Cae defraudador norteamericano en Puerto Vallarta

Ex vicepresidente de comercializadora de vinos acusado de fraude por 900 mil dólares Funcionarios de migración mexicanos y agentes del FBI en los Estados Unidos y en Guadalajara se coordinaron para localizar y detener en Puerto Vallarta, Jalisco, al norteamericano Martin Christopher Edwards, acusado de cometer un fraude por 900 mil dólares. El extranjero, de 48 años, vecino de Napa Valley, en San Francisco, California, fue aprehendido el 15 de enero último y deportado a la unión americana donde enfrentará cargos a nivel federal, según anunciaron funcionarios a través de un comunicado. Edwards se ocultaba cerca del hotel Hacienda Escondida en Puerto Vallarta, a donde presumiblemente arribó a mediados del año próximo pasado luego de no presentarse a una audiencia inicial programada en una corte federal de San Francisco el 17 de junio de 2013. El hoy detenido fue acusado formalmente por un gran jurado federal el 30 de mayo de 2013.  La acusación atribuyó a Edwards con 33 instancias de fraude por correo, fraude por giro, y lavado de dinero. Supuestamente creó “Dufrane Compliance Trust”, una entidad ficticia que habría de dar servicios de asesoría fiscal a “The Wine Tasting Network” (“La cadena de cata de vinos”) la compañía comercializadora de vinos donde había trabajado antes. Como vicepresidente y gerente general, Martin Christopher Edwards supuestamente instruyó a la “Wine Tasting Network” a realizar múltiples pagos a “Dufrane Compliance Trust” entre mayo de 2010 y alrededor de octubre de 2012, por un total aproximado de 900 mil dólares.  Edwards supuestamente depositó estos fondos en una cuenta que controlaba, y los retiró para su uso personal, incluyendo la compra de un auto BMW, el cual ya fue incautado por las autoridades. En la actualidad Edwards está bajo custodia y programado para presentarse en el juzgado de distrito este 22 de enero, ante el Juez Federal de Distrito en San Francisco. De ser encontrado culpable de los cargos que le imputan, el norteamericano podría ser condenado a 20 años de prisión por fraude y 10 años de cárcel por lavado de dinero. Por cada uno de estos delitos aplicaría una multa de 250 mil dólares o dos veces la ganancia o pérdida bruta resultante de la ofensa, más restitución.