Los ambiguos requerimientos de las primeras licitaciones publicadas por la actual administración de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), a cargo de Alfonso Álvarez Juan, derivaron en controversia y denuncias públicas por parte de los interesados en obtener los millonarios contratos. De entrada, la puja encaminada a contratar el servicio de vigilancia, rubro en el que la paraestatal invierte un promedio de 33 millones de pesos al año, se publicó con una serie de requisitos fuera del marco legal de adquisiciones, que dejaba fuera de la oferta a casi todas las empresas que ofrecen el servicio. Excepto una. En otra convocatoria para la adquisición de sustancias químicas, prevaleció el desinterés de postores. Un solo oferente se registró en la subasta, lo cual resulta extraño, toda vez que la compra de materiales químicos, es uno de los principales gastos en los que la Comisión invierte 400 millones de pesos anuales. Mientras algunos distribuidores acusan irregularidades en los procesos de las licitaciones que -aseguran- se elaboran con dedicatoria, Álvarez Juan niega que éstas se presenten “a modo” para favorecer a alguien en particular. “La oferta más económica prevalecerá en todas las licitaciones”, aclara. En entrevista con ZETA, el funcionario también mostró beneplácito por la aprobación del Congreso del Estado, del nuevo crédito que beneficiará a la CESPT con 230 millones de pesos, dinero que será utilizado para solventar su déficit. De economías al interior de la institución habló poco, pero basó su estrategia de ahorro en sustituir la compra por renta en el caso de vehículos, maquinaria oficial y equipo de bombeo. Yerros en licitaciones En la convocatoria regional número 1C-NA-028-2013, relativa a adjudicar el servicio de seguridad privada, la administración actual de la CESPT demandó a los interesados una serie de requisitos fueran de normatividad y confusos, que casi ninguna empresa podía solventar. Solo una -casualmente, acusan sus detractores- estaba en posibilidad de cumplirlos: Previniendo, S.C. La ilegal situación, toda vez que viola el principio de concurrencia y no garantiza las mejores condiciones contractuales a favor del Estado, que es la mayor participación de oferente (Artículo 134 Constitucional), fue observada por el resto de los interesados, entre ellos, Control de Protección y Custodia, S.A. de C.V. y Grupo CPS, S.C. De entrada, la paraestatal convocaba el servicio de seguridad armada con un padrón de 244 elementos para cubrir 100 inmuebles, sin especificar funciones y tipo de instalaciones a custodiar, que permitan determinar el tipo de armas de las que tendrán que ser provistos los guardias. Aunque CESPT puede pedir en la convocatoria los requisitos que considere necesarios, el reclamo de los concursantes va en dos sentidos: una, la falta de claridad, ya que debió especificar cuantos vigilantes armados necesitaba y no lo hizo; y dos, que no necesita 244 elementos con licencia para portar armas. Situación confirmada por el propio Alfonso Álvarez Juan, quien indicó que en solo 18 áreas de la CESPT se requiere la presencia de custodios con armas, por manejarse en ellas flujo de efectivo. De igual manera, la paraestatal requirió una antigüedad de cinco años del domicilio fiscal de las empresas interesadas, lo cual “para efectos fiscales, no incide directamente en la materia del servicio a licitar”, expuso el representante de una de las compañías inconformes. “Esta exigencia viola directamente lo dispuesto en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California, el cual impone al proveedor tener su principal asiento de los negocios y domicilio fiscal, al menos con un año de antigüedad en el Estado” aseveró. Asimismo, sin realizar una investigación previa de mercado, que hubiera advertido la existencia de al menos tres proveedores que pudieran cumplir con el requisito, como lo establece el Artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, CESPT exigió a los interesados presentar la licencia particular colectiva, vigente a la fecha de la licitación y autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, para acreditar que todos sus elementos pueden portar armas; exigencia que en Baja California solo cumple una empresa. Además, está certificación fue requerida por partida doble en la convocatoria, como requisito legal y técnico. En otro numeral, la dependencia solicitó una propuesta técnica para el uso de seguridad canina, sin determinar las características del lugar a vigilar, que expongan la necesidad del servicio de seguridad de canes. Otra ambigüedad es la relacionada con la exhibición de la copia de los pagos realizados que confirmen el cumplimiento de las cuotas obrero/patronales realizadas en el ejercicio 2013 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin precisar qué pagos y derivados de qué contratos. En relación a las demandas técnicas que hacen referencia a que se descalificará de la licitación a los concursantes con algún adeudo, saldo pendiente, pena convencional, procedimiento de rescisión de contrato o retraso con CESPT, los concursantes que se consideraron afectados, requirieron a la paraestatal mayor formalidad para ser notificados en tiempo y forma sobre posibles adeudos, de tal suerte que éstos tengan una garantía de audiencia que les permita ofrecer pruebas y alegar a su favor aquellos casos ya solventados. Los reclamos Alexandra Celina Magaña Cabrales, del Departamento de Recursos Materiales de la CESPT, les había advertido que las empresas que no acreditaran las los requisitos de carácter legal (incluido el de los 244 elementos armados), no serían consideradas para la licitación. Por ello, el 20 de diciembre de 2013, en la junta de aclaraciones se observó la desventajosa situación, desatando la inconformidad de los proveedores y obligando a CESPT a modificar sus requerimientos y el plazo de la licitación, aún vigente. Cuestionado al respecto, el director de la dependencia, Alfonso Álvarez Juan, consideró normal este tipo de inquietudes, sin que ello signifique que se transgreda la Ley. Pero ante la inquietud de los proveedores, anunció que propondrá a la Contraloría reponer el proceso “para que sea más equitativo, no solo para las empresas que están participando, sino ampliarlo a otras que estén interesadas en ello”. Aclaró que si ahora se requieren elementos armados a las empresas privadas, es porque se busca quitar a la Policía Comercial de esa función, “por cuestiones de economía”. Esto no es ninguna limitante, ya que “las empresas pueden presentar su propuesta, aun cuando no den el servicio con elementos armados, igual se valorarán”, garantizó. En promedio, CESPT gasta 27 millones de pesos al año en pago de seguridad privada, y 6 millones de pesos en elementos armados, los cuales son contratados a la Policía Comercial. La seguridad, dijo, es un tema que requiere de eficiencia, por lo que se busca tener el mismo resguardo, pero en forma más económica. El desinterés por participar en las convocatorias lanzadas por la CESPT, es atribuido por el director a “quizá la falta de una mayor difusión de las mismas”, lo cual, anotó, se buscará solventar. En tanto, la apatía de oferentes le llevó a declarar desierta la convocatoria 1C-NA-026-2013, al no aceptar el organismo paraestatal “el precio de la partida ofertada”. Una sola empresa se interesó en proveer a la Comisión de sustancias químicas, utilizadas en la potabilización del agua: Distribuidora Sasa, S.A. de C.V. En una segunda subasta, la situación fue la misma, por lo que ahora CESPT se prepara para adjudicar la compra en forma directa, seleccionando la mejor oferta de tres cotizaciones que buscará por cuenta propia. No obstante, René Salido Vargas, representante de la empresa sonorense, única interesada en esta convocatoria, dijo no observar irregularidad en este proceso. Álvarez Juan sostiene que las adjudicaciones las determina un comité, bajo la consigna de que “la propuesta económica, independientemente de la propuesta técnica, determina a quién se dará el contrato, asegurando la calidad del servicio que se ofrece”. Y ante las suspicacias, subrayó: “En las compras y adjudicaciones no favoreceré ni a amigos, ni compadres”. Crédito y renta para solventar déficit Aunque su inversión en obra es escasa, el elevado gasto operativo provoca que la Comisión Estatal de Servicios Públicos opere con déficit, al menos ése fue el argumento para requerir un nuevo financiamiento de 230 millones de pesos que le permita sacar adelante el ejercicio 2014. El nuevo crédito aumenta la deuda de la paraestatal a 2 mil 190 millones de pesos, y será utilizado para el pago de adeudos pendientes con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Gobierno y Municipio del Estado de Baja California (ISSSTECALI), Comisión Federal de Electricidad y con los propios bancos. No en obra. Para el pago de la nueva deuda, el director de CESPT le apuesta “a la generosidad de la gente para seguirla solventando”. Pero con una pesada cartera vencida de mil 300 millones de pesos, de los cuales mil son deuda de servicio residencial, 300 millones de instancias oficiales (gobierno municipal de Tijuana y Rosarito, instituciones deportivas, entre otros) y sin un programa eficiente de recuperación de cartera vencida, es poco probable que la paraestatal deje de operar con números rojos. Entre los usuarios morosos de CESPT, se encuentran los municipios de Tijuana y Rosarito, cuyos anteriores gobiernos dejaron de pagar los últimos 24 meses el consumo de agua, arrojando una deuda de 9 millones de pesos en el caso de Tijuana, y de 3 millones de pesos por parte de la administración de Rosarito. Para 2014, a la dependencia le fue aprobado un presupuesto de ingresos de 2 mil 700 millones de pesos, a ejercer de la siguiente manera: 30 por ciento en nómina, otro tanto en el servicio de energía eléctrica, y el 40 por ciento restante en combustible, químicos y material hidráulico. A decir de Álvarez Juan, es en la compra y mantenimiento de unidades motrices y equipo de bombeo, uno de los puntos en los que más se gasta; en promedio, 300 millones de pesos al año. De ahí que como estrategia de ahorro, Álvarez considere el plan de arrendar “todos los vehículos de la CESPT, incluyendo maquinaria, motores eléctricos y equipo de bombeo”, enfatizó. Con ello, contempla obtener mayor flujo de dinero para atender otras necesidades como la reposición de tubería, que mejoren el servicio que se presta. Actualmente su administración se aboca a la realización de estudios para rentar unidades que permitan un ahorro de hasta 80% de energía, en el caso de motores eléctricos. Según Alfonso Álvarez Juan, CESPT cuenta con una flotilla de 680 vehículos para campo y directivos, que en su totalidad será sustituida por unidades de renta. El arrendamiento podría hacerse en forma directa con alguna empresa, o a través de una institución crediticia, “analizamos la mejor opción”. Lo que sí, precisó el funcionario, es que los contratos de renta se harán por un término de 36 meses, situación que de ningún modo “elevará los compromisos crediticios de la CESPT”.
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