Con plantón, recuerdan desaparición de Diego Hernández

En enero de 2007 fue la última vez que Diego Hernández Leyva fue visto con vida. Siete años y tres administraciones estatales después, familiares, amigos y asociaciones civiles encabezaron un plantón en las afueras del edificio de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para exigir información que lleve a localizar sus restos. “La manifestación no es solo por Diego, es por todos los desaparecidos”, expuso Irma Leyva, madre del ex agente ministerial desaparecido hace siete años en Mexicali, en el mitin que encabezó el 13 de enero de 2014. El caso de Diego resultó emblemático, ya que en esos primeros meses de 2007, una serie de agentes y ex agentes ministeriales fueron asesinados y trascendió un video donde un ex comandante de la PGJE es interrogado. Ante las cámaras, José Ramón Velázquez expuso con detalles como él era el encargado de una célula del Cártel de Sinaloa en Mexicali -apoyado por agentes y sicarios traídos de Sinaloa-, estaban ajustando cuentas con un grupo de agentes vinculados al Cártel Arellano Félix, apoyados en sus acciones por el entonces procurador estatal Antonio Martínez Luna. El cuerpo de Velázquez fue localizado -con evidentes huellas de tortura- en una camioneta frente a la casa de la novia de Martínez Luna. En el video, Velázquez da cuenta de cómo “levantaron” a Diego Hernández Leyva, lo torturaron y enterraron en un rancho propiedad de un agente ministerial de apellido Roa Lara, hoy preso en el penal de máxima seguridad “El Altiplano”, en el Estado de México. “Como madres no podemos de dejar de exigir que investiguen dónde quedaron los restos de nuestros hijos, que nos den información”, sostiene Leyva, quien relató la serie de obstáculos para conseguir información sobre la desaparición de su hijo. “Ya basta que estén ahí y no hagan su trabajo”, insiste. Por su parte, el tijuanense Fernando Ocegueda, presidente de la asociación Unidos por los Desaparecidos, expuso que el gobierno estatal ha manifestado que en 2013 hubo 267 desaparecidos, y en 2012 fueron 165, lo que suma 465 privaciones ilegales en dos años. “Creo que el Estado está en deuda con todas las familias de desaparecidos en Baja California, y creo que es responsabilidad de este nuevo gobierno entrarle con ganas al asunto”, señaló Ocegueda, para añadir que se han encontrado fosas comunes en Baja California -con el apoyo de la Procuraduría General de la República-, localizándose alrededor de 18 kilos de huesos, 500 piezas dentales y tornillos quirúrgicos. Se trata de restos de gente desecha en ácido, por lo que ahora se está tratando de obtener el ADN. Además, en la mayoría de los casos hay detenidos, pero por otros delitos, no por las desapariciones. De casos concretos resueltos por las autoridades, calcula apenas un uno por ciento. Comentó que en Nuevo León, las autoridades recién adquirieron dos scanners con tecnología de punta que tienen un alcance de 18 meses bajo tierra, por lo que insisten en la demanda de que las autoridades de Baja California, adquieran equipo similar. Esa misma mañana, un grupo de activistas fueron recibidos por funcionarios de la PGJE, quienes -de acuerdo al comunicado de la dependencia- se comprometieron a “dar seguimiento a las investigaciones”.