Las transas impunes

<em>Funcionarios de Jorge Astiazarán no han documentado irregularidades aún En una auditoría externa ordenada por el alcalde Jorge Astiazarán Orcí en la etapa de transición, sobre la administración de Carlos Bustamante, se detectaron 233 irregularidades. Pero hasta el jueves 26 de diciembre de 2013, las cientos de inconsistencias en el XX Ayuntamiento de Tijuana, que encabezó Carlos Bustamante Anchondo, siguen impunes. Efectivamente, a pesar de que en el escritorio del presidente municipal se encuentra la carpeta de resultados de la auditoría que él mismo solicitó a un prestigiado despacho privado, donde se señalan los faltantes en términos documentales, económicos, técnicos, de proceso, convenios y obras, sus funcionarios no han presentado una sola observación ante la Sindicatura que maneja Arturo Ledesma Romo. En su despacho, Bernardo Padilla, secretario del XXI Ayuntamiento, dijo a ZETA que algunas secretarías y direcciones ya habían realizado observaciones sobre las condiciones irregulares que recibieron por áreas, pero momentos y metros adelante, el síndico, con el apoyo del contralor de la Sindicatura, Joel Guardado, aseguraron que no. Que no se ha recibido una sola observación. “Ahí tenemos un equipo de seis auditores especiales para revisar las irregularidades señaladas por los funcionarios, pero ninguno nos ha traído alguna observación. El plazo para entregar la documentación vence el 31 de diciembre de 2013, hasta entonces, nosotros no podemos actuar”, argumentó Ledesma. De no presentar los colaboradores de Astiazarán las observaciones, serán corresponsables de las irregularidades que detecten posteriormente. A la par de la auditoría privada y las observaciones que integran los funcionarios municipales, el regidor Felipe Ledezma Gil presentará en la primera sesión de Cabildo del 2014, un exhorto para que el Órgano Fiscalizador del Congreso del Estado lleve a cabo una auditoría de gestión a la administración de Carlos Bustamante. Dos casos específicos preocupan al edil, por el quebranto patrimonial que puede resultar para la ciudad: la instalación de las luminarias, y la entrega de 15 millones de pesos al equipo de futbol de Jorge Hank Rhon. Una tercera auditoría está siendo realizada en estos momentos a la administración bustamantista, pero relativa a 2012, solicitada por la diputada Rosalba López Regalado. Con tres auditorías en proceso y con observaciones pendientes, las presumibles transas o irregularidades en la administración del XX Ayuntamiento de Tijuana de Carlos Bustamante siguen, por lo pronto, impunes. La auditoría: 233 irregularidades detectadas El trabajo encargado a un despacho privado, lo elaboraron -según se lee en documento en poder de ZETA- “… con la finalidad de enriquecer el proceso de entrega-recepción, un equipo de profesionales y con especialidad en sector público, realizó un taller DeepDive, en la que participaron más de 70 servidores públicos entrantes enfocada a: “* Integrar las principales irregularidades detectadas en el proceso de entrega recepción. “* Identificar y clasificar las irregularidades más importantes para priorizar su revisión”. El objetivo general lo detallaron así: “Elaborar un concentrado de las irregularidades encontradas en el avance de la verificación de las actas de entrega-recepción y los anexos que están llevando a cabo las dependencias y entidades, las cuales serán entregadas a la Sindicatura mediante acta circunstanciada, a fin de que se soliciten las aclaraciones a los funcionarios salientes”, acción que aún no han realizado, pues el síndico Ledesma afirmó no haber recibido queja alguna. Los objetivos específicos de la auditoría solicitada al despacho por Jorge Astiazarán son: * Integrar las principales irregularidades detectadas en el proceso de entrega-recepción. * Identificar y clasificar las irregularidades más importantes para priorizar su revisión. *Fomentar la retroalimentación entre dependencias sobre