periodos para canjear la tarjeta de circulación son los siguientes: hasta el mes de marzo, para modelos 2005 a 2014, y hasta junio, para 2004 y anteriores. En cuanto a la verificación vehicular, los hologramas expedidos después del 16 de septiembre de 2013 son válidos para renovar la tarjeta este año. Tampoco se les ha ocurrido dar acceso primero a quienes deben revalidar su tarjeta en marzo, para luego dar paso a la verificación a aquellos automovilistas que tengan hasta junio para canjear su documento. Mientras tanto, el lunes 6 de enero, cientos de manifestantes se reunieron en el Centro de Gobierno para exigir que se retire la obligatoriedad de la verificación vehicular. De hecho, Juan Manuel Valenzuela, líder de la agrupación, indicó que el domingo 12 de enero quemarán un vehículo en la explanada para expresar su inconformidad. “Me parece muy lamentable lo que está haciendo Gobierno del Estado, primero no nos dio voz a nosotros como ciudadanos, les dio la voz nada más a los dueños de los verificentros, los concesionarios, los carros 2014 no tienen que ir a pasar la verificación, otro beneficio para los millonarios. Ahorita los cientos o miles de gente que están haciendo fila, son gente productiva que debería ahorita estar trabajando”. El ciudadano resumió la molestia de tantos: “Es un dinero que no está entrando a Gobierno del Estado porque la gente no puede sacar las placas, entonces, es muy triste que se pongan primeramente los intereses de multimillonarios antes que los intereses de los propios bajacalifornianos”. Sobre la contaminación, señaló que Gobierno del Estado, a través de la SPA, tiene un estudio donde revela que los automóviles contaminan solo el 1.5% de las partículas PM2.5, mientras que el 65% de la polución deriva del polvo, transporte público y de la industria generadora de energía. Ahora, quien le está fallando a su electorado es el gobernador Kiko Vega: “Nosotros hemos dicho, y no nos vamos a cansar de decir, no hay centros de monitoreo en Baja California, en Mexicali no hay ningún centro de monitoreo, quien diga eso es un mentiroso, se ocupa más de medio millón de pesos para que los centros de monitoreo se echen a volar; y la Secretaría de Protección al Ambiente no tiene esos recursos. “Vamos a reclamarle que él dio su palabra ya como gobernador electo, y en funciones dio su palabra de que se iba a consultar a la sociedad para que se hicieran cambios a la verificación vehicular y no estuviera pasando todo el caos que está pasando ahorita”. La protesta retumbó en las instalaciones del Gobierno del Estado, donde la gente exigió al gobernador que diera la cara. Por supuesto, esto no sucedió. La controversia Por parte de los legisladores, el primero en manifestarse en contra de la verificación vehicular obligatoria fue el diputado Roberto Dávalos, quien señaló que el Congreso aprobó en 2013 que ese trámite no fuera indispensable para obtener la tarjeta de circulación. Además, se acordó que en 2014 se reduciría el costo del servicio al 50%. El diputado recalcó que aun en el gobierno de Kiko Vega, los bajacalifornianos siguen siendo presa de los beneficios de Jorge Kahwagi Macari. Dijo lo que ya es bien sabido: los equipos que se utilizan son obsoletos, y provienen principalmente de desechos de los programas emprendidos en el Distrito Federal Pese a que los priistas se abstuvieron en el pleno de votar la renovación del decreto, la dirigente estatal Nancy Sánchez también se manifestó en contra de la medida, al considerar que es evidente el propósito recaudatorio y la irritación generalizada entre los automovilistas bajacalifornianos, por lo que el partido tricolor ya demanda que se elimine la obligatoriedad. De igual manera, criticó las largas filas que se han presentado para hacer un trámite que con solo diez usuarios en fila, representa 80 minutos de espera, a ocho minutos por auto en promedio. “No existe la tecnología adecuada ni la infraestructura suficiente para dar servicio en tan poco tiempo a miles y miles de automóviles”, acentuó. Por su parte, el diputado José