657 observaciones

Aunque el alcalde de Tijuana, Jorge Astiazarán, no atendió el llamado a la guerra política mediática que encabezó el ex presidente municipal Carlos Bustamante Anchondo durante esta semana, tenía elementos para defender la postura de su Cabildo. Efectivamente, el lunes 27 de enero, por unanimidad, integrantes del XXI Ayuntamiento de Tijuana votaron a favor de enviar un exhorto al Congreso del Estado para que a su vez ordene al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), una auditoría de gestión a la administración que encabezó Bustamante. No fue un tema de rigor, ni de empate con las labores fiscalistas tanto de Congreso como de ORFIS, tampoco algo rutinario como lo quiso minimizar el ex alcalde en su justa de conferencias para “defenderse” de la auditoría y del pasivo que rebasa los 600 millones de pesos de acuerdo al actual presidente municipal, sino que fue la petición específica de auditar  -ante la sospecha de irregularidades sobre todo en el convenio para cambio de luminarias- para observar si los programas en la administración pasada se manejaron con calidad, eficiencia y eficacia, y causaron beneficios a la sociedad. El Cabildo de Tijuana encabezado por Jorge Astiazarán está facultado legalmente y tiene el derecho de solicitar  a los diputados la Auditoría de Gestión sobre la administración de su antecesor en el gobierno municipal. Evidentemente, es obligación del Congreso del Estado fiscalizar acuciosamente cada año las cuentas de los municipios, pero la petición de los 18 miembros del Cabildo tijuanense es un exhorto a los diputados, un posicionamiento mediante el cual están llamando la atención para exigir políticamente a los legisladores, poner especial atención en  la revisión de las cuentas de Tijuana -lo que no hicieron sus antecesores-. Es un llamamiento público para decirles que los estarán vigilando para que cumplan con sus responsabilidades. Los primeros reportes de los actuales titulares de área en el Ayuntamiento de Tijuana sobre las condiciones en que encontraron la administración, y que fueron entregados entre el 31 de diciembre de 2013 y el 16 de enero de 2014, resultaron en 657 observaciones a la información entregada por los ex funcionarios bustamantistas,  algunas más graves que otras: * 296 observaciones son de carácter administrativo. * 46 tienen que ver con el presupuesto. * 39 con obra. * 20 con el tema de egresos. * 9 con ingresos. *15 son de tipo financiero. * 208 están relacionadas con activos fijos, entre otras. La mayoría de las observaciones están en Desarrollo Social y en la Secretaría de la Juventud. Sin embargo, la Sindicatura aún está revisando -por orden de gravedad- el detalle de las observaciones. Después de eso, vendrá la comparecencia de funcionarios, las solventaciones y la redefinición del número de observaciones, del daño patrimonial si se causó, y la posibilidad de denuncias.   Cuenta pública 2012: no procede aprobación en ingresos, egresos, ni patrimonial Además, el exhorto a la auditoría al último año de administración de Carlos Bustamante, se sustenta en el delicado antecedente: la cuenta pública 2012 del ayuntamiento de Tijuana, aprobada en febrero de 2013 por los diputados de la anterior Legislatura, como resultado de una negociación política priista, para que Bustamante renunciara a buscar la candidatura al Gobierno del Estado. Una aprobación de cuenta que fue ilegal, dado que se realizó sin que el ORFIS llevara a cabo a auditoría ordenada por Ley, y emitiera un dictamen técnico (así lo reconoció Montenegro en un oficio a petición de la diputada Rosalba Regalado). Para efecto de dar trámite a la cuenta de Bustamante, utilizaron un documento falsificado que clonaba las observaciones de la cuenta 2011. Impunemente, los diputados aprobaron la cuenta, y los actuales legisladores poco pueden hacer al respecto. De hecho, el ORFIS concluyó recientemente la revisión de esas cuentas públicas 2012 de Tijuana, y el resultado es muy diferente al de la cuenta falsificada. Esta vez se aprueba solo la cuenta de Obra Pública y “no procede” la aprobación de las cuentas de Ingresos, Egresos ni la Patrimonial. Algunas de las irregularidades detectadas: * 15 millones de pesos pagados por servicios profesionales sin que