las irregularidades identificadas. En la Secretaría de Finanzas, los profesionales detectaron 31 irregularidades, “39 por ciento priorizadas como altas, 19 por ciento medias y 13 por ciento bajas”; en desarrollo social, 74 anomalías, 50 por ciento altas, 20 por ciento medias y 14 por ciento bajas; en Desarrollo Urbano, 47 irregularidades: 24 altas, 10 medias, 4 bajas y 9 sin priorizar; en Educación, fueron 15 las inconsistencias, seis de prioridad alta, cinco media, tres bajas y una sin priorizar. En la auscultación profesional, el resto de las dependencias quedó de esta manera: – Secretaría de Gobierno, 35 irregularidades (12 catalogadas como altas). – Secretaría de Seguridad, 12 irregularidades (5 altas). – Presidencia, 15 irregularidades, de las cuales 12 son de prioridad alta. – Consejería Jurídica, 4 irregularidades, una de alta prioridad. Algunos conceptos que el despacho privado consideró como irregulares fueron: – Inconsistencias en seguros y documentos de vehículos. No encontraron físicamente a personal que devengaba un sueldo, irregularidades con conciliaciones bancarias, mandatos judiciales no atendidos, ausencia de revisión en pasivos señalados, procesos de adquisición incompletos, desviación de combustible, padrón vehicular vacío, irregularidad en la posesión de víveres acopiados durante las tormentas “Ingrid” y “Manuel”. – Contratos sin sustento de estudio de medios y convenios preferenciales con medios de comunicación, por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, presupuesto de finiquito inflado, folios faltantes, expedientes incompletos.  En la misma Secretaría, “se observó que el inventario no cumple con normatividad, ya que conciliando registros contables con listado general de inventario, hay bienes que no están registrados contablemente”. Además: “Se observa que en el Departamento de Programación y Presupuesto no existe evidencia de los avances programáticos con el debido respaldo que se requiere para su justificación; los estados financieros del mes de noviembre se encuentran inconclusos. “Se observa que el Instituto deja un saldo pendiente por pagar a proveedores por la cantidad de 14 millones 308 mil 932 pesos con 70 centavos, de los cuales 11 millones 54 mil 691 pesos, es un saldo pendiente por aclarar con el XX Ayuntamiento referente a un saldo con la CESPT”. Asimismo, la auditoría señala un convenio de colaboración por 28 millones de pesos en la Secretaría de Desarrollo Social, que se gestionó el recurso, pero no existe expediente del proyecto ejecutivo. De igual manera, que no existe padrón de beneficiarios de Desarrollo Social Municipal (DESOM), e irregularidades en la edificación del Museo Ámbar, obras “en construcción, sin planos ni presupuesto, inconclusas y sin planeación”. La mayoría de las computadoras en las dependencias, los funcionarios del XXI Ayuntamiento las encontraron bloqueadas. Más irregularidades Secretaría de Desarrollo Social: * Cheques sin pagar de practicantes. * Convenio con un medio específico de intercambio de publicidad por adeudo de Impuesto Predial. * Convenios con favoritismos. * De los recursos materiales no encontraron el 50 por ciento, el otro tanto está destruido. * No hay computadora, no hay equipo de mobiliario, ni programas de software o escritorios. * No hay estados de cuenta, no hay dinero en caja, no hay conciliaciones bancarias. * No dejaron padrones de proveedores, ni padrones de beneficiarios. * Obras en proceso suspendidas por falta de pagos a contratistas. * Falta de información y convenios de luminarias. Secretaría de Desarrollo Urbano: * Contratos de obra comunitaria inconsistentes. * Faltan contratos y convenios. * No hay información de maquinaria y los vehículos se encuentran en mal estado. * Computadoras inservibles. * No hay información de nóminas. Gobierno Municipal: * Cuentas sobregiradas. * Folios de permisos extraviados, irregularidades en los permisos. * Bienes físicamente no localizados incluidos