Con kilómetros recorridos encima, miles de dólares desembolsados a desconocidos para entrar a territorio norteamericano o bien, expulsado del país donde se vivió hasta 50 años, separado de su familia y a la deriva, las opciones para el migrante en Baja California son reducidas. Permanecer en albergues temporales mientras planea el regreso a su lugar de origen o intenta el cruce, limpiar patios a cambio de 20 pesos diarios o recibir hasta 500 dólares a la semana por servir al crimen organizado. Enfrentar al gobierno estadounidense para recuperar la custodia de sus hijos o adoptar la canalización de un río como hogar. El Instituto Nacional de Migración (INM) registró la repatriación de 90 mil 893 personas a Baja California, de enero a noviembre de 2013. A Tijuana, llegaron 43 mil 757 mexicanos, mientras en Mexicali, la cifra superó las 47 mil personas. Según datos del Colegio de la Frontera Norte (COLEF), aunque el 69 por ciento de esta población tiene la intención de reingresar a Estados Unidos, este porcentaje es el más bajo registrado en los últimos diez años. El resto, quienes permanecen en la entidad, deben enfrentar nuevas condiciones de vida. Desde la dificultad para comprobar su identidad y conseguir un empleo de acuerdo a sus capacidades hasta ser estigmatizados y criminalizados por haber sido deportados. Mexicali: sin recursos para atender alza en deportaciones Este año, Mexicali llegó a recibir hasta 7 mil 800 repatriados en un mes, aunque los números descendieron una vez que el gobierno estadounidense aceptó detener las deportaciones laterales –expulsar del país a un migrante indocumentado por una ciudad distinta a la cual ingresó–, el delegado del INM, Rodulfo Figueroa admite las carencias en esta ciudad. “En Mexicali no hay infraestructura ni recursos necesarios para apoyar a los connacionales como en Tijuana”, acotaría el funcionario. Pero no solamente el Instituto de Migración reconoce esta carencia. El secretario de Salud del Estado, Miguel Osuna Millán comparte la necesidad de crear un módulo médico móvil en la capital bajacaliforniana. Sin embargo, es un proyecto que ve lejano, a pesar de la urgencia de implementarlo, ya que no se contempló dentro del presupuesto a ejercer en 2014. Para el titular de esta dependencia, el principal problema de salud entre la comunidad deportada en situación de calle, es la drogadicción. “Viven en condiciones de interacción con adictos, además este ambiente se convierte en fértil para la propagación de enfermedades infecciosas”, expresa Osuna Millán. Además de las adicciones, el secretario destaca la presencia de hepatitis, tuberculosis, enfermedades respiratorias y VIH entre los deportados en la canalización del Río Tijuana. Pero explica “ellos no están en las mejores condiciones para adoptar hábitos saludables, es gente que está luchando por sobrevivir”. Y en Mexicali, no son solamente repatriados, quienes han aumentado en número. Laura Jiménez es coordinadora de la Casa Migrante Maná. A la semana, recibe hasta 200 migrantes, la mayoría de Oaxaca, Veracruz y Centroamérica en búsqueda de cruzar hacia Estados Unidos. Desde su fundación, hace 15 años, este albergue ofrece 20 camas y alimentos para hasta 80 personas, además de servicios de años para aseo y lavandería. De ahí que Jiménez abogue por la necesidad de brindar seguridad a los migrantes en tránsito por el país y por eliminar las etiquetas de criminalidad que les son colocadas. Con tal de evitar ser golpeados, robados y secuestrados, los migrantes centroamericanos lo mismo viajan de sur a norte que de este a oeste para no pisar las zonas consideradas como “calientes” por representar mayores riesgos a esta población. “Muchos de los abusos son realizados en los viajes en tren, por parte de mexicanos, ni siquiera policías”, remite Laura Jiménez. La representante de la asociación civil ha notado un descenso en el número de personas que llegan a Mexicali para cruzar la frontera, “pero el riesgo sigue siendo muy alto”, advierte. De acuerdo a la Encuesta de Migración Fronteriza 2012, el número de mexicanos que se trasladan al norte para cruzar la frontera disminuyó hasta un 66 por ciento, respecto a 2007. Entre los puntos más utilizados para el intento de cruce, en Baja California, la zona montañosa de La Rumorosa y la localidad de Algodones. El costo puede superar los 4 mil dólares. La separación familiar El gran problema de las mujeres deportadas es la separación familiar, afirma Mary Galván del Instituto de la Madre Asunta. De los 360 mil mexicanos repatriados los primeros once meses de 2013, el 77 por ciento lo hicieron dejando a sus familiares en territorio estadounidense. “Ser indocumentadas y tener hijos nacidos en Estados Unidos, resulta en un caos tremendo cuando son expulsadas hacia México”, explica la activista. Este año, 10 mil mujeres fueron deportadas a Baja California. Este albergue recibió, en el mismo periodo, a más de 900 mujeres, entre repatriadas y quienes buscan cruzar hacia el norte. Aunque el número no se distancia del promedio desde hace años, Mary revela que este