medie documento que justifique el gasto. * Más de 2 millones de pesos pagados por servicios profesionales para el acuerdo firmado con Global Sight (cámaras de video-vigilancia), cuando por tratarse de un acuerdo, debieron usar personal del ayuntamiento. * 45 millones de pesos que debieron pagarse a la misma empresa y no se localiza el pago. * La compra de 14 millones de pesos de equipo de software sin licitación. * El pago con un retraso de hasta 328 días de préstamos otorgados a empleados, por  6 millones de pesos. Y la lista sigue, pero todas esas irregularidades comprobadas, podrían quedar impunes. Consultado respecto a estas cuentas negadas por el órgano técnico y el efecto que tendrían, dado que las cuentas 2012 ya habían sido aprobadas por los anteriores diputados, el presidente de la Comisión de Fiscalización (regidor en la administración de Carlos Bustamante) Rodolfo Olimpo Hernández, representante del Partido Encuentro Social (PES), explicó: “Es correcto, lo aprobó la anterior Legislatura sin contar todavía con la opinión del ORFIS”. Se le preguntó cuál será el siguiente paso, dado que el dictamen del órgano indica que viene negada en algunos aspectos, pero indicó que no podía responder porque aún no había sesionado la Comisión de Fiscalización, “… tal vez el ORFIS ya tenga su opinión, pero la Comisión no la ha atendido todavía”. — ¿Cuándo la van a atender, diputado? “Estaríamos hablando de unas dos semanas todavía, porque tiene que entrar en la lista y hay varios temas que ya están pendientes, se van desahogando y cada semana se desahogan un promedio de dos a quince temas, entonces, según el orden en que éstos son presentados por el ORFIS a la Comisión, ésta los desahoga uno por uno”. — Si viene negada, como el otro Congreso ya la aprobó, ¿hasta dónde pueden llegar ustedes en la 2012? “Si existe una opinión contraria a la que emitieron los diputados en la Legislatura anterior, en primera instancia sería un tema que tendríamos que evaluar en la Comisión, yo no quisiera anticipar una postura que pudiera comprometer al resto de los compañeros. “Lo que sí creo, es que como Congreso de Estado, no estamos en posición de revocar decisiones de la Legislatura anterior, eso sería un tema de evaluación para saber si podemos atender más a la opinión del ORFIS, que Usted recordará, es un órgano de ‘apoyo’ al Congreso, si ya los diputados emitieron su opinión aprobatoria”. — Sin tener un dictamen técnico… “Sin contar con un dictamen técnico, entonces tendríamos que analizar si hubo algún tipo de responsabilidad de parte de los anteriores diputados, pero que estemos en posibilidad como Congreso actual de revocar determinaciones que tomaron  los anteriores legisladores, ahí sí la veo un poco difícil. En todo caso, solo podríamos evaluar si hubo algún tipo de responsabilidad del anterior Congreso”.     — ¿Y si las irregularidades detectadas trascienden de un año a otro, esas cuentas no solventadas en 2012, se pueden revisar de manera más diligente en su posible afectación en la cuenta pública 2013?       “Nos correspondería revisar todo aquello que el anterior Congreso no haya revisado, que en todo caso, correspondería a 2013. Por supuesto que al revisar nosotros la cuenta pública 2013, si ya hubo alginas opiniones que nos alerten de algunas irregularidades del ejercicio fiscal 2012 por parte del ORFIS, tendremos que prestar especial atención a esas cuentas, pero por lo que respecta al ejercicio 2013”. Olimpo Hernández aseguró que la cuenta 2013 apenas está en período de revisión en el ORFIS.   Luminarias y cámaras Aunque Sindicatura Municipal aún afina los resultados de las auditorías de recepción, los fiscalizados recibieron la instrucción de enfocarse en temas que han sido reclamados públicamente, con posible afectación al erario. Entre las muchas situaciones anómalas, sujetas a investigación, destacan los contratos signados por la administración de Carlos Bustamante con Sola Basic, Global Corporation, así como el donativo de 14.5 millones de pesos entregado al club de futbol Xoloitzcuintles de Caliente. Bajo ese contexto, en una decisión unánime, el Cabildo de Tijuana, avalada por el propio Jorge Astiazarán Orcí, acordó esta semana girar un exhorto para que el ORFIS realice una auditoría