en el inventario. * Facturas sin entregar a Oficialía Mayor. * Fondo de caja chica muy bajo. * Equipo inservible, bienes en  comodato sin convenio. * No se encontraron estados ni recursos financieros. Presidencia: * Partidas presupuestales con sobregiro respecto a importe utilizado; incumplimiento en el alcance de metas programáticas. * Cuentas por cobrar sin gestiones de recuperación. * Compras realizadas sin respetar los montos de adjudicaciones por la fuerza pública. * Falta de resguardos de activos fijos. * Expedientes incompletos de contratos. * Importe del saldo final de bancos del flujo de efectivo no coincide con los importes del estado de posición financiera. * Información financiera y presupuestal no autorizada en los estados financieros y presupuestales. La mayoría de las dependencias no dejó presupuesto para nóminas de diciembre, “para Carlos Bustamante el año fue de once meses, todo el presupuesto de 2013 se lo gastó de enero a noviembre”, justificó un funcionario municipal. Hasta ahí, algunas de las 233 irregularidades detectadas en la auditoría que ordenó Astiazarán, y que servirá de base para que se realicen las observaciones ante Sindicatura. Bernardo Padilla: “No encubriremos nada” El secretario del Ayuntamiento, Bernardo Padilla, no se acongoja. Tranquilo, explica que la instrucción del presidente municipal fue de no encubrir nada: “Les dijo a todos en el gabinete que todas las irregularidades que encontraran, fueran notificadas a Sindicatura para que ellos actúen en consecuencia”. Sin embargo, Padilla desconoce el detalle de las irregularidades. No sabe a cuánto asciende el quebranto a la ciudad, pero, refiere, eso lo determinará el área respectiva. Lo que en estos momentos les preocupa es sacar adelante la administración que les dejaron sin dinero. Carlos Bustamante heredó un pasivo de 800 millones de pesos, entre pagos a proveedores, deudas de obras, nómina y sueldos,  entre otros. De acuerdo al funcionario, han conseguido ya cerca de 420 millones, “200 millones del crédito que nos dejaron aprobado, 165 millones de pesos que nos debían de educación, 60 millones de adelanto a las participaciones,  y hemos ahorrado desde que llegamos hasta hoy, 191 millones de pesos en el plan de austeridad. Nadie trae celular o radio del gobierno, había más de cien radios que se pagaban y muchos celulares, yo pagué mi gasolina los primeros quince días, había mucho gasto en servicios personales que hoy no se da”, asegura Padilla. Además, han controlado la emisión económica para viáticos, la utilización de vehículos oficiales y la entrega de vales de gasolina. El equipo de inspectores ha notificado a 15 mil deudores diversos, y están por recuperar cerca de 3 millones de pesos de adeudos por permisos de alcohol. “No habrá encubrimiento, si hay una falla, si se encuentra una irregularidad, se reportará”, advierte Bernardo Padilla. Síndico Ledesma: “No nos han entregado nada” La fecha límite para que la presente administración entregue las observaciones de irregularidades encontradas en la recepción de la administración, es el 31 de diciembre de 2013, “pero hasta la fecha, no nos han entregado nada. Ni un funcionario ha venido a presentar alguna observación”, informa Arturo Ledesma Romo, el síndico procurador de Tijuana. Complementa el contralor Joel Guardado: “Lo harán hasta el último día, pero para el jueves 2 de enero (2014) esperamos ya tener las observaciones de los funcionarios para iniciar el análisis de los casos, y en caso que no hagan las denuncias, los actuales funcionarios serán corresponsables de las irregularidades que detectemos”. El procedimiento indica la espera de las observaciones al 31 de diciembre, en caso que no hicieran alguna, el reglamento marca que es responsabilidad de Sindicatura el investigar, y para ello, tienen las carpetas de entrega-recepción de la administración, “en todos los casos se hicieron tres carpetas, una para el funcionario que sale, una para el que