Deficiente defensa

Ayuntamiento ha perdido demandas laborales por 46 millones de pesos La defensa jurídica del Ayuntamiento de Tijuana es quizá una de las áreas más deficientes de la administración municipal en los últimos años. Poco o nada se ha hecho en la defensa legal del patrimonio de los tijuanenses, por ello no es gratuito que el actual gobierno tenga que hacer frente a 935 demandas laborales, 69 de ellas ya exigibles por un pago superior a 46 millones de pesos. Ello, producto de una defensa legal tibia y a destiempo. En estas condiciones y para el cumplimiento de indemnizaciones laborales a pagarse en lo inmediato, la administración que encabeza Jorge Astiazarán Orcí, deberá rascarle al presupuesto de 2014 mientras busca la manera de reemplazar lámparas de alumbrado público en zonas que están a oscuras, echando mano de recursos públicos que tendrían que estarse invirtiendo en otras necesidades. Abusos legales A la negligencia jurídica de parte de los responsables de la defensa del Municipio, se añade el abuso en que han incurrido funcionarios de anteriores administraciones, al valerse de argucias legales para imponer a familiares, allegados, o a ellos mismos, en la nómina de base del Ayuntamiento de Tijuana. Incluso, “hay funcionarios que han abusado de esa opción para quedarse con una plaza y obtener un trabajo permanente”, señala Gerardo Herrera Zavala, consejero jurídico del XXI Ayuntamiento. En su opinión, los funcionarios se han excedido en la opción que representa el dejar correr los laudos para que quienes demandan un empleo de base puedan ganarlo, como ha ocurrido con los 69 casos perdidos por las tres anteriores administraciones municipales y que ahora se han vuelto exigibles de cobro. Para el abogado Herrera, mientras la Ley del Servicio Civil no sea modificada, se presentarán este tipo de cuestiones que solo engrosan los expedientes y la nómina. En los laudos perdidos se incluye la indemnización a policías y empleados de confianza: 35 de las demandas por cumplirse de un pago de 27 millones 815 mil pesos, cuatro amparos a pagarse por 2 millones 365 mil pesos, y 30 casos perdidos en lo Contencioso Administrativo por demandas de igual número de policías, en los que se debe cubrir un monto de 16 millones 098 mil pesos. Un total de 46 millones 273 mil pesos solo en demandas laborales perdidas. Juicios a los que habrá que añadir 866 más en un avanzado proceso en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuyo fallo está por dictarse y no se augura nada alentador, dadas las resoluciones que le han antecedido en casos similares. Además de los salarios caídos, al gobierno se le obliga a reinstalar a los trabajadores que interpusieron la demanda laboral. Algunos solo quieren el trabajo, pero depende de cada caso particular, precisa el abogado de Tijuana. El gobierno municipal no está en condiciones de cubrir los millonarios montos de las indemnizaciones a que les obliga, ni de otorgar plazas permanentes, por lo que busca negociar con los demandantes, adelanta Herrera Zavala. “En sentido estricto no se puede disminuir el monto de las sentencias, pero sí son negociables en lo particular, todo depende de los convenios que se logren con cada demandante”. Lo que es un hecho, advirtió, es que el pago de las indemnizaciones es una cuestión que se tienen que resolver ya, por lo avanzado del proceso. Analizan revocar bases de Bustamante Muestra del abuso incurrido por funcionarios para favorecer con bases a sus allegados, es la negociación que al final del XX Ayuntamiento efectuaron el entonces alcalde, Carlos Bustamante, y el secretario general del Sindicato de Burócratas de Tijuana, Martín Plascencia, ahora regidor en el XXI Ayuntamiento. La opacidad en que se signó el acuerdo para otorgar 60 bases a personal de confianza es evidente. Ni siquiera el oficial mayor en el gobierno de Bustamante, quien repite cargo en la actual administración, Armando Franco Bustos, dice tener conocimiento de cómo se basificó. Las plazas se dieron principalmente para beneficiar a las asistentes de Bustamante, quienes ocupaban cargos de confianza en el área de presidencia, puestos que no pueden ser reemplazados por personal de base, por lo que el actual presidente municipal de Tijuana, Jorge Astiazarán, cuenta con diez empleados menos en su staff. Otras bases irregulares fueron entregadas a funcionarios de segundo nivel, cargos que de origen deben ser de confianza. Otro convenio de basificación irregular es el que benefició a Freya Jasel Rea Hernández, quien laborando en el área jurídica del XX Ayuntamiento, demandó y obtuvo la base. Actualmente continúa en el mismo departamento. Es por ello que estas plazas son objeto de análisis por parte de Oficialía Mayor, Dirección