de gestión y desempeño al gobierno encabezado por Carlos Bustamante. Con esta investigación se espera determinar si hubo cohecho para que los responsables puedan ser sancionados, “dependiendo del asunto se podría llegar hasta la denuncia penal, en el caso de los funcionarios no electos, mientras que la sanción para el ex alcalde podría derivar en un juicio político”, indicó Luis Felipe Ledezma Gil, regidor que presentó la propuesta. A dos meses de iniciado el XXI Ayuntamiento, las anomalías incurridas por el gobierno de Bustamante son tantas, que no lograron resumirse en las 657 observaciones presentadas a Sindicatura Municipal. Pero dadas las 657 anomalías detectadas y reportadas por los actuales funcionarios, los ochos auditores que trabajan en Sindicatura sobre el material -hace 15 días- apenas se dan abasto en el proceso de auditar lo recibido el 16 de enero de 2014, debido a una prórroga solicitada y concedida.  Muestra de ello es que, hasta la fecha, la Secretaría de Administración y Finanzas no ha logrado determinar la situación financiera real del municipio de Tijuana, reveló José Guadalupe Mojica Moreno, titular de la dependencia. Actualmente Sindicatura Municipal da seguimiento a las observaciones que le fueron presentadas, iniciando esta misma semana con la comparecencia de ex funcionarios de la pasada administración, siendo Esteban Yee, ex secretario de Desarrollo Urbano, el primero en ser citado, teniendo como tema central el contrato de las luminarias. “Este viernes iniciaremos con la investigación dando prioridad con a los asuntos más relevantes que supongan daño patrimonial”, expuso Joel Guardado Reynaga, contralor de la dependencia.   Comparecen ex funcionarios La falta de expedientes que den cuenta del manejo administrativo y financiero de la anterior administración, es la constante en reportes de recepción de  casi todas las dependencias del XXI Ayuntamiento de Tijuana. La Secretaría de Administración Urbana es un ejemplo, que reportó la ausencia total de los archivos que hacían referencia al contrato de 145 millones de pesos con Industrias Sola Basic, S.A. de C.V., empresa que se encargaría de mejorar el sistema de alumbrado público de Tijuana, lo cual incumplió, pese a haber recibido el pago adelantado de 141 millones 187 mil pesos. A mediados de enero, el nuevo secretario de Desarrollo Urbano informó que no encontró un solo documento al respecto. Fue por ello que el primero en ser llamado a comparecer por Sindicatura fue el ex secretario de Administración Urbana, Esteban Yee Barba. Asistió la semana pasada, explicó que había entregado el expediente completo al departamento jurídico para el proceso legal, pero como debía conservar una copia, le informaron que debía regresar en siete días para informar donde estaba el expediente y carearse con el nuevo secretario. El plazo se venció el 30 de enero de 2014. Previo a la cita formal ante autoridades de Sindicatura, ambos personajes dialogaron en lo particular fuera de la dependencia; posteriormente, ya en la declaración  oficial, Sánchez Martínez aseguró que los expedientes -concentrados en un expediente de 7 mil fojas, más 30 carpetas más- “aparecieron”. Unos archivos fueron localizados en Administración Urbana, y otros, en la Dirección de Obras y Servicios Públicos, a cargo de José Francisco Barrón Macías, quien laboró en el gobierno de Bustamante, en el mismo cargo. “Que siempre estuvieron ahí, pero que no los habían visto y, por un error involuntario, no se integraron al expediente del acta de entrega-recepción”, resumió en su comparecencia Esteban Yee. Terminada esta primera presentación, el funcionario habló con ZETA y se dijo “muy contento”, porque “…todos los puntos fueron solventados, ya tengo mi acta”. Aseguró no haber dejado “ninguna irregularidad”, y de la auditoría de gestión solicitada al ORFIS, manifestó estar tranquilo, “porque todo lo que se hizo, se hizo bien”. Sin embargo, para el contralor de Sindicatura, Joel Guardado, lo único solventado fue la ausencia de archivos, pero la auditoría de los mismos apenas dará inicio hoy viernes 31 de enero, por lo que aún no es posible deslindar de ninguna responsabilidad ni a Esteban Yee, “ni a ningún otro funcionario de la anterior administración”.   “Un problema de liquidez muy serio” A un mes de iniciada la gestión del XXI Ayuntamiento, el secretario de Administración y Finanzas desconoce cuál es la situación contable de la administración, porque “el sistema no ha podido cerrar al día hoy (29 de enero), los estados financieros al 31 de diciembre de 2013, ¡no los tengo! En cualquier empresa que suceda esto, al contador lo corren”, expuso José Guadalupe Mojica Moreno. El titular de las finanzas municipales, como el alcalde Astiazarán, culpó al sistema, “no a los actores”, ya que el proceso interno está desarticulado en sus procesos de contabilidad, “debilidad” que requiere de una reingeniería administrativa en todas las áreas que conforman el ayuntamiento. Éste es otro aspecto sujeto a investigación, ya que en el anterior trienio se gastó una partida de 23 millones en la adquisición de software para la armonización contable, “con el que tendremos mayor transparencia en los procesos, con información actualizada y transparente de los ingresos y egresos”, subrayó en su momento, la ex síndico Yolanda Enríquez, al momento de que fue autorizada la inversión. José Mojica adelantó que el software está en proceso de revisión porque presenta fallas que han hecho imposible su uso y, de no funcionar en un plazo determinado, se requerirá la fianza de la inversión, que solo cubre alrededor de 15 millones de los 23 millones de pesos que se gastaron. En referencia a la discrepancia surgida por el pasivo a proveedores, del que al 31 de diciembre de 2013, el actual gobierno llevaba contabilizados 626 millones de pesos y no 363 millones de pesos que reconoce el ex alcalde Carlos Bustamante, Mojica Moreno la atribuyó  de nuevo “al lento proceso del sistema de control interno”. Muestra de ello, dijo, es que a la fecha se siguen recibiendo facturas pendientes que no fueron cubiertas por la anterior administración, “algunas de ellas con fecha de 2012”, lo que difícilmente es un error de cálculo. No obstante, fue tajante al señalar que se heredó “un problema de liquidez muy serio”, derivado también del descontrol con el que fueron llevadas las finanzas en las que “hasta facturas de Starbucks eran remitidas a caja chica”. Muchas de las facturas requeridas de pago ni siquiera están registradas en la contabilidad del Municipio, y ante la falta de evidencia, éstas “no serán pagadas”, advirtió. También se enfrenta el requerimiento de pagos considerados como improcedentes, como el de 195 mil pesos que una institución bancaria demanda “en puro cargo de cheques girados para finiquitos”, explicó. Se trata de los  finiquitos que se auto-pagaron ex funcionarios de primer nivel, una de las irregularidades observadas y bajo investigación. En las observaciones salió a relucir el Instituto Municipal de la Mujer encabezado por Lourdes Inzunza, pareja oficial del entonces alcalde Carlos Bustamante. Ahí se emitieron cuatro cheques, que en total suman más de medio millón de pesos, por “término de nombramiento”, concepto inexistente en la administración municipal. Tanto Inzunza Medina como su asistente, el jefe de control presupuestal y la coordinadora de análisis jurídico, se auto-liquidaron cheques post-fechados por más de 100 mil pesos, los cuales fueron cobrados tres días antes de la fecha en que fueron remitidos, el 31 de noviembre de 2013, detalla el funcionario como parte de las observaciones a solventar. Esta dependencia cerró la administración el 30 de octubre, a pesar de que oficialmente debían laborar hasta el último día de noviembre, y no dejó en sus registros información contable, presupuestal ni administrativa, del último mes de operaciones. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, las observaciones se resumen en obras inconclusas del Ramo 33, falta de expedientes técnicos, y de mobiliario en mal estado. La ausencia de documentación también se registró en el área jurídica, donde en lugar de archivos, “recibimos la información en discos compactos, y la Ley marca que tiene que ser en forma escrita”, indicó el consejero jurídico Gerardo Herrera Zavala. Otra anomalía detectada en ese departamento fue la de personal laborando en un área no correspondiente a la de su nómina. La irregular ampliación concedida el 3 de octubre de 2013 a la empresa de autotransporte Altisa, para que con 40 unidades operara en la ruta Corredor 2000-Casa Blanca, es otra de las observaciones investigadas por Sindicatura. La autorización fue entregada por el entonces director de Vialidad y Transporte, Manuel Casillas Moreno, sin pasarlo por Cabildo, además de que se presume, la firma del notario público fue falsificada, hecho también bajo averiguación. En la última sesión de Cabildo, celebrada el lunes 27 de enero, se acordó suspender tal ampliación, así como poner orden en el resto del servicio de transporte público.   