entra, y otra para Sindicatura, tendremos que meternos a revisarlas y ver si están completas e iniciar las investigaciones”. En Sindicatura también dicen tener el compromiso de no proteger a nadie, de no encubrir las irregularidades de la administración de Carlos Bustamante, “y si encontramos daño patrimonial, se harán denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, independientemente de las sanciones administrativas e inhabilitaciones para ocupar un cargo público”. Por lo pronto, los seis auditores están a la espera que los funcionarios de Astiazarán hagan llegar las irregularidades que encontraron, y que de entrada quedaron asentadas en la auditoría del despacho privado. El fraude de las luminarias Cuando el regidor Felipe Ledezma Gil, introdujo fuera de forma en una sesión extraordinaria del Cabildo de Tijuana, un exhorto para revisar el convenio de las luminarias de Carlos Bustamante que tienen la ciudad a oscuras, y la entrega de 15 millones de pesos al equipo de futbol Xoloitzcuintles, propiedad de Jorge Hank Rhon, a través del Comité de Turismo y Convenciones, con el voto de calidad del alcalde Astiazarán, el exhorto fue desechado. “Pero ya cabildee y, en la primera sesión de Cabildo de enero de 2014, volveré a llevar el exhorto y ahora sí lo aceptarán, y procederemos”, dijo.  El punto de acuerdo que llevará a la sesión dice así: “Se aprueba girar atento exhorto al H. Congreso del Estado de Baja California, en lo particular a la Comisión de Fiscalización del Gasto Público y al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California, para que en auxilio a las labores de este Cabildo proceda a realizar una auditoría de gestión y desempeño de conformidad con la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus municipios, a la administración de Carlos Bustamante Anchondo, ex alcalde del municipio de Tijuana”. Según Ledezma Gil, donde se puede seguir el hilo de una investigación que concluya en una denuncia penal, debido al daño patrimonial a la ciudad, es en lo que llama “El Fraude de las Luminarias”. “En el año 2011, el XX Ayuntamiento de Tijuana anunció con bombo y platillo la instalación y renovación del alumbrado público de la ciudad, instalando luminarias de tecnología de última generación, conocida como Tecnología LED (Diodo Emisor de Luz). El uso de esta tecnología LED, en el alumbrado público de las ciudades, proporciona un ahorro sustancial del 80 por ciento en los importes del consumo de energía eléctrica. En 2012 la ciudad de Tijuana ejerció un gasto por este concepto de 141 millones de pesos”, detalló. Antes de la instrucción de la tecnología LED, en Tijuana se usaban lámparas tipo cobra, con focos de vapor de sodio con balastra de cobre y fotocelda. La ciudad cuenta con 63 mil luminarias, cuya licitación le fue adjudicada a la empresa Sola Basic, S.A. de C.V. por 130 millones de pesos, el primero de septiembre de 2011, por medio de fallo a su favor del Comité Técnico del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público. Sin embargo, recalcó el regidor, “el XX Ayuntamiento de Tijuana hizo creer a la opinión pública que cambiaría las luminarias a la tecnología LED, lo cual fue una gran mentira, ya que solamente se instalaron dos mil unidades de este tipo. El resto fue instalado con otros dos tipos de luminarias, 58 mil 200 focos aditivos mecánicos, 3 mil 200 focos de inducción magnética”. Además, el costo anunciado de ese proyecto mañoso, fue de 130 millones de pesos asignados a Sola Basic, S.A. de C.V., cuando -según investigó el edil- en el mercado los costos reales de lo instalado llegan a 29 millones 923 mil pesos. Es decir, se pagó el 77 por ciento de sobreprecio. A continuación, el detalle de los costos que encontró Ledezma Gil en el mercado: * 2 mil unidades LED a un costo unitario de 6 mil 500 pesos, un total de 13 millones de pesos. * 58 mil 200 focos aditivos metálicos a un costo de 285 pesos cada uno, un total de 16 millones 587 mil