diciembre, se han recibido a más mujeres de lo habitual. A una semana de navidad, 22 mujeres y 10 de sus hijos habitan la casa. “La gran mayoría de quienes llegan, son madres separadas de sus hijos”, anota y es que si los hijos de los padres deportados son nacidos en territorio estadounidense, permanecen allá bajo custodia del Estado o de alguien de la confianza del adulto, “ambos son casos de separación familiar”, insiste la trabajadora social. Los procesos para obtener la custodia de los menores, puede llevar hasta año y medio; cuando los tiempos de adopción de los mismos puede tomar menos de un año. Esmeralda Siu, coordinadora de la coalición Pro Defensa del Migrante señala cómo este proceso “violenta los derechos de los menores ciudadanos norteamericanos porque se les niega ser criados por sus padres”. Generación de políticas públicas El 18 de diciembre, el Día Internacional del Migrante, se anunció la creación del Consejo Estatal de Atención al Migrante, que coordinará desde el Gobierno del Estado, los trabajos de municipios fronterizos, asociaciones civiles, delegaciones federales y autoridades consulares. Como Presidente del Secretariado Ejecutivo del Consejo, el gobernador nombró al priista Carlos Mora Álvarez, quien fundó el primer comité municipal para la atención del migrante durante el XVI Ayuntamiento de Tijuana cuando Vega era Presidente Municipal, y Mora regidor. En las instalaciones del Museo El Cubo del Centro Cultural Tijuana, ausente el Gobernador, el Consejo tomó protesta bajo la representación en las personas de Guillermo Trejo, Secretario de Gobierno, y Mario Herrera, Coordinador de Gabinete. Acudieron desde el Alcalde de Tijuana, hasta los delegados federales y los cónsules, de Estados Unidos en Tijuana, Andrew E. Erickson, y de México en San Diego, Remedios Gómez Arnaud; aunque los protagonistas fueron los titulares de las organizaciones civiles que han cargado con el compromiso de asistir, socorrer, alimentar y apoyar a los migrantes. Una de las primeras exigencias de las asociaciones civiles es la garantía de seguridad. “Evitar todas las formas de violencia hacia los migrantes y garantizar el debido proceso para ellos, de lado americano y de lado mexicano”, opina Esmeralda Siu, coordinadora de la coalición Pro Defensa del Migrante. Luego coinciden en la generación de empleos dignos y de acuerdo a las capacidades y habilidades que muchos de los deportados adquirieron durante su vida en Estados Unidos. El padre Patrick Murphy, director de la Casa del Migrante, enfatizó: “no hay que verlos como criminales, sino gente que tiene algo para ofrecer”. Este albergue ha atendido a 225 mil personas desde su fundación. De los más de 90 mil repatriados a Baja California, apenas el 5.6 por ciento fueron enviados desde las prisiones norteamericanas por haber cometido alguna ofensa o delito grave. En las ciudades fronterizas, apunta la coordinadora de la coalición Pro Defensa del Migrante, han detectado “los abusos de la policía, las detenciones arbitrarias y la violación al derecho a la identidad, a la justicia y al debido proceso”. Además, solicitan al gobierno cooperación para evitar la separación de familias, garantizar el derecho a la salud y a la emisión de identificaciones para una inserción laboral más efectiva. Rodulfo Figueroa Pacheco, delegado del Instituto Nacional de Migración, coincide con la activista: “pasar del manejo de crisis en la recepción de un migrante repatriado a la resolución de problemáticas específicas, cómo hacemos esa transición del punto de repatriación a la vida productiva nacional”. Agrega que entre los principales planteamientos para atender esta necesidad, está la identificación de las habilidades de los repatriados, considerar la decisión de regresar o no a sus lugares de origen y buscar la participación puntual en las organizaciones de la sociedad civil y de los empresarios para que participen en este tipo de programas. De ahí que la creación del Consejo sea vista por activistas como una oportunidad para dejar de “esperar que haya programas o fondos, sino se convierta en el uso de un esquema de política pública”, comenta Esmeralda Siu. Sobre la reunificación familiar entre padres e hijos menores de edad, la activista propone cambios de políticas en ambos lados de la frontera. “Que se les informe al momento de ser detenidos sobre dónde deben permanecer sus hijos para que puedan prever dejarlos bajo la custodia de alguien de su confianza”. Además, agilizar los trámites ante las autoridades correspondientes para que haya una reunificación familiar más pronta, plantea Mary Galván, quien ha vivido a través de las mujeres atendidas en el Instituto Madre Asunta, las separación de cientos de mujeres de sus hijos. Ella concluye, “hace falta voluntad política en torno a la defensa de los derechos humanos de los migrantes, es muy poco lo que se ha avanzado, pero podemos sumar esfuerzos las organizaciones sociales con las tres órdenes de gobierno para atender los migrantes en situación vulnerable”.
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