Pleito por La Bufadora

Ejidatarios vs. comerciantes en Ensenada Si los tiempos establecidos por el gobierno municipal se mantienen como los anunció el alcalde Gilberto Antonio Hirata Chico la semana pasada, será hoy viernes 13 de diciembre cuando se integre formalmente el Fideicomiso de La Bufadora. El hecho de que este organismo todavía no estuviera conformado, permitió al gobierno de Hirata obtener una prórroga para evitar el desalojo de cientos de comerciantes establecidos en el lugar. Bajo la justificación de que “como iban entrando”, todavía no formalizaban algunas áreas. Esto fue aceptado por el juez federal, quien les amplió el plazo para entregar los terrenos al Ejido Esteban Cantú. El Ayuntamiento de Ensenada ya había desobedecido la orden del juez respecto a este desalojo durante los últimos días del XX Ayuntamiento, y el nuevo gobierno debe acatar lo dictado por el Juzgado, o será sancionado. Una vez conformado el Fideicomiso, el gobierno deberá coadyuvar con el Ejido Esteban Cantú, el 17 de diciembre, en el desalojo de cientos de comerciantes y locatarios de la zona turística de La Bufadora, ubicada al extremo sur de la Bahía Todos los Santos, en Ensenada. A través de un proceso legal, los ejidatarios obtuvieron el respaldo del Juzgado Décimo de Distrito con sede en esta ciudad para reclamar los terrenos donde, desde la década de los sesenta, los comerciantes se ganaban la vida con el turismo que llegaba a conocer el fenómeno natural del lugar, un géiser marino ubicado en una zona rocosa. La mayoría de los comerciantes de La Bufadora se dijeron sorprendidos cuando, semanas atrás, a pocos días del término de la administración de Enrique Pelayo Torres, conocieron sobre el fallo del juez. Aseguran que nunca fueron notificados como terceros afectados sobre el proceso legal que libraban los ejidatarios en contra del Gobierno del Estado, el cual anteriormente era parte de la administración del Fideicomiso, y se erigía como dueño de esta zona turística. Los abogados del Ejido, Marco Antonio Díaz Sánchez y Marco Antonio Díaz Cortez, padre e hijo, señalan que los comerciantes no fueron notificados porque quien tenía conocimiento era el Fideicomiso de La Bufadora, y era responsabilidad del propietario o arrendador el notificarles. Sin embargo, el gobierno en todos los niveles se guardó el proceso para sí, los comerciantes supieron que el nuevo dueño sería el Ejido Esteban Cantú, prácticamente al mismo tiempo en que fueron avisados de que ahora deberían llegar a acuerdos con ellos, o serían removidos del lugar, aun cuando muchos han invertido su dinero en infraestructura para sus negocios durante años. Desde finales de noviembre hasta la fecha, la postura de los comerciantes ha sido el de mantenerse en el sitio y no permitir el desalojo, incluso si intentan quitarlos a la fuerza. Como barricada, tienen un par de llantas de camión y barreras humanas conformadas por niños, jóvenes y adultos. Más de 200 familias sobreviven con las ventas en el lugar, según sus propios cálculos. Mientras llega la fecha definitiva para el 17 de diciembre, otro actor dentro del conflicto alzó la voz. Aurelio Álvarez Espinoza afirma ser el legítimo propietario de los terrenos que el Ejido Esteban Cantú reclama como suyos. En entrevista con ZETA, Álvarez explicó que cuando fue creado el Ejido Esteban Cantú, se le asignó un punto de referencia en el lugar conocido como “El Otate”, desde ahí y siete kilómetros a la redonda, las propiedades corresponderían al Ejido. Según Álvarez, la zona de La Bufadora está fuera del rango asignado originalmente a este Ejido. “Cuando vino la dotación del Ejido, no salimos afectados. Los que salieron afectados fueron Casimiro Guzmán y Hortensia Martínez de Guzmán. Casimiro con 100 hectáreas y Hortensia con 34 hectáreas, eso es lo que salió en el Periódico Oficial. Ellos fueron los únicos que salieron afectados. El Otate está a 15 kilómetros al sur de aquí (de La Bufadora)”, aseguró Aurelio Álvarez. No obstante, el residente de La Bufadora advierte que otros conflictos legales entre ese mismo Ejido y particulares, han sido librados en diferentes puntos cercanos a La Bufadora. “Aquí somos vecinos de José León Toscano, ellos también tuvieron pleito con el Ejido. Están allá arriba también Miguel González Peña y todos los hermanos de él, también salieron afectados. También como Villarino, Pabloff, la Lengüeta Arenosa, Carlos Villalbazo, y más para allá, algunos Villarinos. Está Rancho El Romajal 1, Rancho El Romajal 2. También pelearon sobre las causas y agarraron los títulos de sus terrenos estas gentes”, detalló el consultado, quien mostró diversos documentos que datan de principios de los sesenta, previo a la existencia del Ejido, que dan cuenta que esas propiedades están a su nombre. Específicamente los terrenos que en la actualidad están siendo peleados, se localizan a un costado de la carretera, donde se encuentra la zona comercial de La Bufadora. “Toda la vida ha habido papeles, tenemos nuestra documentación y nos están partiendo el queso”, asegura. Y es que de acuerdo a Álvarez y a distintos locatarios de la zona entrevistados por ZETA, tras la conformación del Fideicomiso de La Bufadora a mediados de los noventas, ni el Gobierno del Estado, ni el Ayuntamiento pagaron una indemnización a los propietarios por hacerse del terreno, simplemente se hicieron del terreno y pactaron con los locatarios en un terreno que no era de ellos. Ahora, el Fideicomiso desaparece, le gana el Ejido y éste intenta apropiarse del terreno, un “agandalle” a los ojos de los locatarios. Los documentos de Álvarez establecen la propiedad de 17.565 hectáreas de terreno, justo en la zona en conflicto en La Bufadora.  Mientras, los abogados del Ejido aseguran que si él, o alguna persona se dice propietario original de los terrenos, que presenten su documentación y reclamen por las vías legales lo que aseguran tener. Ninguna de las partes parece tener intenciones de ceder, ni ejidatarios ni locatarios. Mientras, el gobierno municipal asegura estar buscando la manera de evitar un desalojo violento, al tiempo que la Policía local se dice preparada y capacitada para realizarlo. Con documentos que se confrontan entre una parte y otra, y de no cambiar la decisión del Juez Décimo de Distrito, el desalojo es casi inminente, sea pacífico o violento.