Cuando los diputados de la anterior Legislatura aprobaron las cuentas públicas de 2012 al Ayuntamiento de Tijuana, se supo que la condescendiente acción fue producto del pago de una factura política del hoy embajador de México en Argentina, Fernando Castro Trenti, al ahora ex alcalde Carlos Bustamante. Lo que entonces no se dijo, fue que los diputados aprobaron las cuentas sin siquiera revisarlas. Vaya, tampoco pasaron por los acuciosos ojos del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California. Como quien dice, a ciegas aprobaron y no supieron ni qué. La información de cómo hicieron para aprobarle a Bustamante lo que no fue debidamente auscultado, salió porque la diputada Rosalba López Regalo, presidenta de la Comisión de Hacienda, solicitó el informe de resultados de la cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana y del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en el año fiscal 2012. La respuesta que recibió fue: “No es posible atender su petición en virtud de que, a la fecha, dichas cuentas públicas se encuentran en revisión (…) con relación a los dictámenes 289 y 290 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, los cuales fueron materia de aprobación por el pleno del Congreso del Estado en fecha 19 de febrero de 2013 y su posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado, las anteriores se dieron sin que existiera intervención alguna del Órgano de Fiscalización Superior del Estado”. Una vez concluida la desfasada revisión, las inconsistencias en las cuentas de Carlos y Carolina Bustamante, su hija, serán enviadas al Congreso, donde la diputada López las analizará y enviará al síndico procurador de Tijuana, Arturo Ledesma Romo, para que proceda en consecuencia por la vía jurídica, mientras los diputados castigarán la mala administración con la petición de un juicio político contra Carlos Bustamante. A los legisladores que aprobaron cuentas sin analizarlas y sin haber pasado por el Órgano Fiscalizador, nos les fincarán responsabilidad. Pero los resultados de la autoría estatal a las cuentas de Bustamante en 2012, no será el único material que tendrá el síndico Ledesma para iniciar las investigaciones sobre las muchas y denunciadas irregularidades en el XX Ayuntamiento. Es sabido que durante la etapa de transición, un despacho externo de la profesional Josefina Vázquez Nava, realizó una auditoría al Ayuntamiento de Tijuana para conocimiento del nuevo alcalde, Jorge Astiazarán Orcí. Con el acceso que de inicio fue generoso por parte de los colaboradores de Bustamante, y después se convirtió en una puerta cerrada, los contadores pudieron acceder a números, cuentas, convenios, contratos, gastos, ingresos y demás, para hacer un balance real de la situación en que quedó la administración pública de la ciudad. Y lo que encontraron, dicen, es difícil de entender. Rastros de irregularidades que implican no solo a familiares de Bustamante, sino a amigos y compadres, excesos y abusos. La carpeta de la auditoría privada, también será enviada al síndico procurador Arturo Ledesma, para que proceda legalmente contra quienes mal administraron la ciudad y causaron perjuicio a las arcas municipales, favoreciendo las finanzas personales. Ahora sí que el síndico tendrá mucho trabajo, pero es a él y a nadie más, a quien corresponde investigar, procesar, juzgar y presentar denuncias penales sobre los ilícitos en la administración de Carlos Bustamante. A ver qué pasa.
Publicidad