pesos. * 3 mil 200 focos de inducción magnética a un costo unitario de 105 pesos, un total de 336 mil pesos. “El Comité Técnico del Proyecto de Modernización del Alumbrado Público, incurrió en responsabilidad al asignar el fallo a la empresa Sola Basic, S.A. de C.V., y violó las disposiciones del reglamento de adquisiciones del Ayuntamiento de Tijuana, ya que este contrato y el proyecto en sí, no reúne los mínimos requisitos técnicos y de calidad que requiere la ciudad”. Continuó en su presentación: “Es evidente que existen fallas en el funcionamiento de las luminarias en un 40 por ciento de las instaladas, y el XX Ayuntamiento lo reconoce, pero argumenta que esto se debe a las fluctuaciones de la corriente eléctrica que proporciona la CFE en las distintas zonas de la ciudad. Esta situación se le hizo de conocimiento al Comité previo al fallo, personal de alumbrado público del Ayuntamiento se los dijeron, pero ellos no hicieron caso”. De hecho, las lámparas que no registran fallas con las fluctuaciones de corriente eléctrica, son precisamente las LED, pero como únicamente dos mil fueron instaladas con esa tecnología, el resto mantiene la ciudad a oscuras. Otra irregularidad que detectó el regidor Ledezma, es que las 63 mil lámparas que se retiraron, fueron vendidas para su reciclaje, pero no hay documentación en el Ayuntamiento sobre quién las vendió, a quién se le vendieron, por cuánto dinero y dónde está ese dinero. No hay registro financiero del mismo. De igual manera, en el análisis del convenio, Felipe Ledezma encontró que la instalación, supervisión y mantenimiento de las luminarias, la realizó y la realiza personal del Ayuntamiento de Tijuana, de la oficina de Alumbrado Público, incluso de otras áreas se desvió personal, tiempo y trabajo, para hacer frente a la instalación de las luminarias engañosas de Carlos Bustamante, “entonces, pues prácticamente pagamos 140 millones de pesos por lámparas que no sirven, porque personal de la ciudad hizo todo el trabajo”. Otro engaño: “El contubernio entre la empresa y altos funcionarios del XX Ayuntamiento va más allá, ya que la instalación de este tipo de luminarias, se hizo con serias deficiencias técnicas: se utilizaron las mismas cubiertas del alumbrado tradicional conocidas como tipo cobra, se sustituyeron los focos de vapor de sodio, por los focos que emite luz blanca (aditivo metálico e inducción magnética), y se cambiaron las balastras de cobre por balastras electrónicas con interruptor”. Irregularidades todas, que deberán investigarse una vez que la observación llegue a Sindicatura Municipal, y el exhorto de Felipe Ledezma sea aprobado para que el Órgano Fiscalizador inicie la revisión del convenio de las luminarias. La otra auditoría La diputada Rosalba López Regalado requirió otra auditoría sobre la administración de Carlos Bustamante como alcalde de Tijuana, así como de la cuenta pública del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en ambos casos, del ejercicio 2012 que le fue aprobado en el Congreso del Estado sin que hubiese sido revisado por el Órgano Fiscalizador Superior. “Estamos esperando que se llegue el 31 de diciembre, porque el ORFIS tiene esa fecha límite para presentar las observaciones que encontró, porque sí hay observaciones”, declaró la legisladora, para puntualizar: “Una vez que nos turne el informe de la cuenta pública 2012, porque sí hubo observaciones, fue una cuenta alterada, no sé de dónde sacaron esos números, entonces traemos un procedimiento que no ha concluido referente al presupuesto, lo tuvieron retenido por la falta de trabajo de la Comisión de Fiscalización .Esa es una vertiente, revisar a detalle para ver qué procede en este tema, y analizar si la denuncia se hace ante el pleno del Congreso o a la Contraloría del Congreso, y en dado caso que sea procedente, sería a Procuraduría General de Justicia del Estado; pero primero a las autoridades internas del Congreso, porque es un funcionario público”.