Jurídica y Sindicatura. Se revisan los tiempos y procedimientos que se siguieron al respecto, lo cual se efectuará en coordinación con el Sindicato de Trabajadores, afirma Franco Bustos. “Se va a hacer el análisis en todos los sentidos, la instrucción del alcalde es que revisemos todo y veamos la forma de que las cosas se hagan bien, y lo que esté en nuestras manos corregir, se va a corregir”, anotó el oficial mayor. Mientras el jurídico Gerardo Herrera Zavala y el síndico procurador Arturo Ledezma Romo, advierten que de comprobarse irregularidad en su asignación, las plazas podrían revocarse. Igualmente, se revisa si  a los empleados a los que se basificó al final de la administración bustamantista, se les otorgó algún tipo de liquidación, lo cual representaría una irregularidad. En tanto, para poder acomodar a los cientos de quejosos que exigen una base por la vía legal, el gobierno de la ciudad ya prevé efectuar una reingeniería de cada área para determinar dónde podría incrustarse a los nuevos sindicalizados. Se estima un crecimiento de la nómina de base, no de plazas, aunque para ello habrá que disminuir a los empleados de confianza. “Buscamos una estrategia que sea lo menos lesiva para el ayuntamiento y su patrimonio”, añade Herrera Zavala. Demanda contra Solac Basic Más de un año tuvo que pasar para que el gobierno de Carlos Bustamante se atreviera a interponer una demanda contra Industrias Solac Basic, S.A. de C.V., empresa que incumplió un contrato de 130 millones de pesos con el Municipio de Tijuana. La compañía simplemente no cumplió con su cometido de sustituir 63 mil luminarias de la ciudad,  a más tardar en septiembre de 2012, pero en lugar de hacer valer la garantía del contrato, el XX Ayuntamiento se dedicó a reparar por cuenta propia algunas lámparas. Fue hasta el 20 de septiembre de 2013, a menos de tres meses de entregar el gobierno, que Carlos Bustamante se atrevió a presentar ante el Juzgado Primero Civil, la demanda número 1086/2013 en contra de la citada empresa, de la que se pide el cumplimiento forzoso del convenio. Al arribo del nuevo gobierno municipal de Tijuana, el departamento jurídico se ocupa en un proceso de revisión del expediente, “porque los asuntos deben iniciarse en forma correcta, no solo en cuanto al planteamiento de la demanda, también de las formas y pruebas con las que se debe acompañar como base de la acción”, anota Gerardo Herrera Zavala. Este análisis llevará el tiempo que dura el actual proceso de receso en el que entran los tribunales, para cuando vuelvan a la actividad, a principios de enero de 2014, ya estará listo, dijo. En cuanto a los términos de la demanda, ésta podría llevar hasta tres años, o más, dependiendo de las estrategias de defensa del indiciado. En ella tampoco existe un monto determinado para la indemnización, sino que éste se deja a criterio de peritos que tendrán que intervenir en el juicio. “Se recaba por perjuicio la cantidad determinada por peritos”, establece el expediente. El peritaje se podrá ejecutar hasta que lo determine un juez, mediante una sentencia de cumplimiento forzoso. Lo importante es que sea una demanda con bases sólidas, que permita al Municipio recuperar la pérdida que le significó este convenio, acotó Herrera, para concluir: “De la consejería jurídica se busca que sea un organismo de fuerza que dé al Municipio los elementos de defensa y asesoría legal para que su patrimonio no se vea afectado por demandas o contestaciones superfluas, esa es la premisa de este gobierno”. Dignificarán labor de juez calificador Retomando modelos de justicia municipal aplicados en San Pedro Garza García, en Nuevo León, y en Ciudad Juárez, Chihuahua, el XXI Ayuntamiento de Tijuana buscará “dignificar el cargo de juez municipal”, otorgando mayores atribuciones a los magistrados locales e instalaciones más dignas. Según Gerardo Herrera Zavala, asesor jurídico del municipio de Tijuana, se pretende que los 44 jueces municipales no solo ejerzan funciones de juez calificador, sino integral, como lo establece el reglamento. Entre las facultades, destaca el mediar en las diferencias  que se dan entre vecinos, para que éstas se resuelvan en el momento, y que no solo emita boletas en las que solo pone sanciones, el cargo que se imputa al acusado, o que da descuentos de las multas. Hay mucho trabajo por hacer en ese aspecto, modernizar con equipo y crear base de datos, “para ello se tomarán como ejemplo instalaciones dignas como las que operan en Monterrey y Chihuahua, que permiten atender a los ciudadanos en forma óptima”, adelantó Herrera. Actualmente se contabilizan las necesidades de lo que se ocupa y la forma en cómo se va a implementar, “se requiere de espacios y recursos, pero se va a dar”, concluyó.