Juicio político a ex alcalde Luis Felipe Ledezma Gil ve poco probable que al ex alcalde Carlos Bustamante se le sancione penalmente, acaso podrá sancionarse a sus funcionarios, “pero sí podremos exigir un juicio político al final de la auditoría”, apuntó al asegurar que será celoso vigilante de que la investigación requerida al ORFIS. “Se exigirá sea llevada hasta las últimas consecuencias y con resultados este mismo año, para que los hechos no prescriban. Los ciudadanos merecen que quienes afectaron su patrimonio, paguen por ello”, sentenció. Luego que su iniciativa fuera aprobada por el Cabildo del XXI Ayuntamiento, Ledezma Gil precisó que la auditoría de gestión se requirió en lo general, haciendo énfasis en tres puntos principales, considerados como los de mayor afectación a las finanzas de Tijuana: * El contrato con Global Corporation para la instalación de cámaras de seguridad, empresa a la que Carlos Bustamante indemnizó con 150 millones de pesos. * El contrato con Industrias Sola Basic, signado por 145 millones de pesos, el cual sigue sin ser cumplido por la concesionaria. * El donativo dado a través del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (COTUCO), por 14.5 millones de pesos, a Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente. “No es que el servicio de luminarias o cámaras de seguridad no se requieran, Tijuana los necesita, pero no a costa del menoscabo de las finanzas públicas, son proyectos fallidos que se debe investigar porque fueron otorgados con tantas irregularidades”, aseveró el regidor. Del resultado de la investigación de Sindicatura y del ORFIS, se espera que se determine si existen elementos suficientes para poder iniciar una denuncia ante la Procuraduría por cohecho y se sancione a los responsables, “dependiendo del daño, se podría llegar a una denuncia penal”, concluyó.   La auditoría externa de Astiazarán Consultados por ZETA, abogados especialistas expresaron que si el munícipe Jorge Astiazarán quisiera cumplir con su obligación de cuidar el erario y buscar que quienes hicieron mal uso, resarcieran los daños y regresen el dinero, los resultados de la auditoría externa que ordenó durante el proceso de transición, serían suficientes para emprender el proceso judicial. En dicha auditoría se detectaron 233 irregularidades, destacando 31 en la Secretaría de Finanzas, 39 por ciento de prioridad alta; 74 anomalías en Desarrollo Social, 50 por ciento de prioridad alta; 47 anormalidades en Desarrollo Urbano, 24 consideradas de prioridad alta; y 15 inconsistencias en Educación. Conforme a la Ley, cualquier funcionario que atestigüe un presunto delito está obligado a denunciar, y el alcalde está facultado conforme al Reglamento de la Administración Pública Municipal. Artículo 16. “Son facultades del presidente municipal: “IV. Ejercer la facultad de autoridad fiscal, así como la representación legal del Municipio, pudiendo celebrar y ejecutar a nombre del Ayuntamiento, los actos, convenios y contratos necesarios para el ejercicio de las funciones y la eficaz prestación de los servicios públicos municipales. “V. En ejercicio de la representación legal del Municipio, el Presidente podrá otorgar poderes especiales o nombrar comisionados para la atención de casos específicos; pudiendo delegar, de acuerdo con la naturaleza del asunto que se trate, la facultad para la celebración y firma de contratos, convenios y toda clase de actos, en los titulares de las dependencias o entidades municipales, informando de ello al Ayuntamiento”.  De hecho, si al alcalde detecta algo, aunque el Órgano de Fiscalización Superior, el Congreso y la Sindicatura no lo denuncien, él puede hacerlo, comisionando a la dirección jurídica.