Alberto Martínez Carrillo se sumó al descontento generalizado: Simplemente se le da un sentido recaudatorio, porque al no pasarlo, de todas maneras va a seguir circulando un vehículo que está contaminando, no tiene ninguna razón de ser, simplemente que el ciudadano aporte una cantidad, pero no sabemos los destinos finales en qué se vaya a aplicar”. A pesar de las críticas y el descontento tan manifiesto, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid parece ignorar la situación, y demuestra su escasa -si no es que nula- memoria respecto a lo que fue una de sus promesas de campaña, cuando afirmó, apenas unos meses atrás, que destinaría recursos para subsidiar la verificación vehicular. “Tenemos un problema muy serio, muy fuerte de contaminación ambiental, y no se diga aquí en Mexicali. Únicamente al respirar nos damos cuenta, así que lo que hicimos fue el compromiso de los verificadores de sacarles el mayor provecho, por lo que adicional, se tiene una póliza de seguro de vida y el servicio de arrastre dos veces al año, no se incrementó el costo, la segunda verificación es gratuita; para las personas de la tercera edad, discapacitadas se les aplica el 50 por ciento”, detalló el mandatario. La verborrea sin compromiso en torno al tema continuó: “Tratamos verdaderamente de hacer todo lo posible para lograr que nosotros nos verifiquemos, pero también, que ese esfuerzo en nuestro pago rinda más, y el rendimiento que queremos es la contaminación que nos aqueja”. Cuestionado por ZETA respecto al fin meramente recaudatorio del trámite, que tan evidentemente ha quedado expuesto, Vega tampoco tuvo nada importante qué decir. “Se golpeó fuertemente a la economía de Baja California, la gente se va a ver mermada por lo menos en un 5 por ciento de su ingreso, tratamos nosotros de cumplir con el compromiso de sanear el medio ambiente, pero también tratamos de que a la gente, el impacto sea el menor posible en sus bolsas, primero sensibilizando a los verificentros, de que atiendas y sea un servicio personalizado, sea un buen servicio y que amplíen sus horarios. Estamos haciendo lo correcto, así de sencillo”. Para rematar su distanciamiento con el tema que tanto enojo ha causado a los bajacalifornianos, afirmó que su propuesta de campaña, de aportar 90 millones de pesos para subsidiar la verificación, “no fue cuento”. El detalle, según el panista, es que el supuesto subsidio estaba condicionado a que el Congreso aceptara reducir en 300 millones de pesos su presupuesto, lo cual no sucedió. “El Ejecutivo propone y el Congreso dispone”, refirió el gobernador, queriéndose lavar las manos. Revisan a verificentros Martha Fonseca Sánchez, directora de Gestión Ambiental de la Secretaría de Protección al Ambiente, señaló que desde antes de instalarse los centros de verificación, revisaron los equipos, además de que se hacen hasta cuatro visitas por mes a cada uno de los verificentros, para que operen correctamente. Agregó que se ha encontrado incumplimiento en algunas de las visitas a las empresas, por lo que han sido sancionadas, aunque no explicó en qué consistían las penalizaciones ni a quiénes les fueron aplicadas. “Todos los centros en algún momento han sido sancionados por alguna irregularidad, estamos hablando en los 16 centros de graves hasta leves, sin embargo, el punto es que la SPA ha estado al pendiente de que el funcionamiento de los centros sea el correcto”. Cuestionada sobre la revisión al transporte público, Fonseca Sánchez citó que desde el año pasado, el transporte público inició el proceso de verificación, pero solo una línea de autobuses realizó el trámite. La funcionaria reconoció que en el proceso de socialización de la verificación, se rechazaron vehículos del año, por lo que desde entonces se estuvieron ajustando las máquinas para “remediar” esos problemas que se habían dado, además de que los carros modelo 2014 quedaron exentos de la verificación. “Actualmente los 16 centros cuentan con equipo nuevo, porque realmente así fue diseñado de fabricación, nosotros marcamos las características que tenían que tener los equipos y fueron construidos en base a este hecho, todos están calibrados y se calibran diariamente. Se calibran en cada mes por un laboratorio acreditado a nivel nacional, de tal manera que podemos asegurar que están totalmente calibrados los equipos”, finalizó Fonseca sin más, también marcando distancia del caos que en la realidad se vive en los 16 verificentros de Baja California. Gran malestar entre usuarios de Ensenada Hasta siete horas de espera han tenido que soportar los usuarios que acuden a alguno de los dos verificentros ubicados en la ciudad de Ensenada, uno de ellos con filas que llegan hasta tres cuadras, y que han provocado caos vehicular en la zona. El último conteo de vehículos verificados por el Gobierno del Estado, fue el martes 7 de enero en Ensenada, reportando 28 mil 905 automóviles revisados. El verificentro con mayor afluencia es el ubicado sobre la calle 10, casi esquina con Ensenada, número 98, Colonia Bustamante, al grado de que se registraron altercados, choques entre conductores que intentaban ganar lugar, y problemas en el flujo de los vehículos por la calle. “Allá arriba planearon las cosas mal”, aseguró un empleado del verificentro, sin dar su nombre. “He venido por cuatro días y apenas hoy voy a poder revisar mi carro”, comentó una mujer, quien sostenía un pequeño papel rosa que le habían entregado a las seis de la mañana del miércoles 8 de enero, y con el que no tenía que quedarse todo el día para hacer fila. Eran las cinco de la tarde, casi 12 horas después. Y es que en un intento de resolver el congestionamiento de los automóviles sobre la calle 10, empleados de la empresa Verificación Durango, S.A. de C.V., repartieron desde las primeras horas del miércoles, papeles numerados y horarios estimados para que las personas acudieran con su automóvil a la revisión. Al menos ese día les funcionó, sin embargo, las personas que ya se habían enterado de que serían entregados los papeles, hacían fila desde las cuatro de la mañana. Y el congestionamiento podría repetirse en los próximos días. El caso de la otra empresa de verificación, Verificentro Lomas, S.A. de C.V., ubicada sobre el Bulevar Zertuche esquina con Lázaro Cárdenas, en el Ex Ejido Chapultepec, ha sido distinto, a decir de los empleados del lugar. Aseguran que las filas no han estado tan largas, en especial, en comparación con el otro verificentro. Aunque algunos usuarios entrevistados por ZETA en ese mismo lugar contaron otra historia. Estaban molestos por las cerca de cinco horas que tenían ahí sentados esperando, y acusaron a la empresa de dar un servicio demasiado lento, de que sus empleados trabajaban “con todas las calmas del mundo”, y de que ni siquiera sentían que la revisión fuese a servir de algo, ya que los propios empleados del gobierno estatal, aseguraban que el permiso era solo “para que se fueran acostumbrando”, y que no les negarían el trámite de placas ni la circulación por la ciudad. (Ricardo Meza Godoy/ZETA) Mandan discusión de verificentros a Comisiones En la sesión de pleno del Congreso, efectuada la tarde del jueves 9 de enero, el diputado Rene Mendívil -coordinador de la bancada del PRI- propuso una modificación al Decreto de Verificación Vehicular para derogar la obligatoriedad, apoyado además de los diputados tricolores por el PEBC, PVEM y PT, pero en vez de votarse, se solicitó que la propuesta se turnara a Comisiones, con la salvedad de que se resolviera en la próxima sesión ordinaria del Congreso. En la sesión no estuvieron los diputados Laura Torres, del PRI, y el petista Julio César Vázquez. Entre los puntos planteados para justificar la modificación, sobresale la evidente baja en la recaudación del Gobierno del Estado, que disminuyó un 30 por ciento los trámites en relación al año anterior, aunado al exagerado número de vehículos, lo cual no hizo posible que los verificentros otorgaran un buen servicio, provocando filas de vehículos de seis a ocho horas para su revisión. (Cristian Torres/ZETA)
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